Entre gallos y medianoche, en un hecho insólito, del cual no dan crédito ni en el propio Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), la comisión ciudadana de selección del nuevo Defensor Público (CCS) restituyó al postulante Jorge Ballesteros, quien fuera descalificado por el propio Cpccs, por haber presentado documentos que supuestamente dejaban dudas sobre su experiencia laboral.
Pero no solo eso. Ballesteros es un personaje al cual rodean algunos ruidos. Fue fiscal de la compleja provincia de Los Ríos, en tiempos del correísmo. La Embajada de EE.UU. le habría retirado la visa, hecho que el aludido ha desmentido en sus redes. Desde el 1 de abril es indagado por la Fiscalía por asociación ilícita, junto con Daniel Frías y Byron Guillén, postulantes descalificados; a esta indagación previa también fueron convocados a rendir versiones los miembros de la CCS y los siete consejeros del Cpccs.
Y desde la medianoche del martes 11 de junio de 2024, Ballesteros volvió al concurso de selección gracias a las «solidaridades» de cinco miembros de la CCS. Actualmente se ubica con la nota más alta (80,07/100), por lo cual hasta este fin de semana sería el virtual nuevo defensor público.
Si bien lo que acuerde la CCS tiene carácter vinculante, en el Cpccs están revisando la legalidad y legitimidad de esta reunión extraordinaria de la comisión, la cual en un aparente espíritu de cuerpo en favor de ciertos postulantes, ha desechado lo resuelto por el pleno del Cpccs el pasado 3 de junio.
No pocas voces, entre ellas el Grupo de Juristas por la Democracia, han pedido que este concurso sea anulado. De hecho, Plan V presentó un informe que detalla las fases y rostros de este atropellado proceso de selección.
La Defensoría Pública (DP) debe elegir un vocal para el Consejo de la Judicatura, hecho que explicaría el porqué de los apetitos por controlar esta entidad. Y lo cierto es que al menos tres figuras cercanas al correísmo se han agarrado con pasión a este atropellado concurso.
Sin embargo, la misión institucional de la DP es muy compleja y sensible: brindar un defensor a personas de escasos recursos que no cuentan con el patrocinio de un abogado. Cada año se registran más de 450.000 atenciones, en su mayoría por violencia intrafamiliar.