En el contexto del conflicto armado interno, que el pasado 9 de enero cumplió un año de vigencia, se conocen desde sociedad civil 145 denuncias de presunto abuso de la fuerza en el cumplimiento de tareas, también 15 presuntas ejecuciones extrajudiciales y 20 presuntas desapariciones forzadas. ¿Es pertinente que siga el estado de conflicto armado interno?
En ese momento existieron condiciones objetivas para la declaratoria: la profunda zozobra en que cayó la sociedad por tres hechos en secuencia: la fuga de Fito, 169 miembros del cuerpo de vigilancia penitenciario secuestrados en las cárceles y por último esta acción que generó inclusive un impacto no solo nacional sino internacional: la toma del canal TC Televisión. A esto se suma a la falta de herramientas jurídicas y de una capacidad de respuesta del Estado. Sin embargo, estimo que una vez que se cumplieron los primeros 90 días tenía que haberse repensado la declaratoria y esto obliga lógicamente a hacer una apreciación política y estratégica sobre las repercusiones, porque enfrentar al crimen organizado exclusivamente desde una perspectiva de fuerza es una mirada incompleta. Ahora, en el día a día, la sociedad reclama respuestas y lógicamente pide que el Estado responda con mano dura, de una forma fuerte, y eso también está ligado a todo este año que no ha dejado de ser un año electoral por las intenciones propias del Presidente. Por eso, este discurso se posiciona con fuerza y hoy tenemos una sociedad intolerante al crimen y que pide que el Estado actúe sin ningún tipo de límite.
Incluso pasada la consulta popular de abril, la declaratoria del conflicto armado interno ya debió ser repensada, pues el mandante ya dio al Gobierno otro andamiaje legal para combatir la inseguridad. ¿Persistir en esa declaratoria no nos está desbordando en excesos y presuntas violaciones de derechos humanos?
Justamente, cuando se cumplió ese plazo, yo he expresado que es necesario revisar esta figura. Cuando se declara un conflicto armado interno, se permite al Estado activar todos los mecanismos de fuerza, disponer de recursos adicionales y generar una unidad nacional. Este es un conflicto sui generis que yo no lo calificaría de guerra; de hecho, es más complejo que una guerra. Por eso hay que diseñar una estrategia integral para recuperar institucionalidad, porque el crimen organizado existe no solo porque hay una oportunidad de negocio, sino también porque hay conexiones internacionales, conexiones políticas y complicidades con el propio Estado vulnerando a las instituciones estatales.
Es que aún existen zonas grises de cooperación entre malos servidores estatales y la criminalidad…
Exactamente. Y también existen correlaciones con la sociedad, expresadas a través ya sea de empresas o del sistema financiero. Por eso, este es un tema más complejo que una guerra y no se resuelve tampoco en el corto plazo. Entonces, esto es lo primero que se debió analizar. Pero la “mano dura” da más réditos y muchas veces aquí se ha hecho comparaciones, que son insuficientes o innecesarias, cuando se habla del modelo Bukele, cuando aquí hay grandes diferencias con lo que pasa en El Salvador en términos de de legislación, dimensiones geográficas y la lógica de cómo nace el crimen organizado, porque Ecuador es un país colindante a dos grandes productores de droga.
Uno de los problemas de los conflictos armados internos, y sobre todo en este que tiene mucha ambigüedad, es que se puede generar una estigmatización, por eso se trata de tener una capacitación en derechos humanos, se trata de dar normas claras.
Durante la vigencia del conflicto armado interno se conocen, por lo menos, cuatro casos recientes de presuntas violaciones a los DD.HH. en los cuales pareciera haber una suerte de patrón: una patrulla militar detiene a un grupo, hay violencia y luego sueltan a algunos, desnudos, en zonas inhóspitas y de los otros no se sabe más nada… Pasó con Los cuatro niños de Las Malvinas. Pasó con Dave Loor y Juan Santillán, en Ventanas; pasó con los hermanos Pisco en el cantón guayasense Simón Bolívar; pasó con Karil Chérrez en Esmeraldas… ¿Qué está sucediendo?
Frente a estas posibilidades que Usted señala se debe generar transparencia, abrir las puertas de la institución para que se pueda investigar, porque sembrar dudas no es bueno y sobre todo cuando vemos que en el caso de Los cuatro de Las Malvinas la gestión política de la crisis fue totalmente deficiente. Yo no he mencionado jamás que los militares los asesinaron; sin embargo, veo por ahí algunos comentarios que mal interpretan. El negacionismo de los hechos no ha hecho bien a las FF.AA., porque aquí hay una situación clara: se configura primero una detención arbitraria porque no concluye en un proceso. El proceso normal era entregar (a los chicos, n.d.l.r.) a una autoridad competente: la Dinapen. A eso sumamos otro hecho que es innegable: fueron detenidos por militares. Luego, hay versiones que tienen que ser verificadas con pruebas documentales y materiales, por ejemplo, se menciona que los chicos sí estaban vivos y que hicieron las llamadas a sus padres. Aquí debe existir una individualización de responsabilidades y esto lógicamente va a esclarecer más los hechos, porque la responsabilidad va a tener una repercusión diferente entre el comandante, el segundo comandante de la patrulla, los conductores o personas que no participaron de forma directa. Pero aquí hay un hecho grave y no estoy diciendo que ellos son o no son (responsables, n.d.l.r.), pero este hecho conduce al asesinato de los menores. Cuando uno revisa documentos internacionales que tienen que ver con la desaparición forzada y cuando se establece el Habeas corpus (el 24 de diciembre pasado, n.d.l.r.), no se lo hace acusando a FF.AA. En ese momento no se sabía el paradero de los menores, entonces el Habeas corpus es un instrumento para evitar que se produzca un asesinato, una ejecución extrajudicial o una tortura. Pero el manejo de esta crisis ha sido totalmente incorrecto, muy mal manejado por parte del Ministerio de Defensa Nacional. Ahora hay otros casos que Usted menciona: hay que investigarlos. En esta situación tan compleja (la declaratoria de conflicto armado interno, n.d.l.r.), los protocolos tenían que ser severos y entiendo que lo hicieron. Cuando se dieron estos primeros vídeos en que se detenía a ciertas personas y se las golpeaba, tuve la oportunidad de conversar con una persona muy cercana que asesoraba al Presidente y le dije que eso tiene que parar, porque puede traer repercusiones mayores. Lógicamente que la tribuna popular que demanda mano dura iba a aplaudir esos planazos y golpes, porque no es su hijo o su familiar. Pero un Estado no puede actuar como juez, no puede judicializar a través de un castigo.
El Estado no puede juzgar en función del color de la piel…
Uno de los problemas de los conflictos armados internos, y sobre todo en este que tiene mucha ambigüedad, es que se puede generar una estigmatización, por eso se trata de tener una capacitación en derechos humanos, se trata de dar normas claras. Ahora en la persistencia de esta figura, una vez que la Corte Constitucional en su dictamen de febrero estableció que los hechos fácticos son los que van a establecer o no la existencia de dicho conflicto, la derogatoria continua de estados de excepción ha ido marcando el desarrollo de una política de seguridad ambigua por parte del Presidente de la República y esto ha hecho que en las Fuerzas Armadas no se tenga una idea clara de cuál es el marco jurídico que les rige. En un conflicto armado interno rige el derecho internacional humanitario para las operaciones militares y este derecho busca proteger a quienes no intervienen en la confrontación, evitar daños innecesarios, por eso hay el principio de precaución, para utilizar los medios y los métodos de guerra que sean necesarios para alcanzar la ventaja militar sin daños colaterales; o el principio de humanidad, que tiene que ver con estas consideraciones iniciales para no afectar a quienes no participan o a quienes han dejado de participar; o el principio de proporcionalidad, que también está relacionado con el principio de precaución, para que los medios utilizados permitan obtener esa ventaja evitando que se produzcan repercusiones en otros aspectos, como población civil o infraestructura. Pero aquí estamos dando una lucha al crimen organizado y se ha denominado a ciertas organizaciones como terroristas. Qué pasa, no obstante, en el intermedio entre el crimen organizado y las bandas criminales. Hay otras legislaciones, como por ejemplo en México o Perú, que diferencian claramente estos ámbitos.
Pero acá tenemos ese vacío…
Otras legislaciones tienen claramente diferenciado como debe ser el actuar de la fuerza militar frente a estas circunstancias. Entonces en esta ambigüedad Usted tiene que aplicar el derecho internacional humanitario sobre el objetivo militar. Pero de repente el Presidente sale y dice que ha dispuesto la actualización del manual de uso legítimo de la fuerza para que se pueda dar de baja a los delincuentes…
Y hubo quienes entendieron que había que matar a mansalva…
Pero el manual no rige en una operación donde rige el derecho internacional humanitario. Entonces uno dice: a ver, ¿estamos en guerra o no estamos en guerra? ¿Están diferenciadas claramente las zonas en donde hay objetivos militares de las zonas en donde hay objetivos que tienen que ver con la delincuencia común, bandas organizadas, delitos que se cometen por oportunidad o acciones ilícitas temporales? ¿Cómo estamos diferenciando eso? En la Ley Orgánica de Uso Legítimo de la Fuerza se establece, en su artículo segundo, que todo lo que está en la ley rige siempre y cuando no haya un conflicto armado interno o un conflicto armado internacional. Entonces, cuando el Presidente dice esto le está diciendo a alguien: bueno, está permitido matar… Sin embargo, ningún manual puede ir contra la ley.
En ciertos casos ocurrió lo contrario, como en la muerte de Carlos Javier Vega Ipanaqué…
¿Cómo hace un militar en el momento en que está transitando y de repente ve a unos jóvenes y cree que esos jóvenes son un objetivo militar? No. Por ningún lado son un objetivo militar. Entonces para ese militar estos principios de humanidad, precaución y proporcionalidad no rigen ahí y rige lo que está en el manual de uso legítimo de la fuerza. Entonces ¿bajo qué régimen estaba actuando? Esto ha generado una ambigüedad y un riesgo terrible para las fuerzas de seguridad.
Es que esa ambigüedad viene de arriba…
Porque no se sabe exactamente qué rige esa operación. Desde el establecimiento del Decreto 111 —y lo digo en mi obra ¿De la paz a la guerra? Evolución del crimen oranizado en el Ecuador— hay un error cuando se establece la beligerancia, porque usted le estaría dando la condición de que esa persona, si es detenida, podría ser considerada como un prisionero de guerra, cuando en un conflicto armado internacional no existe esa figura.
A los delincuentes se les dio otro estatus…
Y el problema es que si son prisioneros de guerra, cuando termine el conflicto, no serán culpables de nada. Entonces, ahí hubo un error en declarar la beligerancia, porque los conflictos armados internos, como por ejemplo una guerra civil, se los denominan a veces delincuentes combatientes y son juzgados por las leyes nacionales, a excepción de que estos grupos cometan crímenes de lesa humanidad y puedan ser sujetos a otro marco jurídico. Entonces hay una ambigüedad en la aplicación de la norma y esto no ayuda porque tenemos una fijación de que este problema se resuelve por la fuerza.
Las FF.AA. del país tienen amplia formación en democracia y DD.HH. ¿Cómo evitar que los excesos de ciertos uniformados se conviertan en una suerte de guerra psicológica para desmovilizar a la gente, en un contexto en que buena parte demanda mano dura y en otra parte cunde el miedo?
Las Fuerzas Armadas tienen un nivel de profesionalismo muy importante, muy desarrollado en términos de derechos humanos y democracia, pero no podemos desconocer que su naturaleza misional en este tipo de operaciones conlleva el riesgo de cometer errores o excesos…
Más cuando hay ambigüedades desde el mando político de las FF.AA….
Sobre todo cuando hay este tipo de ambigüedades o mensajes que se envían. Hay niveles de mando, de supervisión, de control que tienen que estar permanentemente recordando cuáles son los límites de esas operaciones. Por eso hay que comenzar a pensar cuál es el rol que tienen las Fuerzas Armadas frente a la evolución del crimen organizado en el país, porque también hay un desgaste cuando Usted utiliza una fuerza militar en trabajos tipo policía.
¿Como cuidar las puertas de una represa para evitar que una zarigüeya se coma cables y vengan los apagones?
No tengo la información para saber cuál fue la decisión y cuál fue la necesidad en esa circunstancia. Pero, por ejemplo, en patrullajes, las Fuerzas Armadas tienen una misión importantísima y ahí hay que desarrollar capacidades. Tenemos la responsabilidad del control del mar y los puertos, y hay una posibilidad de cumplir esta tarea porque se constituyen en una policía marítima y hay una facultad legal. Hay también la responsabilidad del control del espacio aéreo: hay que reforzar eso y en esa tarea, por ejemplo, se tiene la responsabilidad de la destrucción de pistas clandestinas. También se tiene la responsabilidad sobre las fronteras, junto con otras instituciones, porque la frontera no es una línea: es un espacio de interacción que no es fácil controlar. Hay tareas importantes en las cárceles y yo creo que hasta que no se tenga una claridad sobre la funcionalidad e institucionalidad del sistema, deben permanecer ahí. También hay la tarea del control de armas, pero esos controles tienen que ser con información de la Policía. Mire: no hay un Bloque de seguridad, lo que se ve es la ministra con el ministro para los medios.
¿No hay niveles de coordinación?
Es que no hay el concepto de bloque de seguridad como se estructuró en Colombia. Aquí ha habido algunas tareas que han cumplido de manera integrada, la mayor parte cada uno va por su andarivel. No hay una unidad de trabajo. Las Fuerzas Armadas no tienen inteligencia criminal y no la deben tener: deben actuar con base en la información que le da la Policía Nacional. Yo, por ejemplo, diría a la Policía: a ver ¿dónde tengo que colocar los controles de armas este día? Y si no encuentro ninguna arma, preguntaría a la Policía: por qué allí… Pero no puede ser que cada comandante y su jurisdicción manden a hacer controles en vías en que normalmente se están haciendo controles, pero no porque haya inteligencia…
Hablamos de que hay infiltración en los cuerpos de seguridad. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo: crear un Centro Nacional de Medidas de Confianza, que puede ser una agencia dependiente del Centro de Inteligencia Estratégica, que tenga la capacidad de aplicar medidas de confianza a cualquier funcionario público, uniformado o no uniformado, con base en indicios o en pruebas al azar, y a cualquier nivel de mando.
¿Sino para justificar un orden del día?
Entonces, mostramos una evaluación de procesos con miles de operaciones realizadas.
330.472 en 2024…
¿Y los resultados? Solo un dato es interesante: la cantidad de armas decomisadas en 2024 sobrepasa ligeramente la cantidad de armas decomisadas en 2023.
¿Cuál es su lectura?
¿Cuál fue el incremento de la captura de armas? Casi ninguno. Si usted verifica, el promedio de los tres últimos años es 9.700 armas y ha habido incrementos limitados. ¿No está faltando inteligencia ahí?
Y estamos desperdiciando, además, recursos humanos, tiempo, logística, etc….
Devolver institucionalidad no parte exclusivamente por estas visiones recortadas de aumento de efectivos, de equipamiento, de tecnología: hay que rediseñar la arquitectura de seguridad del país. Hablamos de que hay infiltración en los cuerpos de seguridad. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo: crear un Centro Nacional de Medidas de Confianza, que puede ser una agencia dependiente del CIES (Centro de Inteligencia Estratégica), que tenga la capacidad de aplicar medidas de confianza a cualquier funcionario público, uniformado o no uniformado, con base en indicios o en pruebas al azar, y a cualquier nivel de mando, para poder determinar posibles infiltraciones.
En un trabajo más preventivo…
Alguien puede decir: es que ya lo tenemos al interior de la Policía o es que ya estamos haciendo al interior de FF.AA….
Pero no es bueno que cada fuerza se investigue a sí misma…
Sí, pero compartimentación es dividir y frente al crimen organizado Usted tiene que tener superposición. Otro tema es la necesidad de que la Fiscalía disponga de su propio Cuerpo Técnico de Investigación, porque Usted tiene la posibilidad de que haya funcionarios que estén apoyando al crimen organizado. Le voy a dar casos sólidos: en Chile, carabineros no se investiga a sí mismo, quien investiga es la Policía de Investigaciones. Colombia decidió en los 90 crear su Cuerpo Técnico de Investigación. Allá tienen dos policías: la Policía Judicial que depende de la Policía Nacional de Colombia y el Cuerpo Técnico de Investigación, compartimental, porque había penetración. Aquí yo no digo: copiemos un modelo u otro. Hagamos el modelo con base en los principios: compartimentar, superponer, tener posibilidades de controles sobre controles…
En este Gobierno ha habido una politización de las FF.AA. Cualquier candidato que llegue, o si continúa el Presidente, tiene que cambiar de rumbo. Hay que despolitizar a las FF.AA. Las FF.AA. se deben a la sociedad, al país. Lastimosamente veo una politización extrema.
En Ecuador uno de los grandes dilemas es quién controla a quienes controlan…
Brasil, por citar otro ejemplo, es un estado federal y esto también genera fortaleza porque tiene agencias federales, pero quien hace la investigación en cada estado es la Policía Civil, porque también hay las presunciones de que puede haber un uso indebido de la fuerza por parte de la policía militar que se encarga de los controles o que ciertos integrantes de este cuerpo armado hayan estado trabajando para facciones criminales. Entonces hay que compartimentar y dotar a la Policía de recursos. Recuerde Usted el caso León de Troya: este caso se cierra porque simplemente aquí tenemos un proceso en que la Fiscalía tiene demasiado poder, en el cual la parte investigativa dice a la Fiscalía que aquí hay un caso para investigar y la Fiscalía pide al juez que se cierre esa investigación previa y ahí quedó. Y cuando se vuelve a abrir el caso, después se lo subsume al caso Encuentro y cuando se determina a las personas responsables en el caso Encuentro se deja de lado todo el caso León de Troya. Entonces tenemos impunidad y la impunidad genera desazón no solo en la sociedad: imagínese en cuerpos estructurados y armados como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Mire: yo he estado ahí y la regla general es que se imparte disciplina, pero cuando uno en su carrera ha visto que esa disciplina se imparte de una forma sesgada, eso baja la moral de la gente.
Y ahí viene ese círculo vicioso de impunidad, desazón social, demanda colectiva de mano dura y posibles violaciones a los DD.HH….
Veamos los ejes de prevención, los elementos de represión, en los cuales está el eje de justicia y los mecanismos para cambiar los sistemas de investigación, los cuerpos especializados, la cooperación internacional, los mecanismos de reducción de demanda. Es necesario enfocarnos en todo esto.
Plan V quiere insistir en algo. En el Perú de los 80 y 90 hubo malos elementos de la fuerza pública que sí sembraban una guerra psicológica, una suerte de terror en la comunidad para tratar de separar a los chicos que veían en Sendero Luminoso una alternativa. En Colombia ocurría otro tanto con los falsos positivos y con esas coordinaciones macabras entre malos funcionarios de la fuerza pública y grupos paramilitares. ¿Qué podemos hacer en el país para erradicar posibles abusos que propendan a sembrar terror para que la gente ‘se guarde’ en la casa?
Mire: aquí tiene que haber claridad desde el nivel político sobre cuáles son los límites de la actuación de las fuerzas del orden, con mensajes que sean claros, no mensajes que puedan alentar a entenderse que cualquier cosa es posible. Cuando rige el derecho internacional humanitario —y ojalá se repiense esto del conflicto— ahí lo que tenemos son reglas de enfrentamiento; cuando no rige este derecho, es decir, cuando no estamos hablando de un conflicto armado interno, lo que rige son normas de conducta para las fuerzas militares. Hay que fortalecer esto. Y también hay que trabajar para evitar que esta actividad que está cumpliendo las Fuerzas Armadas constituya un elemento de desnaturalización de sus capacidades.
El Plan Fénix, a la final, se ha convertido en una marca, porque Usted no tiene un conocimiento público de objetivos, estrategias, metas e indicadores; por lo tanto, no se lo puede medir. No sabemos cuánto hemos avanzado y es el grave problema que estamos atravesando en la actualidad.
¿Cree que en este año ha habido un uso electoral, plebiscitario, del concepto de seguridad?
Claro que ha existido. Es innegable. Pero una de las cosas que hace bien a cualquier ser humano o a cualquier organización es aceptar los errores, porque no somos infalibles. En este Gobierno ha habido una politización de las Fuerzas Armadas. Yo creo que cualquier candidato que llegue, o si continúa el Presidente, tiene que cambiar de rumbo. Hay que despolitizar a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se deben a la nación. Las Fuerzas Armadas se deben a la sociedad. Las Fuerzas Armadas se deben al país. Lastimosamente veo que hay una politización extrema. En esta politización se entra inclusive a hacer comunicados, como aquellos en que se hace referencia al articulado de los decretos del Presidente de la República, y esto es ser deliberante, porque, por ejemplo, cuando en uno de ellos se menciona a la señora Verónica Abad sin su título de vicepresidenta, se está siendo deliberante, porque ahí hay una discusión sobre quién es la Vicepresidenta. Entonces, eso no le hace bien a las Fuerzas Armadas. Creo que cualquier gobernante que venga tiene que actuar con responsabilidad, porque las amenazas y el contexto estratégico, no solo de hoy, sino del futuro, requiere que las Fuerzas Armadas tengan una capacidad de respuesta adecuada. Tan malo es cuando se trata de inculcar ideologías en discursos a las Fuerzas Armadas o generar controversias en el valor más importante que tiene una institución militar que es la disciplina, como llevar a las Fuerzas Armadas a apoyar un proyecto político desde la actuación dirimente en problemas que tienen que ser solucionados políticamente.
Lo que fue malo en 2007 es malo en 2025…
Por eso digo que cualquier candidato o tendencia política que gane, tiene que ser apoyada por los ecuatorianos. No podemos vivir en una lucha entre el bien y el mal. Tienen que corregir errores, porque todos han cometido errores y en esa corrección de errores, uno fundamental es no hacer del cuartel una tarima política. Yo creo que cuando haya estas ceremonias militares hay que hablar del aporte que tienen las Fuerzas Armadas en la seguridad y el desarrollo del país. Hay que hablar del valor de la historia y el sacrificio que han tenido las Fuerzas Armadas como un componente de la sociedad, hay que hablar de los desafíos de futuro, pero no hay que utilizarlas como tribuna política. Lastimosamente se ha vuelto una tribuna política y yo añadiría algo que es muy grave de todo lo que estamos viviendo: esta infocracia que hoy toma mucha más relevancia en un mundo en donde estamos en esta sociedad post alfabética, en la cual con pocas palabras y con algunas imágenes circulan las noticias falsas más rápido que las noticias reales. Vivimos una sociedad en que se refuerza el odio continuamente. Yo no veo que el proceso electoral se decante entre el cielo y el infierno, no podemos pensar que si ganó el uno ganamos del cielo y si gana el otro ganamos del infierno. No: aquí hay que respetar los resultados y todos los ecuatorianos tenemos que sumar, pero hay que redireccionar la política de seguridad. El Plan Fénix, a la final, se ha convertido en una marca, porque Usted no tiene un conocimiento público de objetivos, estrategias, metas e indicadores; por lo tanto, no se lo puede medir. No sabemos cuánto hemos avanzado y es el grave problema que estamos atravesando en la actualidad.