Contados medios y periodistas reportan, analizan y critican el proceso de acumulación de poder en el que se ha embarcado el presidente Noboa. Digo, contados, porque muchos medios y periodistas han optado por celebrar y justificar ese camino, porque, dicen, es la forma de desmontar al correísmo. Extraño argumento. El propósito de restituir el sentido republicano a las instituciones de la democracia, equilibrio de poderes, independencia de funciones y seguridad jurídica, debería ir sentido inverso, pues de otra forma no sería sino un cambio de amo, una nueva subordinación al poder y a sus intereses que podrían ser personales y también electorales.
Velozmente el gobierno sepultó algo que en realidad nunca fue una decisión. Tan solo uno más de los temas que se usan en momento de elecciones: la reforma constitucional y la eventualidad de la convocatoria a una asamblea constituyente. Muchas voces de políticos y académicos, con buena fe, advirtieron de la inconveniencia política de llevar la reforma a esa instancia y propusieron una vía, habilitada por la Corte Constitucional, para realizar reformas parciales al texto constitucional, en particular para desarmar ese antro de manipulación que es el Consejo de Participación Ciudadana; y reformar las atribuciones y alcances del Consejo de la Judicatura, otro antro de manipulación judicial.
Parece que al gobierno le vino bien esta invocación de no recurrir a la asamblea constituyente, porque no solo desechó esa propuesta sino cualquiera cosa que se haya parecido a una idea de cambiar la Constitución. La conclusión es que, en realidad, el Gobierno nunca tuvo la intención de que se reinstitucionalice el sistema para no volver a las prácticas bajas del correismo. El gobierno ha preferido poner esas instituciones a su servicio y ha movilizado su gestión política para obtener los votos suficientes para controlar al CPCSS y la Judicatura y a eso se han dedicado sus ocultos operadores. Así como para lograr que el presidente de la Corte Nacional envíe en la terna, para que presida el Consejo de la Judicatura, a un abogado de causas truchas, primeramente correista y luego, por supervivencia, acomodado al gobierno, y para mantener entre cuatro o cinco votos del CPCCS subordinados, entre otras formas por el chantaje de juicio político.0
Aquí es preciso volver a mencionar a medios y periodistas (tuiteros) que se solazan con estas maniobras. Parece que el joven presidente aprendió rápido de quienes fueron sus aliados, a los que ataca no por ser diferente, sino por táctica. La bronca política y el hostigamiento del Gobierno al correismo no es un enfrentamiento entre opuestos, sino entre quienes entienden el ejercicio del poder como una forma de perpetuarse. No entienden en concepto de “mandatarios” sino el de propietarios.
Pensé que el presidente de la Asamblea podría dar otro nivel a ese órgano; pero se ha convertido en un tramitador. El presidente de la República envía proyectos de urgencia, con la dosis atrabiliaria de quien está seguro que no habrá asambleísta que se atreva a cuestionar, con una mezcla grosera de temas —de forma que la comisión económica ha tramitado reformas penales— o dentro de un proyecto que reproduce las normas que Correa dictó en decreto, para controlar organizaciones no gubernamentales, en el que se deslizan importantes reformas tributarias.
La mayoría de la Asamblea, en manos del gobierno y bajo control de sus oscuros operadores, procesará sin objetar. Así fue lo que sucedió con las «leyes mágicas», con las que se juró se acabaría la violencia y en las que se introdujeron normas abiertamente inconstitucionales. Las aprobaron en un santiamén y en forma que, inevitablemente, nos vuelve en la memoria de la asamblea de los alzamanos. Esas leyes han sido llevadas a conocimiento de la Corte Constitucional, que va a tener que observarlas por sus claros defectos. Pero en el país de propietarios políticos eso es inaceptable; por ello se ha levantado una campaña, promovida por los “periodistas”, parecida a las que movilizaban los artífices de la propaganda, para atacar a esa entidad y presionar que no se toquen las normas cuestionadas bajo la acusación de ser, si lo hacen, cómplices del crimen organizado.
Renunció De la Gasca. Y lo hace porque aspiran él y su gobierno a sentarse en la silla que ocupó Diana Salazar. Pero no para ser como ella, que fue radicalmente independiente, consecuente con sus propósitos y nada proclive a recibir presiones (lo que me consta). Para lograr esa designación es que los operadores ocultos maniobran desde las sombras. Se ve muy mal. Huele muy mal. Así fue cuando el abogado personal de Correa, un descalificado como Galo Chiriboga, fue electo Fiscal General; o cuando se nombró a otro empleado del correismo, de apellido Baca. Sirvieron servilmente y se corrompió el país. Impunidad garantizada. ¿Quiere el gobierno algo parecido? .
En seguridad el país necesita un sistema nacional de inteligencia (y contrainteligencia), para anticiparse y lograr eficiencia en el combate a las economías criminales. La fuerza de una estrategia de seguridad no es la fuerza sino la inteligencia. Debería entenderse que para este propósito es que se aprobó una norma peligrosa, que permite la interceptación telefónica y de datos, sin autorización judicial. Muchos, imbuidos de buena intención, apoyaron la medida. Se comieron el cuento que de esa forma no habría restricciones para espiar delincuentes. A muchos que me han referido esta conclusión, se les cambia el gesto cuando les pregunto: ¿acaso esa norma restringe el espionaje solo a delincuentes? Por lo que se escucha, y por la presencia de oscuros personajes alrededor del CIES, parece ser que el gobierno tiene claro que no hay ese límite. No se explica de otra forma que sea esa entidad dependiente del gobierno la que operaría los equipos, los cuales deberían estar en uso de la policía y fiscalía, para que dirijan las interceptaciones a delincuentes.
En enero del 2007 fui parte de un grupúsculo de electores que hicimos campaña en contra de la instalación de una asamblea constituyente y enfrentamos al naciente correismo, pues se advertía el afán de apropiarse del poder con fines de perennizarse. La mayoría aplaudía con el convencimiento que era la única forma de sepultar a la «partidocracia». Correa hizo campaña usando la figura de una gacela, representado a las revolución ciudadana, que era devorada por un león, representando a quien era llamado «dueño del país». El tiempo mostró que ese pequeño grupúsculo tenía razón. Sólo se cambió de dueño y, para ser justos, por otro realmente autoritario y corrupto; que sobrepasó y por mucho y de lejos a quien acusaban de tener el control de jueces y fiscales. Es verdad que el actual presidente no muestra los desafueros, la virulencia y hambres atrasadas del correismo. No son iguales. Pero tampoco debería parecerse.
El presidente parece preferir ser identificado como liberal a favor de reducir rol económico del Estado; pero cabe recordar que esa corriente de pensamiento surgió para enfrentar a los poderes autocráticos. Valga esta mención de algunos hechos para reconvenir correcciones al presidente, para que el futuro le recuerde como un gran transformador y no por su semejanza con quien se apropió del poder pisoteando toda norma y principio. Tener una mayoria en la Asamblea, debería servir para cambiar aquello que es pernicioso a la democracia.