Aunque parezca meme, no lo es. El cierre del año político 2025 nos dejó a los ecuatorianos la imagen de un Presidente de la República itinerante, casi un turista en su propio país, cuya activa agenda internacional se diluyó entre presuntos intereses públicos —hasta ahora sin resultados tangibles en la calidad de vida de los ciudadanos— y una esfera privada poco transparente.
Pero esa imagen no se agotó en la agenda y los viajes. También expuso el retrato de un joven atiborrado por su propio ego, evasivo con la realidad que no comprende o que simplemente no le interesa enfrentar, refugiado en una burbuja de autoengaño alimentada por sus medios, analistas, cuasi-periodistas e influencers afines.
Esa realidad, ignorada deliberadamente en el 2025, es concreta y verificable: el desabastecimiento de medicamentos e insumos en los hospitales públicos; una crisis carcelaria crónica, atravesada por el hacinamiento y enfermedades como la tuberculosis; el déficit de empleo y una inseguridad desbordada que sitúa al Ecuador como el sexto país más peligroso del mundo, según el informe anual de la organización Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados; la incapacidad de enfrentar su propia corrupción, optando por el encubrimiento; y una alarmante falta de empatía y sensibilidad frente a víctimas inocentes de operativos militares que han derivado en graves vulneraciones a los derechos humanos como ocurrió con los cuatro menores de “Las Malvinas” en Guayaquil o los comuneros de Imbabura en el paro que enfrentó el régimen.
Estos hechos constituyen un legado escrito con puño y letra propia, así como el irrespeto a la independencia de funciones y a la poca institucionalidad democrática del país que reposa en la Corte Constitucional.
A esto se suma un rasgo constante de su gestión en el 2025: Daniel Noboa solo ha gobernado cuando ha requerido arremeter con violencia contra sus críticos —políticos o sociales— igualados por su estado de propaganda al mismo nivel de las mafias o cuando ha optado por prolongar una estrategia de campaña permanente desde el poder. En ambos escenarios, el resultado ha sido el mismo: el fracaso. La confrontación no resolvió los problemas estructurales del país y la lógica de supervivencia electoral vació de contenido al ejercicio mismo del gobierno, tal como lo demostró la estrepitosa derrota que sufrió el pasado 16 de noviembre en su Referéndum y Consulta Popular.
Por ello, más allá de la propaganda y del ruido mediático, no resulta claro quién gobierna ni quién conduce el país. Lo único evidente en 2025 fue la persistencia de un relato simplista y de corto alcance que, pese a su reiteración cansina, se agotó: el traslado sistemático de responsabilidades hacia los adversarios políticos, en lugar de asumir las decisiones y omisiones propias. Con lo cual, se consolida la figura de una vacante política en Carondelet, reflejo de un poder sin conducción ni rumbo definido, sin proyecto nacional ni base social —que no se reduce únicamente a los electores—, sostenido casi exclusivamente por el respaldo de los altos mandos de la fuerza pública y, lo que es peor, sin una idea clara de futuro para los ciudadanos.
Incluso la administración política y comunicacional del silencio dejó de ser una estrategia —presentada por algunos como “eficiente”— para convertirse, en los hechos, en un mecanismo de huida de la realidad, cuyo frágil punto de quiebre fue la presión ciudadana y mediática generada en torno al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, cuestionado por presuntos vínculos —propios y de su esposa— con la defensa de personas relacionadas con el narcotráfico, así como por la difusión de un audio en el que un funcionario de su confianza presionaba al juez Carlos Serrano para que no emitiera sentencia contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado por delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Solo entonces, y con el propósito de evitar el costo político de sostener a Godoy en el cargo, el presidente Daniel Noboa publicó un mensaje en la red social X retirándole su respaldo y sugiriéndole la renuncia. Con ello, intentó desmarcarse de quien —según lo señalado por el exlegislador Jorge Peñafiel— actuaba como representante de los intereses del Ejecutivo dentro del Consejo de la Judicatura.
No obstante, este gesto estuvo acompañado de un mensaje inquietante, con un claro tono de advertencia, dirigido al juez Serrano: “El Estado le dará toda la seguridad requerida. Lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder”. Una frase que, en los hechos, puede leerse como una ominosa ambigüedad: una promesa de protección institucional que, al mismo tiempo, deslinda cualquier responsabilidad frente a las consecuencias que puedan sobrevenir.
Bajo este complejo escenario marcado por una profunda acefalía ética, los próximos tres años de gobierno de Noboa —si es que logra concluirlos— no solo se percibirán como largos, sino casi eternos para una ciudadanía cansada de recibir excusas en lugar de resultados, que ha sabido expresar su descontento tanto en las calles como en las urnas. Pero: ¿A Noboa le importa esto? ¿A la Asamblea Nacional de mayoría oficialista que no fiscaliza y encubre la corrupción del régimen le importa esto? ¿A los partidos políticos nacionales que se activan solo en tiempos electorales les importa esto? ¿A los pseudoanalistas que piensan en cómo el gobierno puede o debe sostener sus pactos de mayoría en la Asamblea antes que en sus excesos les importa esto?
Lo único cierto es que el 2026 se perfila como un año mucho más duro y complejo para el país: con un presidente itinerante, una fiscalización debilitada, partidos políticos silentes o complacientes y una pugna cada vez más encarnizada por la captación y el sostenimiento del poder local en un escenario preelectoral. Sin embargo, queda una pregunta abierta: ¿será 2026 el año en que emerja un liderazgo nacional nuevo y auténtico, capaz de ofrecer rumbo y sentido al país?