La Función Judicial necesita, sin discusión, un órgano administrativo que gestione sus recursos y su talento humano. Esa tarea no debe recaer en los jueces, que no pueden ni deben ser distraídos de su función esencial: administrar justicia. Sin embargo, la existencia de un órgano administrativo no puede justificar que este se convierta en un instrumento de politización de la justicia ni, peor aún, en una puerta de entrada para redes criminales. Lamentablemente, eso es lo que hoy ha ocurrido en el Ecuador con el Consejo de la Judicatura.
No nos engañemos, la politización de la justicia es una característica siempre presente en el Ecuador. No ha habido un momento en que el turbio mundo de la política ecuatoriana no haya visto a la función judicial como un botín para perseguir a sus enemigos o para protegerse de sus enemigos. En el medio, varios jueces y fiscales que amasaron pequeñas fortunas a costa de servir como peones de estos intereses políticos. Como ejemplo dos botones: La pichicorte y las visitas de jueces al Cortijo, entre tantos otros episodios.
Sería un error afirmar que la justicia ecuatoriana gozó de independencia y prestigio en el pasado; no fue así. Sin embargo, existen razones fundadas para sostener que hoy la situación es aún peor. Diversos casos evidencian que la justicia se ha convertido en un negocio: redes internas dentro de la judicatura han construido estructuras destinadas al intercambio de sentencias y actuaciones fiscales a cambio de dinero. De este emprendimiento ilícito se han beneficiado organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos, lo que ha contribuido a profundizar la crisis institucional y a consolidar rasgos propios de un Estado fallido. Casos como Metástasis y el reciente que involucra a los señores Srdan y Godoy revelan la existencia de un núcleo profundamente corrupto, cuya solución está lejos de alcanzarse con un simple cambio de autoridades. El resultado es un sistema que se ha convertido en una pesadilla para jueces honestos y capaces —que los hay—, quienes difícilmente logran escapar de la mala fama estructural que hoy pesa sobre la justicia ecuatoriana.
Para corregir esto y permitir la construcción de un sistema judicial eficiente, transparente y honesto, se requiere tomar medidas urgentes que van mucho más allá de un cambio de autoridades. La modificación en la estructura de la función judicial es necesaria, pero será inservible si seguimos poniendo autoridades que les interesa más su bolsillo que el bien común. En términos generales, ninguna estructura institucional sirve si no tenemos personas dispuestas a ejercer correcta y honestamente sus competencias, gente que no esté dispuesta a cambiar favores por dádivas como cargos públicos para sus parientes o dinero para sus bolsillos.
A continuación me permito lanzar unas pocas ideas al debate sobre el futuro de nuestra justicia, mismas que no creo sean las únicas o mejores, solo un simple aporte.
En primer lugar se requieren autoridades probas y capaces. Sí, Godoy debe salir, ojalá sea mediante juicio político y no solo con su simple renuncia. Puedo afirmarlo con certeza, su presencia en la Judicatura solo ayudó a incrementar en lo poco y en lo mucho, la opacidad de la institución. Lo que mostró el caso Srdan evidencia los macro objetivos de su administración, crear redes funcionales a los protervos intereses particulares de él y sus socios, en la función judicial. Pero como ya lo han mencionado varios antes que yo, reemplazarlo no garantiza un cambio en la justicia.
La Función Judicial debe ser independiente, y para ello el Consejo de la Judicatura requiere un cambio estructural. Tal como ya ocurrió con el procedimiento disciplinario en los casos de error inexcusable, las facultades disciplinarias generales del Consejo de la Judicatura deben ser reformadas. En lo que respecta a servidores judiciales jurisdiccionales, fiscales y defensoriales —incluidos secretarios y ayudantes judiciales—, estas atribuciones deberían salir del ámbito administrativo del Consejo y trasladarse a los propios jueces. Para ello, podría crearse una sala especializada de apelación en la Corte Nacional encargada de conocer estos expedientes.
El Consejo de la Judicatura podría conservar un procedimiento administrativo limitado a las denominadas faltas leves, relacionadas con horarios de trabajo, trato a superiores o usuarios, entre otras, siempre que se garantice una instancia de revisión en la vía jurisdiccional. De esta manera se evitaría el abuso —ya existente— de las garantías jurisdiccionales para resolver traslados o reclamos derivados de procedimientos administrativos sancionatorios, y el Consejo de la Judicatura podría concentrarse exclusivamente en la administración de los recursos económicos y humanos de la Función Judicial.
Para reforzar la independencia judicial, la propia estructura del Consejo de la Judicatura debe ser revisada. No resulta necesario mantener cinco vocales —provenientes, en parte, del Ejecutivo y del Legislativo— que se reparten las direcciones nacionales como mecanismo de gobernabilidad interna. En su lugar, podría conformarse un Directorio integrado por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado y el Defensor Público General, quienes designarían a un Director General encargado de la administración del Consejo de la Judicatura. La función de este Directorio sería supervisar y evaluar la gestión del Director General y de los directores a su cargo, responsables, entre otros ámbitos, de la Escuela de la Función Judicial, las áreas de apoyo jurisdiccional, la infraestructura y las compras públicas de la institución. Esta propuesta emula, en buena medida, el modelo aplicado en países como Uruguay.
Se requiere capacidad y honestidad por parte de la justicia. Se requiere una evaluación objetiva, independiente y profunda de los jueces. Evaluación que está pendiente desde hace varios años y que puede ayudar a depurar emergentemente el sistema judicial y también dar confianza a los jueces capaces y honestos que hay, y no son pocos, en la justicia ecuatoriana. Esta evaluación se requiere realizar de manera emergente, por la situación actual, con la participación de las mejores facultades de derecho el país y de organismos internacionales como Naciones Unidas. Esta evaluación no puede caer en manos del sistema actual, debido a la pérdida de confianza en el mismo y en la existencia de profundas redes clientelares y criminales en el sistema. Una evaluación realizada por el actual sistema no garantizará que los mejores jueces y juezas permanezcan.
Estabilidad y paciencia. Realizados los cambios oportunos y necesarios en la justicia, es importante entender que alcanzar una función judicial independiente, eficiente y honesta, no es cuestión de un solo día, se requiere un esfuerzo multigeneracional, donde se respete continuamente la carrera judicial y se castigue la intromisión criminal y política en la justicia.