La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, marca un momento simbólicamente poderoso. Simbólico porque representa la caída de uno de los rostros más temidos de la violencia contemporánea en México. Simbólico porque parece cerrar un capítulo. Y simbólico, también, porque nos obliga a preguntarnos si realmente algo cambia.
Es comprensible —incluso humano— sentir satisfacción ante la eliminación de un líder responsable de una estructura criminal que sembró terror, desplazamiento y muerte. El CJNG fue uno de los grupos más expansivos y violentos del continente, con presencia internacional y una maquinaria propagandística que normalizó la brutalidad. Ver caer a su cabeza parece una reivindicación mínima para miles de víctimas. Sin embargo, la experiencia histórica obliga a la mesura.
México lleva más de dos décadas inmerso en una estrategia centrada en la captura o abatimiento de “objetivos prioritarios”. Desde la ofensiva frontal iniciada en el sexenio de Felipe Calderón, el aparato estatal ha apostado por decapitar cárteles como mecanismo principal de desarticulación. El resultado, lejos de la pacificación prometida, ha sido una atomización del crimen organizado: menos estructuras monolíticas, más células violentas compitiendo entre sí.
La historia reciente es clara. El propio CJNG surgió como producto de la fragmentación tras la guerra contra Los Zetas y Los Caballeros Templarios, escisiones a su vez del Cártel del Golfo y del Cártel de Sinaloa. Cada captura celebrada fue seguida por disputas internas, traiciones, nuevas alianzas y una competencia más feroz por territorios, rutas y economías ilegales. La hidra no solo regeneró cabezas: multiplicó tentáculos.
El problema de fondo no es únicamente quién encabeza estas organizaciones, sino el ecosistema que las hace posibles. En vastas regiones del país, el Estado no ha logrado consolidar monopolio legítimo de la fuerza ni garantizar servicios básicos, justicia expedita o desarrollo económico sostenido. En ese vacío, los cárteles no solo operan: gobiernan, cobran “impuestos”, imponen normas, median conflictos y, en algunos casos, construyen una forma perversa de legitimidad basada en la presencia donde el Estado está ausente.
Aquí es donde la reflexión debe ser más profunda. Si durante más de veinte años la estrategia ha sido esencialmente la misma —perseguir, capturar o abatir líderes— y el resultado ha sido mayor fragmentación y violencia local, cabe preguntarse si no estamos atrapados en lo que Albert Einstein popularmente definía como locura: hacer lo mismo esperando resultados distintos. Y si ignoramos las lecciones de estas décadas, quizá confirmamos la advertencia de George Santayana: quien no recuerda su pasado está condenado a repetirlo.
Los cárteles no solo operan: gobiernan, cobran “impuestos”, imponen normas, median conflictos y, en algunos casos, construyen una forma perversa de legitimidad basada en la presencia donde el Estado está ausente.
Eliminar a un líder criminal puede ser necesario desde la lógica de la ley y la justicia. Pero es insuficiente como política estructural. La violencia no se desactiva solo quitando nombres de la ecuación; se reduce desmontando las condiciones que permiten que esos nombres emerjan: corrupción institucional, impunidad sistemática, desigualdad profunda, economías regionales dependientes de actividades ilícitas y una demanda internacional constante de drogas y armas.
La muerte de El Mencho puede cerrar una biografía criminal, pero no clausura la dinámica que la produjo. Sin reformas profundas en procuración de justicia, fortalecimiento institucional, inteligencia financiera, desarrollo social focalizado y cooperación internacional eficaz, el relevo es cuestión de tiempo. Otro líder ocupará el espacio. Quizá con menor perfil mediático, quizá con mayor brutalidad.
La verdadera victoria no consiste en acumular “objetivos neutralizados”, sino en reducir homicidios, devolver territorios al control civil, restaurar la confianza en las instituciones y ofrecer alternativas reales a generaciones que hoy ven en el crimen organizado una vía de ascenso económico. Mientras la política pública siga midiendo éxito en capturas y no en paz sostenida, la hidra seguirá creciendo.
La satisfacción inmediata es comprensible. Pero la responsabilidad histórica exige algo más difícil: reconocer que el problema no es solo la cabeza visible del monstruo, sino el cuerpo que lo alimenta. Y eso no se derrota con balas, sino con más Estado de Derecho, ciudadanía, justicia y memoria.