El fracaso de las pasadas reformas agrarias, el ocultamiento de décadas de despojos, y el crecimiento de los conflictos sobre territorios ancestrales y comunales por el avance del extractivismo y la especulación inmobiliaria, provocan que el eje de los conflictos de tierras se haya posicionado como una de las prioridades para que el Gobierno de Lenin Moreno demuestre su voluntad política y el diálogo con el movimiento indígena comience a arrojar respuestas concretas.
La invitación de la CONAIE a sus bases a exponer sus conflictos para colocarlos sobre la mesa de diálogo provocó una convocatoria de más de 100 representantes que evidenciaron un complejo mosaico de la conflictividad territorial, síntoma de la deuda agraria que las organizaciones indígenas y campesinas denuncian hace años, y que no ha sido resuelta por el gobierno de la revolución ciudadana.
Los mismos campasinos marcharon luego al Ministerio de Agricultura.
La organización de Maizales Maracumbo en una asamblea.
Recuperar las tierras robadas
Los antiguos pobladores de El Pambilar en la provincia de Esmeraldas llegaron a este sitio en busca de tierras en los años setenta incentivados por la Ley de Reforma Agraria y Colonización, buscando asentarse en tierras fértiles para producir cacao y de lo que ofrece la montaña. En el año 1998 la empresa Endesa Botrosa del Grupo Peña Durini, despojó de esas tierras a las familias campesinas con extrema violencia para extraer maderas finas, cuando el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario le adjudicó el predio aduciendo que eran terrenos baldíos. Así la empresa se apropió miles de hectáreas de bosques para la venta de madera, y desalojó decenas de familias, quemando sus casas y destruyendo sus cultivos. Durante décadas, Botrosa estableció en esta zona un territorio liberado, amedrentando a las familias campesinas, que nunca dejaron de exigir la devolución de sus tierras. La figura icónica de esta lucha, el fallecido dirigente Floresmilo Villalta, relataba con detalle las torturas a las que fueron sometidos los campesinos que participaron de los intentos de retomar la posesión de la tierra, que incluyeron el asesinato de José Aguilar y la criminalización del mismo Villalta, que pasó 4 años en la cárcel hasta que obtuvo la amnistía durante el pasado proceso constituyente.
El fallecido dirigente Floresmilo Villalta, relataba con detalle las torturas a las que fueron sometidos los campesinos que participaron de los intentos de retomar la posesión de la tierra, que incluyeron el asesinato de José Aguilar y la prisión de cuatro años para Villalta.
Un proceso legal ante la Corte Constitucional patrocinado por la CEDHU demostró que la tierra no debía ser adjudicada a Botrosa, y en 2009 los terrenos de El Pambilar fueron revertidos al Estado. Sin embargo, estos pasaron a manos del Ministerio del Ambiente que los declaró reserva forestal, y no fueron entregados a las familias originalmente despojadas.
Si bien los campesinos de Maizales Maracumbo han avanzado en los trámites legales para la adjudicación de tierras a través de la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria, su exigencia es que las tierras que les pertenecen y hoy están en manos del MAE, sean devueltas como determinó la sentencia de la Corte Constitucional. Esta es la única forma de restituir sus derechos y resarcir décadas de pobreza como familias sin tierra.
Frenar el reparto de la tierra comunal
El testimonio de los dirigentes de las federaciones de comunas de Santa Elena, Guayas y Loja es categórico: la connivencia del MAGAP, el sistema judicial, registradores de la propiedad y notarios en la entrega de títulos de propiedad individual de forma inconstitucional ha provocado un proceso permanente de despojo y fragmentación de las comunas. Si bien muchas de las comunas cuentan con documentación que registra que su existencia desde mediados del 1600, el “reparto” se ha realizado por medio de la declaración de territorios comunales como tierras baldías para que sean adjudicados a privados, o su registro municipal como tierras urbanas para dar paso a proyectos inmobiliarios. Y más recientemente, a través de la presión de las instituciones para que los comuneros procedan a desmembrar los títulos colectivos con el único objeto de poder acceder a un crédito.
Comunas como Puerto Engabao en el sur del Guayas mantienen desde hace años disputas con empresarios privados de la talla de Álvaro Noboa y Fabricio Correa. 175 has. de su territorio fueron escrituradas hace 30 años de forma ilegal, irrespetando el titulo global, y dada la belleza de sus playas y de este pueblo de pescadores, el terreno se convirtió en un codiciado espacio para la inversión turística. Los repetidos intentos de los empresarios de establecer cerramientos y comenzar construcciones en el sitio fueron enfrentados con acciones de hecho por parte de la comunidad para evitar que establezcan una posesión efectiva. Algo similar ocurrió con la Comuna Valdivia, filial a la Federación de Comunas de Santa Elena. Si bien desde 1982 contaba con el reconocimiento del título colectivo emitido por el MAGAP, en 1996 se inscribe en el registro de la propiedad un titulo particular a nombre de la empresa Marfragata sobre el mismo territorio. Como es habitual por parte de los GADs en estos casos, el Municipio de Santa Elena le cobra normalmente los impuestos a la empresa a pesar de la situación irregular de esta propiedad, dándole instrumentos jurídicos para mostrar una posesión inexistente, que la justicia ratifica sin proteger los derechos de la comuna ni observar la existencia de un titulo global comunitario. Actualmente la Comuna Valdivia se encuentra a la espera de que la Corte Constitucional resuelva la acción extraordinaria que ha planteado para demostrar la vulneración de sus derechos territoriales.
Actualmente la Comuna Valdivia se encuentra a la espera de que la Corte Constitucional resuelva la acción extraordinaria que ha planteado para demostrar la vulneración de sus derechos territoriales.
Con mínimas variaciones, este tipo de relatos se repiten a través de los territorios comunales, que invisibles al conocimiento público son mayoritarios en la península de Santa Elena y en la provincia de Loja (donde estos episodios están agravados por la presencia de gran cantidad concesiones mineras), y que constituyen el núcleo de más de 150 conflictos similares que apuntan a denunciar la responsabilidad histórica del MAGAP en el reparto de la tierra comunal, y de la ineficacia de la Ley de Comunas para contener el problema. Exigen al MAGAP establecer una mesa de trabajo para sanear la situación de todas las comunas en conflicto, partiendo del reconocimiento catastral y legal del territorio colectivo con titulo global.
Reconstituir los territorios indígenas fragmentados por el Estado
Hace siete años, la comuna Tzawata recuperó en una acción de hecho el territorio que fuera arrebatado a sus abuelos a principios del 1900 por el “Patrón Sevilla”, quien sometió por décadas a las familias indígenas al trabajo semi esclavo en el lavado del oro. Medio siglo después, este despojo fue legalizado por el IERAC para que la tierra fuera finalmente vendida a una empresa minera extranjera que actualmente lleva el nombre de Terra Hears Resources. En 2010, hacinadas en menos de dos hectáreas, sin territorios para la recolección, pesca y cultivos, y en una condición de extrema pobreza, estas familias retomaron el territorio usurpado y restablecieron la comunidad, donde hoy conviven con las comunas Ila y Chucapi que compartían su misma situación. Acusados ante la justicia como invasoras, la ahora comuna unificada Tzawata-Ila-Chucapi ha sufrido dos intentos de desalojo e incursiones militares en el territorio, sin embargo, en sólo siete años han establecido un sistema productivo sustentable que permite a las familias vivir dignamente, han recuperado el bosque degradado por la minera, y revitalizado sus prácticas culturales. Siguen esperando que la Secretaria de Tierras y Reforma Agraria reconozca la ancestralidad de su territorio.
Hay miles de hectáreas de territorios donde las comunidades indígenas amazónicas conviven con las consecuencias del proceso de colonización.
Como en éste caso, fuera de los territorios de las nacionalidades que fueron legalizados con la marcha amazónica del año 1992, existen miles de hectáreas de territorios donde las comunidades indígenas conviven con las consecuencias del proceso de colonización. En la cuenca alta de la Amazonía central, comprendida entre los cantones Tena y Arosemena Tola (Napo), y Santa Clara, Arajuno y Pastaza (Pastaza) la realidad en la tenencia de tierra se evidencian en el bajo porcentaje de propiedades comunales (entre el 0 y 11,82%) frente a la concentración de tierras en manos privadas (entre el 87,58% y hasta 100%), producto de múltiples despojos y de la intervención del IERAC. Las comunidades indígenas no tiene territorios colectivos donde reproducirse cultural y materialmente. Por ello, las lógicas de subsistencia de los pueblos indígenas en esta zona están marcadas por un proceso de proletarización y pobreza. Para mayor dificultad, con la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP, muchas de estas comunidades además han visto restringido el acceso a las zonas de reserva que mantienen ancestralmente en montañas y selvas aledañas. Más de 10 conflictos que responden a éste fenómeno, entre ellos de las comunas Shamato y Sacha Sisa, fueron expuestos por las organizaciones de Napo y Pastaza, quienes explicaron que fue solo una pequeña muestra de la realidad que enfrentan las comunidades en sus provincias. Buscan que la Subsecretaria de Tierras y el MAE reconozcan la ancestralidad de sus territorios y legalicen su posesión con títulos globales.
Misma suerte corren las comunidades indígenas shuar del sur amazónico, como el Centro Shuar San Francisco de Pakintza, quienes luego de lidiar durante años con la reiterada entrega ilegal de títulos a privados sobre su territorio colectivo, la ratificación de su titulo global por parte de la Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria en 2013, después de años de lucha legal, fue invalidada de oficio por el ex Ministro de Agricultura, Javier Ponce Cevallos, en abril de 2016 cuando uno de estos títulos ilegales fue adquirido por la empresa Ecuacorriente como parte de su penetración del territorio circundante al proyecto Cóndor Mirador. Este caso es sólo una muestra de cómo operaron los procesos de manipulación de la titularidad de la tierra en el sur amazónico a raíz del inicio de las actividades de prospección minera. Los conocidos desalojos de las comunidades de San Marcos y Tundayme son la cara más trágica de esta operación.
En el Pambilar, en Esmeraldas, grandes camiones sacan la madera que se explota en la región.
Tierra para vivir, respuestas efectivas al problema social
Como se describió anteriormente el proceso de despojo de las comunidades indígenas amazónicas de la cuenca alta de Pastaza no excluyó a los alrededores de la misma ciudad de Puyo, situación que se profundiza con la llegada de las primeras petroleras transnacionales como Shell. El título de la ex hacienda Te Zulay sobre territorios que ocupaban los kichwas, data del año 1944, otorgado por el Secretario de la Jefatura Política del Cantón Puyo. Durante décadas las familias indígenas fueron explotadas en la hacienda, estas tierras se convirtieron en espacio de vida de familias indígenas que llegaban a Puyo para darles educación a los hijos mayores o para trabajar, lo cual fue caldo de cultivo para el trafico de tierras y estafas permanentes a las familias que intentaban formalizar su posesión ante las amenazas de desalojo. En 2015, organizadas por las autoridades indígenas de la provincia, las familias de la ex hacienda Te Zulay exponen su caso al presidente Rafael Correa Delgado, quien formalmente ordenó al entonces gobernador Martín Quito, dé solución inmediata por ser un problema social y prohibió cualquier desalojo. Aun bajo la coordinación de las comisiones delegadas por la Presidencia, los más de cuatro mil miembros de las nacionalidades Kichwa, Achuar, Shiwiar, Andwa, Sápara, Waodani, Shuar, Secoya, Ai Cofán y Awá que conviven en este territorio denuncian haber sido estafados con el acuerdo de compra establecido por el gobierno con la compañía DIERIKON S.A., con el incumplimiento de las obligaciones del vendedor tras el pago que ya realizaron por 200.000 dólares. Con desconfianza en las instituciones que debían velar por el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Presidente Correa y en coordinación con la CONFENIAE, plantean la creación de la “Ciudad Intercultural de las Nacionalidades Amazónicas” por lo cual exigen que mediante Decreto Ejecutivo, todos los predios de la Ex Hacienda Te Zulay sean adjudicados con un titulo global y colectivo en calidad de patrimonio cultural viviente, a los pueblos y nacionalidades posesionarias.
Estas son sólo muestras de la dimensión de los conflictos por la tierra que se riegan por todo el territorio nacional (sin incluir aun a los miles de campesinos sin tierra que constituyen un contingente aun mayor de afectados por el silencio del Estado ante la deuda agraria). Mientras que la Constitución de 2008 prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, y reconoce el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a la propiedad inalienable e imprescriptible de los territorios, el índice de Gini -que mide la desigualdad en una escala del 0 al 1- sigue siendo uno de los más altos de América Latina con 0,8, y las masiva afluencia de denuncias sobre los conflictos a los cuales están sujetas las comunas y comunidades indígenas, demuestran que el Estado no ha hecho avances sustanciales en reconocer y salvaguardar los territorios ancestrales.
La Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales adolece de problemas estructurales en términos de su capacidad para generar cambios en la estructura agraria.
Fuera de lo que podría haberse esperado de una Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales que responda a los principios constitucionales, esta ley adolece de problemas estructurales en términos de su capacidad para generar cambios en la estructura agraria. Sin una definición clara de «latifundio» como limite a la concentración de la propiedad máximo se inhabilita en la práctica la expropiación y el se legitima el monopolio existente. La creación de un Fondo de Tierras, modelo propuesto por el Banco Mundial, promueve un mercado de tierras como única forma de acceso a la tierra por parte de los campesinos, mientras circunscribe la redistribución sólo a la tierra que es patrimonio del Estado, menos del 1% de la tierra, que alcanza solo para cubrir el 3,4% del déficit real de tierra para redistribución1 (MAGAP, 2010).
A pesar de que constar en su denominación, esta Ley no prevé instrumentos innovadores para enfrentar los problemas de reconocimiento y legalización de los territorios ancestrales y comunales, tampoco la necesidad de una actualización y revisión del catastro nacional en base a los principios constitucionales, ni los mecanismos de articulación interministerial necesarios para solventar la complejidad de los conflictos expuestos. Este último requisito es insoslayable, puesto que es imposible destrabar los conflictos de tierra sin que el MAG, MAE, ARCOM y el sistema de justicia trabajen juntos.
Por último, y como agravante, la institucionalidad definida por la Ley como Autoridad Nacional Agraria no contempla la participación de organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades, en la estructura rectora de la política de tierras y responsable de las adjudicaciones, lo cual permite que se reproduzca la cultura institucional que ha permitido el descrito reparto de la tierra.
Es decir, que en lo que refiere a dar solución a las realidades que configuran hoy el mosaico de la conflictividad agraria, está todo por hacer. Y avanzar en esa dirección inicia por reconocer los errores y abusos de poder que han existido.
Está sobre la mesa de diálogo.
1. Según datos del III Censo Agropecuario de 2000, apenas 73.261 has están en propiedad pública, mientras que el déficit de tierra para los campesinos es de 2.185.000 has de tierra que, redistribuidas en unidades productivas de 5 has, cubrirían una demanda de 200.000 campesinos sin tierra y 237.000 con muy poca tierra.