El 22 de octubre último, al día siguiente de la comparecencia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, a la Comisión de Soberanía Integral de la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado allanó las oficinas de la Autoridad de Transito y Movilidad, ATM, de esa ciudad, que pertenece al Municipio de Guayaquil. En esa acción, agentes de la Fiscalía detuvieron a seis personas y fueron judicializados por presunta asociación ilícita. Según la FGE, una procuradora judicial, agentes de tránsito y un abogado cobraban entre mil y dos mil dólares para alterar sanciones judiciales para evitar que los infractores de tránsito cumplan penas en prisión.
La investigación habría comenzado el 15 de mayo del 2025, según información de la entidad de control luego de en documentos judiciales se habrían detectado registros falsos de que los infractores habrían cumplido sus sanciones.
La Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil dijo, en un comunicado oficial, que las detenciones —que fueron anunciadas por la FGE y también por el Ministerio del Interior— «no son producto de un hallazgo externo, sino de un proceso originado dentro de la propia institución. Las alertas, las investigaciones administrativas y la denuncia penal presentada el 1 de mayo de 2025 provinieron de la ATM y fueron remitidas oportunamente a la Fiscalía, antes de cualquier intervención del Gobierno Central».
El gerente del Municipio de Guayaquil, Fernando Cornejo, recordó que el 2 de septiembre, en una reunión convocada por la Cancillería con presencia del ministro del Interior, se acordó fortalecer la coordinación entre el Ministerio, la Fiscalía y la ATM en materia de flagrancia. Sin embargo, en lugar de consolidar ese compromiso, se ha producido un giro que no responde a criterios técnicos sino políticos, dijo el funcionario. Según Cornejo, lo que ocurre actualmente “ya no es un control, sino una persecución política” destinada a intimidar al Municipio de Guayaquil para desviar el foco público de otros hechos que comprometen al poder central».
El gerente general de la ATM, Fernando Navas, precisó que de las seis personas detenidas, únicamente tres mantenían relación laboral con la institución. Los dos abogados exfuncionarios, de apellidos Castro y Carrera, habían sido separados en junio y julio de 2025, y la sexta persona detenida «nunca perteneció a la Agencia».
«Se intenta sustituir la rendición de cuentas por un montaje político dirigido a desviar la atención. La ATM rechaza toda forma de manipulación destinada a intimidar a la institucionalidad local».
Sobre un agente de apellido Mina, Navas dijo que la ATM presentó la denuncia en Fiscalía el 1 de mayo y el 6 de mayo se le abrió un sumario administrativo, que se encuentra en etapa de pruebas. La institución aseguró haber adoptado medidas correctivas estructurales y solicitó apoyo de la Judicatura y la Fiscalía para reforzar los controles de flagrancia, incluidos sistemas de video vigilancia con audio, mayor seguridad física, reestructuración técnica, capacitación a los agentes para redacción de partes y proyectos de infraestructura para garantizar procedimientos transparentes.
El coordinador legal del Municipio de Guayaquil, César Poveda, advirtió que la ausencia de pruebas presentadas por el Ministerio del Interior y la insinuación pública de supuestos vínculos con organizaciones criminales (particularmente la afirmación del ministro Reimberg cuando asocia a la ATM con los Chone Killers) sin documentos ni nombres, «constituye una actuación incompatible con el debido proceso». Afirmó que, si existen elementos probatorios, deben presentarse ante un juez o un fiscal y no en un espacio mediático, ya que lo contrario configura abuso de poder.
Poveda subrayó además «que la ATM no es un órgano investigador (por mandato legal) y que su rol es denunciar, como efectivamente lo hizo desde el inicio». La Agencia dijo que «esta escalada mediática ocurre justo después de que el país cuestionara públicamente el ingreso de un Porsche Cayenne en la Isla Trinitaria.
«Este contexto demuestra que se intenta sustituir la rendición de cuentas por un montaje político dirigido a desviar la atención. La ATM rechaza toda forma de manipulación destinada a intimidar a la institucionalidad local. El Municipio y su Agencia de Tránsito no se someterán a presiones ni a narrativas fabricadas para encubrir silencios ajenos a la ciudad».
Una enorme coincidencia
El caso se convirtió en un cruce de acusaciones, luego de que el Grupo Noboa, a través del abogado Fernando Yavar, ex miembro del Consejo de la Judicatura durante la metida de mano en la justicia del correísmo, dijera que al tiempo de rechazar los actos de terrorismo con la colocación de bombas en Guayaquil, dijo que como Grupo Noboa no estaban de acuerdo con que la Fiscalía se haya abstenido de acusar a Iván Ballesteros, sospechoso de haber estado en el vehículo marca Nissan de donde salió la persona a colocar una bomba que estalló y destruyó varios locales en la Bahía de Guayaquil. La empresa municipal Segura EP, encargada de la vigilancia y seguridad del Puerto había seguido, juntando la red de cámaras de video, la ruta de ese vehículo hasta llegar a la casa de Ballesteros, en Isla Trinitaria al sur de la urbe. A esa casa llegaron elementos uniformados para allanarla y detener a Ballesteros a quien se le habría encontrado en posesión de las llaves del Nissan. Tres minutos después del allanamiento, un vehículo Porsche Cayenne, del 2011 según la empresa, con placas de la empresa Industrial Molinera, del Grupo Noboa, del cual es coaccionista el presidente Daniel Noboa, llegó hasta ese lugar y se bajó una mujer, que permaneció cierto tiempo en el lugar. Esta versión fue denunciada por el alcalde Aquiles Álvarez con los videos respectivos, denuncia que llegó a la Asamblea Nacional y está bajo investigación de una de sus comisiones.
Según Yavar, Érika Tumbaco, es la mujer que se bajó del Porsche, y es «una empleada de servicio doméstico» que tiene más de cuatro años de trabajo en servicios de limpieza en una de las empresas del Grupo Noboa, y que vive, coincidentalmente, en una de las plantas de la misma casa donde vive el sospechoso de poner la bomba de la Bahía. A ella, sus patrones le prestaron el Porsche para que acuda a una emergencia médica de una de sus hijas y en el camino se le informó que su casa había sido allanada por militares, y que sus hijos estaban siendo inmovilizados por militares que les iban a detener.
“La señora Tumbaco recibió una llamada informando que su hijo estaba enfermo en el hospital del IESS Ceibos.mientras Tumbaco se dirigía al hospital, recibió otra llamada en la que se le informaba que su vivienda, ubicada en la Isla Trinitaria, estaba siendo allanada por la Policía. Ante ello, decidió desviarse hacia su domicilio.
«Ella no tenía relación alguna con Ballesteros ni con las familias que vivían arriba. Según comentó, apenas sabía que era una persona que llegaba tarde. Vivían en espacios distintos dentro de la misma casa rentera”, dijo Yavar. El abogado vocero del Grupo Noboa dio esta respuesta luego de diez días de silencio, una respuesta que «siembra más dudas, más oscuridad que claridad», dijo Carlos Poveda, del Municipio, «una respuesta repleta de fisuras argumentales, donde lamentablemente nos están tratando de mutilados mentales. ¿Cómo puede ser posible que en el primer medio (de comunicación) en que se presentan (la mujer) se llama Amanda, luego Érika… Cuando existen tantas inconsistencias lo único en que se puede creer es que esto ha sido armado al apuro». La Fiscalía General, en un comunicado, alegó que no podía explotar el teléfono de Iván Ballesteros porque estaba bloqueado, «¿qué tanto miedo hay de explotar el teléfono de Ivan B.? dijo el funcionario.
Algunas de sus declaraciones, sobre este carro de la empresa de Industrial Molinera, del grupo Noboa, han sido desmentidas por la entidad municipal Segura EP. Mientras que otras fueron corregidas por el propio abogado.
Yavar dio tres entrevistas sobre el tema en La Posta, de propiedad de un asambleísta del Gobierno, a Expreso, medio independiente guayaquileño; Radio Sucre, también de Guayaquil y RTS entre otros.
Algunas de sus declaraciones, sobre este carro de la empresa de Industrial Molinera, del grupo Noboa, han sido desmentidas por la entidad municipal Segura EP. Mientras que otras fueron corregidas por el propio abogado.
Yavar indicó en La Posta que la mujer que llegó en el Porsche a la Isla Trinitaria, a la casa del sospechoso del atentado a La Bahía, Iván Ballesteros, es una empleada de limpieza de Industrial Molinera y se llamaba Amanda Tumbaco.
Según el abogado, el 4 de junio del año 2025, aproximadamente al mediodía, Amanda Tumbaco recibió el aviso de que su segunda hija había tenido un accidente y estaba en emergencia en el Hospital de los Ceibos del IESS.
Tumbaco habría pedido ayuda y la empresa Industrial Molinera le prestó el Porsche Cayenne para que vaya a verla en el centro de salud. Sin embargo, nunca llegó allá y se fue para la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil.
Porque “en el camino hacia Los Ceibos, la llama por teléfono su hija y la dueña de la casa rentera a decirle que hay un operativo, en ese momento, abajo de su domicilio, porque ella vive arriba”, dijo el vocero del Grupo Noboa. “Ella no entra a la casa de Iván Ballesteros cuando llega. Ella va a su casa, que es arriba”.
Según el abogado, Amanda Tumbaco se enteraba de que detuvieron a Ballesteros y hubo allanamientos.
Sin embargo, horas después, al hablar con Expreso, el nombre de la señora cambió a Érika Johana Tumbaco. Y la mañana de este 23 de octubre, en una entrevista en RTS, Yávar mencionó que la empleada se llama Érika Tumbaco. Además, mencionó que Amanda es su hija, que estaba hospitalizada el día que detuvieron a Iván Ballesteros.
La confusión del nombre de Érika Tumbaco y su hija, Amanda, no fue vista como circunstancial. En La Posta, Yavar señaló que Amanda Tumbaco vivía en una casa rentera en la Isla Trinitaria, en un departamento ubicado en un segundo piso. Mientras que en el primer piso, vivía Iván Ballesteros. Sin embargo, periodistas de Diario Expreso revelaron que Amanda (o Érika) Tumbaco no vive en la Isla Trinitaria, sino en Durán, donde se registra su domicilio electoral.
El 30 de octubre, la señora Tumbaco dio un testimonio de lo que le había pasado ese día: «Tengo seis hijos, dos mayores y cuatro menores de edad. A cada rato los llamo para saber lo que hacen. Mis hijos me dicen que había un operativo abajo, en todas las calles, en toda la casa, todas las cuadras mejor dicho, había muchos marinos y que no iban al colegio porque supuestamente podía haber una balacera. Yo les dije está bien, no vayan, quédense en casa, una bala perdida y todo eso, quédense tranquilos que con ustedes no es nada. Seguí trabajando normal y habían llamadas perdidas de mi hija Amanda, de 22 años, tengo una mayor que me llamó, esa llamada sí me entró, y me dice: mamá, Amanda tuvo un accidente de tránsito… » En su testimonio ella contó con todo detalle por qué y cómo fue a su casa a ver a sus hijos. Este es su testimonio:
#URGENTE‼️| Éricka Tumbaco, empleada del grupo Noboa que llegó en el Porsche a la Trinitaria, donde sería vecina del sospechoso de la explosión en la Bahía, explicó lo ocurrido. «Mi jefa me vio preocupada -por sus hijos- y me dijo: ándate nomás, que te van a llevar», relató. pic.twitter.com/a71NJuYz8E
— La Contra (@LaContraEc) October 29, 2025
Yavar presentó una denuncia contra la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de la Seguridad de Guayaquil (Segura EP) por supuesta obstrucción a la justicia y ocultamiento de pruebas.
Aseguró que Segura EP retuvo el video del Porsche en Isla Trinitaria por más de cuatro meses, y que lo hizo «con fines políticos». Lo cual habría impedido que esa “prueba trascendental” fuera un aporte en el proceso de investigación.
Segura EP dijo que entregó 119 archivos de video a la Fiscalía General del Estado (FGE) el mismo día que se solicitaron (11 de junio de 2025). Y que la competencia de esta institución se limita a la gestión, custodia y entrega de material audiovisual, y no a determinar responsabilidades penales.
El allanamiento y las preguntas
La denuncia sobre la red de corrupción en la AMT y en otros municipios la hizo la propia Municipalidad de Guayaquil, según dijo el alcalde Álvarez. En sus dos reuniones, previas al allanamiento, con el ministro del Interior, John Reinberg, contó el alcalde, se habló del tema. La primera fue en la mesa de seguridad realizada en la Gobernación del Guayas, donde Álvarez le comunicó de estas irregularidades y le pidió trabajar juntos. El motivo era que la Alcaldía no podía remover a los funcionarios acusados de corrupción, porque debían cumplir un procedimiento administrativo y si se lo hacía violando el debido proceso, lo más probable es que un juez les otorgue medidas cautelares y retornen al cargo. «Pedí la ministro que trabajemos de la mano, sobre la base de la denuncia que el 1 de mayo había puesto la ATM». Cuatro días después volvió a plantear el tema en Quito, en una reunión junto a la canciller de la República, y los alcaldes de Quito y Cuenca sobre la seguridad en las principales ciudades. El punto del alcalde de Guayaquil era que jueces y fiscales eran los que determinaban el destino final de los denunciados. El ministro le dijo que iban a examinar el tema, y que también era su pelea de todos los días contra los elementos judiciales.
Luego aparecieron 22.000 documentos en la Agencia de Durán, donde se encontraron formatos con supuestos sellos de varios municipios, entre ellos de Guayaquil. Desde el Gobierno se dijo que estos tenía relación con bandas de delincuencia organizada. Pero el alcalde Álvarez aseguró que se trataba de falsificaciones, que los papeles tenían logos viejos, sin el QR de la empresa ATM.
Para actores vinculados al Municipio guayaquileño, el tema ATM y el allanamiento, es una cortina de humo para tapar los hechos del Porsche Cayenne y las implicaciones que tendría para el gobierno de Noboa. Los hechos del 3 de junio, cuando ocurrió la explosión en la Bahía de Guayaquil siguen en indagación en la Asamblea Nacional. El 27 de octubre pasado, el legislador de RC5 Jaime Estrada, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, convocó la fiscal que conoce el caso, René Astudillo Orellana, fiscal provincial del Guayas, al seno de la Comisión para el día siguente, martes 28 de octubre. Él acudió personalmente a citar al fiscal provincial en Guayaquil y fue acompañado de decenas de manifestantes.
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El legislador de la oposición envió varias preguntas al fiscal del Guayas, para que sean respondidas, sobre la investigación a los sospechosos, por ejemplo:
¿Cuáles son las hipótesis principales que maneja la Fiscalía respecto a la autoría o participación de posibles sospechosos en los hechos investigados?
¿Se ha logrado identificar a alguna persona de interés o sospechosa a partir de testimonios, registros de cámaras de seguridad, o evidencia física recolectada en el lugar de los hechos?
¿Qué criterios o indicios se han utilizado para perfilar a los posibles sospechosos (por ejemplo, modus operandi, vínculos con la zona, antecedentes, etc.)?
¿Se ha realizado algún reconocimiento de personas (rueda de presos, fotografías, etc.) con testigos o víctimas para intentar identificar a los presuntos responsables?
¿Existen registros de llamadas, mensajes, o comunicaciones electrónicas que hayan sido analizados para identificar posibles implicados?
Y sobre la Investigación al Vehículo Placas GRY3452 de Industrial Molinera:
¿La Fiscalía dispuso o solicitó la realización de una investigación forense al vehículo con placas GRY3452, perteneciente a Industrial Molinera?
En caso afirmativo, ¿qué procedimientos específicos se aplicaron durante la inspección del vehículo? (Por ejemplo: levantamiento de huellas dactilares, búsqueda de rastros biológicos, análisis de GPS o dispositivos electrónicos, revisión de cámaras de seguridad, etc.).
¿Se encontraron indicios, evidencias físicas o digitales en el vehículo que permitan vincularlo con los hechos investigados o con posibles sospechosos?
¿El vehículo fue sometido a una cadena de custodia adecuada y se documentó todo el proceso de inspección y recolección de evidencia?
¿Existen registros públicos, de aduana o de la propia empresa Industrial Molinera que hayan sido consultados para verificar la titularidad, uso y movimientos recientes del vehículo en cuestión?