Soy Nina Gualinga, mujer indígena amazónica. Tengo 31 años y soy sobreviviente de la violencia de género. Durante seis años, sufrí golpes, patadas, insultos, amenazas de muerte con armas y chantajes por parte de mi ex pareja. Mi cuerpo y mi alma cargan las cicatrices de una etapa oscura y busco hacer visible una realidad que miles de mujeres enfrentamos.
Llevo cinco años en un proceso judicial interminable. Tan solo en el último año, nueve audiencias fueron suspendidas. Este 17 de enero, una vez más se reinstalará la audiencia. Pero, ¿qué esperar de un sistema que ha fallado tantas veces? Lejos de buscar justicia, me veo obligada a revivir el trauma una y otra vez. Cada citación, cada retraso, cada suspensión es un recordatorio cruel de que mi voz y mi dolor son ignorados.
Me pregunto si los jueces se acuerdan siquiera de mi testimonio, de los detalles de lo que pasó. ¿Recuerdan los golpes que describí o el miedo que relaté? A veces parece que soy solo un expediente más en un escritorio abarrotado. Mientras tanto, mi salud mental y física se deteriora bajo el peso de un sistema que debería protegerme, pero que en cambio me revictimiza.
Han pasado diez años desde mi primera denuncia. Una década de lucha, no solo contra mi agresor, sino contra un sistema que perpetúa la indiferencia. Lo que pido no es extraordinario, es seguridad, justicia y la garantía de no tener que revivir la violencia, pero el camino ha sido agotador.
En Ecuador, la violencia de género es una crisis persistente. Según datos recientes, de los casos de violencia contra las mujeres que se denuncian, menos del 20% llegan a ser procesados por el sistema de justicia, y solo una fracción de estos culminan en sentencias condenatorias. Estas cifras reflejan un sistema que falla sistemáticamente en brindar respuestas efectivas a las víctimas y perpetúa la impunidad de los agresores.
La realidad es que la gran mayoría de mujeres vivimos la misma historia. Tras la separación una piensa que ya es «libre», de la violencia, pero en realidad es apenas el inicio de un proceso de hostigamiento, de control, de manipulación. Es terrible, incluso a través de los hijos, de procesos legales, de demandas. ¿Cuándo es una realmente libre?
Mi experiencia no es un caso aislado. Es un reflejo de la desatención sistemática hacia las víctimas de violencia de género en Ecuador. Miles de mujeres enfrentan procesos similares, atrapadas en un laberinto judicial que parece más preocupado por su propia burocracia que por la vida y dignidad de las víctimas. La justicia, que debería ser un refugio, se convierte en una nueva forma de agresión.
Es urgente un cambio profundo. Necesitamos un sistema judicial que nos respalde, que nos crea y que actúe con la premura y el respeto que merecemos. Necesitamos jueces y fiscales capacitados y comprometidos con la protección de las víctimas. Necesitamos mecanismos que garanticen procesos ágiles y humanos.
¡No más audiencias suspendidas! ¡No más retrasos! ¡No más indiferencia! Exijo justicia, verdad y reparación. No solo por mí, sino por todas las mujeres que, como yo, han luchado contra la violencia y se han enfrentado a un sistema que las ignora.
A nuestras hermanas que siguen enfrentando esta lucha, les digo: no estamos solas. Juntas podemos exigir un cambio. Juntas podemos construir un futuro donde nuestra voz sea escuchada y nuestra dignidad sea respetada. Hoy, más que nunca, nuestra lucha sigue viva.