Entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026, Marco Rubio, secretario de Estado de la administración Trump, realizó su primera gira oficial por Colombia y Perú, y su segunda visita a Ecuador desde que asumió el cargo. La secuencia —Barranquilla, Quito, Lima— reunió a tres gobiernos que llegaron al poder mediante giros electorales hacia posiciones más afines a Washington: Abelardo de la Espriella en Colombia, Daniel Noboa en Ecuador y Keiko Fujimori en Perú. La agenda declarada combinó cooperación antinarcóticos, ayuda para la reconstrucción de Colombia tras el terremoto del 10 de agosto y la promesa de acuerdos comerciales.
La visita se produce en un momento de reacomodo geopolítico regional particularmente denso: El cambio de ciclo político en los tres países.
Colombia estrenó gobierno el 7 de agosto de 2026 con Abelardo de la Espriella, tras la salida de Gustavo Petro, cuya relación con Washington fue tensa. En Perú, Keiko Fujimori asumió el 28 de julio de 2026, como primera mujer elegida por voto directo para la presidencia peruana. Ecuador, bajo Noboa, ya había profundizado su cooperación de seguridad con EE. UU. desde 2025.
La captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero de 2026, en una operación militar estadounidense en Caracas, seguida de un acuerdo con el gobierno interino venezolano que otorga a Washington control mayoritario sobre el desarrollo de 17 campos que contendrían más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, fue anunciado el 28 de agosto de 2026, casi ocho meses después de la captura. Este hecho reconfigura el mapa de poder en el norte de Sudamérica y explica, en parte, la urgencia de asegurar aliados estables en los países vecinos.
La adhesión de Colombia a la Coalición Contra los Cárteles de las Américas (A3C), el 12 de agosto (miembro 19) una alianza militar y operativa impulsada por Washington para coordinar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que ya contaba con la participación operativa de Ecuador.
Operaciones militares activas en el Pacífico ecuatoriano: en la semana previa a la gira se reportó el hundimiento de entre 6 a 8 embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico, en acciones de fuerzas estadounidenses.
Estos elementos constituyen un telón de fondo estructural sobre el que se negocian los acuerdos comerciales y de seguridad anunciados.
El hundimiento de embarcaciones en el Pacífico ecuatoriano sin proceso judicial previo —presentado como éxito operativo— se lee como un precedente que traslada a Ecuador el costo político y jurídico de acciones letales decididas y ejecutadas por una potencia extranjera.
El vector antinarcóticos
La cooperación antidrogas es el punto de mayor convergencia genuina de intereses entre Washington y los tres países visitados. Colombia y Perú concentran la mayor parte de la producción mundial de hoja de coca y clorhidrato de cocaína, mientras que Ecuador se ha consolidado como el principal corredor logístico de salida hacia mercados de consumo en América del Norte y Europa; aprovechando su dolarización, su infraestructura portuaria en Guayaquil y Manta y el debilitamiento de sus capacidades de control territorial e institucional durante la última década.
Esta convergencia, sin embargo, no es simétrica. Estados Unidos aporta financiamiento, inteligencia, capacidades navales y aéreas; los tres países aportan soberanía territorial, marítima y, en la práctica, autorización política para operaciones que —según especialistas— en otros contextos serían consideradas violaciones al derecho internacional o al debido proceso.
El hundimiento de embarcaciones en el Pacífico ecuatoriano sin proceso judicial previo —presentado como éxito operativo— se lee desde la crítica de sectores no oficiales como un precedente que traslada a Ecuador el costo político y jurídico de acciones letales decididas y ejecutadas por una potencia extranjera. Estas operaciones exponen al país anfitrión a un riesgo reputacional y legal que presumiblemente no es compartido en la misma proporción por Washington.
La situación de pescadores desaparecidos en alta mar, cuando sus embarcaciones de pesca fueron interceptadas y/o hundidas ha saltado ya a la presa internacional, sobre todo de Estados Unidos, y ha causado la reacción de congresistas de izquierda de ese país, que piden una fiscalización del Congreso de esas operaciones. El Gobierno ecuatoriano no ha generado reacciones sobre estas historias periodísticas, a pesar de que medios de alta lecturabilidad y prestigio de Estados Unidos, como The New Yorker y The Washington Post hay publicado historias al respecto, con reportería en Manta parte de Manabí.
En la misiva, el comandante de la FAE decía al jefe del COMACO que estos acuerdos deben darse en el marco de la normativa jurídica del Ecuador, y citó la situación de la Base Aérea de Taura, la más importante de la FAE.
El otro tema que ha tenido consecuencias es la salida del cargo del comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, Gral. Mauricio Salazar Machuca, aparentemente como consecuencia de una carta del 8 de septiembre último dirigida al jefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Gral. Henry Delgado Salvador. En esta, el comandante le pide, por órgano regular, explicaciones sobre el papel de la FAE y de las fuerzas aéreas estadounidenses en las operaciones aéreas en territorio ecuatoriano en el marco de la guerra contra el crimen organizado.
El general Salazar le recordaba a su jefe militar inmediato que, en el marco de la cooperación militar con Estados Unidos en áreas de seguridad y defensa, la constitución ecuatoriana, en su artículo 5 (cita en la carta): El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se permite ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas y de seguridad extranjeras.
En la misiva, el comandante de la FAE decía al jefe del COMACO que estos acuerdos deben darse en el marco de la normativa jurídica del Ecuador, y citó la situación de la Base Aérea de Taura, la más importante del la FAE, que estará destinada, en el marco de esta cooperación, a brindar servicios logísticos y de apoyo a los naves aéreas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, USAF, «debiendo garantizarse que su ejecución temporal no configure el establecimiento de una base militar extranjera, destacando que la FAE mantiene el control operacional y administrativo de la Base Aérea de Taura, de acuerdo a sus propias competencias».
«Para que estas actividades temporales se desarrollen bajo un marco de la seguridad jurídica, soberanía territorial y eficiencia administrativa, esta Comandancia General considera fundamental precisar el alcance de las actividades de apoyo estadounidense y la normativa constitucional aplicable que las viabiliza, sin vulnerar el texto constitucional; finalmente, los vuelos de apoyo de las aeronaves extranjeras deberán responder a las autorizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa Nacional, Comando Conjunto o de la FAE, de acuerdo a las competencias y de los convenios /acuerdos /instrumentos legales para su ejecución», decía la carta.
La gira como consolidación de un nuevo bloque en la región
La secuencia Colombia-Ecuador-Perú, inmediatamente después de la caída de Maduro y del acuerdo petrolero con el gobierno interino venezolano, sugiere que la prioridad estratégica de Washington no es únicamente el narcotráfico, sino consolidar un bloque de gobiernos estables y alineados que sirva de contrapeso a cualquier reacomodo político adverso en la región andina, y que garantice corredores seguros para la logística energética y comercial derivada del nuevo statu quo en Venezuela. Vista así, la gira es menos una respuesta reactiva al narcotráfico y más una operación de arquitectura geopolítica de mediano plazo.
Las promesas de «acuerdos comerciales sólidos» formuladas por Rubio antes de la gira deben leerse en conjunto con la insistencia en la cooperación de seguridad. El patrón que emerge —y que se repite en otros países que han girado hacia Washington en el último año (Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras)— es el de un paquete integrado en el que el acceso a beneficios comerciales y económicos se percibe implícitamente condicionado a la profundización de la cooperación en seguridad y a la alineación diplomática. Es plausible preguntarse si limita el margen de negociación real de los países receptores, que difícilmente pueden aceptar la cooperación de seguridad y rechazar simultáneamente los términos comerciales que la acompañan.
Asimetría en la gestión de la narrativa migratoria
Washington ha logrado instalar en la conversación pública regional una narrativa de «cooperación migratoria ordenada». Esa narrativa contrasta, sin embargo, con hechos documentados.
El ritmo de deportaciones hacia Ecuador bajo la actual administración Trump (20252026) es, hasta ahora, menor que el registrado en 2023 bajo la administración Biden, aunque se mantiene alto y con una carga simbólica y política distinta: vuelos militares, denuncias de trato indigno (esposas, hacinamiento) y 1.055 menores ecuatorianos deportados —sexto país de origen entre los 13.816 menores expulsados en la región entre enero de 2025 y marzo de 2026, según ICE—, de los cuales 233 fueron enviados no a Ecuador sino a terceros países como Panamá y Colombia. La aceptación de estos vuelos por parte de gobiernos que buscan mantener buenas relaciones bilaterales tiene un costo político interno que rara vez se cuantifica en el mismo documento donde se anuncian los beneficios comerciales de la relación.
En Colombia, el fenómeno es cuantitativamente mucho mayor que en Ecuador y Perú, y ha sido objeto de fricciones diplomáticas explícitas durante el gobierno de Petro. En Perú, la cifra bajo la administración Trump es notablemente menor a la de años anteriores, lo que sugiere una gestión más discreta o una población migratoria de menor perfil de riesgo migratorio relativo. Las cifras oficiales de las cancillerías suelen contar únicamente los vuelos de repatriación formal, mientras que bases como TRAC Reports (que procesan datos de ICE) incluyen también expulsiones en frontera y otras vías.
El argumento de fondo sobre un patrón verificable debe esclarecer si el uso de las deportaciones funciona como instrumento de presión política y de gestión de imagen bilateral, independientemente de si el volumen anual sube o baja.
Para Ecuador, el reto central no es rechazar la cooperación sino acordar transparencia en las cifras, garantías jurídicas claras sobre las operaciones que se ejecutan en su territorio y sobre el trato a sus migrantes..
El riesgo de dependencia y pérdida de margen de maniobra para Ecuador
En el marco de la gira, Ecuador tiene una posición estructuralmente más débil que Colombia o Perú: no tiene una industria exportadora diversificada comparable, su economía dolarizada limita instrumentos de política monetaria propia, y su relación de seguridad con Washington ya opera con un grado de intervención operativa directa (patrullajes, inteligencia, presencia naval) mayor que en los otros dos países. Esto significa que, a diferencia de Bogotá o Lima, Quito tiene menos capacidad de usar la cooperación de seguridad como moneda de cambio para obtener concesiones comerciales equivalentes, y mayor exposición a que la relación se profundice en términos que refuercen la dependencia sin garantía de reciprocidad económica proporcional. Allí se entiende la importancia de mantener buenas relaciones con China y de ampliar la integración a otros países.
El terremoto colombiano como ventana de oportunidad diplomática
La inclusión explícita de la ayuda para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto en la agenda de Rubio no es un gesto humanitario aislado: la asistencia en momentos de crisis genera una deuda política y una ventana de influencia que suele traducirse en mayor disposición del país receptor a aceptar condiciones en otros ámbitos de la relación bilateral. Es un patrón de diplomacia de desastres que otros analistas de la región han señalado en contextos similares. No existe la generosidad política gratuita.
La gira de Marco Rubio no debe leerse únicamente como una visita de cortesía diplomática o como un episodio más de cooperación antinarcóticos. Es, ante todo, un movimiento de consolidación estratégica en un momento de reacomodo regional postMaduro, que aparentemente combina incentivos comerciales reales con condicionalidades de seguridad no siempre explícitas, y que se apoya en una narrativa migratoria cuya precisión estadística conviene manejar con rigor antes de usarla como argumento político a favor o en contra.
Para Ecuador, el reto central no es rechazar la cooperación —que responde a problemas reales de narcotráfico y crimen organizado transnacional— sino acordar desde una posición que exija reciprocidad verificable, transparencia en las cifras, garantías jurídicas claras sobre las operaciones que se ejecutan en su territorio y sobre el trato a sus migrantes.