Ecuador no despertó un día siendo uno de los países más violentos del planeta. Llegó ahí paso a paso, decreto tras decreto, omisión tras omisión, hasta alcanzar en 2024 un lugar que ningún país aspira ocupar: el de sexto país más violento del mundo, según reportes de organismos internacionales que miden tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, como Insight Crime y el Observatorio de Homicidios de Naciones Unidas.
La cifra no es solo estadística. Es el reflejo de una vida cotidiana alterada: barrios sitiados, comercios que cierran antes del anochecer, familias que reorganizan su rutina en función del miedo. En este escenario, el discurso oficial insiste en que “la seguridad es prioridad”, mientras el ciudadano aprende que sobrevivir es una responsabilidad individual.
Se reclama más presencia policial y militar, más operativos, más uniformes en las calles. La consigna parece clara: responder a la violencia con fuerza. Pero cuando esa fuerza cruza la frontera de la legalidad, el país entra en una paradoja peligrosa. El caso de los “niños de Las Malvinas” no es un episodio aislado ni un simple expediente judicial; es una prueba de resistencia para el Estado de derecho. La Fiscalía ha sostenido, en audiencias y documentos oficiales, que existió un uso desproporcionado de la fuerza y ensañamiento. La reacción social ha sido contundente: si se confirman responsabilidades, deben aplicarse las máximas sanciones previstas en la ley, sin atajos ni privilegios. Sin embargo, en la retórica social se olvida que lamentablemente estos mis niños fueron “levantados” al estar cometiendo delitos y la falta de procedimientos claros y entrenamiento a los militares para actuar ante la delincuencia común, hizo el resto.
La ironía es inevitable. El mismo Estado que exige mano dura frente al crimen organizado está obligado a demostrar que puede ejercerla también hacia adentro. Cuando la autoridad no se sanciona a sí misma, la seguridad deja de ser política pública y se convierte en retórica. Sin una justicia imparcial, la promesa de orden es apenas un eslogan.
Ese deterioro se agrava por la politización persistente del sistema judicial. Tras los casos Pantalla, Plaga, Purga, Metástasis, Encuentro, entre otros, quedó expuesta una trama que va más allá de nombres y expedientes: la interferencia estructural. Diversas denuncias y testimonios apuntan a que desde el Consejo de la Judicatura continúan las llamadas “orientadoras” a jueces anticorrupción, destinadas a recordar qué causas son sensibles y hacia dónde debería inclinarse la balanza. No hace falta una instrucción escrita cuando el mensaje ya ha sido internalizado.
Pero el daño no termina en los tribunales. Desde el propio poder se emite un mensaje aún más corrosivo: la carrera institucional también depende de la alineación política. En la Policía Nacional y en la Fuerza Aérea, el ascenso al grado de general —antes símbolo del mérito, la trayectoria y el servicio— ha dejado de ser una culminación profesional para transformarse en una decisión discrecional basada en la confianza personal.
Hoy, la jerarquía máxima ya no se conquista exclusivamente en el terreno, en la gestión operativa ni en años de formación. Se concede —o se bloquea— según la cercanía con el ministro de turno o su entorno. Quien no pertenece a ese círculo pierde, de facto, la condición de “confiable”. La lealtad personal reemplaza al profesionalismo y la afinidad política desplaza a la obediencia institucional.
Este corrimiento del mérito no es un detalle administrativo: redefine el concepto mismo de mando en la seguridad pública. Instala una lógica incompatible con cualquier Estado democrático: que el requisito para dirigir instituciones armadas no sea la competencia ni la ética, sino el parentesco, la amistad o la sumisión. El efecto es inmediato: se erosiona la cadena de mando, se debilita la moral interna y se envía un mensaje devastador a quienes aún creen en el servicio público.
La crisis se completa al observar el comportamiento del sistema judicial en su conjunto. Informes de Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Transparencia Internacional ubican a Ecuador entre los países con menor confianza ciudadana en la justicia de la región. Se proclama independencia mientras jueces denuncian presiones y operadores reconocen, en voz baja, que ciertas decisiones se toman con el teléfono sobre el escritorio. No hace falta firmar una orden cuando basta una llamada.
En paralelo, la impunidad económica avanza sin prisa pero sin pausa. El caso Progen, donde una empresa habría recibido cerca de 80 millones de dólares de recursos públicos sin garantías suficientes, sigue sin una sentencia firme tras casi dos años. La Contraloría ha emitido informes, la Fiscalía ha formulado cargos, pero el tiempo —ese aliado silencioso de la corrupción— continúa cumpliendo su función. En Ecuador, la justicia no siempre es ciega: distingue con precisión entre delitos de subsistencia y delitos de cuello blanco.
Los puertos completan el retrato. Informes de la DEA, UNODC y autoridades europeas coinciden en que hasta el 70 % de la cocaína incautada en Europa tiene origen o tránsito por puertos ecuatorianos. Y, aun así, el país sigue sin un Servicio de Vigilancia Aduanera autónomo, técnico y robusto, como existe en otras naciones de la región. La indignación surge cuando la droga sale; el silencio persiste cuando los controles no entran.
El contraste final roza lo simbólico. Mientras se cierran vías principales de Guayaquil para garantizar el desplazamiento presidencial en su Porche azul, el ciudadano común se juega la vida al cruzar la calle de su barrio. No es una metáfora: es una radiografía de la desigualdad en la gestión del riesgo.
Pensar en 2026 como una simple proyección lineal del presente es un error cómodo. La historia reciente demuestra que los países no colapsan cuando todo falla, sino cuando deciden no cambiar nada. Ecuador no avanza hacia el abismo por inercia; lo hace porque insiste en respuestas diseñadas para un país que ya no existe.
El problema no es la violencia en sí, sino su arquitectura. No se trata solo de armas en las calles, sino de puertos sin control real, flujos financieros opacos, territorios donde el Estado es un visitante ocasional y un sistema judicial que actúa con la velocidad que le permite su conveniencia. Atacar un solo punto —más patrullas, más uniformes, más estados de excepción— equivale a reforzar una puerta mientras la casa arde por dentro.
Si 2026 llega sin un giro radical, Ecuador no será un Estado fallido, pero sí uno funcionalmente capturado: con soberanía formal y control fragmentado; con elecciones regulares y economías criminales paralelas; con discursos de seguridad y territorios gobernados por reglas distintas. No es una distopía: es un modelo ya observado en otras latitudes.
Las soluciones, por tanto, no pueden ser cosméticas. Requieren decisiones que incomodan y rompen consensos artificiales. Una de ellas es asumir, sin eufemismos, que Ecuador no puede enfrentar solo una economía criminal transnacional que opera con más recursos, tecnología y capacidad logística que muchas agencias estatales. En ese contexto, la cooperación militar con Estados Unidos deja de ser un tabú ideológico y pasa a ser una herramienta estratégica, siempre que esté sujeta a reglas claras, control civil y objetivos verificables.
La discusión sobre bases extranjeras no debería centrarse en la nostalgia de la soberanía simbólica, sino en la soberanía real: la capacidad efectiva de controlar el territorio, el espacio marítimo y los flujos ilícitos. Plataformas de inteligencia conjunta, presencia naval permanente, interdicción aérea avanzada y monitoreo satelital no reemplazan al Estado ecuatoriano, pero pueden comprarle tiempo, ese recurso que hoy el crimen administra mejor.
Sin embargo, la cooperación externa sin reformas internas solo desplaza el problema. Por eso, cualquier apoyo militar debe ir acompañado de una reingeniería institucional: puertos bajo administración técnica independiente, justicia especializada en crimen organizado con jueces protegidos y evaluados internacionalmente, y un sistema de carrera pública —militar y civil— blindado frente a la interferencia política.
El verdadero punto de quiebre no será cuántos soldados haya en las calles, sino si el Estado se atreve a renunciar a la simulación. Gobernar no es administrar el miedo, ni escenificar control; es aceptar que la dignidad ciudadana exige decisiones excepcionales cuando la normalidad ha sido capturada.
2026 no traerá revelaciones. Traerá consecuencias. Será el punto en que Ecuador demuestre si fue capaz de recuperar el control de su seguridad, su justicia y sus instituciones, o si optó —por acción u omisión— por normalizar la pérdida del Estado como forma de gobierno.
Porque cuando un país se acostumbra a vivir sin control, ya no enfrenta una crisis: vive bajo ella.