El Presidente interrumpió su gira internacional y volvió raudo al país. Es la primera vez que rompe el patrón táctico de todo su mandato: polarización, anuncio de medida, publicidad, viaje. Tres días antes de la llegada de Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Noboa había cambiado a la cúpula militar y la Canciller había citado a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca a Carondelet para hablar en torno a la lucha contra el crimen organizado. ¿Eficiencia? ¿Sentido de la urgencia? ¿Casualidad? ¿Coreografía de “orden” en escena para el visitante?
Ecuador entre Trump y China: el zigzagueante equilibrio diplomático
La política exterior de Ecuador desde los “libertarios” a la fecha, parece responder a cualquier cosa, menos a la doctrina de un Estado soberano. La fantasía de la “apertura al mundo” cae por su liviandad en un planeta que hoy mismo contiene la respiración ante la disputa por la hegemonía global entre Estados Unidos y China.
La zigzagueante política exterior, buscando beneficios tanto de Estados Unidos (bajo la administración de Donald Trump) como de China, pese a la rivalidad creciente entre ambas potencias, quedó en evidencia con la visita a Quito, el 4 de septiembre de 2025, del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.
Rubio llegó a Ecuador tras pasar por México, con una agenda centrada en seguridad, migración y comercio, subrayando la prioridad de frenar la inmigración ilegal, combatir a los cárteles de la droga y contrarrestar la influencia china en la región. ¿Alguna vez voceros estadounidenses explicarán al mundo porque no pueden controlar el consumo de droga en sus propias fronteras, cuidar a sus ciudadanos y cerrar el circuito de tráfico interno en su propia Disneylandia?
La presencia de Rubio marcó un punto de inflexión: Washington advirtió a Quito sobre su acercamiento a Pekín. Para edulcorar el fondo, se ofreció cooperación en seguridad frente al narcotráfico: USD 19,5 millones para seguridad y drones ¿Habrá preguntado Rubio a Noboa en qué invirtió los USD 1.100 millones que obtuvo su gobierno, de la subida del IVA de 12% a 15%?
Ecuador navega entre dos mares que chocan. De un lado, Washington ofrece cooperación en seguridad —entrenamientos, inteligencia, equipos— a cambio de alineamiento político y cesiones que rozan la soberanía. Del otro, Pekín despliega financiamiento, infraestructura y acceso a mercados, a cambio de presencia estratégica y un lugar preferente en la explotación de sectores clave de la energía. El resultado, hasta ahora, no es la “apertura al mundo”, sino el ritmo de una diplomacia pendular que confunde medios con fines y posterga lo esencial: una estrategia de Estado.
Mientras el gobierno intensifica su publicidad para celebrar la “guerra” al crimen con la etiqueta de conflicto armado interno, organiza movilizaciones contra la Corte Constitucional y “por la paz y la seguridad”, EE.UU. capitaliza la narrativa y afianza su huella en seguridad. No es altruismo: para Washington, la costa pacífica y Galápagos son nodos críticos de vigilancia hemisférica. A cambio, Ecuador ofrece cooperación ampliada —desde designaciones de terrorismo para los enemigos de EE.UU. hasta intercambio de datos y protocolos operativos— sin que el país obtenga beneficios proporcionales en el frente comercial: el endurecimiento arancelario estadounidense golpea a exportadores ecuatorianos, y la cercanía política no se traduce en ventajas sustantivas.
Pekín, en cambio, no emite discursos: pone dinero. La adhesión de Ecuador a la Franja y la Ruta abrió la puerta a proyectos portuarios, logísticos y energéticos, junto con alivios puntuales sobre la pesada herencia de deuda. Pero esa chequera viene con condiciones: activos estratégicos, dependencia tecnológica, asimetría contractual…
Pekín, en cambio, no emite discursos: pone dinero. La adhesión de Ecuador a la Franja y la Ruta abrió la puerta a proyectos portuarios, logísticos y energéticos, junto con alivios puntuales sobre la pesada herencia de deuda. Pero esa chequera viene con condiciones: activos estratégicos, dependencia tecnológica, asimetría contractual, e inequitativa competencia de nuestra limitada capacidad empresarial, industrial y comercial frente a la enorme supremacía china.
En minería, el proyecto de cobre Mirador lo opera Ecuacorriente S.A. (ECSA), filial del consorcio chino CRCC–Tongguan. En hidrocarburos, los consorcios chinos vinculados a CNPC/Sinopec operan en la Amazonía: Andes Petroleum es operador del bloque Tarapoa y mantiene contratos en los bloques 79 y 83; PetroOriental opera los bloques 14 y 17. China coloniza la energía, como ocurre ya con al generación eléctrica en países como Perú, Chile, Argentina y Brasil. Y substancias estratégicas como el caso del litio, en Bolivia.
El caso de las grandes hidroeléctricas y la expansión minera en la Amazonía —donde capitales chinos y canadienses concentran beneficios mientras el Estado militariza territorios— revela un patrón: socializamos riesgos, privatizamos rentas y franqueamos la influencia externa sobre nuestras decisiones.
Al mes de agosto de este año, un estudio de opinión realizado por la empresa IMASEN en el que se entrevistó a 1.500 personas, reveló que el 33,7% de encuestados cree que Ecuador está por igual cerca de EE.UU. y de China; el 68,3% considera que China tiene cada vez más peso en las decisiones políticas; el 81% siente que han aumentado las inversiones chinas en el país; y, el 73,9% afirma que ha dejado de comprar productos ecuatorianos porque son más caros que los que vienen de China.
No es pragmatismo, es ausencia de doctrina
Un país pequeño solo puede sobrevivir a la rivalidad de potencias cruzadas, si establece líneas rojas y prioridades inviolables: transparencia contractual, evaluación de impacto social y ambiental, cláusulas anticorrupción y transferencia tecnológica real. Nada de eso prospera sin instituciones que hagan valer el interés público por encima del apuro fiscal o del rédito político. Sin un sistema que garantice la calidad de las inversiones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, todo suma como pérdida.
La visita de altos emisarios de EE.UU. y las promesas de inversión de China no son, por sí mismos, el problema. El problema es que cada anuncio llega sin tablero: se negocian piezas sueltas —drones, puertos, créditos, deportaciones, designaciones— sin una arquitectura que ordene qué aceptamos, qué rechazamos y por qué; peor aún, qué condicionamos. Cuando la estatura diplomática y comercial es corta, el péndulo no equilibra: desgasta. A la larga, pagar con soberanía por seguridad y con futuro por liquidez es una ecuación perdedora.
Salir del péndulo exige lo que más nos falta: política exterior de Estado. Tres pilares bastan para empezar: 1) reglas soberanas claras para cualquier contrato estratégico (publicidad total, auditorías externas, sanciones efectivas); 2) diversificación real de socios y cadenas de valor (no sustituyendo una dependencia por otra); y 3) condicionalidad ecuatoriana: seguridad sí, pero sin enclaves; inversión sí, pero con transparencia y rendición de cuentas. Lo demás es zigzag en una colcha de retazos.
Conflicto armado interno, deportaciones, Ruta de la Seda y aranceles
La doble alineación del gobierno más que hablar de “apertura” o agudeza para no depender de un solo “amigo”, tensiona la soberanía, expone la economía y desnuda la ausencia de una doctrina de política exterior. A inicios de 2024, ante el crecimiento exponencial de la violencia vinculada al narcotráfico y las organizaciones criminales, el presidente Noboa declaró formalmente la existencia de un “conflicto armado interno” en Ecuador. Bajo esta lógica bélica, se desplegaron militares en las calles y se asumieron facultades extraordinarias para combatir el fenómeno como una guerra interna.
El gobierno recibió el respaldo explícito de Washington, que ha señalado a Ecuador como uno de los países de Latinoamérica que más ha apoyado la ofensiva antinarcóticos promovida por Trump y su equipo. Un hito de esta cooperación fue la designación oficial de grupos como Los Choneros y Los Lobos —bandas ecuatorianas dedicadas al narcotráfico— como organizaciones terroristas, junto con GDO extranjeros, como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles desde Venezuela. Esta sincronía se oficializó en la visita a Quito del senador Marco Rubio, quien ratificó el compromiso estadounidense otorgando asistencia económica por 13,5 millones de dólares para seguridad y 6 millones para drones que apoyen la lucha antidrogas, además de comprometer el envío de personal estadounidense para entrenamientos a las fuerzas ecuatorianas.
No obstante, esta estrecha cooperación ha implicado una preocupante conducta por parte de Ecuador. A finales de 2024, se supo sobre la presencia de fuerzas militares estadounidenses a las Islas Galápagos, bajo un acuerdo secreto que revierte la expulsión de la base estadounidense ocurrida en 2009 durante la administración de Rafael Correa. Este acuerdo incluye la presencia de buques, aeronaves y personal norteamericano con estatus diplomático privilegiado para colaborar en operaciones antinarcóticos en la región del Pacífico.
Rubio, preguntado sobre la posibilidad de ampliar la presencia militar estadounidense en Ecuador, no descartó nuevas bases, indicando que “si Ecuador nos invita a regresar, lo consideraremos”. Esta declaración visibiliza una creciente presión para ceder espacios militares y demuestra que Washington considera a Ecuador un lugar esencial en su estrategia continental contra el narcoterrorismo, esperando de Quito mayor apertura.
Mientras tanto, Washington emite un mensaje disuasivo en Venezuela, disuasivo para los dictadores venezolanos y para sus homólogos del resto del continente, aliados o no.
El interés explícito de Trump por hacerse con el petróleo venezolano ha motivado el despliegue de una considerable fuerza militar para cercar a Maduro, bajo el argumento de cercar el tráfico de narcóticos desde ese país; cosa que, hasta hoy, sus propios informes no pueden demostrar que ocurre. Por lo pronto y para que sus defensores de la democracia no mueran —de aburrimiento— se ordenó la destrucción “de un gran barco cargado de mucha droga” que salía de la costa venezolana. Las imágenes mostraron que el gran barco era solo un pequeño bote, en el que murieron 11 personas. Eso, según la Haya, se conoce como “ejecución sumaria”.
Lo más controvertido en materia migratoria ha sido la aceptación de recibir en Ecuador migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos. Se trata principalmente de solicitantes de refugio en EE.UU. sin antecedentes penales y en buenas condiciones de salud, hasta un máximo de 300 personas anuales.
Migración: la diplomacia del sí flojo y el no dañado con Estados Unidos
Otro eje importante en la relación con Washington ha sido la gestión migratoria. Ecuador es uno de los países latinoamericanos con mayor número de migrantes y deportados desde Estados Unidos en los últimos años, con cifras que superaron los 18.000 deportados en 2023 y más de 13.600 en 2024, a través de vuelos semanales de repatriación forzada.
Durante el mandato de Joe Biden, se implementó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para algunos grupos migratorios, otorgando cierta estabilidad a ecuatorianos en Estados Unidos. Sin embargo, con el regreso de Trump al poder la política migratoria se endureció, y Noboa debió negociar para intentar evitar que Ecuador fuera incluido en una lista prioritaria para deportaciones masivas. En abril de 2025, tras una visita a Mara-Lago, Noboa anunció que logró mantener a Ecuador fuera de esa lista junto a otros países, esfuerzo que fue difundido como un logro diplomático. Sin embargo, la exclusión no detuvo las deportaciones masivas, sólo retrasó o ralentizó los procesos, y la repatriación constante de miles de ecuatorianos sigue siendo una realidad.
Lo más controvertido en materia migratoria ha sido la aceptación de recibir en Ecuador migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos. Se trata principalmente de solicitantes de refugio en EE.UU. sin antecedentes penales y en buenas condiciones de salud, hasta un máximo de 300 personas anuales, según se informó. Esta medida, responde a una petición expresa de Washington y ha sido justificada como parte de la cooperación bilateral. Sin embargo, abre la puerta a tensiones sociales internas a mediano plazo al convertir a Ecuador en un receptor de migrantes que EE.UU. no desea. La canciller del Ecuador solucionó la improbable controversia con el argumento de que el Ecuador debe apoyar a sus amigos.
El balance de la alianza entre Noboa y Trump en seguridad es ambivalente. Ecuador ha extraditado a capos locales, entre ellos “alias Fito”, líder de Los Choneros, y aceptado la militarización y alineación legislativa doméstica con estándares estadounidenses. No obstante, el país no ha recibido ayuda financiera sustancial ni alivios migratorios reales, más allá de recursos limitados y respaldo político. La administración Trump ha publicitado una fuerte reducción en la migración ecuatoriana hacia la frontera estadounidense —de 227.000 encuentros en 2024 a 3.448 en 2025— atribuido a su política de mano dura, pero no ha removido tarifas arancelarias ni ha ofrecido incentivos comerciales a Ecuador; por el contrario, ha impuesto nuevas sanciones arancelarias que afectan directamente las exportaciones ecuatorianas de productos clave.
Relación con China: inversión, deuda y diversificación estratégica
Simultáneamente, Noboa ha estrechado lazos con China, siguiendo la estrategia de gobiernos anteriores, e iniciada por Rafael Correa. En junio de 2025, Noboa realizó una visita oficial a Beijing donde fue recibido por Xi Jinping y firmó la adhesión oficial de Ecuador a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto chino global de infraestructura que abre paso a enormes inversiones en puertos, ferrocarriles y energías renovables. Uno de esos planes, se ha dicho, es crear un corredor logístico que conecte el Pacífico ecuatoriano con mercados asiáticos. Suena tentador para un país ralentizado en el tercer mundo, a causa de la delincuencia política que durante toda su historia republicana maneja el poder. También se establecieron acuerdos para financiamiento bilateral, intercambios académicos, y cooperación cultural, reflejando un compromiso integral a largo plazo.
En el sector energético, un logro concreto ha sido la conciliación alcanzada con la empresa china Power China sobre los problemas en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, una obra emblemática del correísmo que ha presentado fallas desde su inauguración. Power China pagará 400 millones de dólares y asumirá la operación y mantenimiento, mientras se desactivan arbitrajes por montos millonarios. Sin embargo, críticos consideran insuficiente la compensación y demandan mayor transparencia.
En términos financieros, China continúa siendo el principal acreedor bilateral de Ecuador, con préstamos que en la última década superaron los 11.000 millones de dólares, destinados a infraestructura y obra pública. La dependencia financiera china se acompaña de creciente presencia comercial e inversión directa, con China como segundo socio comercial de Ecuador (tras EE.UU.), con USD 5.000 millones en exportaciones y USD 6.600 millones en importaciones en 2024, además del predominio de marcas y tecnología chinas en varios sectores.
La guerra comercial y el impacto en Ecuador
El contexto global se complica aún más con la guerra comercial desatada por Trump, quien en 2025 impuso aranceles adicionales de hasta 145% a múltiples países bajo el lema de “aranceles recíprocos”. Ecuador inicialmente recibió una tarifa base del 10%, la más baja dentro del grupo latinoamericano, alianza considerada un éxito diplomático por Noboa.
Sin embargo, esta tregua fue temporal y en julio de 2025 se incrementó al 15% el arancel base para países con déficit comercial con EE.UU., incluyendo Ecuador, que sufrió una afectación directa: exportaciones clave como banano, camarón, cacao y flores ahora pagan impuestos más altos al ingresar al mercado estadounidense, reduciendo su competitividad.
China respondió con endurecimiento de sus aranceles a productos estadounidense, generando un efecto de represalia que afecta la proyección comercial y financiera de Ecuador, atrapado en medio de la pugna entre dos grandes potencias.
¿To be or not to be, Mr. president?
El gobierno de Daniel Noboa ha asumido una postura de fuerte alineamiento con la política dura antinarcóticos de Donald Trump, en paralelo ha profundizado la relación con China, apostando por financiamiento, inversiones y comercio con el gigante asiático, buscando diversificar económica las fuentes externas para Ecuador.
En términos económicos, la arriesgada posición ecuatoriana entre las disputas comerciales y geopolíticas globales, sumada a la guerra arancelaria impuesta por Trump, evidencia limitaciones en la capacidad de gobierno ecuatoriano para capitalizar plenamente sus alianzas y obtener beneficios reales para el crecimiento y desarrollo del país.
La visita de Marco Rubio evidenció que Ecuador camina sobre el filo de una navaja geopolítica. Trump ha “apretado las tuercas” para que Noboa no se desvíe hacia Beijing más de la cuenta, mientras China seguramente reforzará sus lazos asegurándose de que su nuevo socio andino no sea solo de nombre. Para el pueblo ecuatoriano, ninguna alianza servirá de mucho si no se traduce en mejoras concretas: inversión pública de calidad, empleo, reducción de la delincuencia y respeto a la soberanía.