«Estamos en guerra». Al menos eso afirma insistentemente el presidente Noboa para convencerse de algo que jamás ha conocido.
Hasta los generales que gobiernan desde La Recoleta han dejado la terminología bélica a un lado para conformarse con el léxico más modesto, aunque no menos peligroso, de «operaciones contra grupos terroristas». Y no les falta razón. Porque en una guerra –cuando es un auténtico enfrentamiento armado– los muertos y heridos no se hacen esperar. Ucrania y Gaza nos lo enseñan a diario.
En esta guerra declarada pero inexistente, las operaciones psicológicas son vitales para mantener la temperatura anímica de la población. Según el manual de campo de Operaciones Psicológicas del Ejército de los EE.UU., de abril del 2005, su propósito es influir en las emociones, motivos, razonamiento objetivo y comportamiento de las audiencias a las que van dirigidas, para lograr su consentimiento. Entonces despliegan campañas de propagada o desinformación, generan crisis y fabrican consensos. Y es eso lo que hemos visto hasta ahora: un bombardeo psicológico que no da tregua.
Una gran campaña de propaganda militar se despliega por redes digitales para convencer al público que están ganando la guerra. Los operativos en las cárceles “descubriendo” lo que todos sabían desde hace mucho tiempo, son una muestra. Ya nadie se acuerda que fueron militares y policías (en servicio activo y pasivo) quienes han dirigido las cárceles, a través de la SNAI, desde el 2018.
Todos se sorprenden de hallar más de 20 toneladas de droga encaletadas en Vinces, provincia de Los Ríos; pero olvidan que ese era territorio de Miguel Nazareno, alias «Don Naza», un cabo del Ejército que salía desde su cuartel en Quevedo, con autorización de su comandante, para dirigir una red criminal captando dinero desde el Club de Clases y Policías.
Ahora vemos cómo los militares hacen cantar a los supuestos terroristas dentro de las cárceles, pero olvidamos con facilidad que a «Don Naza» lo asesinaron una semana después de visitar a sus clientes en el Ministerio de Defensa, el 7 de abril del 2022, precisamente para que no “cante”.
No solo es un problema de infiltración criminal entre los militares. Es, sobre todo, la ausencia de controles institucionales externos que facilita la reproducción de patrones de corrupción, violencia ilícita y criminalidad.
Algo que tiene larga data. Sino recordemos las imágenes de militares y policías asaltando las oficinas del Notario Cabrera en Machala –año 2005– para rescatar sus “inversiones” y las de sus jefes. Entonces se supo que al menos 3160 militares participaron del ilícito, de los cuales 82 eran coroneles. Con autorización de altos mandos se utilizaron aviones Sabreliner y Twin Otter para viajar a Machala y rescatar el dinero. Sin embargo, todos quedaron impunes. ¿Cuántos de ellos hoy comandan las «operaciones contra grupos terroristas»?
Mientras tanto, a la juventud pauperizada le ofrecen dos caminos igualmente violentos: ser maquillado y apaleado como «terrorista», o ser el que maquilla y golpea como «militar». Represión y reclutamiento van de la mano, enervando las emociones primarias en un espectáculo tétrico.
Así, mientras el Mambrú de Carondelet se va a la guerra ilusionado y convencido de su noble propósito, el militarismo se ufana de su impunidad ante un país sin memoria y sin justicia.