Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 448 del 6/11/2024, el presidente Daniel Noboa creó el mecanismo para el fortalecimiento de las capacidades y potenciales de la juventud, etiquetando a esa propuesta como jóvenes en acción, iniciativa consistente en una transferencia monetaria mensual —temporal— para personas que se encuentran dentro del rango etario de 18 y 29 años, con el propósito de incentivar su cultura participativa.
Así, en el lapso de los años 2024 a 2026 se han ejecutado tres periodos de este mecanismo, que han incluido a 310 mil beneficiarios, con una transferencia monetaria de USD 372 millones. Solamente en lo que va del 2026, los recursos destinados a ese programa de gobierno ascienden a USD 180 millones.
No obstante, al revisar el Programa Anual de Inversiones (PAI) contemplado en el Presupuesto General del Estado se incluye el proyecto: ‘Mecanismo para el fortalecimiento de capacidades y potencialidades para la juventud jóvenes en acción’, con una asignación anual de 1 millón de dólares. Empero, al incorporar el último y sorpresivo anuncio efectuado por el primer mandatario, en cuanto a desarrollar una nueva fase de esta iniciativa durante los meses de octubre y noviembre, se tiene que los recursos totales a comprometer en el 2026 serían de USD 740 millones, es decir, un 73.900% más de lo considerado inicialmente, esto al sumar los USD 180 millones de la tercera etapa ejecutada este mismo año y los USD 560 millones que representarán la cuarta fase del programa.
Este descalce entre lo originalmente presupuestado y lo que se prevé desembolsar hasta el cierre del presente ejercicio económico, deja en claro una marcada debilidad en la planificación pública y definición de un programa de gobierno que debería estar adecuadamente estructurado y financiado. De ahí que nos preguntemos: ¿Qué variables explican y justifican que este mecanismo que benefició en los años 2024 y 2025 a 80 mil jóvenes, en cada periodo con alrededor de USD 96 millones de dólares, ahora en el 2026 se proyecte a 850 mil beneficiarios con necesidades de financiamiento por USD 740 millones?
Ante esta válida interrogante es necesario que el gobierno nacional responda en debida forma, más aún cuando esta decisión del oficialismo debe ser transparentada, precisamente, publicando los resultados obtenidos, así como su incidencia real alcanzada en la sociedad en tanto se trata de un programa gubernamental que se desarrolla desde el año 2024 sin que se hayan conocido mayormente, hasta el momento, sus indicadores de eficacia/ eficiencia ni de evaluación de impacto, en términos de adquisición de competencias, inserción laboral, emprendimiento juvenil, etc.
No debemos soslayar que el propio Decreto Ejecutivo Nro. 448, en su disposición general novena establece de forma expresa que: ‘El Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, deberá asegura la inclusión de un componente de acompañamiento vocacional, laboral y de fortalecimiento de competencias para el empleo para los beneficiarios. Este plan incluirá la formación, capacitación y certificación de competencias necesarias para la futura inserción económica de los beneficiarios del mecanismo, promoviendo así su desarrollo integral y la sostenibilidad de su aporte al país’.
Se trata de recursos públicos que deben ser celosamente auditados por los organismos de control no solamente en cuanto a que éstos hayan llegado a sus legítimos beneficiarios, sino también evaluar los beneficios entregados por este programa de transferencia monetaria y si se justificó o no su ampliación dentro de un mismo año en los niveles que ha decidido hacerlo el gobierno. Además, deberá analizarse sus fuentes de su financiamiento y quién paga la factura.
Solamente con cifras duras y justificaciones lógicas el oficialismo podría detener la avalancha de cuestionamientos que se hacen al destinar, de un momento a otro, USD 560 millones para el programa jóvenes en acción, decisión adoptada coincidentemente en medio de un periodo electoral y, lo que es peor, ante necesidades presupuestarias urgentes para atender prioritariamente a sectores en abierta crisis como es el caso de una salud pública colapsada.