I. La vicepresidenta Verónica Abad por fin pudo regresar a Ecuador
La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, ofreció declaraciones el miércoles 20 de noviembre de 2024, tras llegar al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito desde Turquía, donde estuvo como «embajadora de paz» (¿?). Abad expresó que regresó «con sus propios medios» y calificó su retorno como un «acto de rebeldía» frente a lo que considera un proceso administrativo “injusto, ilegal e ilegítimo”, que resultó en su suspensión por 150 días. Señaló que su objetivo era enfrentar directamente al presidente Daniel Noboa sobre las acusaciones en su contra, destacando que el Gobierno la dejó en indefensión durante su misión internacional.
La vicepresidenta Abad anticipó que buscará revertir su suspensión mediante una acción de protección programada para el 27 de noviembre. Estas declaraciones fueron hechas en la terminal aérea, la rueda de prensa inicialmente prevista fue cancelada por motivos de cansancio. La Asamblea Nacional anticipó días atrás, que no reconocerá la delegación de la vicepresidencia hecha por Daniel Noboa, a Sariha Moya, lo que configura un nuevo escenario de conflicto en el equilibrio de poderes en el país.
II. Definitivamente, la política no es el fuerte de Jan Tópic
La primera incursión política de Jan Tópic, fue el 2023. Perdió en primera vuelta y anunció que apoyaría a Daniel Noboa en el balotaje. Ahora, de cara a las elecciones para el 2025 su camino fue minado por denuncias relativas a sus relaciones empresariales con el Estado. Su comunicación preelectoral nunca fue convincente; la distancia que lo separaba de las candidaturas de Luisa Gonzáles y Daniel Noboa, estaba lejos de ambos, pero le restaba votos a Noboa. Finalmente, la impugnación de su candidatura por parte de Lucio Gutiérrez y Pachakutik, fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral y ratificada dicha resolución mediante dictamen del Tribunal Contencioso Electoral. Instituciones hermanadas por sus siglas CNE, y por cuestionamientos a algunas de sus decisiones.
Si haber apoyado a Daniel Noboa para que resulte electo el 2023 ya fue un claro signo de limitada inteligencia política, Tópic terminó de complicarse cuando tuvo que organizar la nominación del nuevo binomio de SUMA. Parecería que ni él, ni sus asesores, sabían “por dónde le entra el agua al coco”. De acuerdo con el artículo 99 del Código de la Democracia la candidatura de Presidente y Vicepresidente se entiende como una candidatura unipersonal.
La candidatura de Topiç y su binomio, Mishell Calvache, nunca fue calificada. Calvache si podía reemplazar a Topiç y desistir de ser candidata a vicepresidenta. El movimiento SUMA confirmó que Wilson Gómez Váscones asumirá la candidatura para los próximos comicios en reemplazo de Jan Topic. Inicialmente se mencionó al abogado y consultor político guayaquileño Antonio García.
El lunes 18 de noviembre, en rueda de prensa, Mishell Calvache renunció de manera irrevocable a su precandidatura vicepresidencial por el movimiento SUMA; además, cuestionó cómo designaron al precandidato presidencial que reemplazaría a Jan Topic. A decir de la excandidata Mishell Calvache, el manejo de SUMA para elegir su nuevo binomio repitió, las mismas mañas políticas que supuestamente iban a combatir si llegaban a Carondelet. Menos mal que Topic no será presidente.
III. La promesa incumplida de generar empleo
Entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagó seguros de desempleo para 81.287 personas. En este año, aproximadamente 25.000 personas han solicitado esa ayuda económica del IESS, entidad que desde sucesivos gobiernos parece no entenderse que no es del Estado, sino de los afiliados aportantes. El impacto de la crisis económica y en los últimos dos meses, por los apagones ha dejado en la indefensión a miles de familias en medio de uno de los peores períodos laborales que recuerde el país: con más de la mitad de la población económicamente activa sin acceso a trabajo estable —empleo adecuado— reza el eufemismo del INEC; valientes emprendedores los llama la indolencia política. Se prevé que el primer trimestre del 2025 podría ser devastador debido a las incalculables pérdidas económicas producidas por los apagones y el modelo de endeudamiento del Gobierno que resuelve. Sólo en los últimos dos meses se habrían perdido USD 7.500 millones de dólares por los apagones. Cuestión de hacer cuentas y usar toda la resiliencia social que aún conservan los ecuatorianos, para enfrentar lo que se viene. Y, de nuevo, la misma pregunta; señores candidatos insuflados de patriotismo, sacrificio empresarial y familiar, que pugnan por llegar a Carondelet, sentarse a ver si llueve; y echar la culpa a los anteriores gobiernos, o al crimen organizado, o por la mala actitud de sus críticos ¿Cuál es el secreto impulso que los mueve para gobernar el país? Tranquilos. No se lo contaremos a nadie.
IV. La cumbia que alegra el yaraví de la crisis energética en Ecuador
Gustavo Petro (@petrogustavo) posteó a las 11:07 a. m. on lun, nov 18, 2024: “Contrario a quienes se dedicaron a lanzar campañas sobre el supuesto desastre en nuestro sistema energético, buscando especular con los precios del gas y en contra de los consumidores colombianos, anuncio hoy, que reiniciamos exportaciones de energía eléctrica al Ecuador”.
El 18 de noviembre de 2024, el gobierno colombiano confirmó que venderá energía eléctrica a Ecuador como respuesta a la grave crisis energética que atraviesa este país. La medida surge después de que Colombia recuperó cierta capacidad de generación energética, especialmente en plantas térmicas que operan con combustibles líquidos. Pese a que el estiaje afectó también a Colombia, el gobierno del vecino país demostró capacidad para utilizar sus recursos de manera técnica y evitar una catástrofe como la producida en Ecuador, por la negligente atención de varios regímenes, a uno de los más importantes sectores estratégicos del Ecuador.
Foto: Gobierno de Colombia. Archivo
Luego de varios meses de apagones, muy graves impactos en la economía y pérdida de empleos, el gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas y la Corporación Eléctrica del Ecuador, firmó cuatro nuevos contratos para la compra y alquiler de 632.1 megavatios (MW) de generación térmica para afrontar la crisis eléctrica, por un monto de USD 467.28 millones. Se impone una auditoría al proceso para garantizar su legalidad, por el bien del país. La inexistencia o falta de aplicación de normativas y cláusulas para garantizar la transparencia y la calidad en los contratos para la provisión de servicios no puede seguir ocurriendo, y menos en situaciones de crisis o en declaratorias de emergencia.
Gustavo Petro, presidente de Colombia: «Ecuador enfrenta una grave crisis energética que afecta profundamente la vida de su pueblo. Desde nuestra posición de fortaleza energética, nos solidarizamos con el hermano país y estamos comprometidos a ofrecer el apoyo necesario para aliviar esta difícil situación». Este mensaje fue publicado en la cuenta de X del mandatario colombiano, tras anunciar la decisión de reanudar la venta de electricidad a Ecuador. Noboa, por su parte, -y pese a que en tres días se prevé que terminen las lluvias que alimentan el Napo y no hay a la vista lluvias en Paute la próxima semana-, espera que a mediados de diciembre del 2024 la crisis energética empiece a superarse, gracias al beatífico anhelo de reactivación de las operaciones en Toachi Pilatón. El 21 de noviembre en un discurso en Esmeraldas, Noboa afirmó que en diciembre se acabarán los apagones y volveremos a tener una vida normal”. Según el gobierno nacional, la administración ha destinado USD 700 millones para reparar y mantener el parque termoeléctrico del país, que no había recibido mantenimiento desde el 2020. Esa inversión es progresiva. Las virtudes de la inversión del régimen se reflejarán en los primeros meses de 2025.
Las sospechas y denuncias de las compras eléctricas
Un contrato por un monto de 89 millones de dólares, suscrito por la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) con la empresa Austral Technical Management, para instalar una central generadora en Esmeraldas, ha sido objeto de cuestionamientos por irregularidades en la selección de la empresa proveedora. La controversia surge al haberse denunciado que la compañía Austral Technical Management fue constituida solo cuatro meses antes del acuerdo, con un capital inicial en Ecuador de apenas 232 dólares, y que registraría como domicilio legal un paraíso fiscal en las Islas Mauricio. Según quienes impugnan la transparencia del proceso, la compañía presentó como experiencia técnica documentos relacionados con proyectos realizados por una empresa distinta, Andina Turbomecánica, en países como Chile y Madagascar. Sin embargo Austral Technical Management no contaría con un historial operativo propio, que respalde su idoneidad. Además, los motores que la firma se comprometió a instalar provendrían del extranjero, pero su entrega enfrenta retrasos, lo que podría afectar la solución a la crisis energética en el país.
El 12 de septiembre de 2024, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Lenin Barreto, presentó una denuncia ante la fiscalía general del Estado, solicitando que se investiguen tres contratos firmados durante el actual gobierno para la contratación de generadores eléctricos. Según Barreto, estos acuerdos, que superan los 350 millones de dólares, fueron suscritos por el Ministerio de Energía para adquirir cuatro plantas térmicas en Salitral, Santa Elena, Esmeraldas y Quevedo. El legislador cuestiona la legalidad de los contratos, argumentando que los generadores adquiridos son remanufacturados, es decir, usados, con al menos nueve años de antigüedad. La compra, según el legislador, ocurrió poco después de que el presidente Daniel Noboa declaró el estado de excepción en el sector eléctrico a través del Decreto 229. Según el contrato, el 30 de noviembre (en solo 12 días) la empresa debería comenzar a generar 100 MW. Urge control de la contratación pública y sobre la calidad de las inversiones en el Ecuador.
Nuevas y graves denuncias sobre la falta de transparencia y los controles en la adjudicación de contratos públicos en este gobierno. La urgencia por resolver la crisis del país, no puede dar pie al cometimiento de actos ilegales que deben ser inmediatamente investigados por los organismos competentes. Reporte Global, a través de su Análisis de Coyuntura semanal, ha venido advirtiendo, repetidamente -a riesgo de ser tediosos- sobre la necesidad de un sistema para controlar la calidad de la inversión nacional o extranjera en nuestros sectores estratégicos, y adicionalmente, la urgencia de transparentar y garantizar la contratación pública en el Estado ecuatoriano. El tiempo nos está dando la razón.
V. Contratistas y criminales: cómo los GDO contratan con el Estado
Proveedores ligados al crimen organizado hicieron negocios pagados con fondos del Estado ecuatoriano por al menos 6,5 millones de dólares desde 2010, debido a la falta de articulación para controlar la contratación pública. Con este escalofriante dato, el 18 de noviembre, varios medios digitales publicaron una extensa investigación realizada por CONNECTAS, que revela cómo los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) contratan con el Estado. Proveedores ligados al crimen organizado hicieron negocios pagados con fondos del Estado ecuatoriano por al menos 6,5 millones de dólares desde 2010, debido a la falta de articulación para controlar la contratación pública. Mediante un comunicado, SERCOP anunció el martes 19 de noviembre, que se realizaría un “mantenimiento programado” en su sistema, entre las 20h00 y las 23h59; horas después de que la investigación periodística de CONNECTAS fue divulgada.
VI. El Estado como instrumento del gobierno de turno
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) resolvió revocar el título habilitante de Cable Andino debido a presuntas irregularidades detectadas en la concesión otorgada en 2015. Según Arcotel, la empresa no habría demostrado capacidad financiera adecuada ni presentado oportunamente la garantía de cumplimiento requerida. Además, la Contraloría General del Estado identificó inconsistencias en el proceso, lo que derivó en acciones legales para determinar responsabilidades. Telconet, perteneciente al mismo grupo empresarial que Cable Andino, calificó la resolución como «ilegal» y alertó sobre los riesgos que podría generar en la conectividad nacional. Telconet argumenta que el Estado carece de experiencia para operar cables submarinos y ha señalado posibles motivaciones políticas detrás de esta decisión, dado que la familia Topic está vinculada al proyecto y Jan Topiç era candidato presidencial para el 2025.
Arcotel y el Gobierno defienden la legalidad de su decisión, señalando que se enmarca en la regulación de servicios públicos y contratos estatales Los cables submarinos son cruciales para el acceso a internet y comunicaciones internacionales. La decisión de transferir temporalmente su gestión al Estado genera preocupación sobre la capacidad técnica necesaria para mantener la estabilidad del servicio. En Ecuador, otras empresas compiten en el mercado de cables submarinos, entre ellas Telxius, que domina con una participación mayoritaria. Cable Andino representaba un 15 % del mercado, atendiendo a proveedores clave como Netlife y Xtrim. Hasta la presente, no hay un endoso de su pretendida votación a ningún binomio; lo que quiere decir que esa intención se ha dispersado entre varias candidaturas.
El golpe del gobierno al grupo empresarial de los Topiç, que son dueños de Telconet es mucho más que la patada en la cabeza para rematar al precandidato eliminado por los jueces electorales, Jan Topiç. Un mensaje implícito dirigido a todos los grupos empresariales del país, podría percibirse por la suspicacia política: “Cuidadito con apoyar a cualquier candidato a la presidencia que no sea yo”. “Poner en orden las finanzas públicas”, como argumento para sacar al grupo Topiç de sus negocios en telecomunicaciones (un sector estratégico clave), también debería incluir a los grupos privados que adeudan millones de dólares al Estado, o a los que se han beneficiado de condonaciones millonarias. ¿Se han transparentado a la ciudadanía las regalías recibidas por el Estado por concesiones en el sector de hidrocarburos o de extracción minera?, ambos, por coincidencia, también son sectores estratégicos del país.
Usar el Estado para que el poder de turno y sus aliados se acomoden, sin beneficio de inventario, es una conducta que se ha repetido durante décadas y es lesiva para la enorme mayoría de ecuatorianos. Es una pena que “poner en orden las finanzas públicas” no empiece por Carondelet y sus inquilinos.
VII. Una Justicia corrompida por la delincuencia política de los poderes de turno
El jueves 21 de noviembre de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) declaró la nulidad total del concurso para seleccionar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, debido a anomalías detectadas en la fase de Méritos. Entre los principales hallazgos que motivaron la decisión que fue aprobada portres votos a favor y uno en contra, se incluyen calificaciones incorrectas en 17 de 35 postulantes, errores debido a discrecionalidad, inobservancia de normas y puntajes asignados a documentos que no cumplían requisitos; títulos no relacionados con la especialidad judicial, puntajes obtenidos de manera irregular, falta de criterios técnicos, contradicciones normativas, alteraciones administrativas; entre otros. Se ordenó remitir los informes a las áreas competentes del CJ, la Contraloría y otras instancias para investigaciones y acciones legales.
El pasado 26 de agosto, el Pleno de la Judicatura ya anuló parcialmente el concurso de jueces, después de que se conocieran irregularidades en la empresa Métricas Web, en la fase de las pruebas de confianza, a los postulantes. Además, a inicios de noviembre, la Contraloría confirmó que sí hubo irregularidades en la contratación de Métricas Web. La nulidad total del concurso de jueces provocó la inmediata reacción de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), su presidente, José Suing, manifestó en un comunicado que «Es imperativo que el Consejo de la Judicatura asuma con responsabilidad las observaciones realizadas, rectifique los errores cometidos, y proceda con la mayor celeridad a organizar un nuevo concurso que garantice la transparencia, la imparcialidad y el cumplimiento estricto de los principios constitucionales y legales. Solo de esta manera será posible avanzar hacia la reinstitucionalización efectiva de la Corte Nacional de Justicia, y asegurar que los servidores judiciales designados cumplan con los más altos estándares éticos, técnicos y profesionales» . En el concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJE), se debe integrar la institución con 10 jueces titulares y 15 conjueces que ocuparán las cinco salas especializadas de la Corte.
En ese alto tribunal están en juego casos de alto impacto político, relacionados con corrupción y crimen organizado, como el caso «Sobornos 2012- 2016» y otros como presunta corrupción en el gobierno anterior. Además, el concurso podría influir en investigaciones pendientes contra funcionarios públicos.
VIII. Secuestros y apagones lideran la conversación digital en plena pretemporada electoral
Según datos de la empresa Golden Social Media Intelligence. especializada en investigación en la esfera digital, y comentados durante una entrevista realizada con su principal, Alondra Enríquez, por Iván Poveda, periodista de Plan V, el viernes 22 de noviembre: Del 11 al 15 de noviembre, el 33.3% de los temas sobre los que se discute en redes sociales apuntan a la indecisión electoral ante los binomios que aspira llegar a Carondelet. 12 millones de interacciones en la escucha social, sin incluir bots, ubican a los secuestros y los apagones como temas líderes en la narrativas y opiniones sobre política en las distintas redes sociales. Dato muy interesante si nos percatamos de que ninguno de los binomios que pugnan por la presidencia de Ecuador en el 2025, alcanzan ni de lejos, esa interacción sobre sus propuestas o intentos de posicionar la imagen de los candidatos.
Complementar con la escucha social la investigación cuanti- cualitativa, que levanta data por medio de las típicas encuestas, es muy recomendable técnicamente, para tener una idea más precisa del asunto que se investiga. Antes era “el voto vergonzante”, ahora los apagones electorales o denuncias de fraude electoral que nunca llegan hasta el total esclarecimiento, son los argumentos de algunos candidatos que pierden una elección pese a liderar en las encuestas. Muchas encuestadoras ni se disculpan por sus erradas predicciones. Lo cierto es que la campaña por la residencia en el 2025 aún tendrá tela para cortar.
IX. Napo, se revelan las cifras de la minería ilegal
Documentos, testimonio y hasta procesos judiciales revelan irregularidades, trampas, e incumplimientos que involucran a mineros, empresas, funcionarios y hasta policías, que serían las principales causas de la proliferación de la minería ilegal en Napo. Solo en las 6 zonas mineras más conflictivas de esa provincia amazónica, cada día se obtiene un equivalente entre oro de entre 8 y 11 millones de dólares diarios. El saqueo de los recursos naturales en sectores estratégicos y la falta de un sistema de control de la calidad de inversiones que se incorporan en estos sectores, es parte de los escenarios de violencia criminal y devastación medioambiental en aquellos. La empresa privada nacional y extranjera no está exenta de responsabilidades en el problema.
*Este es un análisis de REPORTE GLOBAL, dirigido por Gustavo Isch, sobre los hechos más impactantes de la semana del 18 al 24 de noviembre.