Silenciar al general Gabela: el encubrimiento de un asesinato

El general (retirado) de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) Jorge Gabela fue baleado la madrugada del 19 de diciembre de 2010 en el vestíbulo de su casa, en una urbanización cerrada de Samborondón, en las afueras de Guayaquil. Falleció diez días después, luego de dos operaciones con las que los médicos intentaron salvar su vida.

Cuando el Ministerio del Interior detuvo, en abril del 2011, a cuatro sospechosos del crimen, dijo que el asalto y asesinato del general habían resultado de un intento de robo. Se dijo, según declaró la familia del general, que los asaltantes habían seguido el vehículo conducido por su hija Sofía, sortearon con facilidad la estricta seguridad del conjunto privado, ingresaron a la casa, dispararon contra el excomandante delante de su familia y luego salieron por donde entraron.

Antes del disparo, Sofía Gabela había sido perseguida desde Guayaquil. Durante hora y media, según su versión, ella vio la cercanía constante de un auto mientras conducía a su casa. En ese lapso, Tonny Terán Tomalá (alias Volante), propietario del Tucson Hyundai involucrado en el seguimiento, recibió 72 llamadas a su celular. Sus perseguidores permanecieron detrás de ella. A las 02:00 del 19 de diciembre llegó a la casa. Los asaltantes ingresaron hasta la casa. Al escuchar los gritos de su hija, Gabela bajó las gradas de su casa apresuradamente. Allí le dispararon.

La revista Vanguardia reportó, en su edición 308 del 2011, que un miembro de inteligencia de la FAE, cuya identidad mantuvo en reserva, había comunicado a Gabela que ya desde 2006 “personal de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le estaba siguiendo”.  Según la familia del general, esas acciones habían recrudecido luego del primer accidente de la flota de helicópteros Dhruv, ocurrido en la Base Aérea de Quito el 27 de octubre de 2009.

Gabela fue comandante de la FAE entre enero del 2007 y abril del 2008, el primer comandante del Gobierno de Rafael Correa Delgado. Criticó la compra de los helicópteros Dhruv a una empresa de India. Tres procesos de adquisición previos fueron declarados desiertos durante su gestión. Gabela había insistido al Comité de Contrataciones de la FAE que esas naves indias no tenían garantías técnicas suficientes para operar en Ecuador. Aún más, su adquisición era la entrada del gigante asiático al mercado de América Latina y, decía Gabela, Ecuador sería el conejillo de indias de esa operación. Las naves tenían dificultades para maniobrar en la zona andina, entre otras limitaciones, según infomaciones que el general hizo conocer.

2007. Hace 16 años, Gabela era posesionado comandante de la FAE por el nuevo presidente Rafael Correa. La esposa del general, Patricia Ochoa, en el centro de la foto, asiste a la ceremonia. Foto: Archivo

Algunos miembros del comité denunciaron acciones persecutorias a Gabela. Al parecer, una de sus reuniones con el comité fue grabada de manera oculta, lo cual se interpretó como un acto de contrainteligencia al propio comandante. Los denunciantes dijeron, extraoficialmente y fuera de grabación, que el general pugnaba por renovar la flota con helicópteros franceses, Gazelle.

El entonces Comandante de la Fuerza Aérea, Rodrigo Bohórquez, hace una seña de triunfo al recibir el primer Dhruv en la India. Lo acompaña el presidente de la empresa vendedora HAL.

Su denuncia sobre la poca operatividad de los helicópteros indios fue entregada por el propio Gabela al presidente Correa, pero no fue tomada en cuenta. Gabela no cedió. Solo cuando ya no era comandante de la FAE, su sucesor, el general Rodrigo Bohórquez, el 19 de enero del 2009 dispuso al titular del Comando de Operaciones Aéreas y de Defensa (COAD) que concretara el contrato entre la Junta de Defensa Nacional y la empresa HAL, representada en Ecuador por la empresa Sumil. Gabela debió salir del cargo luego del ataque de Angostura, en marzo del 2008, y por falta de respaldo político del primer mandatario.

El general Bohórquez reactivó la compra de los Dhruv, una vez que su principal opositor estaba fuera de la FAE. El argumento fue la necesidad operacional para comprar helicóperos luego de que las deficiencias de la defensa aérea se hicieron evidentes tras el ataque a Angostura. Las necesidades operacionales requerían una flota de helicóperos de vigilancia y defensa, pero los Dhruv eran de transporte.

Con esta compra, Ecuador abrió el mercado de exportaciones para la industria aérea de la India. Tal fue la gratitud que durante el show aéreo más grande de la India, la empresa vendedora HAL puso en exhibición el helicóptero VIP asignado a la Presidencia del Ecuador. El aparato estaba sobre un gran escenario, encima del continente americano, y se podía leer un letrero que anunciaba: El mundo da la bienvenida al Dhruv.

La entrega de los helicópteros fue inmediata y, como una deferencia, los aparatos fueron llevados al Ecuador en un avión gigante de carga, y no en buque, como se acostumbra. Lo cual evitó que las naves fueran desmontadas en su totalidad.

“Los homenajes de gratitud no terminaron. Ashok Bhaweja, presidente de HAL, entregó un modelo del Dhruv al entonces embajador del Ecuador en India, Carlos Abad,  en presencia del entonces comandante general de la FAE, Rodrigo Bohórquez Flores. Esto fue en la conferencia de prensa que dio HAL durante el Aereo India Show 2009, en la base aérea de Yelahanka, en Bangalore, India, el 13 de febrero del 2009”, reportó la página http://www.fuerzaaerea.net

Los helicópteros se caen y Gabela tenía la razón

Entre octubre de 2009 y enero de 2015, cuatro de los siete helicópteros se precipitaron a tierra, entre ellos el 601, asignado para uso exclusivo del presidente de la República. En octubre de 2015, luego de denuncias de la oposición política y de publicaciones periodísticas, el ministro de Defensa, Fernando Cordero, declaró la terminación unilateral del contrato. Fue, de acuerdo a fuentes de la FAE, la peor situación operacional de una flota de aeronaves en la historia de la aviación militar ecuatoriana.

En 2010 la caída del primer helicóptero provocó una denuncia penal del entonces diputado Fausto Cobo, coronel retirado del Ejército, contra el ex ministro de Defensa Javier Ponce y 18 militares más, por haber ordenado, el 5 de agosto del 2008, la firma del contrato de compra por 45,2 millones de dólares. Cobo también intentó un juicio político contra Ponce. La mayoría de Alianza PAIS, partido de Gobierno, negó la solicitud.

En la primera foto, la caída de un Dhruv en Chongón, Guayas. En la seguda foto, la caída del primer helicóptero en la ceremonia de aniversario de la FAE, en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito. La foto final, la caída en Tena, provincia de Napo. El cuarto helicóptero, el 601, se precipitó a tierra en Chimborazo, mientras volaba a Quito. Tres tripulantes murieron. Fotos: El Universo y Ecuavisa

El contrato estipulaba que el año de fabricación del motor debía ser el 2008. Se denunció que, de las naves recibidas, cuatro eran de fabricación 2007, una 2006 y otra 2005. Para la empresa proveedora y la propia FAE, aunque fabricados en años anteriores, los motores eran nuevos y no tenían problemas operacionales. La Contraloría determinó en un informe que “se incluyen como parte o accesorio de los motores 4 FADEC (sistema de control de combustible computarizado) de 2006, cuatro palas del rotor principal son componentes aeronáuticos de fabricación 2007”.  Además, los helicópteros no tenían las certificaciones FAR y JAR de seguridad de vuelo de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

El segundo helicóptero, de uso del presidente, se accidentó el 20 de febrero de 2014 en la provincia de Chimborazo. Fue un desvío extraño, pues oficialmente estaba cubriendo la ruta Guayaquil-Quito. Murieron tres tripulantes. La información oficial fue escueta y un informe posterior atribuyó el accidente a “causas humanas”. El Dhruv 601, de acuerdo a reportes en foros de las FF. AA. era “el mejor mantenido, el más revisado de los Dhruv de la flota, con rango de prioritario. Lo cual significaba que, si faltaba alguna pieza, se sacaba de otro para ponérsela. Por su disponibilidad, debía ser 24 horas y 7 días”.

Mientras tanto, otra nave se precipitó en el reservorio de Chongón, unos 20 kilómetros al occidente de Guayaquil. Catorce días después, el 27 de enero del 2015, otro Dhruv cayó a tierra en el helipuerto de Tena, provincia de Napo. En estos dos últimos accidentes no hubo víctimas fatales, pero sí heridos.

Tres helicópteros Dhruv están embodegados desde el 2015 en un hangar del Ala 22 de la Fuerza Aérea, en la Base Simón Bolívar de Guayaquil. Foto José Beltrán Foto: El Universo

Las cartas previas que no se revelaron

El 30 de abril del 2009, la FAE envió una carta al representante de HAL, que indicaba: “el Sistema de Oxígeno para Tripulantes y Pasajeros que se encuentra descrito en el contrato 2008-d-006, Apéndice 1 (…) es necesario para el cumplimiento de misiones operacionales a gran altura, de acuerdo a las características orográficas del territorio ecuatoriano, por lo que su implementación en los helicópteros Dhruv II es prioritaria”. En otra carta de mayo del 2009, se reclamaba al representante que los oficios previos de la FAE no han sido contestados. Y se adviertía que es necesario tomar acciones sobre las siguientes puntualizaciones: “Se requiere especificaciones técnicas de los NVG suministrados, a fin de validarlos como ítems de última generación, como reza el contrato. El contrato señala en su requerimiento operacional No. 19, que se debe disponer del Sistema Mejorado de Alerta de Proximidad a Tierra, de características no genéricas. Sistema empleado para prevenir accidentes, muy importante para la seguridad operacional de los helicópteros. Se ha encontrado componentes mayores (palas, rotor principal y motores) que tienen fecha de fabricación anterior al año 2008”.

Una comunicación daba cuenta de que la Comisión de Adquisiciones de la FAE no estaba de acuerdo con el Sistema de Alerta de Proximidad a Tierra Actualizado, instalado en los AIDS de los helicópteros, cuyas especificaciones técnicas no se disponían. Señalaba también que si bien en el helicóptero 601, de uso presidencial, tiene instalados un GPS y el Satphone, este último debe instalarse en el resto de helicópteros. Se debe, además, realizar la calibración del compás magnético, a fin de solucionar la variación señalada en vuelo. Adicionalmente, “no se menciona si se han solucionado los desperfectos de: desprendimiento de las tapas de acceso durante el vuelo y vibración intensa de la caja de audio en la cabina PAX VIP, el weather radar no transmite, hay aviso de limallas en el AGB, corrección de la ubicación de instrumentos analógicos de torque y tacómetro y documentación de sustento de las alteraciones realizadas en el helicóptero 601”. La carta requirió que en los helicópteros 601 y 604 se coloquen el altímetro y el velocímetro analógicos en la posición unificada, como en el resto de aeronaves. La carta dice: “es necesario que se agilite la entrega del Manual de Mantenimiento del helicóptero 601, que dispone de alteraciones mayores, respecto del resto de helicópteros”.

Al parecer, los requerimientos técnicos fueron atendidos, por ello es que se recibieron las naves. Sin embargo, todas las conclusiones de las investigaciones atribuyeron los accidentes a una «falla humana». 

Las señales que no fueron observadas

Para el general Gabela y su familia se había montado un plan de seguimiento para vigilar las acciones y sus declaraciones de prensa. Sus sospechas de un seguimiento, ordenado por altos mandos de la FAE, estaban documentadas. Al correo electrónico del general Gabela había llegado un documento apócrifo en formato Word. Tres páginas con tipografía Arial, con los siguientes encabezados y título: “Fuerza Aérea Ecuatoriana, Comando de Operaciones Aéreas y Defensa, Dpto. de Inteligencia COAD Guayaquil-Guayas, Fecha 02-DIC-2009. RVS. Plan de Trabajo para la Vigilancia de Actividades del Sr. Gral. (SP) Jorge Gabela”. El supuesto plan de trabajo señalaba como “Fuerzas Opuestas” a la “Delincuencia común y organizada de la ciudad de Guayaquil” y añadía “Suposiciones de las Fuerzas Opuestas: que la delincuencia común y organizada realice actos de sustracción de material y equipos”. Menciona que se asignará un vehículo para el “trabajo”. Al final aparecían los nombres de dos altos oficiales de la FAE.

La familia habló de la llamada de un sargento de la FAE, que alertaba a Gabela de que el coronel Roberto Vargas, jefe de Inteligencia del COAD, había ordenado que lo siguieran. El general llamó por teléfono al general y, según una fuente vinculada al proceso, le habría dicho que los seguimientos son ilegales y que él mismo le daría información (Recuadro).

Estos fueron algunos indicios que la familia denunció después del asesinato. Antes, cuando el general Gabela fue llamado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, se ratificó en sus declaraciones contra la adquisición de los helicópteros. Allí ocurrió un incidente que abonaría a las sospechas de la familia del general sobre los móviles de su asesinato: el general Rodrigo Bohórquez profirió supuestas amenazas en contra del general, cuando el comandante de la FAE caminaba por un pasillo del Parlamento y Gabela estaba esperando su turno para intervenir en la Comisión.

   CONVERSACIÓN TELEFÓNICA  

GENERAL GABELA: ¡Aló!

CORONEL VARGAS: Permiso, mi general, buenas tardes, coronel Roberto Vargas, mi general.

GABELA: ¿Qué dices Vargas? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado?

VARGAS: Muy bien, mi general, ordene usted, devolviéndole su llamada, mi general.

GABELA: Sí, claro que sí, agradezco que me devuelvas la llamada. Verás, yo quería hablar contigo por lo siguiente: Yo sé de la disposición que hay de parte del general Espinosa, sí, para que me estén siguiendo, entonces verás. En primer lugar, te voy a decir algunas cosas, yo te conozco a ti cómo eres, cómo actúas y tú también sabes cómo soy yo ¿verdad?

VARGAS: Sí, mi general.

GABELA: Ya, ok. Entonces, verás, yo te voy a llamar a ti a una confesión judicial después, para que digas exactamente la verdad de lo que te han dado. Lo que estás haciendo en esa disposición es ilegal, así que yo te recomiendo que le pidas por escrito, ¿sí?, no te va a dar por escrito, ok. La gente tuya tiene que cumplir para que no tengas problemas; esa gente, sí, que vaya a mi casa, tú anda a mi casa, entra a mi casa y ve lo que tengo. Los que me van a seguir a mí y a mis hijos, sí, no quiero que estén a dos a tres cuadras, sino que estén a un paso, sí, que estén a un paso. Si algo me pasa a mí, si me asalta un choro cualquier situación, los culpables son ustedes; ustedes son los culpables de lo que me pueda pasar a mí, sí, o a mis hijos, así me choque alguien, cualquier cosa, así que, si me van a seguir, me siguen a un paso, como guardaespaldas, por favor.

GABELA: Tú tienes que preparar el informe, ven a mi casa, yo te enseño, yo te digo todo lo quieres poner en el informe sin problema, pero te voy a llamar a confesión judicial y, si tú quieres protegerte, pídele a ese sinvergüenza que tienes como jefe que te dé por escrito esa orden, porque es ilegal; sí, y yo como no tengo rabo de paja, te puedo llevar a cualquier lado que me voy, yo me voy, o que me muevo o mis hijos; sí, entonces yo quería comunicarte esta situación para que tú sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer y yo quiero que tú también estés protegido, porque este señor sinvergüenza que es tu jefe, sí, yo sé cómo reacciona, y a él no le importa su gente, no le importan los subordinados, tan solo le importa atropellar bien a la gente y lo que está haciendo es ilegal, primero. Segundo, ¿tú sabes que este señor tiene empresas en los Estados Unidos y aquí? ¿Sí sabes?

VARGAS: Sí, sí…

GABELA: (…) anda a la Superintendencia de Compañías y entra, lo que está haciendo con esas empresas es ilegal, tiene otra en los Estados Unidos, también es ilegal, cuando fue por todas las bases hablando en contra mía, es ilegal, sí. Entonces ese señor va a tener serios problemas conmigo, y yo te pido a ti, si vas a cumplir con esa disposición que te han dado, entonces anda a mi casa, yo te doy el horario, lo que voy a salir para que la gente te vea conmigo andando, cuando yo deje el carro y vaya caminando a pie, me vayan siguiendo a pie y vayan a un paso atrás mío o vayan conmigo conversando, ok, porque yo sí considero a la gente que está trabajando contigo, porque en algún momento ellos fueron de seguridad míos y trabajaron conmigo, sí, y tú también trabajaste conmigo, yo conozco cómo eres, entonces yo no quiero que tú tengas problemas, ok.

B Sí, mi general.

GABELA: Porque la gente que trabaja contigo es leal a la Fuerza.

VARGAS: Tratamos cosas de la institución, así es mi general.

GABELA: Y le conocen cómo es el general Espinosa y él extendió una orden ilegal, y tú tienes que cumplir, entonces protégete, que te dé por escrito, ¿ok?

VARGAS: Sí, mi general, le agradezco su comentario.

GABELA: Ya, porque ellos, el general Espinosa lo único que hace es en su beneficio, y a ustedes les utiliza en base al miedo, y tú tienes que estar convencido de que a ese señor no le queda mucho tiempo en la FAE y nunca va a ser comandante general, sí. Así que no se dejen utilizar, tú ya eres un coronel, sí, dile: “deme por escrito porque lo que está haciendo es ilegal” y si te da por escrito, entonces cumple, sí (…).

VARGAS: Sí, sí, mi general, le entiendo yo.

GABELA: Estamos claros, ¿no? Yo sigo considerando de que tú eres una persona de principios, de honor y de valor. ¿Ok? Es lo que yo considero. ¿De acuerdo?

VARGAS: Listo, mi general.

GABELA: Ya entonces, sí, si van a seguir con esa…. Por favor, coordinen conmigo, me llamas, vas a ir a mi casa, yo te doy todas las facilidades del caso.

VARGAS: Seguro, mi general, yo voy a estar en contacto permanente con usted para conversar mi general.

GABELA: Ya, pero así mismo, me pasa algo a mí, si me pasa algo a mí, así me roben en la esquina cualquier otra persona, automáticamente yo le sigo juicio a usted, porque yo sé que ustedes están siguiéndome a mí, entonces para que me sigan mal, síganme bien, porque ya te digo, yo te invito a la casa porque te considero, yo a todos los amigos yo les invito a mi casa, ¿ok?, por eso te estoy invitando para que vayas y veas.

VARGAS: Muy gentil, mi general.

GABELA: Así como también ha ido la prensa a mi casa, para que vea cómo vivo yo, y yo no tengo nada que tapar, ¿ok?

VARGAS: Listo, mi general.

GABELA: Entonces piensa lo que te estoy diciendo, ya te digo yo, yo a ustedes les considero, así que, por favor, tú actúa bien derecho, no te dejes utilizar, sí, pídele que te dé por escrito si vas hacer algo ilegal para que te proteja, porque tarde o temprano la tortilla se vira y este señor no va a durar mucho tiempo, ¿ok? ¿De acuerdo?

VARGAS: Sí, mi general.

GABELA: Ya, entonces me pegas una llamadita a este teléfono, me avisas cualquier situación, qué vas hacer, ya te digo serás bienvenido en mi casa.

VARGAS: Muy gentil, mi general.

GABELA: ¿Ok? Así vaya un sargento, un cabo yo no tengo problemas porque, si averiguas bien las cosas, vas a ver que ellos han cenado conmigo en Navidad y en Año Nuevo. ¿Ok?

VARGAS: Sí, mi general.

Transcripción parcial de la grabación difundida el 4 de febrero de 2016 por el entonces asambleísta y abogado quiteño Ramiro Aguilar, quien investigaba el tema, desde su cuenta de Twitter.

Los líos por el informe de una consultora: ¿se ocultaba la verdad?

En abril del 2012, la justicia dictaminó que lo del general Gabela fue un asalto común con muerte y sentenció a los autores materiales. Eso disparó las dudas de la oposición política y los familiares del general asesinado. El presidente Correa conformó el Comité Interinstitucional para pronunciarse sobre la denuncia de Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte de su esposo. Su objetivo central, se dijo oficialmente, era esclarecer el verdadero móvil y los autores intelectuales, “si es que los hubiese”, de la muerte del excomandante de la FAE. Como cabeza de la Comisión, el Ministerio de Justicia, a cargo de Lady Zúñiga, contrató a la empresa Consultora Pericial, con sede en Brasil, que concluyó su trabajo en noviembre dl 2013, incluyendo observaciones de los integrantes de la Comisión Interinstitucional. Dijo que el trabajo sobre el caso Gabela fue uno de los más completos, al que dedicaron seis meses. Respecto a las observaciones del Ministerio del Interior, el perito argentino Roberto Meza Niella relató:

«En el caso Gabela pidieron que eliminemos algunas cosas, que si bien no cambiaban el resultado final del informe, eso comprometía de cierta manera el trabajo policial y hablaba a las claras de la violación de derechos humanos que la Policía tiene hasta el día de hoy. Fue una de las cosas que me pidieron por email y yo les contesté que no tenía ningún problema sacar eso, pero que yo no iba a firmar absolutamente nada, porque me parecía una injusticia total. Y ese es otro motivo por el que creo que no se le entrega ese informe a la familia Gabela». 

Meza agregó que “sí, hay nombres, fue un trabajo completo, muy grande. Sí hay nombres porque dentro de los términos de referencia se pedía responsabilidades, que se indique qué personas habían incurrido en responsabilidades y esa fue la parte que nos pidieron que saquemos. Ahora resulta que en el contrato nos lo piden y como el resultado compromete a la Policía como institución, ahora piden que se lo saque”.

Entrevistado por El Comercio el 2 de febrero del 2015, Meza reiteró que les pidieron que no tocaran “temas sensibles” en su informe. Se refería al “tema de los Dhruv y el de la responsabilidad de la Policía (en la investigación). Esto lo pidieron asesores directos de los ministros de Defensa y de Interior que trabajaban con nosotros”. Se refiere a los ministros María Fernanda Espinosa y José Serrano.  Esa declaración desató suspicacias sobre el presunto ocultamiento de partes importantes del voluminoso informe, del cual la ministra de Justicia presentó apenas cuatro páginas en una rueda de prensa. El perito aseguró que estas no estaban sumilladas por él y, por tanto, asumía que no eran páginas originales de su informe.

La polémica eterna

La grabación de la charla telefónica entre el general Gabela y el general Vargas fue para la familia la “prueba madre” de que detrás del asesinato hubo intención de silenciarlo. Esta pieza documental generó uno de los conflictos sobre las conclusiones del informe de la comisión, pues para Patricia Ochoa, la viuda, la grabación no fue procesada debidamente. La familia sostuvo siempre que había indicios suficientes de que, detrás de los seguimientos al general Gabela y su familia, estarían altos mandos de la Fuerza Aérea, quienes habrían ordenado en forma extraoficial e ilegal la vigilancia a su excomandante. Eso es lo que determinó finalmente el informe llamado Tercer Producto, que dio por hecho que hubo este seguimiento, lo cual fue una de las «evidencias» de que los generales Espinosa y Bohórquez estaban presuntamente detrás de la muerte de Gabela.

Pero esa evidencia fue minimizada por la ministra de Justicial del correato. Las conclusiones del peritaje internacional de la empresa Consultora Pericial, que en ese entonces presentó la ministra Lady Zúñiga, decían: “La comunicación entre Roberto Vargas y Jorge Gabela solo nos hace ver la versión de Gabela respecto a los hechos y no prueba seguimiento planteado por el general Gabela” y que: “el memorando no constituye por sí mismo un documento que pruebe el seguimiento al general Gabela”.

En su testimonio recogido dentro del proceso penal, el coronel Vargas también desacreditó el memorando. Desconoció el supuesto plan de trabajo para seguimiento a Gabela. “Se trata de un simple papel forjado y mal hecho para hacerlo aparecer como un plan de trabajo”, dijo. Pero en su versión dio un dato: informó que el vehículo asignado a Inteligencia del COAD era un Tucson Hyundai, de placas DFA-456.

Otro dato que tenía la defensa de la familia Gabela-Ochoa en su poder, y que consideraron prueba del seguimiento, por lo extraño e inédito de la orden, es el memorando 20090212-EF-O, firmado por el brigadier general Alonso Espinosa Romero, director del COAD, que el 30 de noviembre de 2009 dispuso al coronel Jaime Almeida, comandante de la Escuela de Infantería Aérea, EIA, que: “previo al ingreso del señor brigadier general (SP) Jorge Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea, a los repartos de la institución, se deberá notificar inmediatamente al suscrito a los teléfonos celulares 093445708 / 084756349 con la finalidad de darle personalmente la más cordial bienvenida”. El primer número correspondía al general Espinosa, quien contestó la llamada que entonces se le hizo desde la redacción de la revista Vanguardia, pero se negó a comentar sobre el tema. 

El brigadier general Rodrigo Bohórquez, por entonces comandante de la FAE, dijo desconocer ese documento, pero añadió que “no es normal” que se emitan órdenes de ese tipo. Quienes sí lo conocían fueron precisamente los coroneles Almeida y Antonio Puga. En declaraciones que son parte del proceso, el último oficial señaló que el memorando lo envió el general Espinosa y fue transmitido como orden a las prevenciones de Guayaquil, Taura y el original al oficial de Control. En sus declaraciones, Puga mostró extrañeza por el contenido de la orden. Dijo que en 28 años en la FAE no conoció un solo documento que se emitiera con dedicatoria a un excomandante general. Dijo, además, que no le constaba que Inteligencia realizara seguimiento al general Gabela, pero sí recuerda que él le había comentado los hechos en un encuentro fortuito en un centro comercial de Samborondón.

En su versión ante la Fiscalía, el general Espinosa admitió haber dado la orden, pues debía dar parte o saludar a un oficial más antiguo cuando ingresaba a un reparto militar. Espinosa llegó a segundo al mando de la FAE. También dijo que esa orden se debía a que el general Gabela, en su campaña de denuncias, ingresaba a las unidades aéreas sin tener ya la autioridad para ello. Espinosa no fue nombrado comandante general y debió retirarse. Negó cualquier relación con los seguimientos a Gabela y su familia.

Otro extraño asesinato

Los acusados del crimen fueron supuestos delincuentes comunes: Tonny Terán, alias Volante; Julio Sánchez, Máximo Torres, Florencio García y Teófilo Melendres. El celular de alias Volante, que había recibido 72 llamadas en la madrugada del 19 de diciembre, apareció poco después en manos del cabo de la Policía Mario Mendoza, quien dijo que lo compró en un local comercial de Guayaquil ubicado en la Bahía. En julio del 2012, el Décimo Tribunal de lo Penal del Guayas impuso la pena de 25 años a Tonny Terán, Julio Sánchez y Jaime Arias, como autores del crimen; Teófilo Melendres fue sentenciado a 12 años como cómplice. El fiscal de Samborondón, Rubén Astudillo, dirigió la instrucción que terminó en la sentencia. El fiscal basó su acusación en el peritaje de los chips y celulares de los detenidos. A uno de los sentenciados, Jaime Arias, se refiere el informe del perito Roberto Meza de Consultora Pericial, cuando dice en una de sus conclusiones del informe del 2013 que:

«El robo a Sofía Gabela tuvo como consecuencia la muerte del general Jorge Gabela Bueno, siendo este el verdadero móvil del crimen, quedando demostrado tal circunstancia en la versión del Cojo Jaime, del modus operandi y confirmado mediante los siguientes elementos: la aplicación del polígrafo a los detenidos a fin de ratificar datos obtenidos durante las versiones; la reconstrucción técnica de los hechos de manera inequívoca por parte de Jaime Arias Tomalá, lo que demostró un total conocimiento del lugar y total concordancia con la crimino dinámica de los hechos establecidos en esta consultoría».

Meza también concluye que otra prueba es “la falta de seguimiento a Sofía Gabela antes del abordaje en el domicilio”. Lo cual no coincide con la versión de la familia, que denunció el seguimiento por hora y media. La familia no se convenció de las conclusiones. Todo detalle fue cuestionado; por ejemplo, la facilidad con que los asesinos ingresaron a la urbanización donde vivía la familia. Cualquiera que viva o haya ido de visita a una urbanización cerrada y vigilada en Samborondón sabe que no es fácil ingresar sin la autorización previa de los dueños de casa. Pero ingresaron sin restricción, sin que los guardias dieran una explicación. ¿Fueron investigados los guardias? No. Tampoco la afirmación del perito de que no se trataba de un asalto de sicarios porque el tiro que mató a Gabela fue errático, lo cual no ocurre cuando se trata de sicarios.

Hay un dato extraño en la conclusión final del perito Meza: “Derly David Salazar Vargas (alias Francis), sindicado como autor material del hecho, no es un personaje ajeno a esta historia, ya que estuvo detenido en febrero de 2011 por este caso y luego puesto en libertad, según constancia”. Salazar Vargas, efectivamente, fue liberado sin explicaciones, aunque había sido señalado como autor material del asesinato de Gabela. Luego fue detenido en diciembre de 2011 por haber asaltado un mes antes nada menos que al fiscal Errol Elizalde. Alias Francis tenía orden de captura cuando ocurrió su detención por el presunto asesinato de un hombre. Salazar Vargas registraba cinco detenciones anteriores, sobre todo por robo y sacapintas. Como ni la opinión pública ni la familia Gabela tenían el informe completo, no se pudo conocer por qué el perito Meza dio ese nombre: en los registros de la prensa de entonces no aparece vinculado al crimen de Gabela.

Sin embargo, alias Francis murió al parecer acribillado por un presunto sicario en diciembre de 2012, en Sauces 6 de Guayaquil. Testigos relataron que un hombre caminó hacia el vehículo donde estaba Salazar Vargas junto a dos amigos, sacó una ametralladora y acribilló a los tres. Luego se fue como si nada. Como el asesino no robó nada, el fiscal que conoció el caso dijo que se trataba de un ajuste de cuentas. Con un amplio historial, alias Francis fue liberado sistemáticamente de sus detenciones, a pesar de la evidencia de los asesinatos en los cuales participó.  El perito Roberto Meza dijo entonces a Plan V que “las circunstancias de la liberación de Francis son muy sospechosas y recaen sobre el fiscal y ni hablar de las circunstancias de su muerte. Habría que preguntarle al fiscal por qué de la liberación, a ver qué argumenta. ¿Qué no es raro en ese proceso?”

Luego, en la presentación del Tercer Informe, el perito Meza aseguró que alias Francis estaría vivo, pues apareció con otra identidad votando en las elecciones del 2021, y al cotejar las huellas, el peritaje había determinado que se trataba de la misma persona.  

Un informe cuestionado

La explicación oficial del perito Meza sobre cuatro páginas, no sumilladas por él, que la ministra Zúñiga entregó a la prensa, se sustentó en los siguientes puntos:

1. La firma y sumillas existentes en el “acta de entrega-recepción” pertenecen al licenciado Roberto Meza Niella, esas hojas fueron sumilladas y firmadas cuando se hizo entrega del informe pericial final (que es otro documento). Las páginas que la ministra Zúñiga entregó a la prensa no estaban sumilladas por el perito.

2. El acta de entrega-recepción definitiva no refleja absolutamente nada el contenido del informe pericial que fuera entregado y “firmado” por el licenciado Meza Niella, razón por la cual la consultoría fue pagada. El acta de recepción definitiva es un paso formal dentro del procedimiento, que muestra a las claras que cumplimos con nuestro deber.

3. El acta de entrega-recepción fue firmada, como consta en el documento, el 2 de septiembre de 2013 y los pedidos de “eliminación” de páginas vinieron sorpresivamente en el mes de mayo de 2014. Muchos meses después de entregado y aceptado el informe pericial final, pedidos a los cuales no accedimos. Recordemos que los cambios en los gabinetes se produjeron en noviembre de 2014.

“No sé a quién se protege”

Patricia Ochoa precisó sus acusaciones durante su testimonio en radio Democracia, de Quito, el jueves 12 de febrero del 2016:

Definitivamente, el señor presidente no entiende por lo que pasa la familia Gabela. Cuando hablé con él, en 10 de julio de 2012, tenía mucha fe en que todo esto iba a llegar a su fin. Él vio los documentos, y tengo que hacerle acuerdo al señor presidente: yo le entregué un informe del Gobierno de la India, donde dice que el accidente de 2009 en el Ecuador es por la saturación del cíclico, y que esperaban una reacción del Ecuador, reacción que jamás hubo. Por esa misma razón Chile no compró esos helicópteros. En ese informe hay algunas cosas que delatan las deficiencias de eso aparatos. Otra cosa que le quería aclarar al señor presidente es que se acuerde muy bien, de cuando le entregué todos los documentos en sus manos, lo que él dijo. En esa reunión solo faltó el fiscal general, estos son los asesinos, incauten los computadores de la FAE, ese tipo de persecuciones solo las hacen los militares. Yo le pregunto al señor presidente, definitivamente, ¿usted no entiende mi dolor? Cuando sus propios ministros, cuando sus propios funcionarios piden que se cambien versiones, que se cambien investigaciones, que hasta ahí nomás lleguen las investigaciones, ¿de qué seriedad de investigaciones hablamos? (…) Querían pruebas los señores ministros de lo que habían pedido a los peritos internacionales. Aquí están, señores, tres correos, el primero pidiendo de modo urgente hablar con los peritos para hacer el informe final y en el último de los correos piden que se cambien, que se borren totalmente los anexos, que lo del testigo protegido se elimine totalmente, entre otras cosas. Señores, esta es la prueba que querían, aquí está. Por eso para mí es importante, si es que ustedes señores abren una investigación, que los peritos internacionales estén presentes y digan cuáles fueron las limitaciones que tuvieron en la investigación porque aquí hablamos de una investigación a la cual no le quisieron dar profundidad en estos temas. Nunca, ni en la primera ni en la segunda, tomaron en cuenta la persecución a mi esposo, las amenazas, todo lo que yo les dije cuando en la primera instancia yo entregué a la Policía los elementos de la persecución y me dijeron que eso debía investigar Asuntos Internos de la Fuerza Aérea. Un día, ya posesionado de comandante general, llamé al general Velasco, para decirle que habían ido a declarar algunos generales y coroneles, y que investigue lo que ellos dijeron; su respuesta fue que, si yo tenía pruebas, que las entregara a la Fiscalía. Yo pregunto: ¿de dónde vendrá la grabación entre el jefe de Inteligencia y mi esposo? ¿Quién la entregó? A mí me la entregó el Ministerio de Justicia. Entonces es el Ministerio de Justicia el que debe responder al pueblo ecuatoriano quién les entregó esa investigación, y por qué, teniendo eso en sus manos, nunca se investigó. (…) No sé a quién se protege, no sé a quién se protege…

Días antes, en radio Visión, en el programa Buenos Días que conduce Diego Oquendo Silva, la esposa del general afirmó también que se trataba de encubrir a alguien. Fue el 2 de marzo de 2012, relata el periodista Roberto Aguilar en su blog de opinión, por ejemplo, cuando José Serrano le dijo: “Señora, lo de su esposo es un caso de sicariato”. Fue el 10 de julio de ese mismo año cuando lo repitió en presencia del presidente. “Pepe, ¿por qué no me has dicho eso?”, dice que le respondió Rafael Correa en esa reunión a la que también asistieron los ministros Homero Arellano, Johana Pesántez y Miguel Carvajal, que muy callado se lo han tenido. Esa reunión en la que el presidente se convenció, o aparentó convencerse, de que había oficiales de la Fuerza Aérea involucrados en el crimen. Esa reunión en la que, según Patricia Ochoa, Correa dijo: “Esos son los asesinos, incauten las computadoras de la FAE”. Así va desgranando la viuda su historia entre sollozos. Y con profundo desengaño pronuncia la frase más repetida del país en los últimos ocho años: “Yo le creí al presidente”. Carajo, ¿a qué hora llama Serrano para defender justamente el proceso judicial que efectivamente sostiene todo lo contrario realmente?

El tercer producto: sí se entregó y se recibió 

Meza dijo haber entregado dos “productos” como parte del informe sobre el asesinato de Gabela. El contrato estipulaba un tercer “producto”. Según el abogado de Ochoa, Ramiro Román, debía realizarse solo si el perito encontraba indicios de que Gabela no fue víctima de la delincuencia común, como sentenciaron los jueces y se mantenía bajo reserva.

Marzo 2016. El Diario. Familia de Jorge Gabela pide a Contraloría que informe se audite. Foto: Diario La Hora

En marzo de 2016 la viuda concurrió a la Contraloría para solicitar se hiciera un examen al gasto realizado por el Ministerio de Justicia en el contrato con el perito argentino Meza, con el fin de determinar si se pagó por tres productos. La búsqueda del “tercer producto” era clave para la defensa de la familia, pues si se encontraran nuevos indicios, el caso podría ser reabierto, pues según el Código Orgánico Integral Penal, este delito no prescribirá hasta dentro de 26 años, es decir, en el año 2036.

La Contraloría inció un examen especial a este proceso. En sus conclusiones evidencia que la contradicción continuaba. Mientras el perito Meza confirmó al ente de control que había entregado un producto final sumillado y debidamente rubricado, la Contraloría no pudo encontrar tal informe en el Ministerio de Justicia, pero sí encontró que la ministra había pagado por un tercer producto, con la debida acta de entrega recepción y conformidad de las partes y, según dijeron los funcionarios del ministerio, «de acuerdo con la ley».

La coordinadora administrativa financiera y administradora de ese contrato con Meza, había señalado en un oficio interno que «en mi calidad de Administradora del Contrato, certifico que el Consultor entregó el informe del tercer producto esperado el 08 de julio de 2013 dentro del plazo establecido en el contrato. Luego de la presentación de este producto el Comité Interinstitucional solicitó se realicen ampliaciones y aclaraciones, lo que deviene en la presentación oportuna y dentro de los plazos previstos.- Cabe indicar que por disposición del Comité Interinstitucional el producto final entregado debe reposar en los archivos de esta Coordinación General de Asesoría Jurídica…».

Y, con memorando MJDHC-CGAJ-2013-0160-M de 28 de agosto de 2013, —dice el informe de la Contraloría— solicitó a la Coordinadora Administrativa Financiera, se efectúe el pago, indicando: “…Señora Coordinadora General Administrativa Financiera, en mi calidad de Administradora del contrato y de conformidad con lo establecido en el contrato de “Consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar e investigar el deceso del Gral. …” una vez que se ha recibido a satisfacción de esta Cartera de Estado el tercer producto contratado, solicito a usted se efectúe el pago del mismo, de acuerdo a lo determinado en la cláusula décima del contrato; el porcentaje a pagar por la entrega satisfactoria del tercer producto es del 30% del valor total del contrato, esto es Veinte y tres mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD $ 23.400,00) más IVA, toda vez que el valor del contrato suscrito por el Consultor y esta Cartera de Estado es de setenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD 78.000,00) sin incluir IVA.- Cabe mencionar que la documentación constante en el segundo producto entregado por parte del consultor reposa bajo la custodia de esta Coordinación General de Asesoría Jurídica toda vez que este (sic) tiene el carácter de confidencial y no divulgable, por la complejidad y delicadeza de esta investigación no es posible adjuntar el mismo al expediente de pago.- Para lo cual adjunto la factura original del consultor y el informe de aprobación de la entrega del
producto final…”.

El director Financiero del mnisterio de Justicia también indicó: “…una vez que se ha recibido el tercer y último producto esperado dentro del contrato de “Consultoría para la prestación de servicios especializados para identificar…” solicito se emita el respectivo informe económico del contrato mencionado a fin de dar cumplimiento a lo que establecen los artículos 124 y 135 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia a la cláusula décimo quinta numerales 15.04 y 15.05 del referido contrato; y, proceder a la suscripción de la respectiva acta de entrega – recepción única…”

La Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Lady Zúñiga, le dijo a la Contraloría que en el documento denominado “informe final”, que fue entregado por el consultor en comunicación de 8 de julio de 2013, se evidenció que las conclusiones presentadas en este documento, no cuentan con la firma de responsabilidad del consultor, como lo hizo en los informes uno y dos. El equipo de control de la Contraloría solicitó al Consultor remita los productos correspondientes a la consultoría. En correos electrónicos de 13 de abril y 29 de junio de 2016, respectivamente, el perito Meza indicó:

“…Conforme habíamos hablado en el primer contacto telefónico, las copias de los productos no será posible enviarlos principalmente por la sensibilidad del contenido del último de los tres y como seguridad de mi integridad personal, copia de eso lo obtendrán con el Ministerio de Justicia quien mediante acta de entrega recepción quedo (sic) con el original…”.

«Referente a las inquietudes planteadas y formuladas en el presente mail, me gustaría dejar claro que: .- Los tres productos solicitados en el contrato fueron ENTREGADOS por este profesional en tiempo y forma y TODOS fueron abonados en su totalidad, no recordando en el momento y no encontrando los comprobantes de pago para dejar establecido las fechas, pero el acta de entrega de recepción del III y último producto, denominado de Informe Final, fue firmado por mi persona el día 02 de septiembre de 2013 y posterior a eso se realizó el pago por parte del administrador del contrato.- Esa acta fue firmada en esa fecha, luego de que se absolvieran todas las observaciones planteadas por los miembros del comité interinstitucional. El producto final se entregó en sobre cerrado a la administradora del contrato quien debía inmediatamente pasar al comité debido al carácter de reservado. TODAS las hojas fueron sumilladas y firmadas por este profesional como la de todos los productos anteriores.- Del informe provisional no hay data de acta o al menos acta firmada por mi persona porque eso se hacía en reunión plenaria con todos los integrantes del comité y sus asesores, TODOS esos datos DEBEN constar en las respectivas ACTAS DE REUNION DEL COMITÉ por lo tanto pido que gentilmente se soliciten esas ACTAS porque ahí constan todas estas fechas de manera exacta. Luego de la entrega provisoria, este profesional recibió las observaciones y tuvo un plazo para la contestación de cada una de ellas, presentado el informe final (III Producto) con estas observaciones contestadas y aceptadas se dio por finalizado y aceptado este informe y como consecuencia de esto, realizado el respectivo pago a la cuenta respectiva, deben existir todas las copias de estos comprobantes en el Ministerio contratante…”.

Cabe indicar —dice el informe de Contraloría— que en el informe final, entregado por la Ministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos, Lady Zúñiga, no constan las hojas sumilladas y firmadas como lo afirma el consultor en su correo electrónico.

El perito recomendó a la Contraloría que pidiera al Ministerio de Justicia las actas de las reuniones de entrega-recepción de los tres productos de la consultoróa. Eso hizo el organismo de control, pero la Viceministra de Justicia Derechos Humanos y Cultos remitió 75 copias de las listas de asistentes a las reuniones del Comité Interinstitucional, sin que se hayan enviado las actas de estas reuniones.

El técnico del Ministerio, que firmó el acta de entrega-recepción del informe dijo al respecto: «Con fecha ocho de julio del año 2013, veintidós días antes de mi ingreso a la institución, el Ministerio de Justicia recibe el tercero y último producto de la Consultoría, de la misma manera es de entender que a entera satisfacción de él o la administradora del contrato. El 16 de agosto del 2013, los miembros del Comité Interinstitucional, creado mediante decreto ejecutivo No. 1317 de 03 de octubre del 2012, exclusivamente para conocer, investigar, analizar, y pronunciarse sobre la denuncia en torno a la muerte del General Gabela, luego de conocer los productos de la consultoría, deciden que el producto final esperado, no se encuentra conforme a lo establecido en el contrato, por lo que solicitan al consultor una ampliación del informe. Con fecha 23 de agosto del 2013 el consultor procede a entregar la ampliación del informe, conforme a las observaciones solicitadas por el Comité Interinstitucional. Dado la reserva del caso y el expediente, el contenido y sus conclusiones sólo podían ser conocidos por los miembros del Comité Interinstitucional y el señor Presidente de la República».

Dos funcionarios de ese Ministerio, la Coordinadora Jurídica y el técnico afín que recibió los productos, insistieron ante la Contraloría que recibieron el tercer producto o informe final de acuerdo a las normas de contratación pública. Tanto lo hicieron, dicen en sus respectivas comunicaciones, que el producto fue recibido y el pago final fue autorizado. Es más, la Coordinadora Jurídica afirmó que pidió una caja fuerte para guardar esos documentos y otros de carácter delicado, y mientras ella fue custodia de esa caja fuerte los documentos permanecieron ahí, y cuando renunció los entregó a su sucesor sin problemas. Pero, la Contraloría insiste en que estos técnicos «inobservaron la Norma de Control Interno, 200-06 “Competencia Profesional”, lo que originó que la entidad cancele 23 400 USD por concepto de un producto III, del cual no existe evidencia documentada de su recepción».

Las conclusiones del informe de Contraloría señala que:

En la documentación remitida por la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, referente al proceso de contratación se verificó la entrega de los productos I; II e informe final; sin embargo, en las cláusulas contractuales Cuarta “Objeto del contrato – Productos o servicios esperados y Décimo Quinta.- Acta de entrega recepción constó la obligación de entregar tres productos; y, dos informes, un provisional y definitivo.

El documento denominado “informe final” presentado por el consultor al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con comunicación de 8 de julio de 2013, en la parte de conclusiones no contiene la firma de responsabilidad del consultor, pese a que éste, según correo electrónico de 29 de junio de 2016, indicó que todas las hojas fueron sumilladas y firmadas, afirmación que el equipo de control no evidenció en el documento.

La Administradora del contrato, el Técnico afín y el Consultor que suscribieron el acta de entrega – recepción, solicitaron la cancelación de 23 400,00 USD por concepto de un tercer producto, del cual no se estableció la documentación que sustente su emisión y presentación, existiendo el producto denominado “informe final”, sin que el equipo de control haya evidenciado la presentación del tercer producto.

El informe también se perdió en los vericuetos de la Asamblea Nacional. El abogado y asambleísta independiente Ramiro Aguilar Torres se propuso investigar el caso. Pero no tuvo suerte en encontrar el informe completo. Al final concluyó que había una contradicción entre el Ministerio de Justicia y la Asamblea Nacional. La cartera de Estado sostenía que el informe del perito argentino con sus anexos fue entregado a la Comisión de Soberanía de la Asamblea, pero no se lo encontró en los archivos de la comisión.

Aguilar revisó la copia del informe entregado por la ministra de Justicia a la familia, donde se precisaba que Gabela murió a consecuencia del intento de asalto, es decir, por obra de la delincuencia común y no por una conspiración relacionada con la compra de helicópteros. Según Aguilar, se comunicó por medio de su cuenta Twitter con el perito argentino, quien le contestó que el documento no coincidía con lo que él entregó. Por lo tanto, dijo Aguilar, era importante se hiciera público “el informe firmado por el perito”, pues en el acta de entrega-recepción del peritaje se señala que se entregan tres productos. El perito argentino dijo también a Aguilar que sus conclusiones fueron distintas a las que se habían hecho públicas, mientras la ministra de Justicia declaró que el informe fue remitido a la comisión que trataba el tema en la Asamblea cuando Aguilar pidió una copia.

Aguilar también solicitó, en tres ocasiones, copia del informe al presidente de la República, pero el Ministerio de Justicia no accedió a entregarla. El congresista llegó a considerar que, si hubo pago al consultor argentino por entregar un documento incompleto, se había cometido un posible peculado, y también que se podría haber suplantado el informe. “El país quiere saber si es que el crimen fue por delincuencia común o si es que hay un autor intelectual”, afirmó el legislador. 

Aguilar sostuvo que la hipótesis de un autor intelectual del crimen no estaba descartada. Inclusive, se habría realizado una prueba en detector de mentiras a los asesinos confesos, que sería un elemento para determinar las conclusiones de la justicia, pero el Estado debería analizar si “hubo una mano que movió las voluntades de los condenados”. Para lograr esto sería necesario tener el informe del perito argentino en su totalidad, aunque el documento fue posterior a la indagación que realizó en su momento la justicia del Guayas. No obstante, el propio contrato entre el Gobierno y el perito argentino establecía que el anexo que se produciría en caso de haber indicios de una conspiración debía ser reservado.

Caso cerrado …y reabierto

Patricia Ochoa se entrevistó con el presidente Lenín Moreno y pidió que se levantara la confidencialidad y reserva que pesaba sobre el informe del perito Meza. El presidente se comprometió a hablar con sus asesores. Dijo que cuando estos se lo recomendaran podía levantar la reserva y confidencialidad, y llamaría a la familia para informarle. Quedaron a la espera. El 29 de mayo de 2017 pidieron entrevista con el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, y con la ministra de Justicia, Rosana Alvarado. La funcionaria derivó el tema a un asesor. Después de mucha insistencia, el fiscal Baca envió un comunicado a la familia, indicando que derivaba el caso a la fiscal provincial del Guayas, Patricia Moreta, y esta a su asesor René Astudillo.

El punto para la familia era que la ministra Zúñiga había informado que había entregado el informe a la Fiscalía General el 2 de julio de 2015. Pidieron saber qué había de nuevo en más de dos años de indagación. No hubo respuesta.

Las actas que llevó la comisión nombrada por decreto por Rafael Correa fueron declaradas reservadas. La Contraloría pidió las actas para hacer la auditoría al contrato entre el Ministerio de Justicia y el perito Meza. Solo fueron entregadas las firmas de los asistentes a las reuniones y no las actas, pues eran reservadas. Esta documentación fue finalmente entregada por la presidencia de Guillermo Lasso, luego de emitirse la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba tal cosa. Solo así se pudo reconstrir el tercer producto.

La administradora del contrato le dijo por entonces, a la esposa del general Gabela, que se recibió el tercer producto o informe final en un sobre cerrado por la confidencialidad y pidió que la Contraloría ordenara levantar la reserva de las actas de trabajo del Comité Institucional. “La administradora del contrato es la abogada Jessica Jaramillo Yaguachi. Yo hablé con esta abogada y me dijo que, unos días después que se leyó el borrador de la auditoría a este contrato, fue alguien del Ministerio de Justicia a pedir ponerse de acuerdo en lo que tenía que contestar a ese borrador. Y ella le había dicho ya tenía lista la respuesta y extendió a esa persona esa respuesta. Ella ya no trabaja para el Estado”.

La Asamblea Nacional del Ecuador, a mediados de 2018, como respuesta a la presión de la familia del general Gabela, de los abogados de la misma y de la opinión pública, que por diversos medios expresaba las dudas sobre este caso, conformó una comisión especial multipartidista para investigar el caso.  Los comisionados llamaron a comparecer a decenas de funcionarios, exfuncionarios, militares, periodistas y a todo aquel que tuviera algo que decir en el caso. También recopilaron la documentación pertinente que había en la Asamblea y pidieron lo propio a varias instituciones públicas. Trabajaron cuatro meses, entrevistaron a 32 personas y realizaron 80 pedidos de información.

La Comisiónde la Asamblea pidió prueba de polígrafo para investigadores del caso Gabela. Foto: Archivo el Telégrafo

El 16 de noviembre, a la medianoche, concluyó la lectura final del documento con las conclusiones que fueron aprobadas. Una de estas dijo que los legisladores habían encontrado evidencias suficientes de un posible crimen de Estado.  Respecto a los autores, la Comisión determinó la “presunta certeza” de participación del crimen organizado en el asesinato La Comisión identificó que dentro de la indagación previa y de la instrucción fiscal “no se realizaron todas las pericias necesarias para determinar los responsables de la muerte del general Gabela”. Y ratificó que el tercer informe o producto desapareció y solicitó que la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, UAFE, investigue las cuentas de 70 funcionarios y ex funcionarios, entre ellos del ex presidente de la República, Rafael Correa.

El documento también reveló que en el proceso de contratación de los helicópteros hubo “falta de diligencia”, y destacó la pugna de intereses al interior de la Fuerza Aérea Ecuatoriana e interferencia de sus mandos en las decisiones del Comité de Contrataciones que estaba a cargo de la compra.  El informe fue aprobado por el Pleno de la Asamblea el 20 de noviembre, por 75 votos afirmativos y 17 abstenciones.  Y resolvió enviarlo a la Fiscalía General del Estado para que la investigación continúe en el ámbito penal.

Luego de ello fue el silencio del Estado. La familia Gabela-Ochoa acudió a la administración de justicia, para que un juez ordenara la apertura de la documentación, basándose en el derecho a la información pública y el derecho a la verdad. La petición fue negada en todas las instancias de la Justicia ecuatoriana. Luego se interpuso el recurso ante la Corte Nacional de Justicia, que seis años después, en enero del 2023, emitiría la sentencia que permitió la desclasificación de los documentos y la reconstrucción de los hechos: el Tercer Producto.