En la criminología moderna existe un consenso aterrador: el crimen organizado no busca destruir al Estado, busca suplantarlo. No necesitan derribar el edificio de la Corte Nacional, les basta con poseer las llaves de la oficina de Recursos Humanos.
La designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) en Ecuador no es simplemente un nombramiento polémico más en la volátil política nacional; representa, desde la perspectiva de la seguridad hemisférica, la materialización de lo que los expertos llaman «captura del Estado».
Ecuador atraviesa su momento más oscuro en seguridad. Los casos Metástasis, Purga y Plaga radiografiaron cómo el narcotráfico compró conciencias y tomó el control de la institucionalidad judicial. En este contexto de «guerra interna», la lógica dictaría que el organismo encargado de vigilar, sancionar y depurar a los jueces debería estar blindado por una figura de ética inmaculada, alejada de cualquier sombra de duda. Sin embargo, la realidad ha superado a la ficción.
El problema central con Godoy no es un ataque ad hominem a su persona, sino un análisis de riesgo sistémico. Su trayectoria profesional, marcada por la defensa técnica de perfiles vinculados a estructuras de narcotráfico y crimen organizado, así como su cercanía con figuras centrales de la trama de corrupción política, genera un conflicto de interés insalvable. ¿Por qué es esto una amenaza directa a la seguridad ciudadana? Porque el Consejo de la Judicatura no dicta sentencias, pero administra a quienes las dictan. El CJ tiene el poder de suspender, destituir o trasladar jueces y fiscales y al poner a la cabeza de este organismo a alguien cuyo historial está ligado a la defensa de los mismos grupos que hoy el Estado combate, se envía un mensaje devastador a los operadores de justicia honestos: el «enemigo» ahora es tu jefe administrativo. Esto activa un fenómeno conocido como parálisis judicial. Imaginemos a un juez penal honesto que debe firmar una orden de prisión contra un cabecilla de una banda criminal o un político corrupto. Si ese juez sabe que el presidente del organismo que puede destituirlo (Godoy) fue abogado defensor de los intereses de esa red, el juez sentirá el aliento de la represalia en la nuca. El resultado no será necesariamente un soborno, sino el miedo y este es tan efectivo como la plata para garantizar la impunidad.
Desde la inteligencia estratégica, la presencia de un perfil como el de Godoy en la cúpula judicial compromete severamente la cooperación internacional. La lucha contra el narcotráfico en Ecuador depende, en gran medida, de la asistencia técnica y de inteligencia de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué agencia extranjera (DEA, Europol…) compartirá información sensible sobre redes de lavado de activos si existe la sospecha fundada de que esa información podría filtrarse hacia los abogados de los carteles a través de la propia estructura del Estado? La respuesta es simple: cerrarán el grifo. Ecuador quedará ciego y sordo ante el crimen transnacional.
Un fenómeno que debemos también abordar es el de la “puerta giratoria» inversa. Tradicionalmente nos preocupaba que un fiscal pasara a defender narcos, lo que vemos con Godoy es más grave: la defensa de intereses oscuros ascendiendo a la administración de justicia. Esto permite el uso del lawfare (guerra jurídica) desde dentro. Existe el riesgo latente de que el aparato disciplinario del CJ se utilice para «limpiar el camino»: sancionar a los jueces valientes que investigan al crimen organizado y promover a aquellos dóciles o afines a las estructuras delictivas. Es la instrumentalización del derecho administrativo para fines criminales.
La ciudadanía debe entender que la inseguridad en las calles —la vacuna, el sicariato, el secuestro— está directamente vinculada a quienes se sientan en la sillas principales de la justicia. Si no hay depuración judicial, los delincuentes seguirán entrando por una puerta y saliendo por la otra y es imposible esperar una depuración real si el encargado de la escoba proviene del mismo polvo que necesitamos barrer.
Tener a un abogado con los antecedentes y vínculos de Mario Godoy dirigiendo la justicia ecuatoriana, es como poner a un pirómano a cargo de la estación de bomberos. No solo no apagará el fuego, sino que sabrá exactamente qué mangueras cortar para que el incendio consuma lo poco que queda de institucionalidad en el país. La justicia no solo debe ser honesta, debe parecerlo y hoy, la justicia ecuatoriana bajo esta dirección, parece haber capitulado ante los poderes criminales que juró combatir.