Se han iniciado procesos judiciales y denuncias contra altos funcionarios, entre ellos el alcalde de Guayaquil, en medio de un aumento en la inseguridad y la violencia ciudadana a nivel nacional. Investigaciones sobre corrupción en la gestión pública y en sectores estratégicos revelan fallas en la gobernabilidad y un creciente clima de desconfianza social. Operativos policiales intensificados y declaraciones de actores políticos evidencian una crisis de seguridad que afecta la estabilidad del país. La polarización electoral se agudiza de cara a la segunda vuelta electoral, con disputas clave entre el Gobierno y actores opositores de alta influencia.
La pugna contra el alcalde de Guayaquil
El gobierno de Daniel Noboa, quien busca su segunda elección presidencial, se encuentra en una intensa pugna política, con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, figura de la Revolución Ciudadana, en una de las ciudades más influyentes del país. Mientras Noboa pretende consolidar su base a escala nacional, el alcalde del puerto principal del Ecuador ha mostrado una gestión local que refuerza el voto opositor, evidenciado en su informe de gestión publicado el 20 de febrero de 2025, que destaca mejoras en seguridad y servicios básicos. El 22 de febrero de 2025, tras los allanamientos realizados en diversas gasolineras vinculadas al caso Triple A (proceso que inició en el 2024), la fiscalía general de Ecuador envió un requerimiento a una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, solicitando que se programe una audiencia para vincular a diez implicados en la causa.
Entre ellos se encuentra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuyo negocio, Copedesa, está siendo examinado por presuntas irregularidades relacionadas con el manejo y distribución ilegal de combustibles. El alcalde Álvarez expresó en sus redes sociales su disposición a asistir a la audiencia cuando se defina la fecha, al tiempo que denunció que la investigación constituye una persecución política impulsada por el gobierno de Daniel Noboa.
Pero hay un antecedente interesante en la reactivación del proceso: el 6 de febrero, Pedro Granja, candidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), concluyó su campaña en el barrio del Astillero con una rueda de prensa en la que presentó una investigación sobre corrupción y comercio ilegal de combustibles. Según se dijo en la rueda de prensa, esta investigación se venía desarrollando desde hacía casi un año. Carlos Medina, abogado que sigue el proceso, afirmó que se presentaría una denuncia ante la Fiscalía contra la empresa Petronoboa, por el presunto delito de almacenamiento ilegal de productos derivados de combustibles, tras determinar que dicha compañía adquiere más de 3’763.000 galones de combustible subsidiados por el Estado, que luego utiliza en las empresas del Grupo Noboa, pertenecientes al círculo familiar del presidente candidato Daniel Noboa.
Al respecto, el único seguimiento que se haya difundido está en la cuenta X de Pedro Granja: “Eso no se toca”. Guayaquil cuenta con aproximadamente 2,01 millones de votantes empadronados, lo que la convierte en uno de los cantones clave en las elecciones de 2025 en Ecuador: el peso demográfico, simbólico y político de Guayaquil es enorme; los intereses económicos en medio del balotaje, también. Primero fue Tópic. ¿El próximo será Aquiles?
La confrontación entre el gobierno de Noboa y el alcalde de Guayaquil adquiere una dimensión estratégica y simbólica. Mientras el primero busca mantener un modelo de gobernanza que ha sido criticado por su falta de transparencia y eficacia en materia de seguridad y economía, el alcalde representa una alternativa de gestión local que podría inclinar la balanza electoral en una ciudad clave para la segunda vuelta del 13 de abril de 2025. Esta tensión refleja no solo una competencia política, sino también la lucha por definir el futuro de Ecuador en un entorno marcado por desafíos estructurales.
La política del espectáculo en un país sumido en la violencia
En el ámbito de la seguridad, los datos indican un preocupante incremento del 12% en delitos violentos respecto al mismo período del año anterior. Y eso, contando con la “toma de Durán” el 17 de julio de 2024, para recuperar la soberanía del Estado en la que se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo, evento sobre el que se desplegó un operativo comunicacional digno de una miniserie de Netflix que bien podría haberse titulado “Que sepan que no les tenemos miedo”, para maratonear sus dos capítulos: entrada del bloque de operaciones, y salida del mismo contingente.
El operativo policial realizado el 19 de febrero en el sector de Nueva Prosperina, en Guayaquil, culminó con 19 arrestos entre los cuales se encontraba un adolescente. La acción contó con el despliegue de más de 1.000 policías y 400 militares, y estuvo dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior y de Defensa. Además de las detenciones, el operativo incluyó el decomiso de armas, municiones, vehículos y otros elementos que evidenciaron la presencia de grupos delictivos organizados en la zona.
La violencia agrava la polarización política en la campaña electoral. ante la falta de soluciones estructurales, se reactiva el debate sobre la intervención de países extranjeros.
El esfuerzo logístico y sus resultados son un reflejo de la dificultad del Estado para contener el avance del crimen organizado. Este clima de violencia no solo afecta la percepción ciudadana, sino que también agrava la polarización política en la campaña electoral; ante la falta de soluciones estructurales, se reactiva el debate sobre la intervención de países extranjeros, para ayudar a un país tomado por la delincuencia política y la delincuencia transnacional.
El operativo en un sector marginal de la Perla, ocurre muy cerca de otro en el que aún hay profundas heridas abiertas. No existe una cifra oficial publicada, pero según estimaciones basadas en mapas urbanos de Guayaquil, la distancia aproximada entre el barrio Las Malvinas (ubicado en el sur de la ciudad), donde fueron arrestados los “cuatro de Guayaquil”, y el sector Nueva Prosperina (en el noroeste de esa ciudad) es de unos 10 a 15 kilómetros, 25 a 30 minutos en auto. ¿Y la distancia entre un lavador que opera en el sistema financiero y un operativo de la UAFE? ¿Y el tiempo medido en años de impunidad para un delincuente y un operador político que negocian cientos de miles de millones de dólares en hidrocarburos o extracción minera?
Las narcomafias del oro
Un elemento central en este entramado delictivo es la investigación periodística divulgada por el portal Códigovidrio.com el 16 de febrero de 2025. Esta investigación reveló una compleja trama de corrupción en la explotación minera, en la que la empresa Golden Minerals figura como el eslabón crucial en un esquema que conecta a narcomafias del oro con redes de mafia política y empresarial. La investigación documenta, por ejemplo, transferencias por un valor de USD 5,4 millones a cuentas offshore durante el último año, lo que evidencia la vulnerabilidad del sistema de inversiones en Ecuador y la ausencia de mecanismos de control transparentes.
La minera Goldenminerals es el eslabón que revela cómo operan las narcomafias del oro en Ecuador
En paralelo, la explotación minera sin regulación ha generado severos impactos ambientales. Zonas de extracción en regiones andinas y amazónicas presentan altos niveles de degradación, afectando la salud de las comunidades locales y la biodiversidad. Este deterioro no solo compromete el patrimonio natural del país, sino que también tiene repercusiones económicas, ya que la pérdida de recursos ambientales se traduce en menores oportunidades de desarrollo sustentable y mayores costos sociales a largo plazo.
La intersección entre la crisis económica, la inseguridad y la corrupción se ve agravada por la falta de un sistema robusto de transparencia en la contratación pública y privada. Las inversiones, tanto nacionales como internacionales, se realizan en un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad legal, lo que permite que intereses particulares operen impunemente bajo la aparente anuencia de gobiernos de turno. La ausencia de controles efectivos ha facilitado la proliferación de esquemas corruptos que, además de desviar recursos esenciales, contribuyen a perpetuar la recesión y la desigualdad.
Es imperativo instaurar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todos los sectores estratégicos para erradicar los esquemas corruptos que han permitido el desvío de recursos públicos.
La coordinación entre el gobierno central y las fuerzas locales es esencial para restaurar la confianza ciudadana y promover una inversión responsable que impulse el desarrollo económico y social. Solo mediante reformas estructurales profundas, que aborden tanto la crisis de seguridad y la recesión económica como el deterioro ambiental derivado de la explotación minera, Ecuador podrá romper el círculo vicioso de corrupción y desinversión, y allanar el camino hacia un futuro más justo y sostenible.
Gustavo Isch