La Comisión de la Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional aprobó, este 13 de diciembre, el informe para el segundo debate en el Pleno, del proyecto de Código Orgánico Integral de Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca, el COIRAP. Según la información oficial, propósito “es garantizar la soberanía alimentaria mediante el desarrollo y la protección integral del sector agropecuario y pesquero artesanal”.
El presidente de la Comisión, el socialcristiano manabita Jaminton Intriago, quien fue también su proponente, dijo que la propuesta de ley incorporaba, para este segundo debate, observaciones de los asambleístas y del Ministerio de Agricultura. Además, subrayó que inicialmente el proyecto contaba con 87 artículos y luego de un trabajo exhaustivo concluyó con 150 artículos enfocados en beneficiar al sector productivo.
La legisladora correísta Mónica Palacios dijo que “las observaciones de las organizaciones sociales y sectores indígenas fueron consideradas”, en los artículos agregados. El Código, como está, cuenta con el apoyo de las bancadas legislativas.
Aunque la aprobación de este Código por parte del Pleno es inminente, su contenido es un asunto espinoso que ha puesto en pie de lucha a más de 84 organizaciones y redes, 38 fincas y emprendimientos y otras 223 personas vinculadas a la actividad agropecuaria y de pesca, la mayoría agrupadas en la Plataforma de organizaciones por la soberanía alimentaria.
Una catástrofe agroalimentaria …pero puede ser peor
La situación productiva del campo ecuatoriano, la soberanía y seguridad alimentarias y sobre todo la crisis humanitaria que se vive en la ruralidad ecuatoriana no dejaron de llamar la atención a los legisladores y por ello, a modo de motivación, pusieron varios datos que a su criterio justifican el COIRAP.
El último censo de población y vivienda alertó sobre una mayor concentración poblacional en áreas urbanas, con un 63.1%, en contraste con un 36.9% en áreas rurales. Millones de ecuatorianos han migrado y migran por las condiciones extremas de supervivencia en la ruralidad. Las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí albergan ya el 53.5% de los habitantes. Sus capitales están rodeadas de familias pobres que engordan los cinturones de miseria, sobre todo de Guayaquil y Quito.
En 2022 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que el 15,4% de la población ecuatoriana no tiene acceso a alimentos. Es decir, 2.7 millones de habitantes padecen de hambre en uno de los países de América Latina que más materia prima no petrolera exporta al mundo. De hecho, el Ecuador se convirtió en el segundo país de América del Sur donde el problema del hambre está más acentuado, solo por detrás de Venezuela, donde el 22,9% de habitantes, es decir, 6.5 millones de personas sufren hambre (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2022).
Según el informe de la FAO, el Ecuador está entre los cinco países de América Latina con la mayor prevalencia de hambre entre su población. El primer lugar lo ocupa Haití, con el 47,3%; seguido de Venezuela con el 22,9%; Nicaragua con el 18,6%; Guatemala llega al 16% y Ecuador alcanza el 15,4%. En el otro extremo de este desolador panorama se encuentran Uruguay y Chile, países en los que solo el 2,5% y 2,6% de sus habitantes, respectivamente, padecen hambre.
Según la FAO, el Ecuador está entre los cinco países de América Latina con la mayor prevalencia de hambre entre su población. El primer lugar lo ocupa Haití, seguido por Venezuela, Nicaragua, Guatemala y Ecuador.
Este panorama se podría correlacionar con el bajo índice de productividad que arroja la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC). Por ejemplo, la superficie bajo labor agropecuaria decreció un 15% entre 2021 y 2022, pasó de 5.3 millones de hectáreas a 5.1 millones. Las cabezas de ganado vacuno fueron 4’066.930 en el año 2021, mientras que en 2022 llegaron a 3’860.493, la producción de huevos pasó de 79 millones a 57 millones y el suelo que mayormente se usa para la producción agropecuaria está clasificado como montes y bosques con un total de 5’986.264 hectáreas, dificultando la tecnificación y la transferencia de tecnología.
Otro de los fenómenos identificados es la desnutrición crónica infantil, que actualmente afecta al 27% de niños menores de dos años, mientras la situación se agudiza para la niñez indígena con un 39%, según los datos expuestos por la Unicef. Al respecto de esta problemática, los cultivos y el uso del suelo en el páramo ecuatoriano también han decrecido de manera considerable. En el año 2014 los páramos ocuparon 499 mil hectáreas de cultivo, mientras que en 2022 apenas llegaron a 224 mil. Es decir, que la desnutrición crónica infantil podría estar asociada a una reducción del aprovechamiento de cultivos en el páramo ecuatoriano.
En cuanto a la normativa vigente en el Ecuador, si bien existe una protección al sector rural, todavía no se ha logrado implementar leyes que beneficien a la agricultura.
Consecuentemente, el Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria, sería de vital importancia para la agricultura, por ser un cuerpo legal integrado que articula tres importantes sectores: agroproductivo, agroalimentario y agroexportador.
Los legisladores se ha propuesto nada menos que “un nuevo modelo de desarrollo económico basados en nuevas prácticas y modelos productivos/equilibrados en el sector agropecuario”.
Pero no todos. El Grupo Parlamentario Ecuador sin hambre, presentó 17 observaciones de fondo al informe para el primer debate, entre los cuales señalan, entre otras que la ley tiene una visión totalmente empresarial y deja de lado la importancia del sector campesino y las organizaciones campesinas ya constituidas.
También que se crea institucionalidad para el fomento del agro sin la participación de los campesinos o las organizaciones que los representan. Que se distorsiona el concepto de soberanía alimentaria y no se prioriza el acceso a los medios de producción, que permiten la real reactivación agropecuaria. O que el Código debe fomentar y promover la compra de productos locales en los procesos de contratación pública, pues actualmente estos contratos se están entregando a empresas nacionales desconociendo y afectando la producción local.
Los datos establecidos en las motivaciones del proyecto de Código no convencieron tampoco a las organizaciones de la Plataforma ni a los especialistas en la economía popular, solidaria y campesina. El proyecto de ley fue presentado por el diputado Intriago en marzo del 2024. Para julio, una vez realizada socializaciones parciales entre organizaciones, presentaron en una conferencia de prensa sus reparos al primer borrador del proyecto de Ley.
La Conferencia Plurinacional de Soberanía Alimentaria, la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, el Comité de Agricultura Familiar Campesina y Comunitaria y la Confederación Nacional de Campesinos Agroecológicos del Ecuador, junto a otros representantes de la sociedad civil concluyeron que este proyecto normativo es lesivo para la soberanía alimentaria.
Este proyecto, para las organizaciones, representa “un retroceso de derechos para los sectores campesinos. La reactivación que propone este Código no integral, porque consolida una perspectiva empresarial ni promueve soluciones productivas, sociales y ambientales que respondan a los retos nacionales y globales que representan el cambio climático y el crecimiento de hambre, la desnutrición y malnutrición”.
Algunos de los puntos críticos señalados por los detractores del proyecto es que el texto del orienta el trabajo campesino a la exportación por sobre la producción de alimentos locales, desconociendo, según la investigadora Elisabeth Bravo, “completamente las prácticas y necesidades de los pueblos, nacionalidades y comunidades campesinas que muchas veces prefieren modelos productivos que sean resilientes al cambio climático y que obedezcan a sus prácticas culturales o que prioricen sus propias necesidades alimenticias y culturales”.
Andrés Pilamunga del Comité de Agricultura Familiar dijo que este proyecto de Código no tiene un enfoque que considere a las poblaciones indígenas y campesinas también como guardianas de las semillas y la soberanía alimentaria, “el Código olvida los derechos que tienen los Pueblos y Nacionalidades para producir y acceder a los alimentos”. También sostuvo que este proyecto confunde la seguridad con la soberanía alimentaria garantizada en la Constitución de la República.
No basta una socialización, ni que se incorporen criterios de una organización nacional campesina para que los legisladores se sientan satisfechos, dijo uno de sus dirigentes.
En una carta enviada el 24 de julio al entonces presidente de el Asamblea, Henry Kronfle, la Plataforma de organizaciones señaló que el proyecto busca imponer un solo modelo de agricultura, vinculada a las cámaras, a los negocios de agroexportación y agroindustria: “No reconoce la diversidad de actores ni la diversidad de modelos de agricultura del agro ecuatoriano”. La carta fue enviada con copia a Paola Cabezas, del correísmo, presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, así como al propio Intriago. Agregaba el escrito nueve puntos en los que los colectivos y asociaciones agrícolas y campesinas consideran son los temas centrales que el proyecto de ley de fomento afecta a sus derechos y a la propia constitución. Uno de estos es que el proyecto de ley requiere de una consulta pre legislativa, garantizado en el art. 57 de la constitución que requiere ese mecanismo cuando sectores afectados por un proyecto de ley consideran violados sus derechos colectivos. No basta una socialización, ni que se incorporen criterios de una organización nacional campesina, como la Fenocin, para que los legisladores se sientan satisfechos, dijo uno de sus dirigentes. La consulta prelegislativa es un mecanismo de participación ciudadana que tienen las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afro ecuatoriana y montubia y, a pesar de sus pedidos, los legisladores no han dado paso.
Otro aspecto criticado respecto a la participación es la “imposición de una institucionalidad agropecuaria contrada por las cámaras de la agroindustria”, donde los grandes capitales serían los que tomen las decisiones. No hay representación de más de 700.000 tranajadores y emprendedores del campos, es más, los ponen en condición de subordinados a intereses agroindustriales a través de una “cédula agropecuaria” como requisito para acceder a servicios estatales.
Un giro estratégico a la producción de alimentos
En un documento sobre el Código, el investigador Esteban Daza, del Observatorio del Cambio Rural, Ocaru, señalaba a mediados de noviembre del 2024, que el “proyecto de Código es mucho más que frases vacías a favor del campesinado, o discursos reiterativos sobre la importancia del sector agropecuario, allí encontramos el giro que se pretende dar al sistema agroalimentario del Ecuador entregándolo a la iniciativa privada corporativa. Para lograr tamaña empresa, el COIRAP desmonta políticas estatales que han regulado –defectuosamente– los precios agrícolas, las compras públicas, los incentivos fiscales y la planificación. Pero también se apropia de aquellos aspectos que no han tenido intervención gubernamental, como el manejo de conflictos, la representación, los contratos de venta a futuro o los subsidios”. Sostiene que “su trasfondo es la subordinación campesina a la visión empresarial, y el redireccionamiento de los intereses corporativos hacia una agricultura “verde/orgánica” altamente cotizada en el mercado externo, dando continuidad al negocio agroexportador”.
Ecuador ya tiene una normativa que busca garantizar la Soberanía Alimentaria, esta lleva por nombre “Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria” aprobada en 2009 y reformada en 2010. Además, la Constitución de la República 2008 reconoce a la Soberanía Alimentaria como objetivo estratégico del Estado Pero después de 15 años no se ha concretado el Régimen de Soberanía Alimentaria en Ecuador, básicamente por voluntad política: “desde hace ocho años la asignación presupuestaria gubernamental para la agricultura se ha reducido drásticamente y el poco presupuesto asignado no es ejecutado; las políticas de distribución de agua y tierra han desaparecido, al mismo tiempo que avanza la desregularización de la política de precios mínimos de sustentación; mientras se impone sobre la agricultura una visión rentista y no sustentable que mejore la vida de los agricultores”, dice Daza.
Para quienes cuestionan el Código, existe un determinado sector legislativo que a nombre de la eficiencia productiva favorece con sus propuestas a las corporaciones agroexportadoras y agroindustriales. También hay otro sector de legisladores que desconocen el funcionamiento de la agricultura y responden a conveniencias políticas, y por ello “aceptan los proyectos de las élites, volviéndose funcionales a la expansión capitalista sobre el agro. Actualmente, una vez más las agriculturas campesinas se ven envueltas en una agenda legislativa impulsada por el sector agroempresarial y que resulta lesiva para la Soberanía Alimentaria, que además puede llevarnos a empeorar la inseguridad alimentaria”.
Daza acusó de que “en la sesión N. 960 del 19 de septiembre de 2024, en la Asamblea Nacional se puso de manifiesto la tradicional fórmula legislativa con la que se debaten y aprueban las leyes agrarias: intereses corporativos más desconocimiento más complicidad política, es igual a menos soberanía alimentaria. Detrás del discurso de “la reactivación productiva” los legisladores/as se pronunciaron a favor del COIRAP, sin saber o tal vez sabiendo, que ésta norma profundiza la desregulación agraria en materia de alimentos, reduce la participación ciudadana, de pueblos y nacionalidades, homogeniza el sector agroproductivo al modelo empresarial, y pone a un reducido Estado al servicio del poder corporativo-financiero”.