El movimiento Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora al gobierno de Daniel Noboa y de todos los sucesivos regímenes después de Correa, realizó este fin de semana una convención nacional marcada por tensiones internas y desafíos externos, para renovar la dirigencia y elegir nueva presidencia del movimiento hasta el 2028. En Manta (provincia de Manabí), se reunieron delegados y con el voto telemático de varios miles de militantes se renovó la dirigencia del movimiento hasta el 2028. La figura central fue Gabriela Rivadeneira, quien regresó al país tras seis años de asilo en México para asumir la presidencia de RC.
El año 2011, en un contexto de discusión interna sobre nombramientos ministeriales entre Rafael Correa y asambleístas, el entonces presidente Correa se refirió a Marcela Aguiñaga como “diosa del Olimpo”, en defensa de su gestión pública. La declaración fue citada en un artículo de El Universo del 16 de agosto de 2011. Paradójicamente, Gabriela Rivadeneira, una de las figuras más prominentes de Alianza País, ingresó al exclusivo entorno celestial del Júpiter verdeflex, gracias a la prensa opositora y comentarios en redes sociales, que usaron la declaración original del mashi en son de burla redirigida a otras lideresas correistas.
Hoy, ambas “diosas” han tomado rumbos opuestos: Marcela Aguiñaga, no solo se apartó de RC, sino que el sábado 17 de enero encabezó un encuentro masivo en el estadio Los Daulis, en Daule, donde se congregaron -según cifras de la oposición al correísmo-, alrededor de 10 mil productores y montubios. Fue una demostración de fuerza propia que deliberadamente compitió abiertamente con la convención de la Revolución Ciudadana y las figuras de Gabriela Rivadeneira y de Luisa González, auspiciadas por Rafael Correa.
Aguiñaga había anunciado su desafiliación de RC en diciembre de 2025, tras 18 años de militancia, debido a desacuerdos con la entonces presidenta del movimiento, Luisa González, y con el propio Correa. Entre las causas de la ruptura se mencionó la falta de apoyo de RC a una posible reelección de Aguiñaga en Guayas, así como reproches por sus acercamientos públicos con figuras ajenas al correísmo. El hecho de que la ex “diosa del Olimpo” llenara un estadio en Daule mientras RC sesionaba en Manta, plantea dudas sobre quién ostenta realmente la capacidad de movilización en la izquierda correísta.
Un episodio llamativo fue la revocatoria de último minuto del permiso para usar el complejo deportivo Tohallí en Manta, donde debía realizarse la convención. RC denunció este hecho como un sabotaje político.
De su parte, Luisa González —quien nunca perteneció al selecto panteón celestial de Correa— emergió en años recientes como rostro principal del movimiento y también ocupa un rol en esta coyuntura. Exasambleísta y dos veces candidata presidencial (2023 y nuevamente designada para 2025), González lideró RC tras la salida de Aguiñaga. Sin embargo, la derrota electoral frente a Noboa en 2023 (y su posterior intento fallido de “revancha” electoral) han mermado su figura. El expresidente líder en el exilio, intervino en la apertura del evento de forma virtual, avalando la transición y llamando a la unidad.
Un episodio llamativo fue la revocatoria de último minuto del permiso para usar el complejo deportivo Tohallí en Manta, donde debía realizarse la convención. RC denunció este hecho como un sabotaje político y un atropello a su derecho de organización, reubicando la convención apresuradamente en un coliseo alterno y anunciando acciones legales. El Gobierno, en cambio, enmarcó la decisión en argumentos de orden público y legalidad, insistiendo en que no se trató de persecución sino de aplicar la norma.
El choque narrativo es perfecto: para el correísmo, alimenta su discurso de ser víctima de acoso estatal; para el régimen, proyecta mano firme administrativa; pero no es un tema de sarmientos ni de permisos burocráticos, es un tema de pulso político para definir quién será líder y qué organización será hegemónica durante el 2026, de cara a las elecciones para renovar gobiernos seccionales prevista para febrero de 2027.
Lo que se viene después de la convención del correísmo
El desarrollo de la convención nacional de Revolución Ciudadana (RC) en Manta no puede leerse únicamente como un evento orgánico-partidario. Es, ante todo, un acto de reafirmación de legitimidad política en un contexto de disputa abierta por el sentido de lo democrático. La narrativa del correísmo ha sido clara: frente a un Estado que -según su lectura- utiliza dispositivos administrativos, policiales y judiciales para limitar la acción política, la convención se presenta como ejercicio de soberanía partidaria y derecho de organización. Esta construcción simbólica contrasta deliberadamente con otras formas de movilización recientes impulsadas desde el oficialismo, como las movilizaciones promovidas o alentadas por el gobierno contra la Corte Constitucional, donde la calle fue instrumentalizada para presionar decisiones jurisdiccionales.
En términos de legitimidad, la diferencia es clave: no es lo mismo movilizar para condicionar a la justicia que movilizar para sostener la vida interna de una organización política.
Que la línea auspiciada por Rafael Correa haya logrado conducir la convención implica una resolución interna relevante. Pese a tensiones previas con autoridades territoriales como Pabel Muñoz, Aquiles Álvarez o Marcela Aguiñaga, la recomposición del “correísmo duro” -incluida la reincorporación más visible de Paola Pabón- señala una apuesta estratégica: cerrar filas en torno a un núcleo ideológico cohesionado antes que profundizar una línea más autonomista o pragmática.
Esto tiene implicaciones directas para el gobierno y para el país. Para el Ejecutivo, enfrentar a una oposición más disciplinada y con conducción clara reduce el margen para estrategias de fragmentación y cooptación territorial. Para el sistema político en su conjunto, anticipa un 2026 de alta conflictividad, donde tanto el oficialismo como el correísmo buscarán territorializar poder con miras a las elecciones seccionales de febrero de 2027. En ese horizonte, la disputa no será solo electoral, sino hegemónica: quién logra presentarse como fuerza capaz de ordenar el descontento social, capitalizar la crisis y ofrecer una narrativa de futuro creíble.
Si la confrontación se profundiza sin canales institucionales sólidos, Ecuador puede entrar en una lógica de polarización estructural, donde la movilización permanente sustituya al debate democrático. Pero también hay una oportunidad: que la disputa obligue a reconstituir proyectos políticos con anclaje territorial real, más allá de la comunicación de crisis y del uso táctico del miedo. En ese equilibrio inestable se juega buena parte del ciclo político que viene.
El ingrediente político cobró notoriedad cuando, apenas días después, imágenes y videos de mujeres aparecieron acompañadas de una asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea.
Ecuador entre “Diosas del Olimpo y “Muñecas de la Mafia”
En el otro extremo del espectro político, el oficialismo enfrenta sus propios demonios. En días recientes estalló en redes sociales el escándalo de las “Muñecas de la Mafia”, una etiqueta irónica inspirada en la telenovela colombiana, usada para referirse a un grupo de mujeres jóvenes con vidas de lujo presuntamente vinculadas al narcotráfico. La trama se desató tras el asesinato de Stalin “El Marino” Olivero, cabecilla de la banda Los Lagartos, acribillado el 7 de enero de 2026 en la exclusiva Isla Mocolí (Samborondón).
En los allanamientos posteriores, la Policía detectó un entramado de bienes lujosos, empresas de fachada y mínimas cargas tributarias, relacionadas con la pareja y el entorno de “El Marino”. Dos mujeres quedaron en la mira: M. M. (31 años), prometida del narco abatido, y C. C. (37 años), pareja de otro delincuente asesinado meses antes. Ambas residían en mansiones de Mocolí y figuraban como accionistas o gerentes de compañías de robusta capacidad financiera pero opaca actividad legítima. La hipótesis de las autoridades es un claro caso de lavado de activos: casas, negocios y fortunas alimentadas por dinero ilícito, ahora expuestas tras la violenta muerte de sus protectores.
El ingrediente político cobró notoriedad en redes sociales surgió cuando, apenas días después, imágenes y videos de mujeres —motejadas como “las muñecas de la mafia”— aparecieron acompañadas de una asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea. Ella aparecía en fotos y grabaciones de viajes y fiestas junto a M. M. y su círculo de amigas, luciendo todas prendas de diseñador y posando en destinos turísticos de alto nivel. La reacción en redes fue explosiva: no faltó quien insinuara que la asambleísta sería una “muñeca” más.
La legisladora, visiblemente acorralada, salió a responder entre lágrimas en rueda de prensa. Negó conocer a dichas personas y alegó que coincidencias fotográficas no implican delito. “¿Si usted aparece en una foto, significa que está vinculado? Por supuesto que no”, se defendió, atribuyendo la difusión de esas imágenes a un ataque político orquestado por adversarios. Tras negar a sus compañeras de foto, las críticas en redes no hicieron sino arreciar, alimentadas por la suspicacia pública.
Hasta el momento no existe investigación judicial alguna que la involucre formalmente con ese tema. Se trata, por ahora, de un fenómeno mediático y de percepción: un síntoma más de la profunda infiltración narco en la esfera política y social ecuatoriana. El régimen ha intentado tomar distancia; sin embargo, el daño reputacional está hecho. La oposición correísta no ha perdido oportunidad para explotar el episodio, enmarcándolo en su narrativa de que el régimen convive con mafias. A ello se sumó la revelación de que el 79% de las compras de bienes inmuebles en Manabí durante el primer semestre de 2023 se pagaron al contado -un patrón atípico que sugiere lavado de dinero proveniente de economías criminales- y que ha levantado cuestionamientos sobre la pasividad o incompetencia de los entes estatales de control. ¿Cómo es posible, que durante años pasara inadvertido (o se mantuviera en secreto) un flujo tan descomunal de dinero en efectivo en una provincia fuertemente golpeada por el narcotráfico?
El culebrón publicitario del combate al crimen organizado ya no basta
La respuesta oficial a la crisis de seguridad ha sido principalmente reactiva y militarizada. Ecuador lleva más de dos años bajo periódicos estados de excepción focalizados en provincias costeras, toques de queda en ciudades portuarias y operativos policiales constantes. El propio presidente Noboa, al asumir en 2024 el poder tras elecciones anticipadas, declaró que el país enfrentaba un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado, intensificando la retórica de guerra contra las bandas.
El 2025 terminó siendo el año más violento en la historia del país; y el 2024, el 83% de los homicidios se concentraron en solo cinco provincias costeras (Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas), precisamente donde narcos y pandillas disputan ferozmente el territorio para el tráfico de drogas. El Estado ha respondido con mega-operativos de corto aliento que traen presencia militar momentánea anclada a publicidad, pero la población pronto vuelve a sentirse desprotegida.
Según diversas fuentes, por Ecuador transita más del 70% de la cocaína que se consume en todo el mundo.
Quizá consciente de que la mera propaganda de mano dura ya no satisface a la ciudadanía, Noboa ensayó esta semana un giro estratégico en su política de seguridad. El 16 de enero de 2026 firmó el Decreto Ejecutivo No. 288, que autoriza a los Ministerios de Interior y Defensa a declarar emergencias por cuenta propia y agilizar sin trámites las compras públicas en materia de seguridad. En esencia, se les faculta a omitir procedimientos ordinarios de contratación para adquirir de forma expedita bienes y servicios “adecuados” para combatir la delincuencia y mantener el orden. Esta medida extraordinaria —adoptada en coordinación con Finanzas y el SERCOP— busca sortear la burocracia y acelerar la dotación de equipos, armamento y tecnología para las fuerzas del orden. Llega en un momento crítico: pese a algunos golpes asestados (varios cabecillas de carteles detenidos o abatidos), las organizaciones criminales siguen mostrando una capacidad de fuego e infiltración alarmante.
La militarización sostenida desde 2024 consiguió apenas un respiro estadístico temporal, y la opinión pública demanda resultados más tangibles y duraderos. Queda por ver si flexibilizar las reglas de contratación —una espada de doble filo en un país donde la corrupción ha acechado incluso en emergencias pasadas— logrará fortalecer la lucha contra el crimen o si derivará en nuevos cuestionamientos.
En este clima enrarecido, las dos fuerzas políticas dominantes, RC y ADN, se acusan mutuamente de connivencia con la delincuencia organizada. El oficialismo tilda al correísmo de “estructura mafiosa”, y el correísmo contraataca achacando al “noboísmo” por similares delitos. Las “muñecas de la mafia” son ahora munición en ese discurso, así como investigaciones periodísticas que sugieren conexiones societarias entre el poder político y empresas implicadas en tráfico de cocaína.
El cruce de acusaciones entre noboístas y correístas sobre quién está más “embarrado” con el narco refleja un juego peligroso. En lugar de unir al país contra un enemigo común -las mafias que tiñen de sangre a Ecuador- las élites políticas y sus cajas de resonancia en medios alineados y en redes sociales, lo usan como arma arrojadiza, erosionando aún más la confianza pública. La etiqueta de “mafioso” se ha vuelto cotidiana en el debate, normalizando la idea de que la política está capturada por intereses criminales. Esta estrategia de mutua demolición moral puede acarrear victorias comunicacionales efímeras, pero deja instituciones más débiles y una ciudadanía huérfana de liderazgos creíbles. En el telón de fondo, las balas no distinguen color político: urge recordar que la supervivencia del Estado de derecho exige depurar y blindar todos los sectores, sin excepciones ni venganzas, porque en la guerra contra el narco solo hay dos bandos posibles.