La nota más destacada de la semana que revisa este análisis de coyuntura* se generó desde la Asamblea Nacional.
El correísmo salvó de la censura al polémico expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán y a la exvocal Maribel Barreno, en medio de un juicio político por presunto incumplimiento de funciones, planteado por el legislador Jorge Peñafiel, de la bancada de Construye.
Por su parte, la vicepresidenta Verónica Abad, fue noticia al denunciar que se siente secuestrada en Israel (país donde fue enviada por el presidente, para que cumpla funciones (inexistentes hasta esa designación); que no le dan vacaciones, que no puede venir al Ecuador, y que responsabiliza a su binomio de lo que pase con su seguridad pues se siente amenazada.
Mientras esto ocurre tierra adentro, en un oceáno de sospechas, navega la contratación de la barcaza de generación eléctrica KPS EMRE BEY de la empresa turca Karpowership, que comenzó su travesía desde Estambul -hacia Ecuador, según iniciales afirmaciones oficiales, que ahora otros voceros niegan- el 16 de junio de 2024, antes de que el Gobierno ecuatoriano lanzara el concurso para su contratación.
Se prevé que la barcaza atraque (atracar: sinónimo de arrimarse, aproximarse; valga la aclaración semántica) en el Puerto de Guayaquil uno de estos días, ya que según dijo el nuevo ministro de Energía “… no tenemos apuro…”; pues aún no está lista la subestructura para tender la línea de conexión, y otros complementos técnicos. Por lo pronto, la barcaza aguarda en aguas panameñas.
La crisis política no se detiene
El polémico expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, llegó el 17 de julio al Pleno de la Asamblea Nacional -pese a ser un detenido de máxima seguridad y estar recluido en La Roca, en Guayaquil- cosa que, desde ya, anticipaba el montaje de un espectáculo político en el que el acusado de este juicio político tendría un protagonismo fundamental.
Salir de La Roca, para defenderse en el recinto legislativo es un privilegio que pocos podrían tener.
En un juicio político, quienes usualmente se lucen para consumo de los medios y entretenimiento de la opinión pública, son los legisladores que acusan, no el acusado. El asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel planteó el juicio político a Terán, “por incumplimiento de funciones”. El expresidente del CJ es investigado por la fiscalía por presunta vinculación en el caso “Metástasis” (red de corrupción y narcotráfico), y el caso Independencia Judicial (por obstrucción de la justicia).
Wilman Terán se libró de la censura legislativa gracias a los 47 votos por la abstención del bloque correista. Dos asambleístas estuvieron ausentes. Si al día siguiente del juicio se le preguntase a alguien, qué pasaje, frase o incluso, de qué se trataba la acusación del legislador de Construye contra Terán, lo más probable sea que no recuerde nada.
A diferencia del acusador, la intervención de Terán generó los titulares más notables de la prensa y la más enconada interacción a favor y en contra de lo que dijo. En un acto de audaz retórica y aprovechando el foro que se puso a su disposición, endilgó a la fiscal general del Estado una presunta responsabilidad por haberle presionado para sentenciar al expresidente Rafael Correa en el caso “Sobornos”.
La bancada de la Revolución Ciudadana con sus 47 votos de “abstención”, evitó que la moción de censura alcance los 92 necesarios según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Los 88 votos que respaldaron la moción de censura vinieron del PSC, ADN, Pachakutik y un sector de independientes.
En un acto de audaz retórica y aprovechando el foro que se puso a su disposición, Wilman Terán endilgó a la Fiscal General del Estado una presunta responsabilidad por haberle presionado para sentenciar al expresidente Rafael Correa en el caso “sobornos”.
Adicionalmente, y esta vez desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el 17 de julio, contra viento y marea, entró en firme la designación de Mario Godoy como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Mario Godoy, presidió este viernes 19 la primera sesión del pleno, desde su designación como titular de la institución; en ella estuvieron los vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y Merck Benavides.
Más que el rocambolesco proceso que definió la designación de Mario Godoy, lo que más preocupa a muchos en la esfera pública, es la convicción de que el nuevo titular de la judicatura es una ficha clave en la estrategia del correísmo, para regresar al poder.
Construye y el PSC denunciaron que la designación obedeció a un pacto del correísmo y el Gobierno, aunque legisladores de ambas bancadas lo negaron.
Lo que se cocina en el CJ es extremadamente importante para el futuro político del país y sus instituciones encargadas de administrar justicia. Godoy estará apenas seis meses al frente del CJ, pero le corresponde terminar con el concurso de designación de 10 jueces de la Corte Nacional de Justicia para reemplazar a los magistrados que concluyen su periodo a inicios de 2025. La presunción que alimenta el pavor del anticorreísmo “duro” es que lo ocurrido descubre, en su opinión, parte de la hoja de ruta de la Revolución Ciudadana, que pasa por la designación de nuevos jueces que podrían facilitar la revisión de causas, procesos, y sentencias para el retorno de Rafael Correa y el sobreseimiento de
algunos de sus más importantes colaboradores.
En realidad, una de las mayores fortalezas del correísmo desde que dejó el poder en el 2017, ha sido el pobrísimo desempeño de los gobiernos que le sucedieron y de la “clase política” en general. Que no se quejen luego, si se cumplen sus peores pesadillas. Ya es hora de que se hagan cargo del desastre que han producido en estos últimos años. El “viejo país” está ahora más vigente que nunca.
La barcaza de la discordia
El nuevo ministro de Energía, Antonio Goncalves, declaró este viernes 19 de julio en el espacio de entrevistas 24 Horas, de Teleamazonas, que “…el alquiler de la barcaza costará USD 115 millones por 18 meses y se usará durante el estiaje. El kilovatio hora (kW) valdrá 14 centavos”
Goncalves detalló que este proceso de mejoramiento de la distribución y generación de energía incluye a la barcaza de Karpowership. Esta planta de energía se ubicará en Las Esclusas, sur de Guayaquil, y no necesitará mayor inversión que la realización de la línea de transmisión.
La amenaza de una emergencia en este sector estratégico fue advertida desde el 2023; las entidades responsables de precaver el impacto de crisis también lo hicieron desde enero de este año; la preocupación fue subrayada por técnicos, autoridades competentes, políticos, analistas y por empresarios. Luego de algunos meses, recién los responsables del sector se dieron a la tarea de analizar la mejor estrategia para sortear lo que ya era inevitable.
En pleno apogeo de los apagones eléctricos, se argumentó que el caos también provenía de un presunto sabotaje interno por parte de personas relacionadas con el manejo operativo de las represas que alimentan el sistema de generación eléctrica; la ministra de Energía de ese entonces se vio obligada a renunciar, y se iniciaron procesos de investigación fiscal sobre el “sabotaje”. Más que haciendo un responsable mea culpa o de exponer una explicación respetuosa a la ciudadanía, la narrativa oficial trató de echar el muerto a los anteriores gobiernos; el exministro (e) de Energía, Roberto Luque declaró en una entrevista que cada hora de apagones le costaba al Ecuador 12 millones de dólares.
El ministro Luque adelantó que para solventar el déficit de 1.080 se están comprando 418 megavatios de emergencia y que también se implementará un programa de eficiencia energética con el apoyo del sector privado. Subrayó que el 2024 será uno de los años más secos.
Antonio Goncalves explicó que la demanda de energía de Ecuador está creciendo de una manera atípica, incremento que viene de la industria camaronera y los inviernos de mucho calor en la Costa, y afirmó que el ministerio está concentrado en solventar la crisis para que no repitan los inconvenientes de abril del año pasado, y que espera que esta situación se estabilice en los próximos tres o cuatro años.
El ministro adelantó que para solventar el déficit de 1.080 se están comprando 418 megavatios de emergencia y que también se implementará un programa de eficiencia energética con el apoyo del sector privado. Subrayó que el 2024 será uno de los años más secos e informó que “parte del país nos va a apoyar encendiendo sus generadores en el periodo del estiaje en los momentos de mayor demanda para que los hogares tenga energía y posteriormente se va a compensar el gasto que hicieron ellos”.
El ministro también dijo que los costos serán bajos con los relacionados a la producción y comparados con la región y aseguró que esto no tendrá impacto en el pago del servicio eléctrico para los ecuatorianos.
El 18 de julio Marlon Pasquel Espín, presentó en la Fiscalía una denuncia por supuesto tráfico de influencias en contra Roberto Luque, ministro de Obras Públicas que estuvo encargado de la cartera de Energía por tres meses, y en contra del gerente subrogante de la Corporación de Electricidad (CELEC), Fabián Calero.
La denuncia se ampara en lo dispuesto por la Constitución y el artículo 421 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), en donde se estipula que «cualquier persona podrá presentar una denuncia en el caso de infracciones que afecten a derechos colectivos, difusos o de la naturaleza». De comprobarse el delito «en el proceso precontractual y contractual de la contratación» las penas prevén condenas de 3 a 5 años.
Datos duros que matan relatos digitales; o la verdad frente a la publicidad
Las importaciones y exportaciones han disminuido, al igual que el consumo de los hogares y el gasto público. Tanto la demanda interna como la externa han caído. La inversión del Gobierno Central está en crisis. El desempleo y el subempleo afectan a más del 65% de la fuerza laboral. La deuda pública alcanza casi 83 mil millones de dólares, de los cuales el Presupuesto General del Estado debe pagar más del 90% de los pasivos, sin aumentar los activos no financieros.
La obra pública está prácticamente paralizada, mientras la migración y la inseguridad no decaen, de hecho, en algunas esferas “como “vacunas”, secuestros, secuestros extorsivos, han aumentado.
No hay una recuperación de la economía. El Banco Central del Ecuador prevé un crecimiento del PIB del 1,2% anual, que principalmente se debe a la acumulación de inventarios y por la caída de las importaciones. El aumento de la recaudación tributaria en la primera mitad de 2024 se debe principalmente a contribuciones temporales.
El IVA aumentó del 12% al 15%, como exigencia del FMI en un contexto de estancamiento económico y de empleo. La disminución de la inflación en junio, en medio de este estancamiento, refleja un debilitamiento económico y una contracción de la demanda, con efectos negativos en el empleo y el crecimiento.
El IESS adeuda 1.340 millones de dólares a hospitales, clínicas y otros prestadores de salud.
En 2023, 121.283 ecuatorianos emigraron y no regresaron, superando las entradas de ciudadanos nacionales, con una mayoría de emigración irregular procedente de todo el país. Entre 2019 y 2023, la migración de ecuatorianos aumentó más del 220%, impulsada por la violencia, la inseguridad y los efectos económicos de la pandemia. (Fuentes: Banco Central, Sri, @LupaMediaEC, Eco. Marco Flores, INEC).
Asamblea y Presidencia se enfrentan por el veto a la Ley del IESS
Un nuevo enfrentamiento se produjo entre el Ejecutivo y La Asamblea Nacional. Esta vez, el conflicto gira sobre la Ley Reformatoria a las leyes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), aprobada por el Legislativo, que fue vetada parcialmente por el presidente Noboa, el pasado 12 de abril de 2024.
El viernes19 de julio, el Legislativo mediante un comunicado difundido en su cuenta de X, acusó al presidente Daniel Noboa de violar la Constitución al vetar la Ley del IESS, la Presidencia de la República argumentó que su veto fue por dos observaciones al texto.
El Pleno de la Asamblea aprobó el pasado 13 de junio el proyecto de ley, que plantea cambios en la integración y elección del Consejo Directivo del IESS, vetado parcialmente por Noboa. Este proyecto de reforma a la Ley fue aprobado inicialmente el 12 de marzo, y luego objetado de manera parcial por el presidente Noboa, por inconstitucionalidad e inconveniencia.
Es evidente que la crisis económica que sacude al país es el hilo conductor del veto. El régimen ha dado a conocer varias veces su intención de reformar la Ley que actualmente rige ambas instituciones, y parte de dichas reformas, se ha afirmado, es aumentar el tiempo de aportación de los afiliados para jubilación, y el monto de las aportaciones, en cambio, la misma reforma persigue disminuir el monto que recibirá el afiliado una vez se jubile.
De igual manera, se investiga una reforma para que la devolución del IVA que era hasta 130 dólares mensuales ahora se realice solo a través de ciertos establecimientos, lo que evidentemente complicaría muchísimo a jubilados que no puedan acudir personalmente.
De confirmarse, ese dato, se percibiría como una clara falta de humanismo y solidaridad social de quienes la hayan impulsado.
El 21 de junio de 2024 la Asamblea remitió al Ejecutivo el texto final del proyecto para su publicación en el Registro Oficial, pero, como señala el comunicado, “…en un acto absolutamente inconstitucional”, la Presidencia “no lo hizo y envió una nueva objeción al proyecto”.
El miedo a Verónica Abad
La vicepresidenta Verónica Abad ha declarado que aún no ha recibido una citación para la audiencia en el Tribunal Contencioso Electoral. Dicha audiencia está programada para el 15 de agosto a las 10h30, en relación con una presunta infracción electoral durante las elecciones de 2023, cuando Abad se postulaba como candidata a la alcaldía de Cuenca. Abad comentó: «No sé bajo qué condiciones se me juzga, no tengo conocimiento de ninguna documentación».
El Tribunal Contencioso Electoral ha advertido que, «si la denunciada no comparece en la fecha y hora señaladas y no justifica su inasistencia», la audiencia «se llevará a cabo enrebeldía» y su defensa será asumida por un defensor público.
Daniel Redrován, colaborador de la vicepresidenta Abad, ha sido condenado a prisión preventiva. Por otro lado, Abad había solicitado un permiso de cinco días para atender asuntos familiares y de salud, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador rechazó su solicitud argumentando que nadie puede reemplazarla en su función delegada. Verónica Abad afirmó sentirse «secuestrada» en Israel.
Desde Tel Aviv, la vicepresidenta expresó, en una entrevista por videoconferencia con la agencia EFE, su preocupación de que se esté intentando impedir su regreso a Ecuador para defenderse, pues está «al otro lado del mundo» y hasta este jueves no había recibido «ninguna notificación» sobre la audiencia.
Es previsible que el conflicto político se intensificará a medida que se acerque el proceso electoral del 2025. Es comprensible el temor que genera en ciertos círculos la posibilidad de que la vicepresidenta asuma la funciones que le corresponden, en orden a lo que dictamina la Constitución.
Conclusiones
La sombra de Correa es el cuco en el clóset de la “real politik” ecuatoriana. La estrategia correista es de largo aliento, y es capaz de activar procesos jurídicos y comunicacionales a nivel nacional e internacional.
La Función Legislativa tiene sus propias normativas, y sus propios tiempos. Cada bloque juega un papel según sus intereses, y todo legislador tiene agenda propia; así ocurre aquí y en el mundo. La legislatura es la cara política de una nación; descargar la crítica sobre la Asamblea cada vez que un gobierno empecinado en imponer su propia agenda busca su contener la caída libre de su popularidad atacando al Legislativo, es un libreto cansino y cada vez menos eficaz. La estrategia siempre cuenta con un comedido encuestador que enciende titulares de medios y redes.
En el Ecuador, la legislatura hace lo que sabe y puede hacer mejor: hacer política, -con todo lo que eso supone-; además de legislar y fiscalizar, facultada por la Constitución.
También todos los gobiernos hacen política, pero cuando es lo único que hacen, y no generan empleo ni atraen inversiones, no cumplen sus promesas de campaña, no salvaguardan los sectores estratégicos del país y los dejan colapsar por la negligencia o por rapiñan, la publicidad es el único recurso con el que cuentan para disfrazar la evidente verdad. Tarde o temprano hay quienes se dan cuenta.
Meter la mano en los fondos de los pensionistas con el argumento de que el IESS está quebrado (entre otras causas porque sucesivos gobiernos han utilizado a esa institución como “caja chica” y para repletarla con cuotas políticas), podría ser tan grave como meterse con los ahorros de los ciudadanos en la banca privada. No hay que olvidar lo que ocurrió en 1999.
Un poder ejecutivo sereno y competente le urge al país. No sea que, al igual que pasó con Lula en Brasil, un mandato judicial superior, restablezca el orden que temen y al que han alimentado consciente o inconscientemente muchos ecuatorianos.
En realidad, es muy probable que el gobierno haya caído en una hábil estratagema, en el entendido que vetar la Ley —y peor, vetar un veto anterior— cambia el eje de la percepción pública contrario a la Asamblea; ahora no habrá afiliado que no vea en el gobierno de Noboa a su principal enemigo. Si la legislatura, sus vocerías y los partidos y movimientos a los que representan hacen bien la tarea en comunicación, de nada servirán la publicidad oficial, la pauta en medios y en redes para distraer a los afiliados con juicios políticos o crisis del CPCCS.
Jugarse para mantener su intención de reformar una institución creada para proteger a los ciudadanos y usarla para reutilizar el dinero de los aportantes como salvavidas de la caja fiscal, convencido de que será elegido nuevamente en el 2025, puede salirle muy caro al presidente candidato.
Un poder ejecutivo sereno y competente le urge al país. No sea que, al igual que pasó con Lula en Brasil, un mandato judicial superior, restablezca el orden que temen y al que han alimentado consciente o inconscientemente muchos ecuatorianos. Por lo pronto, se percibe una opacidad creciente de los luminosos rayos del “planeta sol”, que guían el andar de un Ecuador anegado en corrupción e impunidad por todos lados.
Durante una entrevista con un medio televisivo, el nuevo ministro de Energía, Antonio Galves, entre otras cosas afirmó, en relación con la espera de la barcaza de generación eléctrica “…no estamos con apuro (el gobierno, seguramente) que venga la barcaza porque estamos en construcción de la línea de transmisión.
Si ellos no tienen apuro, ¿Por qué preocuparnos más de 17 millones de ecuatorianos? La barcaza de la discordia -según se informó, zarpó de Turquía el 16 de junio y navega en el tormentoso océano de las dudas.
Entre tanto, la destrucción de multimillonarias infraestructuras por la desidia con que se han manejado los sectores estratégicos del país, y los entuertos alrededor de contrataciones en algunos de ellos, son cada vez más evidentes y sus perjudiciales impactos revelan poco o nada hecho desde políticas de Estado para precautelarlos, hipotecando así el presente y el futuro de la sociedad en su conjunto.
Tomarse Durán, para tomarse fotos en Durán
Llegar a Durán con gran despliegue de fuerzas militares para anunciar que el gobierno retomará el control de ese lugar de la patria, combatiendo a la delincuencia que convirtió a ese cantón en el más peligroso del mundo, y así, con valentía y firmeza devolvérselo a los honestos ciudadanos duraneños, (las cursivas son para parafrasear los fervorosos discursos de una narrativa que Lasso inauguró, no solo pone en riesgo la vida de los efectivos de las Fuerzas Armadas, lo cual es irreparable, sino que expone a esa noble institución a la erosión de su prestigio, producto de la improvisación y el cálculo político que podrían estar detrás de todo golpe de efecto comunicacional).
Menos tomas de Durán para las fotos; ya habrá tiempo para eso cuando la paz le sea en verdad devuelta a su gente y a todos los ecuatorianos.
*En Convenio con REPORTE GLOBAL
22 de julio, 2024