El Gobierno cuenta desde el domingo, 27 de octubre de 2024, con una segunda ley eléctrica a su favor, esta vez denominada Ley de Transición a Energías Renovables, en medio de la peor crisis de racionamientos del país. Ahora, el sector privado podrá participar en la generación de hasta 100 MW de energía renovable.
La norma se enfoca en proyectos de generación de energía a partir de fuentes solares, eólicas, hidráulicas, geotérmicas y de otros orígenes limpios. Con esto se apunta a diversificar la matriz energética del país en el mediano plazo.
Para respaldar esas inversiones se creará un fideicomiso conformado con lo que se recaude a los consumidores finales (hogares, comercios, industrias). La ausencia de este resguardo, en la lógica del actual Gobierno, impedía que el país pueda contar con 800 MW proyectados desde 2020.
Este es, quizá, el principal punto de una iniciativa que modifica a la primera en la materia, discutida en enero pasado. La aprobación en la Asamblea fue unánime, con 120 legisladores presentes en el Pleno.
Como explicó el analista de temas energéticos, Jorge Luis Hidalgo, en días pasados a Plan V, el problema no es, per se, el techo de MW para invertir, sino cómo se iban a respaldar las inversiones tomando en cuenta las tarifas a los usuarios finales.
En esa misma línea, Jorge Jaramillo, analista y catedrático, explica que la medida es un buen comienzo, pero reclama certidumbres. “Para que esta ley tenga algo de efecto, pasará al menos un año hasta que los privados cojan confianza en que sí van a respetar los dichosos fideicomisos”, opinó en su red X.
Antes, para la participación en la generación de solo 10 MW, los actores privados debían entrar a un concurso público. Con la nueva normativa, estos operadores podrán ampliar su techo mediante la presentación de sus estudios de viabilidad técnica y financiera.
En este aspecto, la norma establece que los nuevos generadores de energías renovables podrán desarrollar sus proyectos una vez que el ente regulador del sector los apruebe, bajo la figura de concesión. Para ello tendrán incentivos fiscales automáticos y al término de la concesión los activos de esa generación pasarán al Estado.
La nueva ley también pone tarea a las empresas distribuidoras locales y a los GAD para acelerar un proceso de recambio de la luminaria pública por luces led y con generación solar, pues este ámbito, por el crecimiento de las ciudades, es uno de los factores de mayor incremento de demanda de energía.
Nuevas reglas sobre gas natural
La asambleísta oficialista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, expresó que la norma posibilita reorientar la mirada del Estado hacia el gas natural, tomando en cuenta que es un combustible más limpio y barato.
Así, una de las disposiciones transitorias de la ley –la quinta– impone un plazo de 90 días al Ministerio de Energía para que, en coordinación con Petroecuador, convoque a un concurso de selección de proyectos de explotación y repotenciación de los campos identificados de gas natural.
Ecuador cuenta con el Campo Amistad, en el golfo de Guayaquil, con el cual se alimenta a Termomachala. Esta central dual (a gas y a diésel), si se avanza en su repotenciación, puede brindar al país 170 MW. Además, el Gobierno puede disponer el aprovechamiento de los 140 millones de pies cúbicos de gas que se quema en los mecheros de las torres petroleras del Oriente.
En esta categoría, la ley también limita la importación de gas para la autogeneración de energía de las empresas privadas.
Asimismo, la ley obliga a los actores privados que generan termoelectricidad a presentar un plan de transición hacia energías más limpias tecnologías de menor impacto ambiental (gas natural, por ejemplo).
Para proyectos que adopten estas medidas, el Gobierno facilitará la entrega de licencias para la importación de gas natural.