El binomio presidencial de ADN, conformado por Daniel Noboa y María José Pinto fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a las 20h15 de un domingo de Ramos, 13 de abril. Con algo más del 90% de actas escrutadas. Noboa-Pinto obtuvo el 55.8%; en tanto el binomio del correísmo, Gónzález-Borja, obtuvo 44.12%.
El nuevo Ecuador —más allá de un eslogan—, ha cambiado más rápido que cualquiera de sus instituciones y que la totalidad de organizaciones y movimientos políticos.
Es el Ecuador en el cual la hegemonía digital configura nuevas narrativas y puestas en escena que marginan el análisis y la discusión razonada de los temas esenciales del país, pero promueven el dominio de estrategias de desinformación y antagonismo validadas dentro de ecosistemas virtuales donde se dinamitan el diálogo y el respeto a la opinión pública estructurada.
Las corrientes de opinión en el nuevo Ecuador, se inscriben desde los nuevos influencers que reemplazan la autoridad simbólica de pensadores o analistas de distintas ideologías políticas o formación académica solventes. Esos influenciadores reflejan fácilmente la fatiga de una democracia fracturada y de ciudadanos que reflejan nuevos hábitos, conductas y estrategias de supervivencia o destinadas a encajarlos mediante enjambres digitales, en sociedades en las que cualquier idiota funcional puede definir las decisiones más importantes sobre el destino común.
Actualmente, los nuevos territorios de la política han anulado las visitas puerta a puerta para persuadir a los electores y para afincar cohesiones sociales; o que eluden la educación como mecanismo obligatorio de un gobierno, para desplegar proyectos y políticas de Estado vitales para la equidad, la inclusión y el desarrollo social.
Las tradicionales arenas de la comunicación habilitadas por los medios de información, son ahora reemplazadas por redes sociales que no los necesitan como escenario de debate y clarificación. El poco capital de credibilidad y profundidad que exhibían los medios masicos tradicionales se ha pauperizado ante la espectacularidad y la banalización de las tesis y perfiles de políticos 2.0, tan reales, como se los permita su inversión en plataformas digitales o en inteligencia artificial, y sus pasos de baile reguetoneros.
Los resultados de la elección presidencial 2025, se producen en ese marco, y bajo la presión de una institucionalidad caduca y sin credibilidad. Por ello no deberían sorprender a nadie.
El camino a Carondelet
La participación ciudadana en las elecciones de la segunda vuelta presidencial entre el gobernante ecuatoriano y candidato a la reelección Daniel Noboa, y la correísta Luisa González, alcanzó el 83,76 %, informó el Consejo Nacional Electoral (CNE), al cierre de los recintos de votación; sin embargo se mantuvo en cerca de 2 millones, el ausentismo, un signo de los nuevos tiempos consecuente con el desgaste de la democracia como sistema para procesar las diferencias y los conflictos y promover el bien de la comunidad.
El debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral, no produjo cambios significativos en la intención de voto que se manifestó en la primera vuelta.
Desde enero hasta el 13 de abril de 2025, la opinión pública ecuatoriana estuvo marcada por una serie de eventos que evidencian la desconfianza en las instituciones públicas en el marco del proceso electoral.
Consejo Nacional Electoral (CNE): el CNE fue criticado por sus polémicas decisiones en plena campaña electoral. La descalificación de la candidatura de Jan Topic, basada en supuestos vínculos contractuales con el Estado, generó controversia debido a la participación de jueces con presuntos conflictos de interés. Además, la prohibición del uso de dispositivos móviles durante el sufragio fue considerada por algunos sectores como una medida que podría afectar la transparencia del proceso.
La “vista gorda” de esta entidad sobre la doble calidad de presidente y candidato de Daniel Noboa, la fallida gestión del CNE para que alrededor de 200 mil ecuatorianos residentes en Venezuela sufraguen (¿seguramente se los percibía como correístas?); la reubicación de 24 recintos electorales en 10 provincias, motivados por rigores climáticos, entre otros, fueron argumentos de los opositores, que apuntaron a la falta de transparencia en el proceso a cargo de esa institución.
Tribunal Contencioso Electoral (TCE): el TCE también ha enfrentado cuestionamientos, especialmente por la sanción impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad, quien fue suspendida de sus derechos políticos por dos años por presunta violencia política de género. Esta decisión fue vista por algunos como una maniobra para debilitar a una figura política incómoda para el oficialismo.
El progresivo deterioro de la relación entre el binomio Noboa y Abad evidenció también la contaminación de la representación política en el seno del Ejecutivo.
Abad, regresó al país el 7 de abril de 2025, aunque una sanción le impide ejercer funciones públicas y participar en procesos electorales, no ha sido destituida formalmente de la Vicepresidencia. Su retorno en medio de la campaña electoral, buscó inútilmente ser un desafío político para el presidente Daniel Noboa; puede decirse que, políticamente, Abad murió víctima de la indiferencia.
El presidente ha sido acusado de inobservar normativas constitucionales y electorales. Según varios analistas, al designar a Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada durante su campaña, ignoró el artículo 146 de la Constitución, que establece que, en ausencia temporal del presidente, el vicepresidente debe asumir sus funciones. Además, al no solicitar licencia a la Asamblea Nacional para ausentarse, como lo exige el artículo 145, Noboa habría vulnerado el marco legal vigente. No obstante, ello nunca fue suficiente para movilizar a un impávido CNE ni a la ciudadanía.
La campaña movilizó la beligerancia en redes sociales y el alineamiento de ciertos medios de comunicación. Ello no debe verse con ligereza.
El impacto en la confianza ciudadana sobre la prensa, como mediadora entre los poderes del Estado y la gente, es un tema más delicado de lo que parece. La abierta militancia periodística a favor de uno u otro candidato fortalece una ciudadanía crítica con la agenda mediática, pero no por ello, mejor informada. El espacio de impunidad y banalización que ofrecen las redes digitales, dinamita las posibilidades de un diálogo razonado y una debida contraposición de ideas. En esas condiciones, las elecciones de 2025 representan no solo una contienda electoral, sino también un reflejo de la crisis institucional y el detrimento de la verdad y el sentido común, que atraviesa el país.
Según reportes al CNE, Daniel Noboa recaudó aproximadamente USD 224.000 para su campaña, mientras que Luisa González recibió alrededor de USD 245.000. Sin embargo, se ha señalado la falta de transparencia en los reportes de gastos, especialmente en lo relacionado con la publicidad en redes sociales, que no está regulada por el Código de la Democracia.
Una vez conocidos los resultados, la candidata Luisa González, anunció que no reconocerá el triunfo de Noboa y que solicitará un reconteo de actas. Según González, la mayoría de encuestas la señalaban como ganadora, por lo que el resultado proclamado por el CNE debe ser revisado.
En el plano económico, el nuevo gobierno se enfrenta a un déficit fiscal crónico, una baja recaudación tributaria y el debilitamiento del gasto público.
El país que recibe el próximo gobierno
Daniel Noboa asume la Presidencia de la República del Ecuador tras el balotaje del 13 de abril de 2025. Tratará de gobernar un país atravesado por una profunda crisis multidimensional que compromete la gobernabilidad y la cohesión social. La violencia vinculada al narcotráfico ha superado los límites del sistema penal y de seguridad del Estado: masacres carcelarias, incursiones armadas en hospitales, medios de comunicación y barrios enteros (como la masacre del 6 de marzo en Guayaquil) evidencian la pérdida del monopolio legítimo de la fuerza. La declaratoria de “conflicto armado interno” y la militarización de los territorios bajo el “Plan Fénix” ha producido efectos disuasivos puntuales, pero no estructurales, mientras aumentan las denuncias por violaciones de derechos humanos.
En el plano económico, el nuevo gobierno se enfrenta a un déficit fiscal crónico, una baja recaudación tributaria y el debilitamiento del gasto público. Sectores como salud y educación han sido duramente golpeados por la precarización: hospitales sin insumos, escuelas rurales cerradas, y una brecha creciente en el acceso a servicios básicos.
A pesar de los bonos y ayudas sociales ofrecidos durante la campaña —como el programa “Jóvenes en Acción” o los bonos de vivienda y emprendimiento—, persisten dudas sobre su financiamiento -son más de 500 millones de dólares comprometidos- y su sostenibilidad en un entorno de creciente deuda externa y caída de la inversión pública.
En los sectores estratégicos, el manejo gubernamental ha sido fuertemente cuestionado. El anuncio de concesionar el Campo Sacha a un consorcio chino-canadiense generó alertas sobre posibles irregularidades contractuales, mientras que la constante rotación de autoridades en Petroecuador y el Ministerio de Energía reflejó un desorden institucional que propicia la corrupción. A ello se suman las denuncias sobre tráfico de influencias, contratos sin licitación y una opaca política hidrocarburífera.
Aunque se ha intentado profundizar la alianza con el gobierno estadounidense, este alineamiento ha sido percibido por algunos sectores como una pérdida de autonomía diplomática y soberana.
El sindicalismo y varios sectores opuestos a la concesión, tampoco no fue suficiente para despertar una sociedad sumida en el espejo roto de su propia autoreferenciación en la esfera digital, así como en el miedo a perderlo todo, a manos de un gobierno que podría convertir el Ecuador en una versión de la Venezuela de Maduro, y salir de la dolarización.
Las declaraciones de la legisladora Paola Cabezas, de Ricardo Patiño, y del propio Rafael Correa sobre mantener o no la dolarización, también surtieron efecto. El correísmo nunca pudo salir de esa trampa en la que se mordió la lengua.
En el frente comercial, el país no ha logrado concretar acuerdos bilaterales clave, quedando rezagado frente a sus competidores regionales.
La reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos agrava la situación exportadora del país. Aunque se ha intentado profundizar la alianza con el gobierno estadounidense —reflejada en cooperación en seguridad y migración—, este alineamiento ha sido percibido por algunos sectores como una pérdida de autonomía diplomática y soberana.
La minería, tanto legal como ilegal, ha provocado conflictos con comunidades indígenas, afectaciones ambientales y una creciente actividad de mafias armadas en zonas ricas en recursos, como en Zamora Chinchipe e Imbabura. Las medidas del Estado no han logrado contener el avance de la minería ilegal ni ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades.
Sin acuerdos mínimos, sin respeto por las instituciones, y con una prensa dividida entre el activismo y el alineamiento partidario, Ecuador enfrenta el desafío más serio a su viabilidad democrática en las últimas décadas.
Las políticas asistencialistas anunciadas en campaña pueden aliviar temporalmente el malestar social, pero no sustituyen las reformas estructurales necesarias. La falta de inversión pública, un vulnerable aparato productivo nacional que trabaja sin políticas de estado que lo precautelen; el debilitamiento del Estado de derecho, la dependencia económica del exterior alineada con USA hacen cada vez más difícil la recuperación de la confianza ciudadana en su democracia, y la muestran cada vez más proclive al autoritarismo como balsa de flotación en un país desangrado por el crimen organizado.
Las elecciones de 2025 han evidenciado una profunda crisis institucional en Ecuador, marcada por la polarización, la desconfianza en las instituciones públicas y la influencia desmedida de las redes sociales en la política.
La RC es una fuerza política que lleva 18 años en el país, vino para quedarse; y su acta de defunción no vendrá desde el populismo de derecha ni del fanatismo de jóvenes “libertarios”.
La votación de Luisa González, aunque no superó la obtenida en la primera vuelta es significativa. Si a ello se suma que la RC de nuevo alcanza la mayoría en la Asamblea Nacional, hay que ser ingenuos para creer que su derrota marca el inicio del fin del correísmo.
Esa tendencia es una fuerza política que lleva 18 años en el país, vino para quedarse; y su acta de defunción no vendrá desde el populismo de derecha ni del fanatismo de jóvenes “libertarios”; irónicamente, la mejor posibilidad que tiene el correísmo de reeditarse, pasa por una autodepuración de esa organización y el paso al costado -o al menos- un largo voto de silencio a la incontinencia verbal de su líder, Rafael Correa, así como de sus acólitos más recalcitrantes. Su presencia, declaraciones y puestas públicas en escena, junto con las de su mano derecha Ricardo Patiño, y la legisladora Paola Cabezas, lejos de sumar a Luisa González, fueron gravitantes contra su propia candidata.
La diferencia de votos a su favor obtenida por Noboa, es un indicador que ratifica un factor adicional: si se contrasta con los resultados en primera vuelta obtenidos por el correísmo y sus adversarios desde la gestión de Guillermo Lasso, existe un amplio porcentaje de ecuatorianos (34-37% y eventualmente más), que forman parte del pragmatismo que se esconde tras votos indecisos, o intención de votos blandos. Este bloque migra en los balotajes hacia los aspirantes a Carondelet, definiéndose desde sus propias formas de entender la política e integrarse al debate y a la toma de decisiones.
La ciudadanía enfrenta el desafío de reconstruir la confianza en sus instituciones y en el proceso democrático. El 2027 se vienen elecciones seccionales y, muy probablemente, antes de ello, los ecuatorianos estarán frente a un referendo para modificar la Constitución. Las sospechas sobre la opacidad del CNE no deben prevalecer por más tiempo. Las organizaciones y movimientos de garaje, los políticos de venta libre, deben reducirse a su mínima expresión, si se quiere, eliminarse. Recuperar una democracia no podrá lograrse con las migajas políticas de oportunistas.
Las reformas al código de la democracia deben producirse participativamente y con transparencia, para evitar su manipulación. El día después de las elecciones, demandará unidad y resiliencia civil.
Se trata de defender principios, no personas.