Enero de 2025 fue el enero más violento de los últimos 10 años. Reportes de la Policía Nacional indican que hasta el viernes 31 ocurrieron 731 homicidios intencionales, 227 más que en el mismo período de 2024.
Guayas, Manabí, El Oro fueron las provincias que, como en otros meses, concentraron la mayor cantidad de muertes violentas en este comienzo de año. Pero a este mapa se suman otros territorios: Sucumbíos y Tungurahua, provincias en que despuntó la violencia en enero pasado, en comparación con el mismo ciclo del año anterior.
Según la Policía, las causas estarían en los conflictos relacionados con la minería ilegal y la incursión de narcodisidencias colombianas, en el primer caso, y choques entre narcobandas, en el segundo, en una provincia clave para el alijo de droga que ingresa desde Colombia precisamente por Sucumbíos.
Dinámicas bastante parecidas a las de Sucumbíos y Tungurahua se experimentan, al menos desde agosto de 2024, en Orellana, Azuay, Cañar, Napo y Bolívar, con cifras de muertes violentas que casi duplican a las de 2023.
En Azuay, punto aparte en el análisis merece el caso del cantón Ponce Enríquez, con una tasa de 259 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo cual convierte a este enclave minero en el cantón más violento del país, en razón de su número de habitantes.
Entre las varias razones para entender estas espirales de violencia localizadas en otras regiones, trascienden dos: el control de espacios para la minería ilegal o los choques entre bandas en las tareas de trasiego y almacenamiento de drogas.
Y de este punto se desprende una circunstancia cada vez más recurrente: los ataques entre grupos debido al robo de paquetes de pasta base de cocaína y heroína para el microtráfico. En 2024, con respecto al anterior, los decomisos –en kilos– de pasta base de cocaína crecieron en un 83,3% y las de heroína en un 59,7%.
Muertes violentas y población juvenil
2024, además, arrastraba una tendencia crítica que bien pudiera ser un indicador de los ajustes de tuerca que debiera ejecutar el Gobierno en su lucha contra el crimen organizado, más allá del Plan Fénix. A diferencia de otros años, en el anterior el grupo etario entre 20 y 24 años era el que más muertes violentas concentró.
En esa misma línea, en 2024, las muertes violentas entre adolescentes que van de los 15 a los 19 años crecieron en un 17%, al menos durante el primer semestre. Cuando el Ministerio del Interior actualice la base de datos oficial se podrá corroborar si estas tendencias se mantuvieron o no en el inicio del 2025.
¿Qué primera lectura pudieran arrojar estas cifras? Que el abordaje del Gobierno no es integral y que no logra quitar base social a los grupos narcoterroristas que cada vez buscan involucrar a más menores de edad en sus circuitos delictivos, debido a su inimputabilidad penal.
Luego, el que la mayor cantidad de muertes violentas ocurra en el grupo etario entre los 20 y 24 años pudiera indicar un recrudecimiento de los conflictos entre los “infantes” y demás primeras fuerzas de choque de las grandes bandas, debido al control de las rutas de la droga hacia los puertos. En esta línea, por ejemplo, se mantiene un activo fuego abierto entre Los Choneros y Los Lobos.
Estos dos grupos, a la par, son como las naves nodriza que cobijan a otras bandas más pequeñas que se articulan jerárquicamente cuando existe la necesidad de ejecutar operaciones macro de narcotráfico o minería ilegal. La prevalencia de muertes violentas en Ponce Enríquez, cantón azuayo, por ejemplo, van en esa línea.
La multiplicación de microbandas
Dichas bandas pequeñas, asimismo, actúan con determinada independencia cuando se enfrentan a crímenes como el secuestro extorsivo, el robo de mercadería en carreteras o el microtráfico, con base en los bloques de cocaína o pasta base de cocaína con que las grandes bandas les pagan por sus operaciones de logística, almacenamiento, seguridad o sicariato.
Por ende, la lucha por controlar manzanas o suburbios para el microtráfico deja a su paso una ola de muertes violentas en varones entre los 20 y 24 años. Asimismo, estas tres dinámicas delictivas –microtráfico, secuestro extorsivo y robo a camiones– activan una eclosión de células criminales a partir de jefaturas medias de las bandas satélite de los grandes grupos de crimen organizado.
Dos ejemplos de lo anterior: en los cantones Naranjal, Yaguachi, Milagro y El Triunfo, pequeñas bandas relacionadas con Los Choneros chocan entre sí por el control de las operaciones de robo a camiones. En cambio, Imbabura, Sucumbíos y Azuay son territorios de enfrentamiento entre facciones encontradas de Los Lobos, por el control de minas abandonadas.
¿Estos hechos, por sí solos, ayudan a entender el desgarrador crecimiento de la violencia criminal en enero de 2025, justamente cuando las fuerzas de seguridad del Estado llevan un año concentradas en el conflicto armado interno?
Desconcierto y agotamiento en la fuerza pública
Una alta fuente militar, a condición de reserva de su nombre, dijo a Plan V que en muchas unidades hay cierto agotamiento porque sus tareas de patrullaje en territorios no siempre responden a acciones coordinadas con Policía Nacional, con base en una agenda de enfoque preventivo y que esté definida por análisis exhaustivos de los sistemas de inteligencia.
En FF.AA., asimismo, el homicidio del joven Carlos Javier Vega, tras acciones de infantes de Marina, o la desaparición de los cuatro niños de Las Malvinas, detenidos por patrullas de la FAE y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados el 24 de diciembre, marcan un punto de inflexión en las tareas de la fuerza pública en el control de la seguridad en calles y carreteras.
En la Policía Nacional también hay desconcierto y agotamiento, pues varios comandantes zonales no hallan correspondencia a su labor por parte de ciertos servidores judiciales que, en menos de 24 horas, dejan en libertad a criminales que a las unidades de inteligencia ha tomado meses perfilar, seguir y detener.
El pasado 18 de diciembre, por ejemplo, cinco integrantes de Los Choneros fueron detenidos en delito flagrante, pero al poco tiempo fueron liberados por operadores judiciales en Los Ríos, lo cual suscitó un severo rechazo de los integrantes del Bloque de Seguridad en la provincia fluminense (ver video).
El 25 de enero, en cambio, Carlos Julio D., alias El Chino, segundo al mando de Los Lobos, fue puesto en libertad por operadores judiciales de Manabí. El criminal fue detenido el día previo en un amplio operativo de FF.AA. en La Sequita, una zona rural a medio camino entre Portoviejo y Manta.
En el allanamiento al lugar se encontró droga, dinero en efectivo, armas y vehículos blindados. Pero el juez de la causa solamente dictó para El Chino prohibición de salida del país y presentación periódica ante la justicia.
En este contexto, el presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional, este miércoles 5 de febrero, una solicitud de calificación de reforma al Art. 77 de la Constitución para que la prisión preventiva sea obligatoria en casos relacionados con crimen organizado y terrorismo.
Por años, hicieron de la justicia su juguete, protegiendo delincuentes y dejando indefensas a miles de familias. Eso terminó. He enviado una reforma parcial a la Constitución para fortalecer la prisión preventiva contra criminales terroristas y cualquiera relacionado a la…
— Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) February 5, 2025
La pata coja de toda lucha contra la criminalidad
En el ámbito de políticas sociales, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 2024 concluyó con 121.519 jóvenes entre 15 y 24 años en el desempleo (el 8,7% de esta población), lo cual convierte a este segmento en el grupo etario en el cual más impacta la falta de trabajo. En esa misma línea, 426.188 entre 15 y 24 años están subempleados (el 30,7% de esa población). 289.350 en las mismas edades tienen algún empleo no remunerado y 307.199 trabajan menos de 160 horas al mes y por ende reciben menos del salario básico unificado.
¿Qué ha hecho el Gobierno al respecto? Al calor de la campaña electoral, el régimen presentó un programa temporal y políticamente redituable: Jóvenes en acción. Se trata de una iniciativa de empleo para 80.000 jóvenes entre 18 y 29 años, a quienes se pagará USD 400 mensuales durante un trimestre.
El Gobierno también ha sostenido que gracias a una de sus primeras leyes propuestas a la Asamblea, la Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo –más conocida como Ley de Empleo Joven–, más de 105.000 personas entre los 18 y 29 años pudieron conseguir un trabajo con todas las garantías normativas.
Los anuarios del INEC muestran otro panorama. Al comparar el cuarto trimestre de 2023 con el de 2024, en el grupo etario de 15 a 24 años se perdieron 44.091 plazas de empleo pleno, y en el grupo de 25 a 34 años hubo 9.975 plazas menos en el mismo rubro.