Veto total a la ley para los gobiernos locales, veto total a la Ley para el Seguro Social, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se enfrenta con el presidente Daniel Noboa por la Garantía Soberana para acceder a créditos internacionales en beneficio de los habitantes del puerto principal, el gobierno accede al aval el 09 de julio, y lo que iba a ser un trofeo de campaña para Aquiles se convierte en pesadilla el 11 de julio, cuando una denuncia del Ministerio Fiscal contra el burgomaestre guayaquileño, que lo implica gravemente a él y a sus hermanos en negocios chuecos en la distribución de combustibles. El Consejo de Participación Ciudadana nuevamente en el ojo de la tormenta por la irregular designación de su presidente, y la designación del nuevo presidente del Consejo de la
Judicatura…
El Talón de Aquiles no solo del alcalde de Guayaquil, sino del Ecuador entero, es la lucha permanente por la hegemonía entre élites económicas y su mal llamada “clase política”; —con excepciones—, una verdadera mafia disputándose a dentelladas y desde hace décadas los recursos del país y el futuro de sus ciudadanos.
I. Ven para vetarte…
El presidente de Ecuador vetó el 10 de julio el proyecto de Ley Reformatoria a Varias Leyes para la Estabilidad de la Seguridad Social en Ecuador, propuesto por Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional.
Este proyecto, aprobado por el Legislativo el 6 de junio con 74 votos a favor, buscaba asegurar la estabilidad y eficiencia en la administración del Sistema de Seguridad Social mediante una gestión transparente de los fondos de los afiliados. Entre sus propuestas, el proyecto planteaba que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) pudiera contratar una empresa especializada en asesoría de banca de inversión enfocada en sistemas de pensiones o seguridad social. Esta asesoría debía incluir análisis de riesgos, rentabilidad, seguridad, liquidez y diversificación de las inversiones. Además, proponía un programa de crédito semilla para emprendedores y pequeñas empresas, ofreciendo condiciones favorables con tasas de interés bajas y plazos de pago largos. También se sugería la transparencia en las inversiones del BIESS mediante la publicación detallada y permanente de todas las inversiones, incluyendo tasa de rendimiento, plazo, monto, nivel de rendimiento, análisis de riesgo y beneficiario.
El veto presidencial argumentó, entre otras cosas, que la publicación de información detallada sobre todas las inversiones contravenía el principio de reserva y sigilo sobre los activos de las instituciones financieras.
Henry Kronfle calificó el veto como una “…acción en contra el pueblo» y «un golpe a los bolsillos de los ciudadanos», acusando a la administración actual de querer mantener los fondos de los afiliados y jubilados como una «caja chica».
El artículo 2 del proyecto de ley proponía modificar los últimos incisos del artículo 4 de la Ley del Biess, permitiendo que la Junta de Política y Regulación Financiera, junto con la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, definan las operaciones financieras del Banco relacionadas con la banca de inversión, conforme al Código Orgánico Monetario y Financiero. La ley actual establece que la Junta Bancaria debe regular estas operaciones, preservando principios de seguridad, solvencia, diversificación del riesgo y liquidez, una responsabilidad que ahora corresponde a la Junta de Política y Regulación Financiera.
La propuesta de reforma limitaría al Biess a operaciones de banca tradicional, créditos, inversiones, futuros y otros servicios financieros, afectando su capacidad para expandir su portafolio y crear nuevos productos y servicios para los afiliados, ya que se requerirían aprobaciones adicionales. Además, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no tiene competencia para definir operaciones financieras del Biess relacionadas con la banca de inversión, una función exclusiva de la Junta de Política y Regulación Financiera según el Código Orgánico Monetario y Financiero.
La propuesta de reforma limitaría al Biess a operaciones de banca tradicional, créditos, inversiones, futuros y otros servicios financieros, afectando su capacidad para expandir su portafolio y crear nuevos productos y servicios para los afiliados, ya que se requerirían aprobaciones adicionales.
En junio, el presidente Daniel Noboa vetó una ley destinada a garantizar la entrega automática de recursos a municipios, prefecturas provinciales y otros órganos locales. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó sobre el veto total a la ley orgánica de reforma para “Asegurar la asignación directa y oportuna de recursos” a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Según el Ejecutivo la normativa quería que el Banco Central realizara directamente estos pagos, lo que pondría en peligro otros sectores, por lo que “la ley aprobada por la Asamblea Nacional no consideró la realidad fiscal del país”, lo que podría haber causado un desfinanciamiento en el presupuesto general del Estado. Además, la entrega automática de asignaciones desde el Banco Central a los GAD afectaría sectores esenciales como seguridad, salud y educación.
El régimen asegura que administra y prioriza los recursos del Presupuesto General del Estado de manera responsable y ordenada, respetando la autonomía de los GAD. Numerosos alcaldes, prefectos y autoridades parroquiales han exigido al gobierno la entrega oportuna de recursos para la ejecución de obras, lamentando los retrasos del Ministerio de Economía. La Asamblea Nacional aprobó la norma el 7 de mayo. Con el veto presidencial, la Asamblea Nacional podrá reconsiderar la norma en un año. Tras este periodo, la Asamblea puede ratificar la ley con el apoyo de dos tercios de sus legisladores.
El mandatario también vetó totalmente el 28 de mayo las reformas de la Ley Orgánica de la Función Judicial, objetando el artículo 23 del proyecto, en el último inciso del artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla sobre la posibilidad de que los vocales del Consejo de la Judicatura que se encuentren en prisión preventiva o arresto domiciliario, puedan acogerse al régimen de licencia sin sueldo.
II. En el Consejo de Participación, la desvergüenza tiene el voto dirimente
La reciente crisis en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se recalentó con la destitución de Nicole Bonifaz como presidenta del organismo, el pasado 3 de julio, siendo reemplazada por Andrés Fantoni. Esta decisión fue respaldada por los consejeros Mishelle Calvache, Johanna Verdezoto y Juan Guarderas, quienes argumentaron la falta de confianza y la cuestionaron la capacidad de Bonifaz para ejercer sus funciones adecuadamente.
En respuesta, Bonifaz ha presentado una acción de protección, alegando que su remoción fue ilegal y abusiva. Por su parte, los consejeros que apoyaron su destitución emitieron un comunicado donde la acusaron de intentar politizar la dirección del CPCCS durante un período crucial para la selección de autoridades. ¡Cómo si esa no fuese la norma de conducta desde que se engendró y parió dicha institución!
A la perogrullada añadieron que se habían desbloqueado concursos públicos y gestionado más de 1.200 trámites pendientes. La situación refleja tensiones internas y acusaciones de abuso de poder dentro del CPCCS, en un contexto donde se están llevando a cabo importantes procesos de selección de autoridades.
Pero este es un culebrón en desarrollo: el viernes 12, en horas de la tarde, Mónica Jaramillo, abogada del Observatorio Control Ciudadano, presentó una acción de protección con medida cautelar en contra de Andrés Fantoni, como presidente y representante del CPCCS, para dejar sin efecto la designación de Mario Godoy como nuevo titular del Consejo de la Judicatura.
El permanente ambiente de inestabilidad en la institución afecta su capacidad para cumplir con sus funciones de manera efectiva y transparente, si es que acaso, alguna vez así hubiera sido.
III. El Talón de Aquiles
El 11 de julio el director de la Agencia de Regulación y Control de Energía, Franklin Erreyes Tocto, presentó una denuncia ante la Fiscalía contra la empresa Copedesa, de la cual Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, es accionista. La denuncia también involucra a su hermano, Antonio Álvarez, y a otras nueve personas.
La denuncia señala que la empresa Fuelcorp S.A., habría adquirido 1.238.798 galones de diésel, pero facturado 2.029.516 galones, una venta adicional de 745.718 galones. Además, se menciona que Gasolineras Copedesa Gasgrupco, facturó a Fuelcorp 2.183.546 galones de diésel, a pesar de no estar autorizada para dicho abastecimiento.
Durante 2023, Fuelcorp S.A. habría comprado combustible a cuatro entidades no autorizadas: Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A., Gasolinera Guayaquil Gasquil S.A., Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A., y Palacios Zurita Galo Enrique. La acusación menciona pruebas documentales, grabaciones y testimonios que sugieren una red organizada para la comercialización irregular de combustibles. La Agencia ha informado al Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre discrepancias entre el volumen de combustible despachado por Petroecuador y el facturado por diversas estaciones de servicio.
Las capas de la cebolla
El 09 de julio, el Gobierno ecuatoriano anunció que otorgará la garantía soberana necesaria para que el Municipio de Guayaquil inicie la construcción de su quinto acueducto. Este proyecto mejorará el suministro de agua potable en Monte Sinaí y áreas circundantes.
La garantía soberana, en términos simples, no es sino un aval que organismos internacionales exigen de un gobierno para desembolsar recursos destinados a obras de mejoramiento que pueden ser solicitadas por gobiernos seccionales; el gobierno local debe manejar esos recursos debidamente y de forma transparente, de manera que se cumplan sus propósitos.
El alcalde Aquiles Álvarez manejó la obtención del aval como un «triunfo» tras varios meses de reclamos que fueron consolidando un foco de rechazo contra el Ejecutivo en ese sector, históricamente considerado uno de los más desatendidos de Guayaquil; el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, salió al paso para explicar que el proceso para otorgar estas garantías es riguroso.
El proyecto tiene un costo total de USD 50 millones, financiado por el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF). Además, se han contratado estudios y diseños a través de Emapag, con un financiamiento de USD 1.029.000 proporcionado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
El acueducto beneficiará directamente a 950.000 personas, y mejorando el servicio para los demás. Las áreas que se verán favorecidas incluyen sectores como Gran Lote, Mi Lote, Ciudad de Dios, Ciudad Olmedo, entre otros. La construcción del primer tramo está programada para comenzar en breve, como parte del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, utilizando la infraestructura existente para optimizar el suministro de agua en el noroeste de la ciudad.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, realizó una visita de supervisión a tres obras en el Suburbio, que beneficiarán a más de 120.000 ciudadanos, según la Alcaldía. Foto: Guayaquick
Aquiles Álvarez respondió la denuncia en su contra al día siguiente, el 12 de julio de 2023, a las 18:30, mediante un video en su red social X; calificó de «invento» la denuncia por comercialización ilegal de combustibles, y señaló que esta acusación surge «justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos».
Sin embargo, el telón de fondo, es la evidente pugna por la hegemonía política que desde la alcaldía y el gobierno se perfila en el marco de la campaña electoral hacia el 2025. Pese al encomio de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Guayaquil y la provincia del Guayas continúan siendo uno de los sectores más azotados por la inseguridad y la inequidad social; demás, la prefectura de Pichincha y la alcaldía de Quito, al igual que la prefectura del Guayas y la alcaldía de Guayaquil están dirigidas por la Revolución Ciudadana, opositora al gobierno; en ese escenario, entre bancarse el desgaste de ciudadanos movilizados en su contra o extender el aval, al no poder explotar para su propia imagen el proyecto, el régimen se decantó por la segunda opción, pero su respuesta vino cargada de veneno.
Aquiles Álvarez respondió la denuncia en su contra al día siguiente, el 12 de julio de 2023, a las 18:30, mediante un video en su red social X; calificó de «invento» la denuncia por comercialización ilegal de combustibles, y señaló que esta acusación surge «justo cuando Guayaquil reclama por sus derechos».
Otras narrativas para apuntalar su victimización como las archiconocidas “persecución política” “…se han metido con mi familia…” y otras del mismo cajón de sastre comunicacional que roe la retórica política criolla, no convencen. El alcalde debe demostrar su inocencia si quiere continuar su carrera política y lavar su reputación. La denuncia es su talón. Al héroe griego en el cual se inspira el nombre del político porteño, le costó la vida.
Al respecto, Daniel Noboa comentó: «Hay alcaldes y prefectos que ni siquiera agradecen y hasta quieren bravear».
En el Ecuador reciente, la comunicación política oscila peligrosamente entre el devaneo y el epitafio.
IV. La barcaza y la duda
Luego de los apagones que iniciaron el año pasado y se intensificaron en el actual, no hay duda de que el abandono de nuestros sectores estratégico, la desinversión y la rapiña los han llevado a un nivel comatoso.
La arriesgada y “loable” decisión de los dueños de la empresa Karpower, que transportaron a su costo una barcaza desde Turquía, sin saber si les adjudicarían el contrato convocado por el Ministerio de Energía, descarga más dudas que aplausos ante su oportuna llegada. ¿Habrá que agradecer tanta enjundia empresarial, tanta solidaridad con la banana repúblic, tanta iniciativa y eficiencia entre tormentas eléctricas y tiburones sin aleta depredados sin compasión? ¿Por qué dudarlo? ¿Acaso en Ecuador no hay cabida para las coincidencias? ¡Gente de poca fe!
Que a su cuenta y riesgo la barcaza llegue al país y justo coincida que ganan el concurso, debe invitar a los escépticos a la contrición y a destinar parte de su sueldo básico a tratarse con un psicólogo —que cobre baratito— para superar su negativismo, sus dudas sin fundamento. ¿Por qué dudar de clientes que no dan mantenimiento a las hidroeléctricas de un país, y luego “se vean obligados” a comprar energía eléctrica?
La duda, desde hace décadas, la cochina duda.
V. ¿Subsidios con dedicatoria en otro sector estratégico?
La Asociación Nacional de trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador – ANTEP posteó en su cuenta de X, el 12 de julio una alerta sobre el Decreto Ejecutivo No. 325 que reduce a cero el impuesto a la salida de divisas para la importación de combustibles.
Los trabajadores del sector afirmaron que “el fin del alza del precio de las gasolinas extra y ecopaís fue beneficiar a los importadores privados a costa del bolsillo de todos”.
VI. “Una mujer desnuda ¿y en lo oscuro…”?
¿Una mujer desnuda, como la idealizada en el poema de Mario Benedetti musicalizado por Joan Manuel Serrat, Una mujer desnuda y en lo oscuro? No; para nada. ¿Otro distractor para la ciudadanía? Quizá, pero es difícil afirmarlo.
La reflexión va sobre la exposición pública de una de tantas ávidas por su minuto de fama en redes sociales, en este o en cualquier rincón del planeta enfermo de la contaminación que vomita la esfera digital.
El domingo 7 de julio de 2024, cerca de la playa El murciélago, en Manta, en la provincia de Manabí —mientras se realizaban operativos militares en el sector—; a plena luz del día, una de tantas, semidesnuda, se mostraba sobre una tanqueta del Ejército.
La mujer que se subió a la tanqueta del Ejército se describe como influencer y modelo en redes sociales. Foto: Redes Sociales
En lo oscuro, dentro de la tanqueta, los militares no se percataron de lo que ocurría sino después, y tampoco hicieron “uso progresivo de su fuerza” para disuadirla. Ese día, en ese lugar y a esa hora, el Ecuador de “la mejor sopa del mundo”; el de la “capital mundial del cedazo” y del “campeonato mundial de 40”; el del ridículo político; el de locos que aman o locos que odian; el de los exhibicionismos baratos en programas de baja estofa, mostró de nuevo una de las más deprimentes gamas de la que están hechas personas que también lo están consumiendo, mientras el 26% de la población vive con 3 dólares al día; casi 5 millones subsisten con 90 dólares al mes; y 10% de las familias lo hace con menos de 51 dólares mensuales. El mismo país en el que el salario mínimo está en 460 dólares y la llamada canasta básica en 830.
Las Fuerzas Armadas reaccionaron luego de tres días. El miércoles 10 de julio, en la tarde, difundieron un comunicado en el que informaron que se iniciaron los procesos administrativos disciplinarios “a los integrantes de la patrulla militar (…), a fin de establecer responsabilidades y sanciones, y advirtieron que tomarán acciones legales contra la mujer que apareció en el video”.
VII. Conclusiones
Con el enorme desfinanciamiento del Presupuesto General del Estado 2024, la Ley Reformatoria (Ley ESSE) aprobada por la Asamblea habría impedido al gobierno que canjee bonos del Estado que estén vencidos, por nuevos bonos que se emiten, y así prorrogar el pago de la deuda. También podría haber impedido que el régimen ponga en la seguridad social nuevos bonos del Estado y así obtener recursos; finalmente habría impedido que se mantengan los atrasos en obligaciones pendientes de pago al IESS. Quizá ello explique la duda que dejó el veto total del Gobierno a esa ley aprobada en la Asamblea.
El 2024 se sumaron a la recaudación tributaria “autorregulaciones” consistentes en el pago mensual anticipado del impuesto a la renta de las empresas privadas más fuertes. Implican una reducción de la inversión, pero alivian la crítica situación de las finanzas del Estado. Estas autorretenciones se sumaron a la Contribución Temporal de Seguridad y a la Contribución Temporal de Bancos y Cooperativas. Todas fueron creadas por la Asamblea Nacional en el 2023 y entraron en vigor este año. Según afirma el exministro de Finanzas, Marco Flores, en su cuenta de X, entre enero a mayo del 2024 el SRI recaudó USD 1.128,7 millones sumados las tres fuentes de financiamiento. De modo que no habría sido el crecimiento del consumo, demanda, producción y empleo, lo que generó una mayor contribución.
Si el análisis no se equivoca, la versión del Plan Fénix económico es otro mito, y los tres platos —incluido el postre— siguen siendo esquivos para la mayoría de ecuatorianos.
** Un informe de REPORTE GLOBAL.
Semana del 7 al 14 de julio del 2024.