[Segunda entrega]
En Ecuador, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no son susceptibles de amnistía. De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), estos son delitos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil por parte del Estado o con su autorización. La ejecución extrajudicial, la privación ilegal o arbitraria de libertad; la tortura, violación sexual y la desaparición forzada, son sancionados con una pena de 26 a 30 años de prisión. Cuando estos delitos hayan sido cometidos por un subordinado, no se eximirá de responsabilidad penal al superior que la ordenó ni al subordinado que la ejecutó, dice la Constitución.
Es 12 de noviembre de 2025. La audiencia de juicio entra en su segunda semana de ejecución. La Fiscalía convocó como parte de la exposición de su carga probatoria a diez personas más para rendir su testimonio: nueve ex militares y un oficial del Servicio de Investigación Criminal de Pichincha (SIC-10).
El fiscal Leonardo Alarcón Argudo busca identificar roles y funciones que cumplián algunos militares en el interior del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), el Batallón Esmeraldas, la Unidad Especial de Contrainteligencia Quito (CIQ), el Servicio de Inteligencia Criminal (SIC-10), la Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS) y la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), entre 1984 – 1988, período en el que se denunciaron detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El juez ponente Javier de la Cadena instala la audiencia y llama al testigo Juan M., excomandante del AEIM y del Batallón Imbabura. Acompañado de su abogado entra a la sala y se sienta frente al Tribunal para dar inicio al interrogatorio. Los demás testigos convocados ese día se presentarán solos.
Juan M. dice que hasta agosto de 1984 fue comandante del AEIM. En aquel entonces estaba encargado de los aspectos administrativos y operativos. “Buscaba información de los enemigos peruanos”.
—¿A quién más consideraban enemigo? —pregunta el fiscal.
La defensa de Juan objeta la pregunta, pero el testigo responde de manera automática: a nadie.
—¿Quién era su superior inmediato? —pregunta el fiscal.
No hay una respuesta concreta. El testigo divaga por unos minutos. El fiscal solicita al juez que califique al testigo como hostil para poder realizar preguntas sugestivas —aquellas que contengan una respuesta dentro de su formulación forzando al testigo a otorgar una afirmación o negación—. La petición no es aceptada.
—Un poco más de agilidad en sus respuestas— solicita el juez
Por un momento el interrogatorio parece avanzar. El testigo cuenta que la Unidad de Contrainteligencia funcionaba con oficiales P1, P2, P3 y P4. Identifica al exgeneral Nelson Enríquez como P2, y aclara que este tenía la función de buscar información sobre espías extranjeros.
—¿Cuál era la cadena de mando? —pregunta el fiscal.
—Desde el director de Contrainteligencia hasta oficiales —responde el testigo, aclarando que se trataba de fuerzas extranjeras.
Minutos después y como parte de las respuestas del contrainterrogatorio dirá que no reportó la presencia de grupos subversivos ni del grupo Alfaro Vive Carajo.
—¿Quién era el ministro de Defensa de ese entonces?
—No recuerdo.
—¿Quién era el comandante?
—No recuerdo —vuelve a contestar el testigo.
Desde ese momento el testigo parece no recordar nada. Las siglas y distintivos que él y algunos de sus compañeros portaban y lucían orgullosos en sus uniformes militares por aquellos años. Poco recuerda sobre las técnicas de interrogación usadas para obtener información. Su memoria falla al momento de hablar sobre la existencia de la Unidad de Contrainteligencia y sus objetivos estratégicos.
Los ex militares sentados en las primeras filas de la sala de audiencia, como el primer día del juicio, muestran su enojo al escuchar las preguntas insistentes del fiscal. Niegan una y otra vez con sus cabezas. Se miran uno a otro demostrando una molestia conjunta.
Juan Pablo Albán, abogado de las víctimas, hace uso de su turno para interrogar. Tampoco obtiene respuestas. Solicita también que se califique al testigo como hostil a penas inicia su intervención. El Tribunal una vez más niega el pedido. El juez ponente recuerda al testigo: “que su falta de cooperación u ocultamiento de información podría generarle graves consecuencias legales”.
El testigo afirma que no recuerda los nombres de sus superiores. Menciona la existencia de un departamento médico, pero no recuerda quién lo dirigía o quiénes trabajaban ahí. Para el abogado de las víctimas, el interrogatorio resulta estéril, molesto decidí concluir. “No más preguntas, señor juez, el testigo no recuerda nada”.
El siguiente convocado a rendir testimonio es Aurelio O., quien comandaba el Batallón Montúfar en Esmeraldas, cuando Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín fueron detenidos en 1985. Él no habla de detenidos, sino de retenidos. No habla de graves violaciones de derechos humanos, sino de un “incidente”.
Aurelio cuenta que Susana, Luis y Javier fueron retenidos por inteligencia y personal de seguridad del Batallón Montúfar. “Era domingo; yo estaba en casa. Me llamó Marco de la T., oficial de inteligencia. Ese rato me dio el parte porque había una denuncia telefónica de tres personas extrañas, sospechosas, que estaban mucho tiempo en un sector. Esto fue a las ocho, más o menos. Pasaron retenidos; no recuerdo el tiempo, pero pasaron la tarde y la noche. Tipo nueve salieron de Esmeraldas a Quito. No había boleta de detención”, aclara.
De la detención se realizó un informe ese mismo día y se comunicó a inteligencia del Ejército y a los superiores inmediatos, dice Aurelio. Aunque reconoce que, antes de ejecutar el operativo sobre las tres personas, debían haberle pedido autorización.
—¿La cadena de mando en las Fuerzas Armadas? —pregunta el fiscal.
—Era la Comandancia General del Ejército, el director de Inteligencia y el Batallón. Hasta ahora funciona así —responde Aurelio.
—¿Quién era el comandante de Inteligencia?
—No recuerdo
Tampoco sabe por qué intervinieron los militares y no los policías en este operativo de seguridad interna ni por qué Susana, Luis y Javier fueron trasladados a Quito.
—Somos una unidad subordinada; la disposición era de la Dirección de Inteligencia. Habían sido llevados; les estaban interrogando sobre la situación, concluye.
Inteligencia militar
Cada tanto, la gente que sale de la audiencia, en el piso ocho de la Corte Nacional de Justicia, baja a la calle por un café, un cigarrillo o un dulce. Algunos regresan y otros no. Desde que empezó el juicio las jornadas de audiencia son largas y algunas han durado hasta diez horas. Varios asistentes prefieren llegar más tarde para seguir la parte final de la jornada, otros están ahí desde el primer minuto. Todos se mimetizan con el ambiente judicial emitiendo reacciones a favor o en contra de lo que se escucha en cada uno de los interrogatorios.
El Tribunal está listo para escuchar a los oficiales de inteligencia convocados. René B., oficial del CIQ en 1988, realizó cursos de inteligencia y seguridad en Colombia, Argentina y Canadá. Su formación y adiestramiento involucró tareas de análisis de documentos, interpretaciones, inteligencia de combate e interrogatorios. Héctor C., oficial en el AEIM, hizo cursos de inteligencia militar en 1979. Héctor M. realizó cursos de inteligencia y contrainteligencia militar e interrogatorios. Marcos R., era capitán en el AEIM. Tito M., subdirector de la Escuela de Inteligencia, realizó cursos de inteligencia militar, de entrevistas en Colombia e inteligencia estratégica en Argentina. La lista la cierran Óscar V. cabo en el AEIM, y Juan Gabriel V., quien también era oficial en el AEIM.
—El CIQ es una Unidad de Contrainteligencia en Quito, pero no lo recuerdo con exactitud —dice Héctor C. en su interrogatorio. Tiene campos de inteligencia, contrainteligencia, contrasubversión y contrasabotaje.
—¿Quién era el comandante? —pregunta el fiscal
— No recuerdo.
—¿Qué implicaba la subversión?
—Situación especial que irrumpía en la sociedad. AVC, cuya manifestación se hizo pública por sus declaraciones de un grupo armado, fuera de la ley. Para evitar ser Colombia, se los neutralizó.
—¿Cómo se neutralizó?
—Me imagino que los organismos de inteligencia se organizaron, lo que se conoce como operaciones de contrasabotaje y contrasubversión.
—¿Qué unidad se encargaba de esta subversión?
—Sección de inteligencia, así se llamaba nada más. Se vestían de civiles para estar en la misma situación de un combate irregular.
—¿Quién era el director de Inteligencia Militar? —pregunta el abogado de las víctimas.
—No recuerdo —dice el testigo.
El abogado solicita al Tribunal que se exponga la versión que el testigo otorgó en septiembre de 2012, con el fin de refrescar la memoria. La secretaría toma el documento donde consta la versión y la comparte a los abogados de las víctimas y de los procesados para que ambas partes la revisen. Luego se la indica al testigo para que pueda revisarla y entonces responda a la pregunta.
—Por error mencioné al general Enríquez y otros compañeros —dice inmediatamente.
El abogado advierte a los jueces sobre la contradicción que existe entre la primera versión del testigo y su testimonio actual. El juez ponente aclara que, en ese tiempo, el testigo bien podía considerar que era el comandante Enríquez, pero ahora no. “Se trata de una rectificación”.
Del grupo de convocados, la mayoría tampoco recuerda quién dirigía la Unidad de Contrainteligencia de Quito. En medio de su olvido, comentan que esta era una Unidad de inteligencia interna y externa que buscaba información en los barrios. Datos sobre militares peruanos y redes de espionaje; que era una unidad de contrainteligencia de organizaciones antagónicas al Estado y que brindaba seguridad a personajes extranjeros. Mencionan que esta unidad pertenecía al Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), localizado en Conocoto.
Algunos testigos se animan a responder que la cadena de mando en el AEIM estaba conformada por el comandante general y los jefes de departamentos: personal, logística y de operaciones de inteligencia; otros prefieren continuar diciendo que no saben nada al respecto. Unos afirman que había un cocinero, un dentista y un centro médico en el interior del AEIM, pero no dan detalles, nombres, responsabilidades, ni funciones. Su memoria parece llena de lagunas y vacíos.
Cuando el fiscal o el abogado de las víctimas preguntan por los nombres de sus superiores inmediatos, los cargos en la cadena de mando o la estructura de las instituciones de inteligencia, las respuestas son:
“No recuerdo, son más de cuarenta años”.
“Es difícil recordar, cuarenta y dos años ya”.
“No recuerdo, lo que tengo claro es que era el gobierno de León Febres Cordero, lo demás no conozco”.
Entre silencios, olvidos y vacíos, la jornada se hace larga y pesada. Al cierre de la primera parte de la prueba testimonial hay algunos resultados. Ciertos testigos identifican a Juan Viteri y Mario Apolo como comandantes del AEIM. También señalan al general Nelson Enríquez como oficial de inteligencia, incluso algunos lo recuerdan vestido de civil. Otros dicen que el general Manuel Delgado era director de Inteligencia. “Un hombre honesto, un gran militar”.
En el Informe de la Comisión de la Verdad (2010), que recoge la investigación de hechos violentos y violatorios de los derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008, se identifica que el general Delgado era director de Inteligencia y emitió la orden: “que le preparemos para que salga [lo que consistía en] (…) primero alimentarle bien (…) que haga ejercicios, y básicamente fue en ese sentido e indicarle que ya tenía que salir” refiriéndose a Luis Vaca, quien en marzo de 1988 fue liberado. Así narró el excomandante Apolo en su testimonio para la Comisión el 21 de abril de 2009.
Compartimentación
Tras la pausa para el almuerzo, una palabra aparece y empieza a repetirse entre las declaraciones de los testigos: compartimentación. Un principio de seguridad militar, que consiste en dividir la información y limitarla a un grupo específico de personas con el fin de reducir el riesgo de que un incidente afecte la operación.
El testigo Héctor M. realizó cursos de inteligencia, contrainteligencia y seguridad. Aprendió técnicas de interrogación como el método del bueno y el malo o la lucha de cerebros. Su versión arranca precisamente con una pregunta sobre estas técnicas.
—¿Explique las técnicas de interrogatorios? —dice el fiscal.
— No recuerdo, no implemente ninguna técnica —responde el testigo. Había especialidades; no sabíamos lo que llevaba inteligencia externa por la compartimentación. En inteligencia interna se trabajaba analizando el campo laboral y el estudiantil en base a la prensa.
—¿Dónde realizaban los interrogatorios? —pregunta el abogado de las víctimas.
—Se los seguía doce horas; luego se les capturaba y se los llevaba a las oficinas a interrogarlos. Las oficinas de inteligencia externa estaban frente a inteligencia interna.
—¿Hubo detenidos en el AEIM?
—Desconozco —responde el testigo.
El abogado de las victimas solicita al juez ponente compartir la versión anterior donde el testigo aseguró que había civiles detenidos en el AEIM. Se siente tensión entre el interrogado y los demás actores principales sentados en la sala. La expectativa inunda a los asistentes que esperan la respuesta luego de este pedido.
“Lo que dije era que había grupos de guardias en el caso que hubiera detenidos, pero no estaba asegurando que los había”, aclara Héctor tras revisar su versión archivada que forma parte de las miles de hojas del expediente del caso.
Los silencios y los olvidos parecen no ser las únicas respuestas que se escuchan en esta jornada de audiencia. Las contradicciones y reacciones inesperadas hacen parte de los recursos con que los testimonios se nutren para modificar versiones, ampliarlas o simplificarlas afirmando o negando lo que en su momento se dijo y se describió.
El testigo Marco R., asignado para la seguridad militar, conoce de la presencia de civiles en el AEIM.
—¿Conocía que Luis Vaca estaba en el cuartel? —pregunta Andrés Aguirre, parte del equipo jurídico de las víctimas.
—Yo conocía como guardia y luego como jefe del cuartel —responde Marco. No sé cuál es la actividad qué hacía. Solo decía que estaba proporcionando información. Estaba en un área restringida. Creo que el comandante dio la disposición.
Más adelante, Marco dirá que sí sabía que Luis Vaca estaba ahí, pero nunca lo vio.
—¿Le consta que el comandante dio la disposición? pregunta el abogado de Juan Viteri.
—Toda área restringida o reservada es por disposición del comandante, pero no me consta — responde Marco.
El siguiente en ser llamado para rendir su testimonio es Tito M., responsable del Departamento de Enseñanza en la Escuela de Inteligencia y profesor de planificación, búsqueda, procesamiento y distribución de información. Tito indica que su trabajo consistía en impartir técnicas de entrevistas o interrogatorios, pero no de contrainterrogatorio. Entre nervioso y dubitativo dice no conocer los métodos de investigación porque no impartía esa materia. Apenas concluido su testimonio deja la sala de audiencia y rápidamente varios hombres van tras de él para saludarlo. Todos se conocen, todos parecen seguir y aceptar con sus gestos los hilos conductores de las versiones.
Oscar V. trabajó en la Unidad de Contrainteligencia de Quito. Se movilizaba en motos y autos de la unidad. Iba casi siempre vestido de civil y se encargaba de recolectar información, redactar documentos e informes para enviarlos a su superior, el general Viteri.
—¿Con quién trabajaba? —interroga el fiscal.
—No recuerdo los nombres, eran cuatro personas —responde Oscar.
Explica y aclara que, por la doctrina de compartimentación, no compartían información entre compañeros.
—¿Conoció a los AVC? —pregunta el abogado de las víctimas.
—No conocí; lo leía en la prensa. Como había compartimentación no conocía nada de eso, dice.
En el contrainterrogatorio, el abogado de Enríquez pregunta:
—¿Conoció al general Enríquez?
—No — responde Oscar.
Al terminar su testimonio, cargado de respuestas monosilábicas y automáticas, Oscar deja la sala. Antes de dirigirse al ascensor saluda con un fuerte apretón de manos a gran parte de los ex militares que ocupan toda la primera fila del espacio abierto al público. Todos sonríen.
Los interrogatorios giran en torno a preguntas concretas y respuestas difusas. La sala y su atmósfera se asemejan a una obra de teatro. Abogados, jueces y asistentes en general han escuchado por horas los “no me acuerdo”, “no conozco”, “no estaba a cargo”.
Coordinación del SIC -10 y las FF. AA.
El único testigo no militar de la jornada es Wilfrido Ch., un investigador del Servicio de Inteligencia Criminal (SIC-10), de la Unidad de Inteligencia Antisubversiva (UIAS) y de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES).
Wilfrido recuerda muy bien que la UIAS se dedicaba a investigar crimen organizado, secuestros y tráfico de armas, a diferencia del SIC, que según su memoria, solo investigaba delitos comunes. Sobre cómo estaban estructuradas estas unidades especiales y sobre quiénes fueron sus jefes o compañeros en el SIC en aquellos años no recuerda.
—Era teniente en esa época; difícil recordar después de cuarenta años—dice Wilfrido.
Explica que estas unidades de investigación coordinaban con las unidades de todas las provincias del país. Enumera las 19 que existían en ese entonces, por pedido del fiscal. “Se coordinaba con las Fuerzas Armadas, FAE, naval y terrestre”, concluye.
—¿Utilizaban alias? —pregunta el abogado de las víctimas, buscando entre los recuerdos del testigo algún dato que revele la identidad de alias “arquitecto Bolaños”.
—Se utilizaba alias por seguridad, pero no recuerdo a quién correspondía el alias “arquitecto Bolaños” —responde el testigo. Su voz se corta y revela nerviosismo. La respuesta no tiene la misma certeza y el tono de exactitud con la que minutos antes respondió.
En el Informe de la Comisión de la Verdad se registró y documentó que el parte policial de la detención de los tres militantes de AVC fue reportado por los “arquitectos Leo y Bolaños” al Ing. Calvo”. El mismo informe revela que “Ing. Calvo” era el seudónimo del capitán Edgar Vaca Vinueza (ex general de la Policía y principal cabeza del SIC-10) y que “Arq. Bolaños”, era el alias utilizado por Wilfrido Ch.
— ¿Conoce el AEIM?
—No —responde Wilfrido.
Hasta el momento, se ha escuchado el testimonio de 29 declarantes. Hay respuestas, pero también silencios y olvidos. La audiencia se encuentra suspendida debido a que la defensa técnica del excomandante Manuel Delgado, informó al Tribunal que el excomandante tenía graves problemas de salud.
Cuatro de los diez llamados a este juicio por supuestos delitos de lesa humanidad han fallecido. El más joven de los acusados bordea los 70 años. Para el abogado Juan Pablo Albán, la impunidad biológica es parte de la cortina que cubre el caso. “Este es un tema incómodo del que no nos gusta hablar, pero hay que hacerlo”, comenta.