Ecuador vive hoy un desencuentro con la historia: la fractura de su débil institucionalidad y el desvanecimiento de un orden democrático sostenido para dar paso a un régimen neocolonial, caótico, violento donde cogobiernan poderes ocultos y formales, concertados bajo el evangelio de la codicia. Sin vacilación podemos afirmar que estamos ante una cruda realidad y presencia de un “Estado fallido”.
¿Qué es lo que caracteriza ese Estado fallido?
Primero, es cuando un gobierno no tiene la capacidad de gobernar, esto es, tener el control sobre el territorio y atender a la población según competencias constitucionales. En Ecuador se puede evidenciar la ausencia del Estado, nos referimos a inversión y gestión, no a la presencia de burócratas que día a día llenan las pantallas de televisión y cubren redes sociales para contradecir la inoperancia. Los indicadores más evidentes están en la crisis del sistema de salud, incapaz de cubrir la demanda de una población creciente, no sólo demográficamente sino en pobreza y enfermedad: niños sin vida entregados en cartones, madres que dan a luz en las veredas de los centros hospitalarios, citas para atender a los pacientes a seis meses, profesionales finiquitados en sus contratos temporales o impagos; déficit de medicinas y otros insumos, entre lo más oprobioso de este sistema, a lo que se suma como factor letal, la corrupción enquistada en todas las esferas desde el poder hasta los niveles más operativos.
Y en el sistema de educación, según datos oficiales, alrededor de 400.000 mil niños están fuera del sistema educativo; igualmente millares de jóvenes no pueden acceder a un cupo en la universidad pública.
Según analistas económicos, la ejecución presupuestaria en los diferentes ministerios oscila entre el 20% y el 50% y en promedio estructural entre el 40% y 45% de lo presupuestado; evidentemente esto explica en parte la ausencia de inversión pública y la crisis de los servicios que por competencia debe responder el Estado central: salud, educación, redes viales, infraestructuras, etc.
Un país sin que su población este formada, capacitada y saludable para desarrollar territorios de vida, sostenibles, de producción y bienestar está sin duda condenado a la dependencia y la pobreza estructural.
Evidencia no menor es la de territorios donde la maldición de la abundancia de minerales como oro, plata y cobre yacen en cantidades en sus subsuelos, allí, una suerte de gobierno sin forma ni estructura emerge como sombra, a la distancia, pero como realidad en lo local, y entonces impera la fuerza, la violencia y el caos funcional al poder delincuencial enraizado en silencios y complicidades espirales hasta cúpulas insondables. Pero el caos del extractivismo “ilegal” sólo cambia la forma tecnológica de la explotación de la naturaleza en relación con la minería legalizada, pues esta igualmente destruye y contamina, desconfigura comunidades y desertifica inmensos espacios naturales, mantienen guardia armada y persiguen y asesinan defensores de los territorios invadidos; su andamiaje sustituye al Estado ausente.
La delincuencia organizada, mafias mineras, del narcotráfico y mafias alrededor de los servicios y la contratación pública han creado un universo sobrepuesto al estado de derecho. Reclutan los jóvenes y adolescentes desterrados del sistema educativo y laboral para engrosar ejércitos de terror y muerte, se dice que en este submundo podrían estar involucrados alrededor de cien mil personas. Estos grupos controlan cárceles que han convertido en centros de operaciones, han penetrado la justicia, las fuerzas del orden, Asamblea Nacional, Ejecutivo, GADs y como ya se anotó, toda la estructura estatal.
En esta línea, otra característica del Estado fallido y no en orden de prelación, sino por simple descripción, es la institucionalidad inherente a todo Estado. Si analizamos las fuerzas del orden, preguntemos al ex embajador de EE. UU. en Ecuador, Michael Fitzpatrick, cuando en el año 2021 habló de los “narcogenerales” a quienes en concreto se refería y cuales eran sus nexos, “esto es un secreto a voces” afirmó. La embajada de ese país suspendió la visa a varios altos jefes policiales y militares entre ellos a Tannya Varela en ese entonces comandante General de la Policía Nacional, hoy ella es inculpada por Fiscalía por filtrar información reservada en el caso León de Troya, y un largo proceso legal le espera desde ya.
Otro indicador tristemente horroroso de la debacle institucional de esta estructura estatal es el caso de Las Malvinas, donde el rapto, tortura, muerte, incineración de cuatro menores por parte de militares quedo al descubierto por gestión de personas y colectivos de la sociedad civil quienes han presionado durante un año al sistema judicial para que proceda como corresponde y sancione a los culpables. El 22 de diciembre de 2025 al fin un tribunal penal condenó a 11 militares de la Fuerza Aérea a 34 años de prisión por este crimen de lesa humanidad a pesar del solapamiento gubernamental y sus voceros.
Los vínculos de personas de diferentes rangos con el crimen organizado son noticia semanal en Ecuador. El gobierno sin embargo da poca audiencia a esta descomposición estructural y más bien ampara su actuación señalando los “éxitos” de sus operativos diarios que según los voceros suman cientos de miles (irrisoriamente sería decenas por minuto). Sin embargo el récord de muertes violentas ya rebasa en este año las 9.000 aproximándonos como país al índice del 50 por cada cien mil habitantes, convirtiéndonos entre los cinco más peligrosos a escala mundial. Así, el 2025 resulta el año más violento de la historia y marca la portada del relato sobre el “nuevo Ecuador”; la estrategia de fortalecimiento institucional para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia se ha centrado en la empresa privada, quienes con donaciones tendrían determinados beneficios tributarios y en cooperación internacional donde se hacen convenios a diestra y siniestra con varios países en esta dirección, estrategias que demuestran que este gobierno reconoce su propia incapacidad para potenciar las fuerzas del orden desde el Estado como es su deber.
El sistema de justicia, que debe ser el pilar de una democracia robusta y un Estado constitucional, carga desde hace años un acumulado de desafueros donde las diferentes instancias que la integran caen, una a una, cual manzanas podridas por denuncias, acusaciones, procesos judiciales y hasta privaciones de libertad a sus máximas autoridades. El día a día de las denuncias a estos y otros funcionarios de diferentes niveles evidencian actuaciones turbias en los procesos y articulaciones obscuras con mafias organizadas. En estos días asistimos al capitulo del juez Serrano, amenazado de muerte por un procesado serbio por delincuencia organizada y el consiguiente destape de una cadena de implicados en tráfico de influencias a favor de las mafias que involucra a las cabezas del sistema judicial.
En la gestión económica, lo que salta a la vista son procesos alineados con las viejas fórmulas del FMI como ajustes en precios de los combustibles, recortes presupuestarios en las áreas claves del desarrollo (salud, educación, infraestructuras), despidos y reducción del aparato estatal (que incluyen fusiones absurdas de ministerios como el de energía con ambiente), bajos niveles de inversión pública, siempre apelando a eficiencia programática cuando, en realidad, son políticas de ajuste para dar margen al presupuesto general del Estado para pagos de obligaciones con acreedores de deuda externa.
La ausencia de un plan de desarrollo para impulsar la actividad económica y mejorar sus indicadores, que sinérgicamente envuelvan lo social y apunten a la equidad, repercute en los altos índices de desempleo, empleo adecuado, informalidad, migraciones, pobreza, y delincuencia cuadro que azota al Ecuador a simple vista.
En política internacional se apela a la cooperación y comercio con varios países, para lo cual el presidente y los principales del séquito gubernamental están más en viajes que en el país con resultados de sendas “promesas” de inversión, negocios y donativos que no se conocen ni se tienen certezas. Los acercamientos con EE. UU. y la adhesión a la política neocolonialista trumptiana —por cierto sin cuenta de inventario— representa una sumisión vergonzosa a dichos mandatos tal cual los años en la que los oligarcas del banano, ancestros del actual presidente consolidaron la banana republic. Hoy el despacho presidencial y cancillería parecen una oficina de asuntos de estrategia política, militar y de inversiones para el área andina de EE. UU. que espacios soberanos donde se debe ejercer el poder y la política internacional; en reciprocidad, irónicamente EE. UU. expulsa migrantes ecuatorianos, les suprime derechos adquiridos como la unificación familiar y otros; a cambio este gobierno acepta recibir expatriados de otras nacionalidades a nuestro territorio.
La descripción articulada de todos estos elementos confluye con nitidez en la configuración de un Estado fallido. Los actores de esta trama histórica insostenible son en primer término una clase política con sus respectivos partidos, quienes se han convertido en una clase para sí y no para deliberar, proponer gestionar la política en función de la democracia, los derechos y el bienestar social; son actores desvergonzados, mercantiles y ajenos a la realidad del país que han llevado a su destrucción, aliándose según convenga con el poder, las mafias y los poderes económicos en función del enriquecimiento particular. Las oligarquías nacionales hoy de vuelta al control del poder, han contribuido al subdesarrollo con sus lógicas exclusionistas, primario-exportadoras y cuyos intereses sólo giran en acumulación en alianzas con transnacionales extractivistas.
Los movimientos sociales y la sociedad civil, que empieza a despertar luego de los correazos del período mal llamado progresista, también es parte de la crisis estructural básicamente, porque más allá de movilizarnos no hemos tenido la capacidad de articular una propuesta democrática, creíble, viable, capaz de aglutinar todo el descontento que evidenciamos. Ese es el reto, hoy que tenemos dos grandes acontecimientos: el quinto río de Cuenca, y el NO en la consulta de Noboa. Es urgente para el 2026, capitalizar estos hitos en un nuevo proyecto alternativo, que incorpore la seguridad, los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, la reactivación productiva, la salud y educación gratuita, de calidad y universal con la participación de jóvenes, mujeres y hombres bañados en nuevos valores de convivencia, de lo contrario, el futuro nos será vedado.