En toda democracia existe una línea delicada que no debería cruzarse: la que separa la justicia de la política. Cuando esa frontera se difumina, el problema deja de ser un conflicto entre actores políticos y se convierte en un riesgo para toda la sociedad. Lo que hoy muchos ecuatorianos perciben en torno al enfrentamiento entre el presidente Daniel Noboa y el alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez abre precisamente ese debate incómodo, pero necesario.
La percepción de que el sistema judicial puede ser utilizado como herramienta para debilitar o eliminar adversarios políticos es una de las amenazas más serias para el Estado de Derecho. No se trata solamente de un conflicto entre gobierno y oposición. Se trata de algo más profundo: la confianza en las instituciones que deberían proteger a todos los ciudadanos por igual.
La persecución política mediante mecanismos judiciales —conocida en muchos contextos como lawfare— tiene una particularidad peligrosa: utiliza la apariencia de legalidad para producir efectos políticos. A diferencia de las dictaduras clásicas, donde la represión es abierta, aquí el poder actúa a través de expedientes, audiencias, medidas cautelares y procedimientos penales. Todo parece legal en la forma, pero puede resultar profundamente cuestionable en el fondo si el proceso pierde equilibrio, proporcionalidad o transparencia.
En ese contexto, cuando se observan decisiones procesales inusuales —audiencias que se reprograman repetidamente, convocatorias en horarios o fechas extraordinarias, o medidas que parecen desproporcionadas frente a la situación procesal— la sospecha pública se instala rápidamente y, en materia de justicia, la percepción es casi tan importante como la realidad, porque la legitimidad del sistema depende de que la ciudadanía crea en su imparcialidad.
Más preocupante aún es el simbolismo de ciertas acciones. Trasladar a una figura política electa a cárceles de máxima seguridad —espacios concebidos para criminales altamente peligrosos— no solo tiene consecuencias jurídicas; también envía un mensaje político y social. Incluso cuando un proceso judicial debe avanzar, la proporcionalidad y el respeto a la dignidad institucional deberían ser principios inquebrantables. La justicia no debería parecer un instrumento de humillación pública ni de escarmiento político.
El problema de fondo es que cuando el sistema judicial entra en la lógica del conflicto político, todos pierden. Pierde el gobierno, porque su legitimidad queda bajo sospecha. Pierde la oposición, porque se debilitan sus garantías. Y pierde sobre todo la ciudadanía, que empieza a percibir que la ley ya no es un árbitro neutral, sino una herramienta que puede inclinarse según quien tenga el poder.
La historia latinoamericana ofrece numerosos ejemplos de este fenómeno. Gobiernos de diferentes tendencias han recurrido, en distintos momentos, al uso del sistema judicial para neutralizar adversarios. El resultado casi siempre es el mismo: instituciones debilitadas, polarización creciente y una democracia cada vez más frágil.
Por eso, el verdadero compromiso democrático no se demuestra cuando se protege a los aliados, sino cuando se respetan las garantías de los adversarios. El debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia judicial no son favores que concede el poder; son pilares que sostienen la convivencia democrática.
En este punto, cobra sentido la reflexión del filósofo romano Boethius, quien describía la vida como una rueda que eleva y luego deja caer a quienes están en ella. La rueda del poder político funciona de la misma manera. Quien hoy gobierna mañana puede ser oposición; quien hoy celebra la caída de su adversario mañana puede necesitar las mismas garantías que hoy se debilitan.
La lección es sencilla pero profunda: las instituciones deben construirse pensando en el futuro, no en las conveniencias del presente. Porque cuando la rueda inevitablemente gire, lo único que protegerá a los ciudadanos —y también a los políticos— será la fortaleza de esas instituciones.
La democracia no se destruye de un golpe. Se erosiona lentamente cada vez que la justicia deja de ser un límite al poder y empieza a parecer una herramienta del poder. Y cuando eso ocurre, lo que está en juego ya no es el destino de un político en particular, sino la confianza de toda una sociedad en la justicia y en la democracia misma.