Apurados por los gastos crecientes derivados de la COVID-19 y la caída de los ingresos tributarios y del petróleo, el gobierno se ha propuesto reducir gastos e inversión en áreas fuera de la salud, eliminar subsidios, obtener nuevos empréstitos, renegociar la deuda y hasta nuevas contribuciones o impuestos.
Todas estas medidas muy probablemente deberán ser revisadas prontamente, porque el diagnóstico gubernamental puede quedarse corto frente al deterioro de salud del paciente. Tampoco podemos olvidarnos que recién vamos en la primera etapa de la pandemia, la de contención; y se debe tener municiones para la segunda y tercera etapas, la de reactivación y de oportunidad respectivamente, donde la política fiscal tiene un rol principalísimo, a falta de la política monetaria.
Aunque el financiamiento requerido para cubrir todos estos gastos puede representar un gran problema para la agenda política, alcanzo a divisar un riesgo mucho mayor. Se trata de aquella percepción en el imaginario social de que esto es un ajuste fiscal transitorio, y que después de la pandemia todo podrá volver a la normalidad. Nada más falso; si de algo debemos estar convencidos es que el gasto público en Ecuador debe ajustarse en forma permanente.
Durante los años dorados del boom petrolero (2008-2014), el gasto del gobierno aumentó anualmente en promedio en términos reales por encima del 9%. Entre el 2015 y el 2018 con precios de petróleo sustancialmente más bajos, el gasto público todavía crecía a buen ritmo (2.17%) con cargo a una nueva e irresponsable deuda, y solamente para 2019 se revierte en -2.45%, pero todavía representa un nivel de gasto muy por encima de lo que puede ser financiado por los actuales y previsibles precios del petróleo.
el análisis de eficiencia del gasto público no puede ser concebido en forma sectorial, puesto que los excesos e ineficiencias en el sector público no pueden tener patente de corso. Este debe hacerse en cada una de las instituciones públicas, solo allí podremos optimizar verdaderamente el gasto público en Ecuador
Descartando de plano la siempre posible, aunque nada deseable, alternativa de ajustar los ingresos tributarios a esa regordeta estructura de gastos, una nueva gestión en el gasto público se hace cada vez más urgente, lo cual requiere cambios estructurales y profundos. La Ley de Reordenamiento de las Finanzas Públicas, corrección de subsidios a los combustibles y la supresión de algunas instituciones son un buen punto de partida.
Sin embargo, falta complementar con el ejercicio presupuestario del Presupuesto Base Cero. A partir de ello, se exigiría a cada institución pública no sólo fundamentar la necesidad de mayores recursos para sus carteras, sino que también deban justificar mantener los recursos y programas que hoy ejecutan. Así mismo, se requiere ejercer un proceso efectivo de evaluación social de cada uno de los proyectos de inversión tanto a nivel de factibilidad, como de sus impactos en la ejecución misma.
De igual forma, se debe evaluar todo el gasto público y programas sociales sin excepción ¿o acaso en los hospitales en los que se ha detectado flagrantes actos de corrupción, no se puede ser más eficiente todavía? Creo que el análisis de eficiencia del gasto público no puede ser concebido en forma sectorial, puesto que los excesos e ineficiencias en el sector público no pueden tener patente de corso. Este debe hacerse en cada una de las instituciones públicas, solo allí podremos optimizar verdaderamente el gasto público en Ecuador.
Hablando a calzón quitado, me pregunto: ¿cuántas instituciones públicas pueden enarbolar la bandera de la eficiencia ubicándose sobre la frontera de posibilidades de eficiencia? ¿Cuántas instituciones públicas pueden declarar que su proceso de compras públicas es verdaderamente transparente y funciona sin sesgo alguno? ¿Cuántas instituciones públicas pueden preciarse de que trabaja con el personal justo en cada una de sus áreas? ¿Cuántas instituciones públicas pueden declararse libres de corrupción en el sentido amplio de la palabra? Serán todas, la mayoría o sobran los dedos de la mano, o de frente nos vamos por el cero. Si la respuesta es cualquiera de estas dos últimas, hay un espacio enorme para mejorar el gasto público en Ecuador. Naturalmente, ello implicará eliminar rubros que no sean eficientes y salgan mal evaluados, pero en economía no hay almuerzo gratis. La búsqueda de la eficiencia tiene sus costos.
Finalmente dada la estrechez fiscal del Ecuador y sus fuertes implicaciones para la estabilidad macro, creo que el ajuste al gasto público es un imperativo moral y debe comenzar ahora y a calzón quitado.