Actualizado hasta el 11 de noviembre de 2024 con las reacciones de organizaciones nacionales e internacionales sobre la filtración
Priscila Schettini, actual candidata a la Asamblea por el correísmo, difundió el 6 de noviembre miles de chats y documentos del celular del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el 9 de agosto de 2023, en pleno mitin electoral.
En su cuenta de la red social X, Schettini lanzó un video en el que desmiente un comunicado de la Fiscalía sobre esos chats. Estas conversaciones empezaron a circular desde el pasado 5 de septiembre cuando una cuenta anónima difundió un video que mencionaba que tienen en su poder el celular de Villavicencio.
Uno de los primeros en difundir este mensaje fue el expresidente Rafael Correa. “Baia, baia. De ser cierto, se aproxima un terremoto”, escribió el pasado 5 de noviembre tras retuitear un posteo de la cuenta @MundoPolitico.
Baia, baia. De ser cierto, se aproxima un terremoto.#LosCorruptosSiempreFueronEllos https://t.co/VMq1y6BFhB
— Rafael Correa (@MashiRafael) November 5, 2024
La Fiscalía reaccionó a esa publicación anónima en un comunicado donde desmiente esa afirmación e informó que el celular se encuentra bajo una cadena de custodia del FBI, en Estados Unidos. La Fiscalía sostuvo que el FBI analizó el móvil y no esa institución. El FBI, según el Ministerio Público, entregó una copia del contenido en diciembre de 2023.
“Dicho esto, la información que circula es falsa y no podía estar en posesión de quienes intentan generar confusión a puertas de una campaña electoral”, cuestionó la Fiscalía.
#COMUNICADO | Ante el video que circula en redes sociales, respecto al celular que perteneció a Fernando Villavicencio (+), #FiscalíaEc hace un llamado a no utilizar a la Institución con fines electorales.
Detalles ⬇️ pic.twitter.com/MmowiUZPvV
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 5, 2024
A esa publicación reaccionó a su vez Schettini. “Por qué mejor no le cuenta al país, señora Salazar, que usted dice que los tenía desde diciembre de 2023 y no los ha investigado”, afirmó la candidata, quien ha confrontado con la fiscal general Diana Salazar desde que la Fiscalía procesó a su esposo, Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo. En 2021, Carrión fue sentenciado a tres años de cárcel por abuso sexual.
En el mismo video de Schettini habla Angélica Porras, quien encabeza la terna para la Corte Constitucional propuesta por la Asamblea Nacional. La asambleísta Pierina Correa, hermana de Correa, presentó la moción con esa candidatura, en una sesión del Pleno del pasado 27 de octubre. Según Porras, en esos chats supuestamente hay más información del caso de Carrión que no está en el proceso. Porras fue abogada de Carrión y junto con Schettini forman parte del colectivo Acción Jurídica Popular.

Miles de chats de periodistas y fuentes expuestos
Junto al video, Schettini publicó un enlace a un archivo de 266 megas de peso y con 8.959 chats. El enlace se dirige a una cuenta Google Drive, un servicio para compartir documentos, del correo anonymusecuador46@gmail.com. Allí se encuentran los mensajes que mantuvo Villavicencio con funcionarios y exfuncionarios de varios gobiernos, así como ministros, exministros, líderes de opinión, empresarios, asambleístas, exasambleístas, activistas de derechos humanos, jueces, fiscales y generales. Uno de los chats que están en esa filtración están bajo el nombre de la fiscal Diana Salazar.
De igual manera están las conversaciones con sus coidearios políticos, gente de campaña, asesores, personal de seguridad y familiares.
Pero también en esos archivos se encuentran chats con, al menos, 154 periodistas y trabajadores de medios de todo el país, según pudo verificar Plan V. En la extensa lista están comunicadores de radio, televisión, prensa digital y de la prensa extranjera. Los chats expuestos contienen el nombre del contacto, la hora y la fecha de cada conversación.
Además, los chats tienen fechas anteriores a la elección de Villavicencio como asambleísta. Él obtuvo una curul el 7 de febrero de 2021. Es decir, circulan conversaciones privadas de él cuando se desempeñaba como periodista, que fue su actividad previa a ingresar a la función pública.
Como asambleísta, Villavicencio fue una de las primeras figuras que denunció los nexos entre la política y el narcotráfico. Mientras estuvo en el Legislativo, publicó la foto de Los Tetones que expuso las relaciones entre los operadores Xavier Jordán, Leonardo Cortázar con el exasambleísta correísta Ronny Aleaga. Posteriormente, en el caso Metástasis, se confirmó la relación entre Jordán y el narcotraficante Leandro Norero.
Un periodista de investigación, que prefirió el anonimato, cree que su derecho a la privacidad ha sido violado. “Por seguridad formateo mi teléfono cada cierto tiempo, entonces no tengo los chats con él (Villavicencio) y no podría decir si realmente son fidedignos o no. Pero sí hay conversaciones que recuerdo haber mantenido con él por whatsapp netamente personales. No entiendo el motivo de por qué una conversación personal mía haya sido publicado por estas señoras. Mi derecho a la privacidad está vulnerado. Me preocupa también el hecho de que el formato en que se han compartido esas conversaciones permiten que éstas sean editadas. Entonces, como periodista de investigación que he denunciado graves casos de corrupción en contra de el poder político, económico y criminal, me preocupa que alguno de estos actores puedan manipular esas conversaciones para crear una campaña de desprestigio en mi contra”.
Pero las figuras correístas que difundieron estos chats consideran que todo es información pública. “Nos llegó a medio país”, dijo Schettini este jueves, 7 de noviembre, sobre el origen de la filtración de los chats en una entrevista con un medio digital. Según ella, empezó a revisar las redes sociales cuando “le llegó un link”, sin dar detalles de cómo obtuvo esta información. “Nosotros no la hicimos pública, lo que hicimos nosotros es solo buscar y sacar la información para que todos tengan la verdad”, dijo la candidata.
Schettini, en su video, asegura que existen chats que comprometen a la Fiscal General en supuestas filtraciones de investigaciones reservadas a periodistas. “Para generar la noticia a su favor sobre los casos que se abren en la Fiscalía General del Estado”, dijo. Schettini enumeró algunos periodistas que se encuentran en esos chats y agregó que, por esa razón la información filtrada no es falsa.
Para Schettini esta información ya se hizo pública. “¿La tienes guardada para qué?”, dijo Schettini en relación al anuncio de La Posta de que esa plataforma tenía los chats desde hace un mes y solo ahora los hizo públicos.
Por su lado, al ser consultada por este medio sobre la filtración de estos chats, Porras respondió: “Lo que afirma es falso, o al menos, muy impreciso. Le recomiendo que revise cuál fue la línea de tiempo de la publicación de los chats, usted me está endilgando que yo publiqué los chats, los chats estuvieron disponibles en redes sociales un día antes de que nosotros nos pronunciáramos. ¿Acaso usted está afirmando que yo publiqué en primer lugar los chats? Si es así eso es absolutamente falso”.
Plan V volvió a consultarle el origen, según ella, de la filtración de esos chats. Y escribió: “Como usted comprenderá ellos no se presentan con nombre y apellido, sólo dice ‘anonimus’ y ellos han hecho pública la información que todos y todas podemos observar, con un poquito de tiempo”.
Finalmente, este medio le consultó si no consideró que, al difundir esos chats, ponía en riesgo a más de 150 periodistas que tenían como fuente a Villavicencio. Su respuesta fue la siguiente:
Le voy a responder su pregunta con otra pregunta, ¿a usted le parece bien que un “periodista” solicite a un asambleísta que le ayude en la tramitación de una visa para EUA a cambio de publicarle cosas que le convienen?, ¿usted está de acuerdo con que un “periodista” reciba dinero de un privado, interesado en casos judiciales y que el intermediario sea un asambleísta?, ¿a usted le parece que está bien ocultar que un “periodista” realice tráfico de influencias?, ¿a usted le parece que un “periodista” debe “trabajar” con la Fiscalía y con el poder judicial para imponer un relato que no obedece a una investigación, sino al intento de sentenciar anticipadamente? No le parece que todo eso desdice de la profesión de periodista o usted está de acuerdo con dejarlo oculto, como hasta ahora, y aplaudir a esos llamados “periodistas”, perdóneme yo discrepo con usted. No le preocupa a usted que varios de esos mismos periodistas, ellos sí de manera irresponsable por decir lo menos, fueron parte del forjamiento del caso en contra de Freddy Carrión, ¿le tiene sin cuidado? Le parece bien que a esos periodistas no les importó quitarle tres años de vida, en la cárcel, sabiendo que es falso. Sin contar por supuesto con los múltiples posibles delitos que allí aparecen, no solo de periodistas sino de un montón de gente. Por último, tengo derecho a opinar.
Pero el periodista que fue consultado para este reportaje no coincide con Porras y alerta la gravedad de la publicación de estos chats. “En esos chats también están publicadas conversaciones que Fernando mantuvo con fuentes que han entregado documentos y otras evidencias de graves actos de corrupción. Eso también es preocupante para mí como periodista, porque el mensaje detrás de esto, lo que el correísmo está diciendo a la gente es que van a castigar a las fuentes que hablen con periodistas y que denuncien actos de corrupción. Entonces creo que también esta es una campaña de silenciamiento a fuentes que puedan denunciar esos actos de corrupción”.
Reacciones
Tras esta publicación, la Sociedad Interamericana de Prensa (Sip) publicó en su cuenta de X: “Estamos profundamente preocupados por la difusión masiva de chats del excandidato presidencial de #Ecuador Fernando Villavicencio, asesinado en 2023, en conversaciones con centenares de personas, entre ellas unos 150 periodistas de ese país y de la prensa internacional”.
“Esta acción sin precedentes debe ser investigada de inmediato, ya que puede poner en peligro a reporteros que compartieron información y documentos sensibles y sus fuentes confidenciales”, agregó la organización internacional.
Asimismo, Fundamedios lanzó un comunicado donde expresa preocupación “por la seguridad de los periodistas cuya comunicación ha sido expuesta de forma ilegal, abusiva e irresponsable y advierte de las responsabilidades penales que puede acarrear contra sus autores, cómplices y encubridores”.
“Allí se encuentran conversaciones, datos personales e incluso información de investigaciones que llevaban a cabo más de 150 periodistas. Los expertos informáticos han advertido de la facilidad con que esos archivos pueden ser manipulados y alterados”, añadió la organización local.
En el mismo sentido, la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) alertó sobre esta filtración masiva. “Dentro de esos 150 periodistas, la MAPP ha identificado a una treintena que tendría un mayor grado de riesgo debido a sus conversaciones con Villavicencio sobre investigaciones enfocadas en crimen organizado y corrupción. La filtración abre la posibilidad de que estos periodistas puedan ser identificados y luego presionados, intimidados o amenazados por quienes fueron objeto de sus investigaciones”.
PUNTO DE VISTA
‘Hay una violación del derecho a la privacidad’
Juan Pablo Albán, abogado defensor de DDHH y catedrático

La cuestión puede enfocarse desde dos perspectivas distintas. Lo podemos entender también bajo la libertad de expresión como una cuestión que tiene que ver con información de interés público. Todavía falta contrastar si es verdad, pero hay información sobre conversaciones mantenidas con la fiscal, por ejemplo, con la presidenta del Consejo Nacional Electoral amenazándose. Hay conversaciones con otros operadores políticos descalificando a personas. Entonces, si es que eso es cierto, la libertad de expresión obviamente protege, entre otras cosas, la divulgación de información que es de interés público.
Sin perjuicio de ello, también es verdad que el derecho a la privacidad protege el secreto de las comunicaciones. De hecho, cuando se pretende acceder a información de carácter privado de los ciudadanos -como a sus conversaciones de mensajería, sus correos electrónicos- la Constitución ecuatoriana prevé que debe mediar una orden judicial.
La Constitución y las normas del derecho internacional garantizan la privacidad de las comunicaciones a menos que exista una orden judicial que permita acceder a esas comunicaciones confidenciales. Y, eso sí, definitivamente está mal. Hay inclusive un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con estos temas.
Entonces, el tema es que aquí hay un conflicto de derechos. Por una parte, información delicada, que sí es de interés social que se conozca, y por otra parte, la revelación pública de conversaciones privadas. Entonces, la pregunta es: ¿en una tensión entre derechos qué debería pesar más?
El estándar internacional ha sido que, en esta tensión entre la privacidad y la información de interés público, como una cuestión vinculada a la libertad de expresión, debe prevalecer la libertad de expresión. Sobre el tema del acceso a la información de interés público, también hay mucha jurisprudencia del sistema interamericano.
Sin duda, y eso sí, no tengo ninguna duda, por supuesto, la exhibición pública de las conversaciones mantenidas por trabajadores de la comunicación, con este señor, puede inhibir su ejercicio profesional. Puede generar un efecto disuasivo en la comunicación de determinada información por el riesgo que corre o no contactar a ciertas personas para acceder a información relevante por el riesgo que les implica.
Es muy difícil sostener que esos intercambios (conversaciones entre un periodista y su fuente) están protegidos por la reserva de fuente, porque precisamente lo que se está filtrando es la información de la fuente. Entonces es muy difícil decir que esto viola el derecho de reserva de fuente, porque lo que se ha dado a conocer es lo que la fuente decía. Distinto sería que se hubieran explotado los celulares de los periodistas y hubieran abierto los chats con Villavicencio. Ahí sería definitivamente una violación del derecho a la reserva de fuente. Pero en este otro escenario es difícil afirmarlo.
Sin embargo, sí creo, que hay una violación del derecho a la privacidad de las comunicaciones, que es un derecho humano protegido por la Constitución de la República y por los tratados internacionales por los que Ecuador se ha suscrito. Pero eso no tiene que ver con la condición de trabajadores de la comunicación de las personas involucradas. Tiene que ver con que es un derecho de cualquier persona.
