Después de la tormenta no vendrá la calma
Entre la madrugada del 10 de febrero y el sábado 14 de febrero de 2026, Ecuador vivió un encadenamiento de decisiones judiciales, administrativas y policiales que, por su sincronía y carga simbólica, reconfiguró la disputa por el poder en dos frentes que suelen leerse por separado, pero que en la práctica se condicionan mutuamente: la gobernanza interna de la Función Judicial y la judicialización de actores políticos con alto protagonismo partidario y mediático. En particular, la instalación de un interinazgo en el Consejo de la Judicatura (CJ) a las 00:27 del 10 de febrero, con base en un argumento de “impedimento” de la vocal suplente llamada a subrogar a Mario Godoy, el ahora ex presidente del CJ, renunciado y en curso de un juicio político, y el operativo fiscal-policial de esa misma madrugada que terminó con la detención del alcalde de Guayaquil y una decena más de personas, abrieron una ventana de alta incertidumbre institucional en la que los incentivos de distracción y de control de la agenda informativa se volvieron visibles. Seis días después ocurriría un incendio en un antiguo edificio del centro de Guayaquil, el más grave en décadas, que sirvió de pretexto para la jugada siguiente: el allanamiento y toma de control por parte del gobierno de la empresa autónoma de seguridad del Puerto Principal, Segura EP.
Esta simultaneidad importa porque el CJ funciona como nudo de gobierno, administración y disciplina del sistema judicial; controlar su dirección, aunque sea de modo temporal, es controlar ritmos (prioridades administrativas), protección (o desprotección) de jueces clave, y señales políticas hacia tribunales y fiscales en un contexto de violencia y presiones criminales. La propia Asamblea Nacional ha documentado en el proceso del juicio político a Mario Godoy, ex presidente del CJ, testimonios sobre presuntas presiones y amenazas sufridas por un juez anticorrupción. La fuerza de las denuncias obligó a que la Comisión de Fiscalización de la Asamblea (de mayoría oficialista) recomendara continuar el proceso contra el ex titular del CJ por “manifiesta inoperancia” en el manejo institucional de esa crisis. El final de la tormenta que zarandea la justicia ecuatoriana no traerá la calma.
Un Consejo de la Judicatura de dudosa legitimidad
El primer vector de la coyuntura se concentra en la sustitución temporal en el Consejo de la Judicatura tras la licencia y vacaciones solicitadas por su presidente, Mario Godoy (del 9 al 13 de febrero, según reportes de prensa), y en el bloqueo de la sucesión “natural” por medio de un impedimento administrativo atribuido al Ministerio del Trabajo. En términos fácticos, la vocal suplente Alexandra Villacís, llamada a asumir, declaró que no tenía deudas y presentó respaldos de cumplimiento tributario del SRI, calificando de manera muy fina, la bochornosa acción del ministerio del Trabajo como una inconsistencia o “error administrativo” que debía ser explicado y corregido.
La consecuencia política inmediata del bloqueo fue doble. Por un lado, el 10 de febrero, en sesión extraordinaria (registrada oficialmente), se designó al vocal Damián Larco como presidente temporal del Pleno, invocando el artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y justificándolo en la ausencia del titular y el impedimento de su alterna. Por otro lado, se activó con rapidez el mecanismo para reemplazar a la suplente: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitó una terna a la Corte Nacional de Justicia y, el 12 de febrero, recibió formalmente el oficio con los tres nombres, según comunicado institucional del propio CPCCS.
Aquí aparecen indicios relevantes de politización en el procedimiento, no tanto por “ilegalidad” manifiesta sino por la combinación de velocidad, momento y alineamientos. Primero, varias piezas se movieron “en cascada” antes de que el supuesto impedimento de la deuda presionaba públicamente por ser desmontado mostrando certificaciones para demostrarlo.
El segundo vector de la coyuntura se activó la misma madrugada del 10 de febrero, cuando Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos y detenciones en Guayaquil y Samborondón, deteniendo al alcalde Aquiles Álvarez.
Los medios y las redes sociales arremetieron contra el perfil y procedencia del presidente temporal del CJ, dejando en claro que es políticamente sensible: Larco es descrito como exdirector del SRI en el gobierno de Daniel Noboa —en el período en que desde esa entidad se liberó a una de sus empresas familiares de una deuda de más de 90 millones—, y fue parte de la terna enviada por el Ejecutivo para integrar el CJ; además, las redes han criticado que ni siquiera es abogado titulado, y polemizan sobre lo que describe como una “jugada” para ubicarlo a la cabeza del organismo, lo que refuerza el encuadre informativo y de opinión de captura del ejecutivo a la Judicatura.
La respuesta defensiva de Alexandra Villacís, se trasladó al terreno constitucional: presentó una acción de protección con medida cautelar contra varias autoridades (incluyendo el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, el director general, el presidente del CPCCS, el presidente encargado de la Corte Nacional, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría), lo que evidencia que la disputa ya no era solo administrativa sino de legitimidad de procedimiento y garantías de defensa.
En clave política, este tipo de litigio constitucional tiende a producir un efecto de “doble mando” narrativo: cada lado se reivindica como defensor del debido proceso y acusa al otro de instrumentalización. Ese tipo de simetría retórica, en un momento de crisis, reduce el espacio para consensos mínimos sobre reglas a seguir y erosiona aún más la desgastada legitimidad del CJ.
#ATENCIÓN | Mario Godoy presenta su renuncia irrevocable como presidente del Consejo de la Judicatura, tras un año y siete meses en funciones. Alega que la coyuntura política y las presiones partidistas impiden avanzar en las reformas estructurales del sistema de justicia y… pic.twitter.com/5hREBZ3vHJ
— Plan V (@revistaPlanV) February 18, 2026
El caso Goleada: ya ni siquiera nos queda el Barcelona…
El segundo vector de la coyuntura se activó la misma madrugada del 10 de febrero, cuando Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos y detenciones en Guayaquil y Samborondón, deteniendo al alcalde Aquiles Álvarez y a una decena más de otras personas. Medios internacionales y nacionales reportaron que la Fiscalía le imputa presuntos delitos asociados a delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria (o, en coberturas internacionales, lavado y evasión fiscal), y que fue trasladado a Quito.
El diseño comunicacional del operativo y su recepción pública son políticamente determinantes. La Fiscalía difundió imágenes de indicios incautados (dispositivos y dinero), y la defensa denunció falta de acceso al expediente en las primeras horas, enmarcando el caso como persecución política: el alcalde pertenece a Reto, un movimiento político aliado de la Revolución Ciudadana, y su detención fue leída por su entorno como un ataque a un opositor clave del Ejecutivo. La audiencia de formulación de cargos inició a la medianoche del 11 de febrero, con carácter reservado, y abrió un debate sobre el uso de la prisión preventiva como medida cautelar. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para diez de los once procesados (y arresto domiciliario para un adulto mayor), pero el juez dictó prisión preventiva para cinco y medidas sustitutivas para el resto, además de inmovilización de cuentas, según reportes concordantes. Esta diferencia entre lo solicitado y lo concedido es un dato clave: alimenta simultáneamente dos narrativas opuestas (para unos, “persecución política”; para otros, “discrecionalidad del control judicial”). En una sociedad polarizada, esa ambivalencia se convierte en combustible, gracias al cual cada bando selecciona la versión de realidad que confirma su sospecha y justifica su llamado a quemar todo lo demás.
Finalmente, el caso se superpuso con otro proceso penal previo relacionado con comercialización ilegal de combustibles (caso Triple A), en el que el alcalde guayaquileño tenía medidas cautelares como grillete electrónico y cuya historia fue reinyectada a la agenda al momento de su detención. La defensa sostuvo que el nuevo caso reempaqueta hechos similares, añadiendo el componente de lavado, lo que refuerza en la esfera pública la sensación de “acumulación” o “cerco” judicial.
Entre los detenidos se encuentra el hermano Aquiles Álvarez, que era hasta ese momento presidente del más popular club de fútbol profesional, Barcelona. Días atrás, el alcalde, en más de una ocasión, se había referido públicamente al llamado “caso Porsche” y el atentado en la Bahía de Guayaquil ocurrida el 3 de junio de 2025. La RC sostiene que la explosión habría sido un “autoatentado” del gobierno.
El caso Goleada ofrece un formato comunicacional de alto impacto: allanamientos de madrugada, indicios visuales, delitos de fuerte condena social (lavado/defraudación) y medidas cautelares severas.
Saturación informativa y polarización para el control social
El caso Goleada ofrece un formato comunicacional de alto impacto: allanamientos de madrugada, indicios visuales, delitos de fuerte condena social (lavado/defraudación) y medidas cautelares severas. En paralelo, el juicio político contra el titular de la Judicatura se sostiene sobre un relato de presiones a un juez anticorrupción y desprotección institucional, que también es moralmente explosivo y difícil de matizar en un debate público acelerado.
La coincidencia de “escándalos de justicia” no diversifica la deliberación; la reduce al enfrentamiento entre bandos presuntamente morales; tan presuntos como los intereses que se esconden detrás de sus verdaderas intenciones. La conexión más sólida y verificable entre ambos hechos es funcional: la disputa por la presidencia temporal y por la suplencia que podría reemplazar al titular de la Judicatura ocurre en el mismo ciclo noticioso en que se detiene y procesa preventivamente a un alcalde opositor de alta visibilidad, y ambos procesos se narran como pugnas por el sentido de “justicia” (lucha anticorrupción vs. persecución).
Esta conexión no requiere suponer coordinación orgánica directa entre instituciones; basta constatar que comparten el mismo ecosistema de atención, y que el resultado agregado es una sobrecarga informativa en la opinión pública. De hecho, esa semana se produjeron otros eventos de alta intensidad informativa unificando en una misma secuencia el juicio político al presidente de la Judicatura, el caso Goleada, la sentencia en el caso Nene (Sebastián Barreiro, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de tráfico de influencias); la extradición de Leonardo Cortázar, implicado en el caso Encuentro; y la prisión preventiva contra tres presuntos integrantes de la banda criminal Los Lobos en el marco de la investigación sobre el asesinato del político Fernando Villavicencio. Una operación pijamada, en toda la regla.
En comunicación política, la sobreinformación opera como técnica de gobierno de la atención: no solo se compite por imponer temas, sino por imponer volumen y velocidad, desplazando la deliberación hacia reacciones. La prominencia sostenida de ciertos asuntos moldea la percepción de importancia pública; cuando esa prominencia se multiplica y se acelera, el efecto puede convertirse en saturación y fatiga, debilitando el procesamiento crítico, la capacidad para discriminar lo importante de lo superficial y la elección de atajos para tomar posición razonada frente a un tema.
El indicio de estrategia deliberada no debe buscarse únicamente en “órdenes” o “pruebas” de coordinación (inaccesibles en fuentes públicas), sino en patrones de decisión que maximizan tres beneficios políticos clásicos: control institucional, control narrativo y movilización afectiva; esta última alimenta la polarización preexistente, pues las emociones a favor o en contra de un político perfilan su fanaticada; la que festeja, o la que lamenta las goleadas.
Por otro lado, el impedimento a la vocal Alexandra Villacís a quien le correspondía ejercer el reemplazo temporal de Godoy en la presidencia del CJ), produjo un interinazgo que favoreció a un perfil descrito como cercano al oficialismo, mientras el CPCCS aceleraba el reemplazo de la suplente, institución de la cual depende quién puede llegar a titularizarse si el presidente de la Judicatura es censurado.
Así, el procedimiento se vuelve el campo de batalla y los datos esenciales se ocultan bajo la alfombra de la desinformación y el antagonismo irreductible. Lo dramático de estos operativos de comunicación política radica en sus consecuencias; el debate aún no logra redirigir su narrativa hacia un aspecto clave: ¿Por qué defender a dentelladas el control del Consejo de la Judicatura? La respuesta a esa interrogante debería enfocar la polémica pública y la información mediática.
Una democracia con una Función Electoral autoprorrogada, una Función Judicial contaminada por el narco, una Función de Transparencia y Control Social acusada recurrentemente de ser manipulada y manipuladora, una Función Legislativa que es el perfecto reflejo de la crisis que corroe a toda la institucionalidad política, y un Ejecutivo al que muchos desean revocarle su mandato, no es democracia: es un atajo seguro al autoritarismo. En Ecuador, el conflicto contemporáneo se organiza menos por programas y más por afectividades que se alimentan de antagonismos, resentimientos, rechazos y desconfianza hacia el otro.
Esa porqueriza define a un país tomado por lo peor de la política que ha fraguado la tercera “normalidad” (la primera fue la pandemia y la segunda la violencia criminal), en su versión más simple: anticorreísmo vs. correísmo. El resultado de esa tríada es un estado fallido, una institucionalidad en caída libre y una sociedad que tan solo aspira a resistir.
En comunicación política, la sobreinformación opera como técnica de gobierno de la atención: no solo se compite por imponer temas, sino por imponer volumen y velocidad, desplazando la deliberación hacia reacciones.
La legitimidad de las instituciones del estado, en caída libre
A corto plazo, el efecto más visible será el endurecimiento del conflicto de legitimidades. Si el juicio político avanza hacia el Pleno, bajo el marco de la polarización entre correísmo y anticorreísmo, ambos bloques tenderán a convertir la decisión en plebiscito moral, no en evaluación de las graves responsabilidades administrativas que detonaron el juicio y sostienen la aversión civil ante los hechos denunciados, elevando el costo de posturas intermedias y normalizando la idea de que “la justicia” se gana por la correlación de fuerzas -o en otras palabras- alguien puede ser culpable o inocente, si alcanzan los votos.
Dentro de ese campo de negociaciones, todo el operativo político de la madrugada del 10 de febrero y que el 13 de febrero la bancada de ADN haya anunciado mediante un comunicado de prensa, que dará paso al juicio político de Godoy, no garantizan que Godoy será destituido; sino que anticipan todo lo contrario. En las últimas sesiones del pleno, la tensión interna de la bancada oficialista se evidenció cuando varios legisladores de Acción Democrática Nacional no acompañaron las votaciones impulsadas por su propia organización, especialmente en decisiones estratégicas vinculadas con reformas legales y resoluciones que requerían mayorías calificadas, así como en intentos de modificar el orden del día. La falta de cohesión interna impidió alcanzar los votos necesarios, pues hubo abstenciones y sufragios en contra dentro del bloque, lo que fracturó la disciplina partidaria y debilitó temporalmente su capacidad de control legislativo. Ante ese escenario, el oficialismo se vio obligado a desplegar negociaciones paralelas y a tejer acuerdos con asambleístas independientes y con exintegrantes de otras fuerzas políticas para recomponer una mayoría circunstancial que le permitiera sostener su agenda en el Pleno. Por lo demás: ¿Alguien todavía le cree a esa Asamblea?
En la Función Judicial, el riesgo principal es la continuidad de la gobernanza por excepción: presidencias temporales, acciones constitucionales cruzadas y procedimientos acelerados. La historia reciente muestra que estos ciclos pueden derivar en conflictos de competencias y correctivos constitucionales (incluyendo censuras institucionales) cuando se percibe que órganos como el CPCCS actúan sin contrapesos suficientes. En esta coyuntura, además, la acción de protección de la suplente introduce la posibilidad de medidas cautelares que paralicen o reviertan decisiones administrativas, lo que puede estabilizar derechos, pero también convertirse en instrumento si se utiliza para fijar posiciones de poder mientras se litiga.
En el plano de legitimidad del gobierno, el caso Goleada tiene un doble filo. Si la investigación produce evidencia robusta y un debido proceso transparente, el Ejecutivo podría beneficiarse indirectamente por asociarse al combate contra economías ilegales. Si, por el contrario, el proceso se percibe como selectivo, sobrerreaccionado u opaco, puede consolidar el marco de persecución, reforzando el capital simbólico de victimización de la oposición y debilitando la credibilidad del Gobierno.
El hecho de que, en paralelo, el país discuta presuntas presiones criminales sobre jueces y falta de protección estatal amplifica ese riesgo: la ciudadanía puede concluir que el Estado castiga a unos cuando le conviene, y no protege a quienes juzgan con probidad.
Para la legitimidad de la política en su conjunto, la prospectiva es más sombría: la sobreinformación, la saturación de escándalos y la polarización afectiva tienden a desgastar la confianza en la democracia como sistema de reglas, sustituyéndola por una percepción de la política como guerra entre corruptos para hacerse con el control del poder.
En contextos de violencia y alta inseguridad, ese cinismo no es neutro: abre espacio para supuestas soluciones de excepción, para demandas de “mano dura” sin controles, e incuba una aceptación social que sobrevive entre el asco, la indiferencia y la decepción que bien puede resumirse en un hashtag: #LosCorruptosSiempreFueronTodos. Gustavo Isch