Las incursiones de grupos insurgentes en San Lorenzo, Esmeraldas, registradas el 27 de diciembre de 2025, junto con la violencia desbordada que azota a Puerto López, Manabí, y Guayaquil, no son hechos aislados ni episodios circunstanciales. Son la evidencia más reciente y contundente de un Estado que ha perdido el control territorial, que reacciona tarde y mal, y que se niega a reconocer la verdadera dimensión de la amenaza que enfrenta el país.
Ecuador vive una guerra no declarada. Una guerra contra una violencia criminal estructural, sostenida por el narcotráfico internacional, articulada con mafias transnacionales y ejecutada por organizaciones que ya superaron, en capacidad operativa y territorial, al modelo de seguridad estatal basado en lo conocido, en forzar al máximo la utilización de una infraesturctura logística decadente y que sea la exigencia del mando sobre el personal el que permita los resultados ante la falta de planificación estratégica. Sin embargo, el Gobierno persiste en administrar la crisis como si se tratara de un problema de orden público menor, recurriendo a fórmulas desgastadas, controles policiales rutinarios y discursos vacíos.
El modelo de seguridad policial es anacrónico y obsoleto. Insistir en la policía comunitaria y en operativos de control con resultados limitados y exponiendo a policías poco preparados para su misión, diseñados para otra época y otra realidad, raya en la negligencia. Estas estrategias no solo fracasan frente a estructuras criminales armadas y financieramente poderosas, sino que además exponen a los propios agentes del orden a escenarios de alto riesgo sin respaldo estratégico ni recursos suficientes.
La improvisada conversión de operaciones militares en supuestas operaciones policiales de alto impacto no es una solución: es un parche peligroso. Se desnaturaliza el rol de las Fuerzas Armadas, se debilita la cadena de mando y se evidencia la absoluta ausencia de una política de seguridad integral. El Estado parece no saber si está enfrentando delincuencia común, insurgencia criminal o narco terrorismo; y esa indefinición se traduce en muertes, territorios perdidos y miedo cotidiano.
La llegada de fuerzas especiales norteamericanas, presentada como cooperación internacional, desnuda una verdad aún más grave: el Estado ecuatoriano ha sido incapaz de construir capacidades propias suficientes. Ninguna fuerza extranjera puede reemplazar la obligación del Gobierno de invertir seriamente en inteligencia, equipamiento, formación especializada y planificación estratégica. La dependencia externa no es una estrategia; es una confesión de debilidad.
Lo más alarmante no es solo la violencia, sino la normalización del colapso. El Estado responde con declaraciones, estados de excepción temporales y operativos mediáticos, mientras el crimen organizado consolida su control territorial, infiltra economías locales y desafía abiertamente a la autoridad y contamina al propio sistema de apoyo judicial en el Consejo Nacional de la Judictura cuestionado por su injerencia y acciones de control inmotivadas sobre jueces anticorrupción. No hay visión, no hay planificación y no hay decisiones estructurales.
Ecuador no necesita más improvisación ni simulacros de control. Necesita un golpe de timón urgente: una reforma profunda del sistema de seguridad, una redefinición clara del rol policial y militar, y el reconocimiento político de que el país enfrenta una amenaza existencial. Cada día de inacción fortalece a las mafias y debilita al Estado.
Cuando el Estado duda, el crimen avanza. Y hoy Ecuador paga el precio de esa vacilación convertida en política pública, de la improvisación elevada a doctrina y de la peligrosa idea de que hacer seguridad es simplemente vestir uniformes que no les corresponden a ministros que pretenden asumir roles por coyuntura política y sacrificar la institucionalidad para satisfacer egos personales, en lugar de responder con seriedad a la legítima y urgente demanda de seguridad ciudadana.