El concepto de Estado dual de Ernest Fraenkel permite entender con una claridad incómoda lo que hoy está ocurriendo en Ecuador, un país que en lo formal sigue siendo una democracia, pero que en la práctica funciona cada vez más como una narco-democracia. No porque el Estado haya colapsado, sino porque se ha fragmentado. Y esa fragmentación no es abstracta: se siente en el territorio, en las instituciones y en la vida cotidiana.
En Ecuador, el Estado normativo sigue existiendo y es visible. Hay elecciones, tribunales, presupuestos públicos, ministerios, contratos, discursos oficiales sobre legalidad y seguridad. El aparato estatal funciona lo suficiente como para sostener una apariencia de orden en la cotidianidad. Pero, paralelamente, se ha consolidado un Estado prerrogativo donde las reglas ya no operan, o lo hacen solo para algunos. En ese segundo Estado, la ley no desaparece: es sustituida por la fuerza, el dinero ilícito y la amenaza.
La cooptación de instituciones clave —sistema de justicia, Policía, Fuerzas Armadas, Aduanas, Sistema Penitenciario, Compras Públicas, Análisis Financiero y numerosos municipios de la Costa— no es simplemente corrupción en el sentido clásico. Es algo más profundo: es la captura funcional del poder estatal por redes criminales que ya no necesitan destruir al Estado, porque lo utilizan para sus fines. El narco no actúa fuera del Estado: actúa desde dentro de él.
Para muestra un botón: el ejemplo de Esmeraldas es revelador. No se trata de operaciones clandestinas invisibles, sino de estructuras territoriales de gran escala: decenas de campamentos armados, decenas de miles de hectáreas bajo control de grupos disidentes de las FARC, una red de minería ilegal extendida por kilómetros, maquinaria pesada operando día y noche, produciendo millones de dólares mensuales. Nada de esto puede sostenerse sin protección política, administrativa y armada. No es ausencia del Estado: es presencia selectiva.
Aquí el Estado dual se manifiesta con brutal nitidez. Para una parte de la población, rige el Estado normativo: se pagan impuestos, se tramitan permisos, se confía —aunque cada vez menos— en jueces y autoridades. Para otra parte, especialmente en territorios estratégicos para el narco, rige el Estado prerrogativo: el control lo ejercen actores armados, la economía es ilegal pero tolerada, y la violencia reemplaza al procedimiento. La ley no protege; administra excepciones.
Lo más peligroso, como advertía Fraenkel, es que este tránsito no ocurre de golpe. No hay un quiebre constitucional explícito ni una declaración oficial de narco-Estado. La normalidad persiste en las ciudades, en los trámites, en los discursos, en los procesos electorales. Esa normalidad anestesia a la sociedad y retrasa la reacción. Mientras tanto, el Estado prerrogativo se expande, y el normativo se reduce a una formalidad cada vez más frágil.
En una narco-democracia, la pregunta central deja de ser “¿qué dice la ley?” y pasa a ser “¿quién controla el territorio y con qué intereses?”. Cuando esa lógica se instala, la democracia ya no es un sistema de derechos, sino un escenario administrativo donde conviven legalidad simulada y poder criminal real. Y el costo no es solo institucional: es humano, territorial y generacional.
Ecuador no está frente a una anomalía pasajera, sino ante un cambio estructural del poder. El Estado dual no anuncia su llegada, se normaliza. Y cuando una sociedad finalmente entiende que vive bajo dos Estados, suele descubrir que uno de ellos —el que protegía derechos— ya es demasiado débil para defenderla. Esa es la advertencia más urgente que deja el caso ecuatoriano: cuando el Estado prerrogativo se consolida, recuperarlo no depende solo de leyes o elecciones, sino de una reconstrucción profunda del pacto entre poder, territorio y ciudadanía.