Los gallos empezaron a cantar. Eran las 04:30 de la mañana de este miércoles, 28 de enero de 2026, y agentes de la Fiscalía y la Policía Nacional allanaban tres inmuebles en Quito y uno en Guayaquil dentro del caso Caja Chica, que involucra a varios líderes del movimiento Revolución Ciudadana en un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos.
La Fiscalía presume que el movimiento del expresidente Rafael Correa recibió dinero en efectivo, de forma ilícita, proveniente de Venezuela, para financiar la campaña de las elecciones presidenciales en que participaron Luisa González y Andrés Arauz, como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia, respectivamente.
Correa reacciona
Una de las primeras reacciones en redes sociales fue precisamente del exmandatario prófugo. Usualmente adelantado en información sobre operativos, Correa expuso contenidos relacionados con el operativo de la Fiscalía e indicó que ocho sujetos estarían bajo indagación. Ademásde él, González y Arauz, también constarían los exministros de Finanzas Fausto Herrera y Patricio Rivera, asesores económicos del dictador venezolano Nicolás Maduro; Suad Manssur, exsuperintendenta de Compañías en tiempos del correísmo; el asambleísta Patricio Chávez y la abogada Bibian Hernández.
Como antecedentes, cabe recordar que en noviembre de 2025, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, presentó una denuncia en contra de Luisa González como presidenta, en ese entonces, del movimiento Revolución Ciudadana, por supuestas irregularidades electorales en la campaña de 2023, puntualmente sobre financiamiento y reporte de gastos electorales.
En la convención de Manta
El pasado 18 de enero ocurrió en Manta la convención del movimiento en que González entregó la jefatura de la Revolución Ciudadana a Gabriela Rivadeneira. Aquel domingo, de acuerdo con González, en un accidentado proceso, una funcionaria del Tribunal Contencioso Electoral le habría entregado una notificación.
Por ello, el pasado lunes 26, Luisa González pidió al TCE que se anule el acto de notificación porque, según ella, el contexto en que ocurrió tal notificación no le habría dado los tiempos y las condiciones necesarias para preparar su defensa. La excandidata presidencial insiste que la notificadora se acercó a ella con la intención de tomarse una foto durante el encuentro. Plan V pudo conocer que la funcionaria sufrió vejaciones.
Durante el operativo de la madrugada de este miércoles 28, se aseguraron varios elementos como pasaportes, teléfonos celulares, memorias USD, tabletas electrónicas, agendas, etc. “Es persecución judicial, utilizada como distractor frente a los escándalos que envuelven a la familia presidencial”, escribió al respecto Gabriela Rivadeneira en sus redes sociales.
El allanamiento de esta madrugada ocurre en un contexto en que el Gobierno ha acusado abiertamente al correísmo de haber sido financiado por el madurismo a través de la petrolera venezolana Pdvsa.
También ocurre en la víspera del reinicio del proceso por el caso Ligados, esto es el auspicio y promoción del correísmo a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. En audios sobre este caso consta una supuesta versión de Andrés Arauz en la cual señalaría a Díaz Asque como un operador del correísmo para incidir sobre ciertos jueces del TCE.
Díaz Asque está en prisión dentro del caso que indaga abuso sexual a una menor de edad.
Medios y cuentas digitales afines al noboísmo se activaron este miércoles para recordar que Díaz Asque fue procurador de las campañas de González y Arauz y que estaría colaborando con información sobre todas las fuentes de financiamiento del movimiento Revolución Ciudadana.