Las maniobras legales en el Consejo de Participación continúan. Los vocales de la mayoría, en un intento de esquivar el juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional en su contra, decidieron consultarle al recién designado procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, si los consejeros que están como candidatos a la reelección pueden o no ser sujetos a juicio político por parte de la Asamblea Nacional.
La maniobra busca detener el proceso, que podría concluir con su destitución, aunque su periodo termina en 2023, obteniendo un dictamen del nuevo procurador, quien apenas acaba de ser nombrado.
El consejero David Rosero advierte de un conflicto de intereses debido a que los vocales de la mayoría acaban de nombrar con sus votos a Larrea, el tercero de la terna enviada por el Gobierno, para el cargo.
Los cuatro consejeros de la mayoría Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán aprobaron la resolución en horas de la madrugada, que fue rechazada por la minoría integrada por Juan Javier Dávalos, Sofía Almeida y Rosero. «Rechazamos esa resolución porque puede suponer un conflicto de intereses, ya que ayer en la noche en otra sesion los 4 consejeros antes mencionados (Ulloa, Bravo, Estupiñan y Rivadeneira), impusieron en el cargo al nuevo Procurador. Esta conducta es anti etica e impresentable ante la opinión pública por parte de quienes impusieron a esa autoridad», señaló el consejero de minoría.