I. Prohibido equivocarse: el NO ratificó una tendencia progresista
El resultado del referéndum produjo una suerte de “descompresión” política: el país votó con claridad contra la instalación de bases extranjeras, la reducción de asambleístas, la eliminación de financiamiento partidario y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. El mensaje ciudadano fue inequívoco: rechazo a las reformas improvisadas, a los riesgos de concentración de poder y a la posibilidad de convertir la seguridad en argumento para alterar la arquitectura institucional.
Los resultados del 16 de noviembre de 2025 marcaron límites a la estrategia de gobernar bajo una lógica de excepcionalidad y militarización permanente. “Mano dura” no es sinónimo de autoritarismo. La ciudadanía distinguió con claridad entre la urgencia de enfrentar al crimen organizado y la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en territorio nacional. No aceptó que la seguridad sirviera como argumento para ceder soberanía. La derrota del Gobierno fue política, comunicacional y simbólica.
Este resultado, sin embargo, no puede leerse aislado. En abril de 2024, cuando Daniel Noboa atravesaba su momento de mayor respaldo público, el electorado rechazó con más del 65 % dos propuestas estructurales: el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Ese No —incluso superior al 62 % con el que se rechazó la Constituyente en 2025— no respondió a una coyuntura específica, sino a una tendencia más profunda.
Aquel voto expresó una preocupación ciudadana persistente: proteger la soberanía económica, limitar el poder de actores transnacionales, evitar reformas que precaricen el trabajo y defender la capacidad del Estado para regular sectores estratégicos. Fue un voto crítico, progresista en sentido amplio, ajeno a alineamientos automáticos con las élites políticas o económicas, y capaz de movilizarse desde campañas ciudadanas, digitales y autónomas.
El 16 de noviembre no inauguró esa conducta electoral: la confirmó. Van dos consultas consecutivas. Algunos no han aprendido la lección.
La ciudadanía votó evaluando la gestión, no la identidad política.
El incumplimiento de promesas de campaña y la falta de resultados encabezan la lista de razones por las cuales ganó el NO por goleada. El rechazo mayoritario a la Asamblea Constituyente refleja desconfianza hacia la clase política en general y hacia los intentos del Ejecutivo de modificar las reglas del juego a su favor —y el de sus grupos aliados— en un contexto de crisis.
La crisis de gabinete no modificó el rumbo estratégico del gobierno, sino que consolidó un modelo centrado en seguridad, deuda, explotación de recursos estratégicos, deriva del frente social con menos presupuesto real asignado en la proforma presupuestaria y dependencia geopolítica. La purga interna, la incidencia simultánea de Estados Unidos, China y Canadá, y la fractura del correísmo configuran un escenario político volátil donde la gobernabilidad depende más de alianzas externas que de cohesión interna.
Si el régimen continúa gobernando mediante control militar y operaciones de control político y operaciones psicológicas, en alianza con las otras funciones del Estado, se profundizará el desgaste institucional.
El país se encamina hacia una tensión prolongada entre autoridad y legitimidad, donde la conflictividad territorial, la gobernanza populista y la amenaza a la soberanía, serán rasgos dominantes del ciclo político.
II. Silencio presidencial, vacío de liderazgo y tutelaje de Estados Unidos
La derrota exigía una reacción presidencial clara. Sin embargo, tras un escueto mensaje de reconocimiento de los resultados en su cuenta de X, Noboa salió del país en un “viaje oficial” de tres días a Estados Unidos sin agenda pública conocida ni explicación de objetivos. Ocho días después del triunfo del NO, seguía sin dar una rendición de cuentas abierta sobre el sentido político de su derrota.
En un país convulso, con crisis de seguridad, economía debilitada, deterioro institucional e incertidumbre, la ausencia del mandatario transmite desconexión, falta de responsabilidad política y un notorio déficit de liderazgo.
Ese silencio no solo afectó la percepción pública; agrandó la sensación de orfandad política: ningún ministro pudo sustituir la voz presidencial ni ofrecer un horizonte inmediato. El chuchaqui comunicacional reforzó la idea de un gobierno que depende más de su relación exterior que de su cohesión interna, y de la publicidad por sobre la verdad.
Desde su elección en 2023, Daniel Noboa ha viajado trece veces a Estados Unidos. Aunque no existe transparencia oficial sobre los motivos del viaje posterior al referéndum del 16 de noviembre, su recurrencia refuerza la percepción de un mandatario dependiente de Washington en temas de seguridad, financiamiento y control migratorio.
Esa lectura no es antojadiza: la relación bilateral opera sobre tres pilares que condicionan la capacidad nacional de decisión. El primero es la seguridad, reforzada desde que el Gobierno declaró el 9 de enero de 2024 la existencia de un “conflicto armado interno”. Esta narrativa dio legitimidad política a la ampliación de la cooperación militar con Estados Unidos y normalizó la narrativa oficial y propagandística sobre esa relación durante ya dos años, por parte del régimen.
Si el régimen continúa gobernando mediante control militar y operaciones de control político y psicológicas, en alianza con las otras funciones del Estado, se profundizará el desgaste institucional.
El 12 de noviembre, una nota de CNN en español analizó la visita a Ecuador de Kristi Noem. En la nota de prensa se entrevista al exjefe de inteligencia del Ejército ecuatoriano y experto en seguridad, Cnel. Mario Pazmiño. Se menciona que se reactivó negociaciones para instalar oficinas del Departamento de Seguridad Nacional de USA en puntos estratégicos de Ecuador como Manta o Salinas. No se trataría de bases militares, sino de oficinas destinadas al control de flujos migratorios, cargamentos vinculados al narcotráfico e identificación biométrica. Estas instalaciones —se afirma en el reportaje— permitirían también a Estados Unidos monitorear el puerto de Chancay, en Perú, cuya operación involucra inversión china, añadiendo un componente geopolítico relevante.
En paralelo, la cooperación en seguridad entre Ecuador y Estados Unidos ya venía consolidada desde el gobierno de Guillermo Lasso. Tres acuerdos firmados entre septiembre y octubre de 2023 marcaron esta agenda: el Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA), el acuerdo AROCAMTI para operaciones marítimas contra actividades ilícitas, y el acuerdo para Asistencia en Interceptación Aérea. A ellos se sumó, en septiembre de 2024, un convenio de 25 millones de dólares para equipamiento, capacitación y fortalecimiento institucional. En la práctica, la relación incluye intercambio de inteligencia, entrenamiento especializado, patrullaje marítimo y aéreo, y operativos conjuntos contra el narcotráfico, aun sin bases oficiales.
Este trasfondo explica por qué la pregunta A del referéndum del 16 de noviembre representaba un cambio decisivo: permitir la instalación formal de estructuras militares extranjeras, dieciséis años después del cierre de la base de Manta en 2009. La ciudadanía rechazó esa posibilidad con claridad. Aunque el Gobierno intentó matizar su intención, primero insinuando a Baltra como posible ubicación y luego descartándola, el debate dejó ver la voluntad de ampliar la presencia operativa estadounidense más allá de lo ya vigente.
La dimensión económica agrega otra capa de dependencia. Ecuador atraviesa una crisis fiscal que lo obliga a recurrir a financiamiento externo, principalmente de multilaterales donde la influencia de Estados Unidos es significativa. Más que préstamos, estos vínculos condicionan decisiones sobre gasto público y reformas estructurales.
El componente migratorio, por su parte, sitúa al país dentro de acuerdos que lo empujan a asumir funciones de tránsito o recepción de personas rechazadas por Estados Unidos. La falta de una política migratoria soberana profundiza esta asimetría.
A escala global, Ecuador se mueve entre tres potencias con intereses divergentes. Estados Unidos concentra la agenda de seguridad y condicionamiento económico. China es el principal comprador del camarón ecuatoriano y actor clave en infraestructura y créditos. Canadá compite en sectores estratégicos, particularmente la minería y presiona para avanzar proyectos como el cuestionado Loma Larga. El país oscila entre fuerzas extranjeras sin una estrategia clara para equilibrarlas.
Si el gobierno insiste en la excepcionalidad, la dependencia geopolítica y la militarización como ejes de gestión, la erosión de legitimidad será inevitable. Sólo un replanteamiento que recupere soberanía, restituya confianza y ponga límites a la injerencia externa podrá evitar un ciclo profundo de conflictividad y fragmentación.
La salida de funcionarias identificadas antes con el correísmo, asemejó un acto de autoexpiación más que de reflexión. En paralelo, perfiles políticos reemplazaron cargos críticos a nivel territorial.
III. Crisis de gabinete y consolidación del eje extractivo-securitario
Tras la derrota electoral, el gobierno presentó una reestructura del gabinete que, más que una rectificación del rumbo, fue una operación de disciplinamiento interno. Algo de ruido y toctes en lugar de nueces. La purga eliminó a figuras fusibles, y preservó el núcleo duro del poder: seguridad, concentración del poder en sectores estratégicos, y política exterior. Fue un movimiento destinado a exhibir autoridad sin modificar la ruta estratégica del régimen.
La salida de exfuncionarias antes identificadas con el correísmo, asemejó un acto de autoexpiación, más que de reflexión. En paralelo, perfiles políticos reemplazaron cargos críticos a nivel territorial, especialmente en provincias de alto conflicto, como Guayas y los Ríos, donde la operación de control social y narrativas de seguridad requieren operadores obedientes y vocerías con experiencia.
La salida de Edgar Lama, condensó el estilo del régimen. Días antes de su salida, se dijo que no se lo removería ante denuncias públicas en su contra por conflicto de intereses, pagos discrecionales y una millonaria glosa de la Contraloría. Presentó su renuncia y el presidente se la aceptó. Uno más en el paquete de fusibles quemados en la reestructura del gabinete. La contradicción expone un patrón: utilizar declaraciones no como compromisos, sino como instrumentos tácticos para administrar la presión pública. El efecto es corrosivo para la confianza ciudadana en un momento de profunda crisis del sistema de seguridad social y de salud pública.
La purga no resuelve problemas de gobernanza. Solo recicla el desgaste.
Blindaje del núcleo extractivo-securitario
Pese a la magnitud de los cambios, los ministerios estratégicos quedaron intactos. El todopoderoso Ministerio de Ambiente y Energía de la República del Ecuador que controla…
- Hidrocarburos (exploración, explotación, refinación, transporte, comercialización)
- Electricidad y energía renovable (generación, transmisión, distribución, planificación del sector eléctrico)
- Minerían artesanal y de gran escala
- Medio ambiente y cambio climático (calidad ambiental, biodiversidad, marino-costero, gestión de recursos naturales)
- Agua y recursos hídricos (servicios de agua potable, saneamiento, drenaje, riego)
- Regulación y control ambiental, concesiones en minerales y energía, transiciones ecológicas
…sigue siendo el corazón del modelo extractivo. Interior y Defensa mantienen la estructura operativa asociada al discurso de guerra interna. La Cancillería conserva su lógica de doble alineamiento: seguridad con Estados Unidos, comercio con China y facilidades para actores extractivos transnacionales.
Este blindaje confirma que el gobierno no revisará las políticas que sostienen su modelo.
V. La fractura del correísmo pone al mashi a comer “bandera”
En medio de esta reconfiguración, se produjo un giro político inesperado: la visita de Lourdes Tibán a Guayaquil para coincidir con Marcela Aguiñaga, una figura clave del correísmo.
Tibán —lideresa indígena de Cotopaxi con un historial frontal contra el correísmo— apareció públicamente junto a una de sus principales exponentes. El gesto fue simbólicamente disruptivo: reveló que sectores del correísmo, especialmente provinciales, buscan recomponer alianzas más allá del liderazgo de Rafael Correa.
Tibán viajó a Guayaquil para reunirse con Marcela Aguiñaga en el marco de una negociación política territorial orientada a explorar acuerdos locales en la provincia del Guayas. No fue un acercamiento con el correísmo como estructura nacional, sino con Aguiñaga como figura con poder territorial propio, cada vez más autónoma del liderazgo de Rafael Correa.
El objetivo central de Tibán fue abrir espacios de cooperación en temas relacionados con territorio, ambiente, gestión de cuencas y causas indígenas, áreas donde la Prefectura del Guayas tiene competencias relevantes. El movimiento indígena posee poca presencia en la costa, y la reunión le permitió a Tibán proyectarse hacia un territorio estratégico donde no tiene incidencia y mostrar un rostro menos ríspido del movimiento indígena y de sus actuales figuras públicas.
En términos políticos, el encuentro dejó al descubierto que las lealtades dentro del correísmo ya no son homogéneas y que los liderazgos territoriales están operando con agendas propias y visión política pensando en su futuro a corto y mediano plazo.
Este encuentro ocurrió también en un momento de fractura interna del correísmo. Marcela Aguiñaga consolida un liderazgo provincial independiente; Aquiles Álvarez gobierna Guayaquil con una agenda propia; y Pabel Muñoz en Quito marca distancia del correísmo clásico. Tibán entendió que el poder dentro del correísmo ya no se concentra únicamente en la figura de Correa, sino en actores locales que administran territorio real.
La reunión provocó reacciones inmediatas. Luisa González la interpretó como una señal de desorden y pérdida de cohesión, y Rafael Correa no pudo ocultar su malestar. En términos políticos, el encuentro dejó al descubierto que las lealtades dentro del correísmo ya no son homogéneas y que los liderazgos territoriales están operando con agendas propias y visión política pensando en su futuro a corto y mediano plazo.
Esta dislocación no es anecdótica: representa la imposibilidad del correísmo de mantener cohesión interna tras años de verticalidad y desgaste. El simbolismo de la reunión trae una profunda lectura semiótica: dos regiones, dos provincias, dos orígenes históricos, cada una representando identidades políticas distintas, pueblos ancestrales y gobiernos autónomos.
Cada vez es más claro que ya en Ecuador no hay un líder nacional que provenga de los extremos del tablero político. La decadencia del nefasto duopolio polarizador persiste únicamente por la debilidad de sus diversos contradictores.