La wiphala es un emblema de origen andino, utilizado por diversos pueblos indígenas, especialmente en Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina y Chile. Es un símbolo de resistencia, unidad y orgullo indígena. Una bandera cuadrangular dividida en 49 cuadros, coloreados diagonalmente con siete colores del arcoíris, que en su trayecto político ha desdibujado su original para transformarse en una multicolor paleta de oportunismo.
El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP) fue constituido el 1 de noviembre de 1995 como la expresión política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con el objetivo de trasladar las demandas históricas de los pueblos originarios al escenario institucional del país. Entre sus fundadores destacan figuras de amplia trayectoria en la movilización indígena, como Nina Pacari, Luis Macas y Antonio Vargas, quienes asumieron un rol clave en la confrontación al modelo económico neoliberal impulsado en ese momento desde el Estado. Nina Pacari, reconocida jurista kichwa, hizo historia en 1998 al convertirse en la primera mujer indígena en ocupar una curul en el entonces Congreso Nacional. Tanto ella como Luis Macas, proveniente del pueblo Saraguro, integraron brevemente el gabinete del presidente Lucio Gutiérrez en 2003, pero abandonaron sus cargos tras desacuerdos con el rumbo político adoptado por el mandatario, el cual se distanciaba de las expectativas transformadoras promovidas por Pachakutik.
Otros dirigentes fundadores –como Antonio Vargas (Conaie), Salvador Quishpe, Jaime Vargas– reforzaron inicialmente la cohesión plurinacional del movimiento, que planteaba un Estado multiétnico, derechos colectivos y defensa de la naturaleza. El espinoso aprendizaje de las alianzas políticas (1996-2005) Durante su etapa inicial, el Movimiento Pachakutik optó por una estrategia de alianzas con actores políticos tradicionales como parte de su táctica de inserción institucional. A mediados de la década de 1990, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con la que mantenía una estrecha vinculación, participó activamente en movilizaciones que contribuyeron a la caída del entonces presidente Abdalá Bucaram.
Uno de los episodios más decisivos en su trayectoria ocurrió en el proceso electoral de 2002, cuando estableció una alianza con el coronel retirado Lucio Gutiérrez, quien había ganado notoriedad tras participar en la destitución de Jamil Mahuad en el año 2000. Gracias al respaldo de Pachakutik y de amplios sectores del movimiento indígena, Gutiérrez llegó a la presidencia y conformó un gabinete que incluyó a representantes de estos sectores: Nina Pacari fue designada en la Cancillería y Luis Macas asumió el Ministerio de Agricultura, en lo que se planteó como una experiencia de gobierno compartido. No obstante, esa experiencia fue efímera. En pocos meses, Gutiérrez adoptó una línea política contraria a la esperada: firmó acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y estrechó vínculos con Estados Unidos, lo que provocó el distanciamiento de los cuadros indígenas incorporados al Ejecutivo.
La alianza se rompió abruptamente, generando una profunda autocrítica en el movimiento; años más tarde, Luis Macas admitiría públicamente que apoyar a Gutiérrez fue un error. Tras la salida del coronel de la presidencia, que ocurrió en 2005 en medio de un nuevo ciclo de protestas encabezadas por sectores indígenas y populares, Pachakutik quedó dividido. Mientras ciertos líderes de la Amazonía permanecieron vinculados al aparato estatal y al proyecto de Gutiérrez, otros se alejaron denunciando el abandono de los principios que habían dado origen al movimiento.
Lisonja, elogio, división y persecución ¿Cómo olvidar a Correa?
El ascenso de Rafael Correa a la presidencia en 2007 marcó una nueva etapa en la relación entre el movimiento indígena y el gobierno nacional, caracterizada por una tensión creciente entre gestos simbólicos de acercamiento y decisiones políticas que generaron desconfianza. En un primer momento, el Ejecutivo pareció mostrar una actitud receptiva hacia los pueblos indígenas: designó como ministra de Comunicación a Mónica Chuji, quien venía de militar en las filas de Pachakutik, y participó en ceremonias ancestrales, incluyendo la aceptación del bastón de mando. Sin embargo, esa aparente apertura dio paso rápidamente a episodios de confrontación. En diciembre de ese mismo año, tras movilizaciones en la zona petrolera de Dayuma, la prefecta de Orellana y dirigente de Pachakutik, Guadalupe Llori, fue arrestada bajo cargos de sabotaje y terrorismo. Su detención sin las garantías procesales debidas generó una ruptura definitiva con el gobierno y encendió las alarmas en el movimiento indígena. A partir de este caso, tanto Pachakutik como la CONAIE comenzaron a denunciar un patrón de criminalización de la protesta social, señalando decenas de casos de represión contra líderes comunitarios.
Mientras tanto, el presidente Correa continuó respaldando a figuras indígenas que coincidían con su proyecto político, como Chuji, quien luego integró la Asamblea Nacional. No obstante, las organizaciones de base se distanciaron del Ejecutivo, denunciando lo que identificaban como una política sistemática de persecución.
Su capacidad de defender derechos colectivos, territorios y el medio ambiente dependerá de cómo PK resuelva la tensión entre ser un instrumento político de la CONAIE y convertirse en un partido convencional sujeto a las lógicas del poder.
Diversos informes estiman que durante el periodo correísta se registraron más de 200 casos de hostigamiento o judicialización dirigidos contra dirigentes indígenas. Pese a este contexto conflictivo, el correísmo no dejó de buscar acuerdos tácticos con algunos sectores indígenas. En las elecciones de 2009, por ejemplo, logró concretar una alianza con Pachakutik en la provincia de Chimborazo. Sin embargo, estas maniobras no estuvieron exentas de controversia interna: muchos activistas y bases acusaron a la dirigencia de ceder terreno político al oficialismo, debilitando la autonomía del movimiento. Un caso emblemático fue el del dirigente Pachakutik, Ricardo Ulcuango, quien en 2011 fue nombrado embajador en Bolivia por el presidente Correa. Su designación fue recibida con recelo por líderes indígenas, quienes la interpretaron como una estrategia para dividir al movimiento desde dentro. A raíz de ello, Ulcuango fue expulsado de la organización indígena Ecuarunari, al considerar que su aceptación del cargo representaba una traición a los principios colectivos que defendía su comunidad.
Participación institucional y contradicciones políticas
A lo largo de su historia, Pachakutik ha logrado posicionar a algunos de sus cuadros en funciones públicas de alto nivel, lo que ha generado tensiones entre su discurso de defensa territorial y su integración a las estructuras estatales. Más allá de los casos emblemáticos de Nina Pacari y Luis Macas durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, o de Ricardo Ulcuango como embajador bajo el mandato de Rafael Correa, destaca la trayectoria de Diana Atamaint, exlegisladora shuar y expresidenta del Consejo Nacional Electoral a partir de 2018. Aunque provenía del movimiento, renunció a su militancia en 2017, marcando distancia con la línea política original.
En el período presidencial de Guillermo Lasso, Pachakutik alcanzó un momento de influencia al encabezar la Asamblea Nacional con Guadalupe Llori como presidenta, gracias a una alianza legislativa con la bancada oficialista y sectores de la centroizquierda. Llori se mantuvo en ese cargo poco más de un año, hasta que fue removida por una coalición opositora que incluyó al correísmo, al Partido Social Cristiano y a disidentes del propio movimiento indígena. Su posterior expulsión de Pachakutik en 2024, bajo el argumento de haberse alineado con el Ejecutivo, reflejó una vez más las divisiones internas. Ya con Daniel Noboa en el poder, varios de los nueve legisladores de Pachakutik electos en 2025 han mantenido reuniones con el gobierno para explorar formas de cooperación legislativa.
Aunque el Ejecutivo promovió la idea de una alianza parlamentaria, el movimiento indígena negó oficialmente cualquier pacto. Esta situación ha generado fricciones internas: mientras algunos legisladores defienden apoyar ciertas iniciativas gubernamentales y se toman fotos en Carondelet con el ministro de Gobierno, otros se resisten, alegando que eso compromete la independencia del movimiento.
Bases movilizadas, élites divididas
La capacidad de organización social de Pachakutik ha estado profundamente ligada a la fuerza histórica de la CONAIE, con protagonismo en levantamientos nacionales como los de 1990, 1992 y 2000. La inclusión de la consulta previa en la Constitución de 2008 fue uno de los avances más significativos impulsados desde este frente. Sin embargo, la incursión en el terreno institucional ha provocado conflictos entre la dirigencia política y sus bases. El tránsito hacia el juego electoral implicó aceptar prácticas clientelares y establecer acuerdos con actores políticos tradicionales, lo que ha sido motivo de críticas tanto internas como externas.
La contradicción ha sido recurrente: cada alianza con un gobierno (como las establecidas con Alianza PAIS o CREO) ha generado cuestionamientos sobre la coherencia ideológica del movimiento. Un ejemplo paradigmático fue la salida de Yaku Pérez, quien abandonó Pachakutik tras el acuerdo con CREO para elegir a Guadalupe Llori como presidenta del Legislativo. Estas disputas han reavivado el debate sobre el papel que debe desempeñar el movimiento: si como una estructura orgánica fiel a la defensa de los pueblos y territorios, o como un actor político que busca incidir desde dentro del Estado. Los nombramientos de figuras indígenas en espacios institucionales —como el caso de Ulcuango o el de Atamaint— han sido interpretados por sectores de base como intentos de dividir y debilitar el movimiento desde dentro.
La detención de Guadalupe Llori en 2007, en el marco de protestas petroleras, y la posterior criminalización de líderes indígenas durante el correísmo, reforzaron una percepción de persecución estatal que unificó momentáneamente a las bases. No obstante, con el paso del tiempo, las tensiones entre institucionalización y autonomía se han acentuado. Una dislocación estructural permanente Desde su origen, Pachakutik ha oscilado entre dos pulsiones: por un lado, el impulso colectivo por transformar el orden político desde una perspectiva plurinacional y comunitaria; por otro, la búsqueda de espacios de poder dentro del sistema institucional.
Las trayectorias de figuras como Vargas, Pacari, Macas, Quishpe, Iza o Llori ejemplifican esta dualidad: han alcanzado notoriedad en la arena pública, pero también han sido blanco de reproches por supuestas incoherencias o desconexión con las bases. En 2025, este dilema sigue siendo el núcleo del debate sobre la identidad y el rumbo de Pachakutik. Su capacidad de defender derechos colectivos, territorios y el medio ambiente dependerá de cómo resuelva la tensión entre ser un instrumento político de la CONAIE y convertirse en un partido convencional sujeto a las lógicas del poder.
Pachakutik ha enfrentado históricamente una tensión entre su papel como actor transformador desde lo comunitario y su participación en el sistema político formal. Sus líderes han oscilado entre la representación institucional y las críticas por alejarse de las bases. En 2025, este dilema sigue vigente. El futuro del movimiento dependerá de su capacidad para articular poder sin perder coherencia ideológica. Su legitimidad se juega en mantener el equilibrio entre autonomía indígena y presencia estatal.