La democracia no colapsa de un día para otro; se desgasta lentamente cuando la confianza en sus instituciones comienza a resquebrajarse. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de ese desgaste, no solo por sus decisiones recientes, sino por la percepción creciente de ilegitimidad que lo rodea.
Existe un hecho difícil de ignorar: los miembros del CNE han permanecido en funciones más allá de los plazos originalmente previstos, en un contexto de prórrogas que, aunque puedan encontrar sustento legal, debilitan la credibilidad institucional. En democracia no basta con actuar dentro de la ley, también es indispensable parecer legítimo ante los ojos de la ciudadanía. Cuando esa percepción se pierde, cada decisión empieza a ser cuestionada, incluso antes de ser analizada.
La reciente resolución de adelantar las elecciones seccionales al 29 de noviembre de 2026, bajo el argumento de prevenir los efectos de un eventual fenómeno de El Niño en 2027, es un claro ejemplo de esta tensión. Desde una perspectiva técnica, la medida puede interpretarse como preventiva y razonable. Sin embargo, desde una lectura política, modifica el tablero electoral y abre la puerta a sospechas sobre posibles ventajas para el oficialismo (ADN). En este punto, el problema no es únicamente la decisión en sí, sino la fragilidad del árbitro que la toma.
Cuando el organismo encargado de garantizar la transparencia electoral es percibido como parcial o alineado con el poder de turno, la democracia entra en una zona de riesgo. No porque necesariamente exista fraude o manipulación comprobada, sino porque la confianza —ese elemento invisible pero esencial— comienza a desaparecer. Y sin confianza, incluso los procesos más correctos pierden legitimidad.
En este punto, resulta útil recordar la tesis central del libro Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt: las democracias modernas no suelen caer por golpes de Estado, sino que son erosionadas desde dentro por líderes electos que, de forma gradual, debilitan las instituciones, deslegitiman a sus adversarios y modifican las reglas del juego para concentrar poder. Bajo esta lente, el caso ecuatoriano no necesariamente constituye una ruptura democrática radical, pero sí plantea una alerta: cuando decisiones institucionales generan sospechas de favorecer al poder político de turno, se abre la puerta a ese desgaste progresivo que los autores describen.
En este escenario, también emergen preocupaciones sobre la concentración de poder. El gobierno de Daniel Noboa enfrenta críticas por decisiones que algunos sectores interpretan como intentos de inclinar la cancha política a su favor (especialmente en la justicia, los organismos de control y la asamblea donde tiene mayoría). Sin embargo, es importante mantener una mirada equilibrada: Ecuador aún conserva elecciones competitivas, espacios de oposición y mecanismos de participación ciudadana que han demostrado su vigencia, como lo evidenció el reciente rechazo en la consulta popular.
Esto obliga a matizar los discursos más extremos. Comparar la realidad ecuatoriana con regímenes autoritarios consolidados puede resultar más emocional que analítico. No obstante, minimizar las señales de alerta también sería un error. La historia latinoamericana está llena de ejemplos donde el deterioro democrático comenzó precisamente con la normalización de decisiones cuestionables y la erosión progresiva de los contrapesos institucionales.
El problema de fondo no es una fecha electoral ni un gobierno específico, sino una dinámica más profunda: instituciones debilitadas, polarización política y una ciudadanía cada vez más desconfiada. En ese contexto, cualquier decisión —por técnica que sea— se interpreta a través del lente de la sospecha.
La democracia ecuatoriana no está rota, pero sí está bajo presión. Y en ese estado, cada actor tiene una responsabilidad mayor. El CNE debe entender que su rol no es solo organizar elecciones, sino garantizar confianza. El gobierno debe asumir que gobernar no es solo ejercer poder, sino también limitarse. Y la ciudadanía, por su parte, debe mantener una vigilancia crítica, pero también informada.
Porque al final, una democracia no se define únicamente por la existencia de elecciones, sino por la credibilidad de quienes las administran. Y cuando el árbitro está en duda, todo el juego pierde sentido.