«Encontraremos a los responsables y los acabaremos”. Daniel Noboa.
El viernes 9 de mayo de 2025, una patrulla militar ecuatoriana perteneciente a la Brigada de Selva Nº 19 Napo del Ejército fue emboscada durante una operación de control minero en la zona de Alto Punino, provincia de Orellana. Según las primeras investigaciones realizadas por el Ministerio Público, el ataque habría sido perpetrado por el grupo delincuencial organizado Comandos de la Frontera, según fuentes oficiales. El atentado dejó un saldo de once militares fallecidos y uno herido, además de un miembro del grupo armado irregular abatido durante el enfrentamiento.
A través de un comunicado difundido en medios digitales y redes sociales, fechado el mismo 9 de mayo la organización política-militar Comandos de la Frontera negó su participación en los hechos. “La organización política-militar Comandos de la Frontera no tiene ninguna responsabilidad en los lamentables hechos que han ocurrido en territorio ecuatoriano”, señala el mensaje, cuya autenticidad aún no ha sido confirmada oficialmente.
Además, el grupo aseguró que sus operaciones se limitan exclusivamente al territorio colombiano y que no realizan acciones ofensivas contra las fuerzas militares de Colombia ni de países vecinos, incluyendo Ecuador.
El ataque tuvo lugar en un contexto de creciente violencia que afecta tanto a Colombia como a Ecuador, impulsada por el aumento del tráfico de cocaína producida en territorio colombiano y trasladada a través de puertos ecuatorianos con destino a Estados Unidos y Europa. El enfrentamiento reportado por el Ejército ecuatoriano tuvo lugar en la zona amazónica de Alto Punino, un sector donde, en los últimos años, se ha incrementado la presencia de campamentos dedicados a la minería ilegal de oro. Esta área se sitúa en la frontera entre las provincias de Napo y Orellana, cerca del límite con Colombia.
Los Comandos de la Frontera surgieron en 2017 en el departamento de Putumayo, al sur de Colombia, poco después de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano. Inicialmente, se dieron a conocer como «La Mafia», una alianza entre disidentes de los frentes 32 y 48 de las FARC y miembros de La Constru, un grupo criminal que nació en 2006 tras la desmovilización de bloques paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En su comunicado difundido tras el hecho, esta organización afirmó que sus operaciones se limitan al territorio colombiano, sin acciones hostiles ni contra las fuerzas armadas de Colombia ni contra las de países vecinos. Además, sostienen que mantienen conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro a través de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), proceso que, aseguran, se lleva con responsabilidad y compromiso.
Lecciones que al parecer no hemos aprendido Violencia narco en Colombia (décadas de 1980–1990)
Durante la década de 1980, Colombia fue escenario de una violencia sin precedentes impulsada por los principales carteles del narcotráfico, en especial el de Medellín liderado por Pablo Escobar. Este cartel protagonizó una campaña sistemática de terror que incluyó atentados con coches bomba, secuestros, asesinatos de figuras públicas y ataques contra infraestructuras estatales y medios de comunicación. Entre 1984 y 1993 se le atribuyen centenares de atentados, aunque no existe una cifra oficial consolidada. Algunos informes periodísticos estiman más de 600 ataques, con centenares de muertos y miles de heridos. Entre las acciones más letales se cuentan el atentado al edificio del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en Bogotá, perpetrado el 6 de diciembre de 1989, que dejó 63 muertos y más de 600 heridos; y el atentado contra el vuelo Avianca 203 el 27 de noviembre del mismo año, en el que murieron las 107 personas a bordo y tres en tierra. A estos hechos se suman asesinatos selectivos de líderes políticos, sindicalistas y periodistas. Entre las víctimas más destacadas figuran Jaime Pardo Leal, presidente de la Unión Patriótica, asesinado en 1987, y Carlos Mauro Hoyos, procurador general, ejecutado en 1988.
Durante la década de 1980, Colombia fue escenario de una violencia sin precedentes impulsada por los principales carteles del narcotráfico, en especial el de Medellín liderado por Pablo Escobar.
La prensa también fue blanco de ataques: en 1988 un coche bomba estalló frente a las instalaciones del diario El Colombiano en Medellín, y en 1989 otro artefacto destruyó parte del edificio de El Espectador en Bogotá. Estos actos buscaban acallar voces críticas y desestabilizar la opinión pública. El Cartel de Cali, liderado por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, optó por un perfil más discreto en lo mediático, pero mantuvo una activa operación de control territorial mediante el financiamiento de redes de sicarios, corrupción institucional y vínculos con sectores políticos. Su influencia contribuyó significativamente a la violencia homicida en el Valle del Cauca durante los mismos años. La penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado minó severamente la legitimidad democrática: policías, jueces, fiscales y medios de comunicación se vieron expuestos a amenazas, represalias o sobornos, debilitando la respuesta estatal frente a estas redes criminales.
Evolución del conflicto armado interno
Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la desarticulación progresiva de los grandes carteles, el conflicto colombiano adoptó nuevas formas. Las guerrillas —especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)—, así como los grupos paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), extendieron sus disputas armadas por el control territorial, los recursos naturales y el dominio de rutas de narcotráfico.
Esta etapa del conflicto acentuó la victimización masiva de la población civil. Según datos de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 se registraron 450.664 homicidios en el marco del conflicto armado. De estos, el 45% fueron atribuidos a grupos paramilitares, el 27% a guerrillas y el restante 28% a otros actores, incluidos agentes del Estado. El periodo comprendido entre 1995 y 2004 fue el más violento, con cerca del 45% de los homicidios documentados. El desplazamiento forzado alcanzó niveles dramáticos. La Unidad para las Víctimas del Gobierno colombiano reporta más de 8 millones de personas desplazadas entre 1985 y 2019, siendo el periodo 1998–2004 el de mayor incidencia, con más de 700.000 personas forzadas a abandonar sus territorios cada año.
Esta etapa del conflicto acentuó la victimización masiva de la población civil. Según datos de la Comisión de la Verdad, entre 1985 y 2018 se registraron 450.664 homicidios en el marco del conflicto armado.
El secuestro fue otra práctica generalizada. Entre 1990 y 2018 se registraron 50.770 víctimas, de las cuales el 40% fueron atribuidas a las FARC y el 24% a grupos paramilitares. Esta práctica fue utilizada tanto con fines políticos como extorsivos. En cuanto a la extorsión, la Comisión de la Verdad señala que su auge se dio a finales de los años 90 e inicios de los 2000. En el año 2000, las guerrillas fueron responsables del 54% de los casos documentados, y los grupos paramilitares del 38%. No obstante, debido a las condiciones de miedo y ausencia de institucionalidad en muchas regiones, se presume que una gran parte de los casos no fue denunciada.
En síntesis, ocho de cada diez víctimas mortales del conflicto eran civiles no combatientes. La sistematicidad de la violencia, sus métodos de control social y el uso del terror como instrumento de dominación generaron un legado de trauma profundo, desarraigo y fragmentación comunitaria, especialmente en el ámbito rural colombiano.
Posacuerdos y excombatientes
Tras la firma del Acuerdo de Paz del 2016, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) dejaron las armas y se transformaron en un partido político legal bajo el nombre de Comunes. Sin embargo, su inserción en la vida institucional ha sido limitada. En las elecciones legislativas de 2018, el partido obtuvo aproximadamente 85.000 votos; en 2022, su respaldo se redujo a cerca de 52.000 sufragios, lo que evidencia una disminución progresiva de su base electoral (LSE Latin America and Caribbean Blog, 2022). Si esta tendencia se mantiene, en 2026 el partido podría perder los escaños que le fueron asignados de manera transitoria como parte del acuerdo de paz.
En contraste, el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), realizado entre 2003 y 2006, fue ampliamente cuestionado por su falta de control y seguimiento efectivo. Diversos informes de organizaciones internacionales, como Human Rights Watch, han documentado que numerosos exintegrantes de las AUC se reagruparon en estructuras criminales conocidas como Bandas Criminales Emergentes (BACRIM), las cuales han sido descritas como una continuidad funcional del paramilitarismo, bajo nuevas formas organizativas y vínculos con el narcotráfico (Human Rights Watch, 2010). Estas organizaciones herederas mantienen las lógicas de control social mediante violencia sistemática, especialmente en territorios rurales donde persiste una débil presencia estatal.
En paralelo, surgieron disidencias de las FARC que rechazaron el proceso de paz o se rearmaron posteriormente, prolongando el ciclo de asesinatos, extorsiones, desplazamientos forzados y tráfico de drogas. Ambos tipos de actores —disidencias guerrilleras y estructuras sucesoras del paramilitarismo— han contribuido a la persistencia del conflicto armado en zonas periféricas. Una porción significativa de estos grupos se ha desplazado hacia regiones fronterizas, incluidas las zonas limítrofes con Ecuador, Venezuela y Brasil, donde han establecido redes transnacionales de tráfico ilícito. Este fenómeno ha agravado la crisis de seguridad en la región andino-amazónica, alimentando nuevas dinámicas de violencia que superan las fronteras nacionales y desafían las capacidades institucionales tanto de Colombia como de sus países vecinos.
La guerra contra el narcotráfico en México: impactos internos y proyección transnacional
La llamada “guerra contra el narcotráfico” en México se inició formalmente en diciembre del 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón desplegó operativos militares a gran escala contra los principales cárteles del país. Desde entonces, el conflicto ha persistido durante más de dieciocho años, configurándose como una de las crisis de seguridad más prolongadas y letales del hemisferio occidental. La estrategia de militarización ha generado un enfrentamiento sostenido entre el Estado y múltiples organizaciones criminales, con consecuencias devastadoras para la población civil y las instituciones mexicanas (The Guardian, 2023).
Víctimas del conflicto armado interno
El conflicto derivado del narcotráfico ha provocado un elevado número de víctimas, tanto entre actores estatales como entre la ciudadanía:
Militares: Desde el inicio de la ofensiva en 2006, se estima que al menos 750 miembros de las Fuerzas Armadas han muerto en operaciones relacionadas con el combate al crimen organizado (InSight Crime, 2023).
Policías: Entre 2018 y 2023, más de 2.600 agentes de policía fueron asesinados en México, incluidos al menos 412 durante el año 2023, lo que refleja la vulnerabilidad de las fuerzas del orden frente al poder de fuego y la infiltración criminal (Vision of Humanity, 2024).
Civiles: La violencia vinculada al narcotráfico ha causado la muerte de más de 400.000 personas desde 2006, además de más de 110.000 personas desaparecidas, según datos recopilados por investigaciones de The Washington Post y fuentes oficiales del Gobierno mexicano (The Washington Post, 2023). Principales cárteles de droga en México Diversos grupos del crimen organizado han disputado el control de territorios, rutas de tráfico y estructuras estatales. Entre los más influyentes se encuentran:
Cártel de Sinaloa: Reconocido por su extensa red internacional de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción institucional, así como por su capacidad de recomposición tras la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. • Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Conocido por su extrema violencia y su rápida expansión territorial, el CJNG ha desafiado frontalmente al Estado mexicano y a sus rivales criminales.
Los Zetas: Creados por exmilitares de élite, este grupo se caracterizó por su brutalidad extrema, aunque en años recientes ha sufrido divisiones que han debilitado su influencia.
Cártel del Golfo: Una de las estructuras criminales más antiguas de México, con una trayectoria que combina alianzas coyunturales y enfrentamientos abiertos con otros cárteles y fuerzas estatales.
Crimen organizado transnacional en Ecuador: expansión, captura estatal y crisis institucional (2023–2025)
Durante décadas, Ecuador fue considerado una excepción relativamente pacífica dentro de una región marcada por el narcotráfico y la violencia armada. Sin embargo, en los últimos diez años, el país ha experimentado una transformación acelerada en su perfil criminal. Según diversos especialistas, Ecuador se ha convertido en un nodo estratégico del narcotráfico global, operando como corredor clave para el envío de cocaína producida en Colombia y Perú hacia Estados Unidos, Europa y Centroamérica. A esta situación se suma la emergencia de nuevas mafias dentro del sistema penitenciario, desde donde se articulan redes de tráfico interno de drogas y mercancías, con apoyo de estructuras de corrupción institucional.
Uno de los indicadores más alarmantes de esta mutación estructural es el crecimiento exponencial de la violencia homicida: entre 2016 y 2023, la tasa nacional de homicidios aumentó en casi un 500%. Autoridades nacionales y centros de análisis han señalado que cárteles mexicanos (como el de Sinaloa y el CJNG), disidencias colombianas y mafias albanesas han establecido alianzas operativas con grupos locales, lo que ha intensificado los conflictos armados por el control territorial.
En este contexto, la herencia de redes criminales colombianas —producto de décadas de conflicto interno— se ha superpuesto con actores transnacionales en Ecuador, erosionando los sistemas de justicia, seguridad y gobernanza.
Crisis de violencia (2023–2025)
La crisis alcanzó niveles críticos en el periodo reciente. En 2023, Ecuador registró una tasa histórica de homicidios: 47,2 muertes por cada 100.000 habitantes. Aunque en 2024 esta tasa bajó levemente (proyectada en 40,4), el país se mantuvo entre los más violentos de América Latina.
Durante el primer trimestre de 2025, se reportaron 2.361 homicidios —un promedio de un asesinato por hora—, lo que representa un incremento del 65% respecto al mismo periodo de 2024 (El Comercio, 2025).
La violencia se ha manifestado también en atentados terroristas y el uso de explosivos. En agosto de 2023, Quito vivió los primeros ataques con coches bomba en su historia reciente, con explosiones en sedes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), hechos que derivaron en la detención de seis personas, entre ellas ciudadanos colombianos y ecuatorianos (El País, 2023).
Estas dinámicas están directamente relacionadas con el narcotráfico. En 2024 se decomisaron aproximadamente 196 toneladas de cocaína —una de las cifras más altas registradas en el país— y se mantienen operativos contra al menos 20 organizaciones delictivas. A la par, la incautación diaria de armas creció a un promedio de 30 por día, lo que evidencia la creciente militarización de los grupos criminales. Pese a los anuncios gubernamentales sobre una reducción parcial de homicidios en 2024 (Ministerio del Interior), los niveles de violencia siguen siendo extraordinariamente altos: Ecuador cerró 2023 con una tasa anual de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, cifra que ya ha sido superada en el primer semestre de 2025. Infiltración institucional y casos judicializados Uno de los aspectos más alarmantes del fenómeno ha sido la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado.
Estos casos han sido descritos por la Fiscalía como evidencia de la mayor red de narcopolítica en la historia contemporánea del país.
La Fiscalía General del Estado ha impulsado procesos judiciales de alto perfil que revelan la magnitud de esta infiltración. En diciembre de 2023, la operación «Metástasis» desarticuló una red de tráfico de influencias dirigida por narcotraficantes, con 31 detenidos de un total de 38 investigados.
Entre los implicados se encontraban Wilman Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura, y el general Pablo Ramírez, exdirector de la Policía Antinarcóticos. En marzo de 2024, la operación «Purga» profundizó estas investigaciones, con allanamientos a tribunales en Guayas y detención de 12 personas, entre ellas ocho jueces y un exasambleísta, por presuntos sobornos en oro, dinero y joyas para favorecer a redes criminales (Swissinfo, 2024). Estos casos han sido descritos por la Fiscalía como evidencia de la mayor red de narcopolítica en la historia contemporánea del país. Simultáneamente, se han iniciado investigaciones por lavado de activos y vínculos con mafias carcelarias, que comprometen a exfuncionarios judiciales, legisladores provinciales y autoridades de organismos de control.
En conjunto, las evidencias apuntan a una preocupante captura institucional por parte del crimen organizado.
Violencia política y amenazas a la prensa
El crimen organizado en Ecuador también ha dirigido su violencia contra actores políticos y medios de comunicación. El caso más emblemático fue el asesinato del candidato presidencial y experiodista Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, a la salida de un mitin. Según la Fiscalía, los autores materiales incluyeron sicarios colombianos vinculados a la banda «Los Choneros», aliada del Cártel de Sinaloa. Villavicencio había denunciado amenazas previas y fue asesinado pese a contar con protección policial.
A lo largo de 2024 se sucedieron otros asesinatos políticos de alto impacto: Brigitte García, alcaldesa de San Vicente (Manabí), fue asesinada en marzo junto a su asesor de comunicación; José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce Enríquez (Azuay), y Jorge Maldonado, alcalde de Portovelo (El Oro), fueron víctimas de sicarios en abril, y en enero fue asesinada Diana Carnero, concejala del cantón Naranjal (Guayas). Muchos de estos hechos ocurrieron en zonas asociadas con minería ilegal o corredores del narcotráfico, lo que refuerza la hipótesis de vínculos directos entre violencia política y crimen organizado.
La prensa tampoco ha estado exenta. Desde abril de 2023, al menos nueve periodistas han salido del país por amenazas de muerte vinculadas a mafias. En 2022 se registraron 356 agresiones contra periodistas (según Fundamedios, la cifra más alta en una década), y solo en el primer trimestre de 2023 se contabilizaron 96 nuevos ataques, que incluyeron amenazas directas, envío de explosivos a domicilios de reporteros y bloqueos judiciales. Estos hechos evidencian un ambiente hostil para la libertad de expresión.
El periodo 2023–2025 ha marcado una ruptura drástica en los patrones de violencia en Ecuador, con indicadores que lo sitúan entre los países más peligrosos de la región. La combinación de crimen organizado transnacional, corrupción institucional y debilitamiento estatal ha configurado lo que algunos analistas describen como un escenario de “pre-narcoestado”.
La crisis no se limita al narcotráfico: abarca minería ilegal, contrabando de armas, trata de personas, lavado de activos y captura política. Superar esta situación exige una estrategia estatal integral, basada en inteligencia, coordinación internacional y reconstrucción institucional. La improvisación, la retórica belicista sin resultados y la polarización partidista agravan el problema.