Un gobierno que desconfía de la democracia y teme a sus ciudadanos
La retórica del miedo es el centro de la narrativa de un país en guerra, desde el 9 de enero de 2024 cuando el gobierno declaró oficialmente el “conflicto armado interno” mediante el Decreto Ejecutivo 111, firmado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, como extensión al estado de excepción vigente desde el 8 de enero.
Desde la declaratoria del conflicto armado interno, el presidente ha emitido al menos 16 decretos de estado de excepción o renovaciones.
Noboa cumplió el 12 de octubre de 2025: 690 días como presidente de Ecuador, desde el 23 de noviembre de 2023.
En lo que va de su gobierno Ecuador ha permanecido bajo estado de excepción 557 días acumulados, considerando los decretos continuos y sus renovaciones entre agosto y octubre de 2025.
La Corte Constitucional ha objetado al menos dos de esos decretos por falta de motivación o justificación legal.
Desde el inicio del paro convocado por la CONAIE, y luego de que Noboa advirtiera con que no retrocedería en su decisión de eliminar el subsidio al diésel, la respuesta del gobierno en territorio fue una estrategia de mano dura y militarización sin precedentes en este tipo de protestas.
El 4 de octubre, el presidente decretó “estado de excepción” por 60 días en diez provincias bajo la figura de “grave conmoción interna”. Más de la mitad del país quedó militarizado.
Para el 10 de octubre, se estimaba que unos 6.000 militares estaban ya desplegados solo en Quito, provenientes de bases en Manta, Guayaquil y la Amazonía. Un primer contingente de 1.000 soldados arribó por vía aérea a Latacunga el 10 de octubre, para subir por tierra a la capital. La proyección oficial era alcanzar cerca de 7.000 efectivos en Quito hasta antes de la marcha del 12 de octubre, Día de la resistencia.
Para abandonar el palacio de Gobierno y acuartelarse en Latacunga con parte del Ejecutivo, esa ciudad fue fuertemente militarizada y “blindada”. Se estima que el operativo movilizó más de 1.200 efectivos (entre unos 1.000 policías y al menos 200 militares) solo en Cotopaxi, apoyados por tanquetas, camiones antimotines, patrulleros y motocicletas policiales, drones, helicópteros y vehículos tácticos.
El 18 de septiembre fue a Riobamba (Chimborazo) a entregar bonos de compensación; el 24 de septiembre, llegó a Otavalo en medio de protestas y un fuerte cerco militar. Vestido con chaqueta de combate, fue escoltado por un convoy que terminó enfrentando a manifestantes: un civil fue agredido por grabar la caravana. Noboa abandonó la ciudad en helicóptero ante los bloqueos. El 9 de octubre viajó a Guayaquil para participar en celebraciones de la ciudad por sus 205 años de independencia de España.
A partir del 15 de septiembre en que Noboa empezó a despachar desde Latacunga. Al 12 de octubre han pasado 28 días sin que gobierne desde Carondelet.
Para pesar de quienes lo extrañan, Noboa aún no ha oficializado su retorno a Quito.
Ayer los GDO, mañana serás vos: el dispositivo comunicacional
Terroristas.
La misma clasificación que se les dio a los integrantes de los llamados oficialmente Grupos de Delincuencia Organizada, GDO, para combatirlos, perseguirlos, abatirlos, encarcelarlos, judicializarlos en el amplio marco de discrecional que habilita el “conflicto armado interno”, hoy se utiliza en redes sociales y expresiones oficiales, para referirse a quienes protestan por el incremento del diésel.
Durante los días contados desde el inicio del paro, hasta el cierre de este análisis (12 de octubre de 2025, a las 21 horas) la narrativa del combate a los terroristas del crimen organizado, se licuó; ya no se habla de ellos; es como si las masacres, las vacunas, los secuestros, los asesinatos ya no estuviesen más. La espectacularización de la lucha contra los terroristas de los carteles y pandillas, por arte de magia desapareció, como ha ocurrido con otros atronadores silencios repentinos, relacionados con casos de corrupción o tráfico de influencias en un país que admitió lo peor de la política, con tal de que no regrese el correísmo.
Este cambio de prioridades narrativas es sospechosamente conveniente. Por un lado, distrae de la ineficacia estatal para controlar la criminalidad real (que seguía cobrando vidas durante el paro). Por otro, construye un relato donde el gobierno aparece como el único dique contra el “terrorismo” interno, reforzando su llamada a la mano dura y militarización.
En pocas semanas, Noboa pasó de apuntar sus discursos contra las bandas narco-delictivas a enfocarlos casi exclusivamente en el movimiento indígena. Dejó de hablarse del terrorismo de los GDOs (Grupos Delictivos Organizados) para hablar del “terrorismo indígena”. Esta sincronía entre los “ataques” a convoyes y la reorientación propagandística no parece fortuita.
La celebración pública del racismo y la intolerancia convertida en política de Estado. La verbena popular alimentada desde una retórica que banaliza el odio como entretenimiento y la represión como espectáculo. Esa es una de las más graves consecuencias del dispositivo comunicacional vigente. El paro ha demostrado que viejas heridas no han cicatrizado siquiera, y menos aún, que hayan cerrado; ni que taras genéticas propias de mestizos que se perciben blancos, emerjan ahora en el nuevo Ecuador.
Resulta particularmente revelador que, mientras el gobierno centra su narrativa en los “terroristas” indígenas, ha habido un silencio sobre la ola de violencia criminal que azota al país.
La celebración pública del racismo y la intolerancia convertida en política de Estado. La verbena popular alimentada desde una retórica que banaliza el odio como entretenimiento y la represión como espectáculo.
Convoyes humanitarios: entre la provocación y el despelote
El operativo encabezado por Daniel Noboa en Imbabura, la noche del 28 de septiembre, evidenció graves irregularidades políticas y de seguridad.
El gobierno informó que el convoy, integrado por el nuncio apostólico, la embajadora de la Unión Europea, de Italia y España pretendía abrir un corredor humanitario durante el paro por el alza del diésel. Sin embargo, el ingreso a territorios indígenas sin notificación previa, en comparsa acompañada de un gran despliegue militar en vehículos blindados y helicópteros, proyectó una imagen de intervención, no de ayuda humanitaria.
No existen registros públicos que confirmen que se siguieron protocolos internacionales como la comunicación anticipada con comunidades, uso de emblemas humanitarios o planificación coordinada. El ingreso sorpresivo y fuertemente militarizado fue interpretado por los indígenas como una provocación que violentó toda posibilidad de diálogo, para el gobierno, en cambio, el ataque al convoy fue “terrorismo disfrazado de protesta”.
Los principios del Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU —información y consenso locales, neutralidad, protección del personal humanitario, coordinación logística y restricción en el uso de escoltas armadas— fueron ignorados. En su lugar, se optó por una demostración de fuerza bajo la apariencia de ayuda.
La violencia del ataque es innegable, pero su contexto revela un grave error de cálculo político: confundir una acción humanitaria con una operación de control. La participación de diplomáticos, lejos de aportar legitimidad, los expuso irresponsablemente a riesgos previsibles y evitables.
Persisten preguntas esenciales: ¿Hubo planificación formal, rutas autorizadas o evaluaciones de riesgo? ¿Por qué se involucró a diplomáticos en un contexto de alto conflicto sin garantías de seguridad? La falta de respuestas sugiere opacidad y debilita la credibilidad del gobierno. El operativo, presentado como gesto de diálogo, terminó exhibiendo desorden estratégico y protagonismo político.
Difícilmente puede considerarse un error aislado. Con el respaldo de asesores nacionales y extranjeros —de las Fuerzas Armadas, la Policía y el sector privado— resulta improbable que se tratara solo de una falla de criterio. La duda razonable apunta a una decisión calculada para consolidar la narrativa del liderazgo bajo asedio. De ser así, el ataque no fue un accidente, sino el desenlace previsible de una acción política osada que terminó en un despelote, y fuertes llamados internacionales para abrir el diálogo.
Las consecuencias se dieron para los diplomáticos involucrados. Salvo el embajador de Italia en Ecuador, alineado con las posturas del régimen, la sede de la UE en Ginebra llamó la atención a su embajadora, y ella se justificó diciendo que había sido «manipulada». Incluso habría escrito una carta a la Cancillería ecuatoriana pidiendo una disculpa. Algo que no prosperó. Con ello, la representación de la Unión Europea perdió apoyo de la mayoría de los Estados miembros.
Días después, el 7 de octubre, otro incidente agravó la tensión. En El Tambo, provincia de Cañar, la caravana presidencial que trasladaba a Noboa fue atacada con objetos lanzados por manifestantes. Aunque el mandatario salió ileso, el gobierno presentó una denuncia por intento de magnicidio y calificó el hecho como “atentado criminal” contra el jefe de Estado. Imágenes de vehículos con vidrios rotos fueron difundidas por canales oficiales y redes gubernamentales, reforzando la narrativa del “enemigo interno” y desplazando la discusión del conflicto social hacia la figura del presidente como víctima.
Noboa endureció su discurso, prometiendo castigo y cárcel para quienes el gobierno denomina “terroristas” y “vándalos”. Este segundo episodio consolidó una estrategia comunicacional basada en la dramatización del riesgo y en la legitimación del uso de la fuerza contra los terroristas.
En lugar de reconstruir puentes con los sectores movilizados, el poder optó por polarizar el discurso y reforzar la idea de que la estabilidad depende de la represión.
El ataque al convoy en Imbabura y la posterior reacción en El Tambo no solo exhiben fallas operativas, sino un patrón más profundo: la construcción deliberada de una narrativa de Estado bajo amenaza, en la que la figura de Noboa se presenta como garante del orden frente al caos. Esta estrategia normaliza la militarización de la vida pública.
Los hechos de septiembre y octubre de 2025 no parecen incidentes aislados, sino expresiones de un mismo modelo político para el control social, que combina cálculo comunicacional y autoritarismo encubierto bajo el discurso de la seguridad nacional y el orden.
El ataque al convoy en Imbabura y la posterior reacción en El Tambo no solo exhiben fallas operativas, sino un patrón más profundo: la construcción deliberada de una narrativa de Estado bajo amenaza, en la que la figura de Noboa se presenta como garante del orden frente al caos.
Abusos de autoridad y uso excesivo de la fuerza
Las organizaciones de derechos humanos y la propia Defensoría del Pueblo comenzaron a documentar graves vulneraciones desde los primeros días del paro. Se denunció un patrón de represión excesiva: disparos de munición real contra manifestantes, uso indiscriminado de gases lacrimógenos en zonas pobladas, golpizas y detenciones sin orden judicial. Según un monitoreo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, al día 11 del paro (2 de octubre) se habían registrado 183 incidentes de violaciones a derechos humanos, incluidos 86 detenciones, 103 personas heridas (varias de bala) y 11 personas declaradas temporalmente desaparecidas, además de 1 fallecido.
La gran mayoría de estos hechos ocurrieron en comunidades de Imbabura (90 casos) y Cotopaxi, epicentros de la protesta. Para el 10 de octubre, el mismo monitoreo elevó la cifra a 252 vulneraciones documentadas, con al menos 124 heridos, 101 detenciones arbitrarias.
En redes sociales se difundieron videos de apagones de luz eléctrica, caída de la señal de internet y telecomunicaciones en comunas.
Estas cifras de la sociedad civil superan las reconocidas oficialmente. De hecho, el gobierno ha brindado datos inconsistentes: reportó 90 detenidos hasta el 29 de septiembre, luego ajustó a 110 detenidos al 8 de octubrealianzaddhh.orgspanish.news.cn. Sobre heridos civiles no dio mayores detalles, enfocándose solo en sus agentes lesionadosalianzaddhh.org. En 20 días de paro (al 11 de octubre) las autoridades admitían “más de un centenar de heridos entre civiles, militares y policías” y unos 110 detenidos spanish.news.cn. Sin embargo, omitían el conteo de víctimas indígenas. Esta disparidad llevó a la Alianza de DD.HH. a cuestionar la falta de transparencia estatal y exigir datos desagregados alianzaddhh.org. A pesar de ello, la constante ha sido la negación oficial de excesos y la calificación de los manifestantes violentos como responsables del caos.
Verificadores independientes contradijeron afirmaciones gubernamentales sobre antecedentes penales de detenidos por “terrorismo” en Otavalo: Lupa Media revisó 11 casos y no halló antecedentes.
Denuncias de represión, desmentidos y negación
Durante el paro, el Ministerio del Interior y cuentas institucionales difunden comunicados desmintiendo acusaciones o contenidos virales, calificándolos de información falsa. Al menos un desmentido ministerial se difundió en X con llamado a “la ciudadanía” y enlace a comunicado; además, la Policía publicó comunicados oficiales en Facebook para “aclarar” hechos violentos y advertir sobre desinformación.
Verificadores independientes contradijeron afirmaciones gubernamentales sobre antecedentes penales de detenidos por “terrorismo” en Otavalo: Lupa Media revisó 11 casos y no halló antecedentes. La ausencia de evidencia pública detallada en varios desmentidos oficiales, y la corrección externa de datos claves, alimentan la percepción de opacidad. LupaMedia3X (formerly Twitter) Facebook.
Sobre el terreno, múltiples episodios sostienen las acusaciones de abuso policial-militar. En la comuna San Miguel del Común (norte de Quito), las redes sociales reventaron con videos que daban cuenta de lo que pasaba en tiempo real en ese lugar: el 9 de octubre fuerzas del orden atacaron a los pobladores durante horas, disparando gases hacia las viviendas y agrediendo a campesinos y niños teleamazonas.com. La CONAIE denunció incluso la infiltración de agentes encubiertos para provocar desmanes y justificar la represión teleamazonas.com. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y la FIDH alertaron sobre un “uso excesivo de la fuerza” y detenciones masivas arbitrarias en Ecuador, instando al gobierno a respetar el derecho a la protesta.
Desde que el paro empezó a tomar fuerza, un drama inédito se vive en distintos lugares: familiares y otras personas que atestiguan detenciones de manifestantes en movilizaciones o durante incursiones de fuerzas de seguridad, tratan de liberar a los apresados, pero son repelidos por la violencia de los gendarmes. Algunos prisioneros alcanzan a gritar sus nombres y su número de cédula de identidad, hasta que el cerco policial se cierra, los aísle y se los lleve sin destino cierto. Estos episodios no tienen ningún antecedente en Ecuador.
El énfasis del gobierno en saturar Quito con contingentes militares y policiales trasladó el eje del conflicto hacia la legitimidad del uso de la fuerza y la protección del derecho a protestar. El Ejército y la Policía están en el centro de la narrativa: como garantes del orden, pero también como principales actores observados por abusos. La disputa informativa abrió una brecha de confianza: desmentidos poco trazables, mensajes políticos desde fuentes oficiales que solo atinan a cruzar con el cartel de FALSO lo que correcciones de verificadores independientes evidencian: el paulatino declive de la credibilidad institucional en un momento de alta sensibilidad.
Desde el inicio del paro, Noboa y sus portavoces han empleado un lenguaje beligerante, tildando a los manifestantes de “revoltosos” y presentando a sus dirigentes como enemigos del país. Llegaron incluso a declararlos “personas no gratas” a escala nacional, y amenazaron con penas de terrorismo de hasta 30 años de cárcel a quienes bloquearan servicios o “presionaran” a terceros para sumarse a las protestas. Este marco retórico extremo, avivó la llama del racismo latente en la sociedad ecuatoriana. El gobierno, consciente de ello, parece instrumentalizar ese prejuicio para aislar al movimiento indígena, restarle legitimidad ante la opinión pública y justificar medidas de fuerza.