Jugar bajo las “reglas del juego” en un contexto autoritario ha sido clave para avanzar políticamente en Venezuela. Sin embargo, el peligro de caer en el antagonismo promovido desde el poder autoritario debe conjurarse para construir una transición democrática. Protegerse de las trampas que el régimen le tiende a la oposición para mantenerla dividida es indispensable para salir del chavismo. En el libro de Javier Moro Nos quieren muertos hay abundante información sobre estos turbios manejos.
La presión en las calles liderada por Leopoldo López en 2014 no pudo ser abatida mediante la represión. El gobierno de Maduro, además de la implacable persecución a este aguerrido combatiente, se valió de figuras que fungieran de intermediarios entre el gobierno y la oposición.
Henrique Capriles, que en 2013 disputó la presidencia a Nicolás Maduro con una diferencia muy estrecha, visitó a Leonardo en la cárcel. “Hermano, ¿no crees que conviene ahora bajar un poco el nivel de la calle? Si tú puedes colaborar y pasar un mensaje a tu gente… Se trata de conseguir un poco de sosiego, el barullo no nos lleva a ningún lado”. Conmigo no cuentes le respondió Leopoldo. “No hay que bajar la presión”. Eran, por cierto, dos visiones opuestas de la situación, y el gobierno utilizó a Capriles como mensajero.
Leonardo López, acusado de ser el autor intelectual de los asesinatos cometidos por el gobierno en la marcha que exigía la libertad de los presos políticos, decidió entregarse a la justicia —la injusta justicia, como la calificó su esposa Lilian Tintori— en lugar de entrar en la clandestinidad o ir al exilio. Leonardo creía que este acto, que implicaba un enorme sacrificio, contribuiría a despertar la conciencia del país. El juicio fue amañado y la sentencia lo condenó a 13 años de cárcel. Los castigos que le infligieron en la cárcel de Ramo Verde fueron innúmeros y supusieron una violación cruel de los derechos humanos.
Lilian Tintori lideró una campaña internacional para denunciar semejantes abusos. Pudo reunirse con muchos mandatarios. Pero en este plano también se encontró con corifeos del gobierno chavista y con presidentes democráticos. Entre los primeros estaba el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los segundos sobresalió Felipe González. Zapatero, igual que Capriles, le pidió que dejara de agitar la calle y que entrase en un proceso de diálogo que estaría tutelado por el Vaticano. Leopoldo puso como condición que el gobierno liberara a los presos políticos. A Zapatero esto le pareció imposible. Lilian viajó a Roma a entrevistarse con el papa Francisco. El gobierno de Maduro había solicitado la intermediación del Vaticano en las rondas de diálogo con la oposición para tratar de poner fin a las protestas. Lilian quería pedirle la liberación de los presos políticos.
El prelado se mostró preocupado por el costo que ese diálogo pudiera suponer para la imagen de la Iglesia. Lilian le habló de la represión, de la falta de comida y de insumos médicos y le instó a que detuviesen el diálogo si el régimen no hacía el gesto de liberar a todos los presos políticos, no solo a su marido. Lilian tuvo la sensación de que el prelado le estaba “pasando la mano por el hombro”. Le invadió una sensación de desamparo. “Esa no era la Iglesia que le habían enseñado a amar (…) ¿No era la función del Papa poner luz sobre el problema moral que ocurría en Venezuela?” La “neutralidad positiva” del Papa colocaba a la oposición como igualmente responsable de los males del país.
Felipe González, a diferencia de Zapatero, quiso visitar a los presos políticos. El gobierno le declaró persona non grata. Felipe declaró que durante los años más salvajes de la represión en Chile pudo mediar en la liberación de algunos presos. Al salir de Venezuela declaró: “Me he encontrado un país en proceso de destrucción. Nadie puede llevarse a engaño. Venezuela se ha convertido en una dictadura”.
Un encuentro que fue más allá de lo esperado fue el de Lilian con Donald Trump. Lilian no se imaginó que Trump mostrara tanto interés por la crisis de Venezuela. En Twitter declaró: “Venezuela debería permitir que Leonardo López, un preso político y esposo de Lilian Tintori salga de prisión inmediatamente”. Abogados de derechos humanos se sintieron sorprendidos de que Trump, que no se había distinguido por denunciar abusos en el resto del mundo, hubiera adoptado un tono más duro y exigente en el caso de Venezuela que el del propio Barack Obama.
La oposición tiene dos fracciones. La primera reúne a los partidos Nuevo Tiempo y a su corriente Primero Justicia. En ella destacan Henrique Capriles, Manuel Rosales, Tomás Guanipa, entre otros. Son muy críticos con María Corina Machado. La otra fracción la encabeza Machado y en ella figuran Edmundo González, Leopoldo López, Juan Guaidó, Carlos Vecchio y Antonio Ledesma, considerados la cara pública del activismo democrático. Según el analista político Guillermo Aveledo Coll, analista político y decano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana de Caracas, el primer grupo tiene acceso a los pasillos del poder y espacios de decisión, pero carece de representatividad clara y aceptación. El segundo históricamente ha representado la demanda social de cambio político, pero no tiene acceso a las instituciones y a los espacios de decisión.
En el gobierno, de su parte, hay al menos dos facciones: la dura representada por Diosdado Cabello, reacio a cualquier cesión a la oposición, y otra, más pragmática, encabezada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
En este contexto la posición de Trump en su segundo mandato, tras la extracción de Maduro, va por el camino de caer en la tentación del antagonismo manipulado desde el poder. Su apoyo a los Rodríguez y la exclusión de María Corina Machado se inscribe en la estrategia del chavismo. Por esta vía no hay garantía de ir hacia una verdadera transición democrática. Sin una coordinación sostenida en la estrategia de la oposición, no será posible derrocar al chavismo del poder. Tampoco cabe hipotecar esta gesta a un gobierno extranjero que persigue sus propios intereses. El futuro democrático del país depende de un actor clave: la sociedad organizada.