El núcleo político del inicio del escándalo de HealthBird estuvo en la secuencia temporal.
Como lo reveló Plan V al país, el presidente anticipó públicamente la implementación de HealthBird en el IESS el 22 de octubre de 2025, 24 minutos antes del cierre de la segunda convocatoria de proformas (09:01), en la que competían cuatro oferentes: CNT-HealthBird (USD 37,7 millones), ESPE (USD 29,3 millones), High Tech (USD 19,6 millones) y Technobridge (USD 9,8 millones). La de HealthBird-CNT era la oferta más cara.
Ese proceso fue declarado desierto. Al día siguiente, el 23 de octubre, se abrió una tercera convocatoria con un plazo de solo 24 horas, a la que se presentó únicamente CNT. Con un único oferente, quedó jurídicamente servido el argumento para pasar a un Régimen Especial y adjudicar de forma directa el sistema de administración y gestión de salud a CNT-HealthBird por un monto cercano a los 38 millones.
Todos estos hechos constan en documentos oficiales e investigaciones de prensa.
El perfil corporativo de HealthBird agudizó las sospechas. La empresa matriz forma parte del grupo OneNest; en Ecuador, HealthBird Ecuador se constituyó recién el 11 de junio de 2024, con un capital social de apenas USD 100, cuyo accionista es Reflekt Technologies (Delaware) y sin experiencia previa en gestión hospitalaria o contratos gubernamentales de gran escala. Pese a ese historial, la firma se promocionaba como “socia” de Google y, según un comunicado difundido en enero de 2025, aspiraba a captar contratos por USD 150 millones en cinco años con el Estado ecuatoriano. Es lo que se conoce como una startup: una empresa joven, nacida de una idea innovadora, que utiliza la tecnología para escalar rápidamente y alcanzar un gran mercado.
Diario Expreso comprobó además que en la dirección registrada en Miami la compañía ya no operaba físicamente, y solo quedaba un vehículo con su logo. Luego, un reportaje de Primicias alertó que la única accionista de HealthBird, Reflekt Technologies, que supuestamente iba a manejar en Ecuador USD 150 millones en innovación de la gestión de salud pública, enfrentaba una demanda reciente de más de USD 180.000 por no pagar el alquiler de sus oficinas en Miami.
Finalmente, HealthBird anunció su abandono del proyecto de los 37.7 millones para gestionar el sistema de administración hospitalaria del IESS y su salida del país. Adujo «oscuros intereses e inseguridad jurídica».
Fracaso de la app CNT Salud+ y nuevo contrato de agendamiento
Ese megaproyecto no aparece aislado. En marzo de 2025 el MSP, junto con CNT, lanzó la aplicación móvil CNT Salud+ desarrollada por HealthBird como piloto oficial para reservar citas médicas. La plataforma sólo logró agendar 86 citas entre marzo y junio (de un total de 3,7 millones posibles) antes de ser retirada de las tiendas de apps.
Seguidamente, el IESS firmó el 31 de julio de 2025 un contrato anual con CNT para agendamiento de citas de afiliados, por cerca de USD 6,9 millones. Se informaba que HealthBird participaría como socia tecnológica.
A pesar de ello, en noviembre de 2025 el Ministerio de Salud impulsó vía régimen especial un nuevo contrato por USD 7,2 millones con CNT (único oferente directo) para crear un centro de contacto omnicanal de agendamiento de citas. No obstante, ni CNT ni el MSP han aclarado por qué se requería este segundo servicio mientras la primera app falló sin resolver las necesidades previstas.
Hasta el momento no se ha firmado ningún contrato entre el IESS y CNT/HealthBird se dijo oficialmente, un «convenio comercial …Cero dólares», justificó nada menos que el secretario de Integridad Pública. Funcionarios del oficialismo sostuvieron ese discurso, por lo que “no hay nada que fiscalizar” mientras no existiera un documento suscrito, como declararon en la Asamblea aliados del gobierno. La Contraloría General anunció el 2 de diciembre de 2025 que iniciaría una verificación preliminar del proceso CNT-HealthBird tras solicitudes ciudadanas. Finalmente, el 8 de diciembre, la empresa (o App) anunció en un comunicado.
La debilidad institucional para contener conflictos de interés agrava el cuadro. Ecuador carece de una ley específica en la materia y, el 23 de febrero de 2024, se derogó el decreto que fijaba normas éticas para los funcionarios del Ejecutivo.
En noviembre de 2025 la Comisión Nacional Anticorrupción recordó a la Vicepresidencia/Salud que 174 proveedores de salud involucrados en procesos irregulares entre 2019-2025 recibieron USD 240 millones; y expresó su “preocupación” ante la posible contratación de HealthBird en el IESS por falta de transparencia. El país exigió explicación institucional sobre criterios técnicos y selección de proveedores mientras se negociaban grandes sumas sobre un servicio esencial para millones de afiliados.
Desde la lógica de gobernanza, el problema central no es solo si la tecnología funciona, sino la posibilidad de que se esté montando un modelo de gestión lleno de opacidad, concentrando la capa digital que organiza citas, historias clínicas, inventarios y flujos de pacientes, en un contexto de crisis de la red pública y desconfianza en el IESS.
La debilidad institucional para contener conflictos de interés agrava el cuadro. Ecuador carece de una ley específica en la materia y, el 23 de febrero de 2024, se derogó el decreto que fijaba normas éticas para los funcionarios del Ejecutivo, incluyendo restricciones frente a conflictos de intereses. Es decir, el caso HealthBird estalla en un ecosistema normativo previamente desregulado.
Estos sucesos minan la confianza ciudadana en la transparencia y la lucha anticorrupción.
El caso HealthBirdNow advirtió las fallas de procedimiento y posibles conflictos de interés en la política de adquisiciones públicas de salud. La ciudadanía y los órganos de control exigieron transparencia total antes de firmar este contrato millonario. Solo una investigación rigurosa, sin atajos ni especulaciones y una explicación transparente del Estado permitirá depurar responsabilidades y resguardar la credibilidad institucional en el sistema de salud.
Más allá de las consecuencias legales que puedan tener las denuncias por concusión o negociado, el efecto inmediato es la erosión de credibilidad del discurso anticorrupción del gobierno. El caso no se limita a un contrato polémico; es un test de hasta dónde las instituciones de control pueden frenar negocios amarrados en sectores estratégicos y de si el “Nuevo Ecuador” será recordado por desmontar la corrupción o por sofisticarla bajo el lenguaje de la innovación.