I. GODOY PRESIDENTE
Al presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, le fue mal con la nueva terna para escoger un vocal delegado de la CNJ al Consejo de la Judicatura, que a su vez deberá ser el presidente del órgano disciplinario y administrativo de la Función Judicial. Le fue mal porque le empezaron a dar con todo en varios medios de comunicación.
Le fue mal también porque se le cayeron varios candidatos de sus ternas. Hasta que le hicieron entender en el Ejecutivo, con sus operadores (ex) correístas de por medio, que si no ponía a Mario Godoy en la terna, esta iba, de nuevo, a caerse. El Consejo de Participación también se puso a las órdenes del poder hegemónico de ADN, así que no había escapatoria para el Presidente de la Función Judicial. Suing se reunió tres veces con el presidente de la República y sus operadores judiciales y al parecer le cantaron la plena: quien debe presidir el Consejo es Godoy, y punto.
En enero de este año, Suing había enviado al terna al Consejo de Participación, integrada por Marco Rodríguez, Alexandra Villacís y Édison Toro. Pero el proceso de selección del CJ no se completó porque el Consejo de Participación dijo que el Ejecutivo no enviaba su terna, ya seis meses, y por tanto no podía iniciar el proceso. Lo cual no es verdad, según Marcelo Espinel, ex asesor del organismo, quien señaló a Plan V que el CPCCS podía ir nombrando a los vocales de las ternas a medida que llegaran. Esta jugada dilatoria logró desbaratar de nuevo la terna de la Corte Nacional, con la salida de Toro, porque se fue a otro cargo. Y el CPCCS tuvo el argumento para devolverles la terna.
Entonces José Suing dijo que no pondría a Godoy en la nueva terna. Lo dijo varias veces en varios medios. Pero a inicios de julio mandó los dos nombres de la terna anterior (Rodríguez y Villacís) e incluyó sorpresivamente a Godoy como el tercero de la terna. Y el Ejecutivo se apresuró, ahora sí, a enviar su terna, y el Legislativo tuvo la «iniciativa» de desconocer su terna enviada por la legislatura anterior y enviar la que representaba a la nueva mayoría. Marco Rodríguez, uno de los 16 jueces de la Corte Nacional, encabezaba la última terna de la Corte, como había encabezado la anterior. Rodríguez era el candidato de consenso de los jueces del Pleno de la CNJ, pero renunció al día siguiente en que Suing envió la terna con el ya «coronado» Godoy. Rodríguez se negó a ser comparsa. Dijo que estas maniobras no garantizan «que en esta designación, primen parámetros de méritos, experiencia y conocimiento».
Godoy, de su parte, hacia buena letra. Siendo presidente encargado del Consejo se había apresurado a ponerse en la línea del poder hegemónico de ADN, al decir que la Función Judicial necesitaba una declaratoria de emergencia, en consonancia con la ley urgente aprobada por la Asamblea que entrega al presidente del CJ y al Pleno atribuciones para declarar la emergencia y poner y sacar jueces y fiscales a dedo, es decir sin concurso que es, en el fondo lo que quiere el Ejecutivo con la capacidad de maniobra de sus operadores (ex) correístas.
Con todo esto, el Consejo de Participación Ciudadana tendrá todos los elementos para simular una elección igualitaria de los vocales de la Judicatura, cuyos nombres ya están escritos por Daniel Noboa.
Un compromiso de Mario Godoy es realizar el concurso para los jueces constitucionales. Este ha tenido una serie de dificultades por lo que hasta ahora permanece estancado.
II. EL ACUERDO SUING-GODOY
Mario Godoy ha llegado a un acuerdo con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Al menos eso es lo que cree el Dr. José Suing, al justificar la nueva inclusión de Godoy en la terna de la Corte, ante la oposición de los altos magistrados. Godoy, que ya se considera presidente titular de la Judicatura, se habría comprometido, como un primer acuerdo, a llevar adelante el concurso para completar el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, que son 21 titulares. Este momento actúan 16 jueces nacionales, hasta hace poco eran apenas 11 titulares y los demás son reemplazantes. Pero ese es el concurso que el Pleno presidido por Godoy no pudo realizar luego del escándalo de la contratación de una empresa privada por parte del CJ para ejecutar los protocolos de la elección. En noviembre del 2024, tras la revelación de una serie de irregularidades, el CJ declaró nulo el concurso. El CJ estaba presidido por Godoy y lo conformaban la vocal Solanda Goyes y Merck Benavides. El proceso incluso entró a ser analizado por la Contraloría. Según el compromiso de Godoy, el nuevo pleno del CJ llevará adelante un concurso (no en emergencia) transparente para nombrar los nuevos jueces nacionales.
El otro compromiso es el de realizar el concurso para los jueces constitucionales. Este es un concurso que ha tenido una serie de dificultades que hasta ahora permanece estancado. Los problemas se dieron sobre todo por las diferencias entre los vocales y el presidente del CJ, otra vez Godoy, respecto al reglamento de la elección. La vocal del CJ que cuestionó el contenido de ese reglamento fue Solanda Goyes (ahora, como retaliación, sometida a un juicio político en la Asamblea) por considerar que el reglamento de elección de 50 jueces, distribuidos por distritos, obviaba derechos constitucionales, como la paridad de género. El nombramiento de jueces constitucionales fue un mandato expresado en la consulta popular del 21 de abril de 2024, donde la ciudadanía aprobó, entre cosas como la extradición, la creación de judicaturas especializadas en materia Constitucional. La preguntan pertinente que fue aprobada por 6 de cada 10 votantes decía: ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2? Esto significó que los jueces de primera instancia dejaran de actuar como jueces que velaban por los derechos constitucionales. Bueno, pues ese es el concurso que el Pleno del CJ, presidido por Godoy, conformado además por las vocales Goyes y Mariana Yupangui, no ha podido llevar a cabo, y el compromiso de Godoy con el presidente Suing habría sido hacerlo, también sin usar la emergencia.
Y el tercer acuerdo tendría que ver con el presupuesto para la Función Judicial. El CJ es el órgano administrativo de la Función, es decir el encargado de garantizar todos los insumos, infraestructura y servicios para una correcta y eficaz administración de justicia. Lo cual no ocurre hasta el momento. En lo único que ha crecido la administración de justicia es en el personal burocrático. Hay 10.443 funcionarios a escala nacional en la Función Judicial, según fuentes de la FJ y el cuerpo de jueces, que son los que administran justicia, se aproxima a 2000. Cada vocal del CJ tendría muchos más funcionarios en su despacho que, por ejemplo, un juez anticorrupción, que trata delicadas y graves causas de crimen organizado, que tiene un asistente. Esto se agrava con un actual déficit de USD 200 millones. Godoy se habría comprometido a lograr que ese presupuesto salga de la esclavitud de la necesidad, donde los jueces tienen que hacer vaca para comprar tinta para las copiadoras. Sin embargo, en la Corte Nacional se considera que se requiere un reforma institucional que se enfoque en un adecuado servicio para la administración de justicia en beneficio de los ciudadanos y usuarios del sistema, y no de los burócratas. Lo único en lo que hay certeza es que la Función Judicial está desmantelada y funciona a duras penas, en medio de un conflicto armado interno cuyos resultados que, guste o no, terminan en la justicia.
La gran pregunta es: si esos son los tres puntos del acuerdo de Godoy con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué garantiza que lo cumpla? Por ahora, nada, aunque hay la idea de que Godoy es un «delegado» de la Corte Nacional del CJ, y por tanto «una delegación puede ser retirada».