El gobierno de Daniel Noboa envió dos proyectos de Ley Económica Urgente a la Asamblea Nacional el 28 de enero de 2026 ingresados por el secretario jurídico, Enrique Herrería. Uno es la Ley Orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía, justificando urgencia ante trámites lentos y duplicidades que retrasan inversiones en ambos sectores, elevan costos y limitan retornos fiscales inmediatos del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica MAATE.
Se proyecta sustituir la «licencia ambiental» por «autorización ambiental» diferenciada por fases (exploración/explotación), simplificar concesiones mineras y petroleras, promover participación privada en autoabastecimiento energético, y agilizar provisiones para obra pública vía GAD. Busca retorno rápido de tributos, eficiencia en gasto y reactivación sin nuevos impuestos, argumentando que la rigidez actual ahuyenta capital y frena desarrollo.
Esta Ley Urgente no es mero tecnicismo administrativo: es un ariete contra frenos ambientales para desatar la extracción intensiva en minería y petróleo, priorizando flujos fiscales inmediatos sobre salvaguardas ecológicas y soberanía estatal. Sustituir la licencia ambiental por una «autorización» diluye controles del MAATE, incrementando la discrecionalidad ejecutiva en contratos y riesgos en sectores estratégicos permanentemente vulnerables a la corrupción.
Ecuador es un archivo incontable de trámites acelerados que favorecen adjudicaciones opacas, asimétricas, o entendimientos directos como se vio en intentos previos de concesionar el bloque Sacha a Sinopec (filial china) sin licitación plena, o presiones en el proyecto Loma Larga-Quimsacocha.
Esta Ley Urgente no es mero tecnicismo administrativo: es un ariete contra frenos ambientales para desatar la extracción intensiva en minería y petróleo, priorizando flujos fiscales inmediatos sobre salvaguardas ecológicas y soberanía estatal.
En la Asamblea Nacional, la discusión sobre esa Ley podría incluir la posibilidad de que se consolide la militarización de zonas extractivas, extendiendo el modelo de control en minería ilegal (Alto Punino, Buenos Aires) a operaciones «legales», justificándolas como seguridad nacional, pero habilitando resguardo a privados en áreas sensibles. Las potenciales implicaciones de desmontar “cuellos de botella” en actividades extractivas en la Amazonía, advierten sobre vulnerabilidad en el Yasuní (ITT), donde la continuidad petrolera choca con compromisos de conservación amazónica, y revive fantasmas en Quimsacocha por las revocatorias parciales que el gobierno resolvió para desactivar las protestas sociales.
Esta Ley Urgente se presenta como un instrumento coyuntural para reencuadrar la improvisación de la política energética, sobre un trasfondo de deterioro estructural de Petroecuador. El proyecto no adjudica explícitamente activos estratégicos, por ejemplo, el Campo Sacha, pero habilita un marco legal excepcional que flexibiliza la delegación, asociación o concesión de campos de alta rentabilidad. Sacha produce alrededor de 77.000 barriles diarios, -cerca del 20% del total nacional-. Esta habilitación jurídica coincide con negociaciones y propuestas previas que contemplan capital extranjero, en un contexto de déficits fiscales de USD 5.400M y necesidades de financiamiento de USD 16.100M (proforma 2026), agravado por el corte eléctrico colombiano desde el 22 de enero, con sobrecostos estimados en USD 2 millones diarios. La ley prioriza liquidez inmediata y discrecionalidad decisional, desplazando el debate público sobre soberanía petrolera en un escenario político y preelectoral altamente tensionado.