En Socio Vivienda 2, la calma depende del grupo criminal que ahí domina. En este pequeño barrio de apenas 24.000 habitantes, ubicado en el noroeste de Guayaquil, el Estado no existe. La unidad de policía comunitaria -el único reducto estatal que quedaba en esa zona- está abandonada desde hace más de un año. Allí la ley la impone el más fuerte y, cuando este se ve amenazado, las disputas pueden terminar en tragedia.
Esto sucedió la tarde del pasado 6 de marzo cuando hubo una masacre de 22 personas, la peor que ha visto el Ecuador en los últimos años. Desde entonces, los moradores deben cumplir un toque de queda desde las 19:00. Después de esa hora, nadie puede transitar por las calles de Socio Vivienda 2, que reúne conjuntos habitacionales y también casas de bloque y zinc. Pero esta no es una orden del gobierno, o de la Policía o de las Fuerzas Armadas. Es una orden del ganador.
La ausencia del Estado se palpa en la vida cotidiana del barrio. El ataque provocó un desplazamiento masivo de sus habitantes. El Movimiento de Barrios en Lucha y la Batucada Popular calculan que aproximadamente el 60% de las familias de Socio Vivienda ha dejado sus hogares. Hay cuadras enteras -con 80 viviendas cada una- donde no hay nadie, dijo a Plan V uno de sus representantes. El pasado 9 de marzo, estas organizaciones denunciaron que, desde enero pasado, “los barrios del noroeste de Guayaquil se encuentran atrapados en las disputas territoriales de bandas”.
Tras la masacre, solo uno de los dos centros de salud que existen mantuvo sus puertas abiertas. Ahora, tres médicos atienden a 60.000 pacientes. El hecho violento también interrumpió las graduaciones de los estudiantes del sector. La educación es la más afectada. Las escuelas y colegios funcionan con pocos alumnos porque los padres prefieren matricularlos en centros de otros lugares.
El aumento de los homicidios en Socio Vivienda 2 coincide con los años más violentos de Ecuador. Entre 2020 y 2021, el número de muertes se incrementó en un 375% en solo un año. La cifra se mantuvo alta hasta el 2022 y en el 2023 inició un descenso que se mantuvo durante el 2024. Esa tendencia coincide con la del Distrito de Nueva Prosperina, a la que pertenece Socio Vivienda. Pero en enero pasado, la cifra escaló a 68 muertes, convirtiéndose en el peor inicio de año de su historia. El escenario estaba listo para lo peor.
Cuando el barrio sabe
“El barrio siempre sabe lo que va a pasar”, dijo a Plan V un vecino del sector para explicar que desde hace meses observaron algunos hechos que les hacían pensar que algo no estaba bien. Él, al igual que otros testigos consultados, hablaron bajo la condición del anonimato total para este medio.
Una de esas señales fue la salida de algunos habitantes de este lugar a raíz de la detención, en España, de William Joffre Alcívar Bautista, alias Willy o Comandante Willy, y de su hermano Alex Iván, alias Ronco. Ambos eran los líderes de Los Tiguerones, la banda que erigió su bastión en Socio Vivienda, donde también vivió alias Willy, de acuerdo a una investigación de Insight Crime.
Los Alcívar Bautista cayeron en una redada el 22 de octubre del año pasado en Tarragona, una ciudad de Cataluña. Su vida rodeada de autos y ropa de lujo y las extremas medidas de seguridad que usaban para sus desplazamientos, llamaron la atención de las autoridades españolas.
“Vimos las noticias que el señor Willy fue detenido y, al día siguiente, la gente más cercana a él comenzó a salir de Socio Vivienda. Quienes vivimos eso, supimos que algo no estaba bien”, dijo la misma fuente. Según la prensa española, alias Willy habría llegado al país europeo aproximadamente hace dos años. Pero no dejó de tener contacto con su grupo criminal. Esto se hizo evidente en el ataque armado contra TC Televisión del 9 de enero de 2024. La Fiscalía lo acusó de liderar esa incursión armada al canal por teléfono y lo vinculó a ese proceso por terrorismo.
Pero cuando fue detenido, alias Willy perdió la comunicación con sus aliados, según estos testigos. Cuando el líder de Los Tiguerones fue aprehendido, las familias más cercanas de los mandos medios de esta organización criminal se desplazaron de Socio Vivienda a otros lugares. Mientras tanto, las rencillas entre las facciones de Los Tiguerones -que al parecer no eran recientes- se profundizaron en solo cuatro meses.
A partir de la captura de Willy, los vecinos de Socio Vivienda pudieron notar el fraccionamiento de la banda en dos, los Igualitos y los Fénix. Los unos no podían pasar a la cuadra donde estaban ubicados los otros. Hacia febrero, en Tik Tok ya circulaban videos de jóvenes que se identificaban con Los Tiguerones de Socio Vivienda que cantaban canciones alusivas a “tigres cazando”. Era solo cuestión de días para una tragedia.
Los minutos de terror
El barrio sabía que una batalla se avecinaba y que, además, ya tenía fecha: el feriado de Carnaval. La masacre finalmente ocurrió el miércoles 6, un día después de ese festivo.
“Cuando oí la balacera, me asomé y vi que corrían un poco de muchachos. No les vi armas, pero corrían en camiseta. Al rato, la gente decía mataron a diez, mataron a diez”, contó una habitante a este medio. En redes sociales, los vecinos publicaron videos de esos instantes. En uno de ellos, se observa el ingreso de un joven a un conjunto habitacional, mientras otros corren por las calles. Durante ambas escenas, se escuchan ráfagas de disparos.
La balacera inició aproximadamente hacia las 14:20 y duró 40 minutos, según un habitante de Socio Vivienda que se escondió en un cuarto de su casa junto con su familia. Los moradores cuentan que a los pocos minutos de iniciados los disparos, llegó la Policía y hubo un nuevo enfrentamiento.
Según la Policía, un grupo de 20 hombres armados descendió -en motos y a pie- desde una zona montañosa hasta Socio Vivienda 2, donde fue el mayor ataque, y luego se trasladaron a otros sectores como La Casuarina y la Entrada de la 8. Pablo Dávila, jefe de la Policía Nacional en la Zona 8, describió a este hecho como una matanza “entre delincuentes”, donde Los Tiguerones Fénix y las Águilas -otra banda- asesinaron a miembros de Los Tiguerones Igualitos, dijo este alto mando policial. Para Dávila, estas muertes fueron “selectivas” porque los buscaron directamente en sus viviendas.
Pero en el barrio, la versión es otra. Aunque reconocen que la mayoría de las familias puede tener un miembro en esas bandas, no todas las víctimas de la masacre eran parte de esa disputa. Los atacantes, al no encontrar a las personas que iban a asesinar, dispararon a sus familiares. “Murió la pareja de uno de ellos, hermanos o vecinos, personas inocentes que no tenían nada que ver en el asunto. (Los mataron) solo por estar en la casa donde vivían los miembros que ellos conocían”, dijo un habitante de la zona. Líderes sociales del sector calculan que ocho personas, de las 22, no eran parte de las bandas. En la lista oficial de víctimas, hay dos menores de edad y una mujer.
Esta es una guerra con rostro joven, dice un morador. En este barrio, el 71% de las víctimas de muertes violentas tenía entre 18 y 34 años, y 60% era estudiante, según los registros de la Policía entre los años 2021 y 2024. Pero el nivel de instrucción es un dato escaso en los archivos de esa institución. Más del 80% de las muertes no tiene esa información. El 20% restante había terminado la escuela o el bachillerato o no tenía ninguna instrucción. La mayoría fue asesinada en la vía pública, pero desde el 2023 aparecen con más frecuencia los ataques a casas o villas.
Pero en el barrio se cree que el ataque del 6 de marzo dejó más muertos. Una vecina contó que una mujer fue agredida a pedradas un día después de la tragedia. Diario Expreso reportó el viernes, 7 de marzo, sobre el hallazgo de una adulta mayor agonizando con un golpe en la cabeza en el mismo sector de la masacre. El Movimiento de Barrios en Lucha también afirmó que había más muertos de los que se han denunciado y que existen tres jóvenes, de entre 18 y 19 años, que están desaparecidos.
La violencia se extendió a la Penitenciaría del Litoral. En la madrugada del viernes 7 de marzo, cinco presos fueron hallados muertos, entre ellos Jorge Antonio Ayoví Simisterra, procesado por el asalto a TC Televisión. Versiones preliminares dicen que Ayoví habría sido ahorcado. Hasta el momento, las autoridades no han explicado las causas de esos decesos, pero en el barrio esta noticia no causó sorpresa. Los muertos, dice uno de los habitantes, pertenecían a la facción que fue atacada el día de la masacre. Los internos se encontraban en el Pabellón 12, donde se encuentran Los Tiguerones.
El barrio está en shock
A los habitantes de Socio Vivienda 2 les tomó casi una semana salir de sus casas. Los que se quedaron, prefirieron encerrarse con sus familiares en sus viviendas. El asesinato de personas que no eran miembros de las facciones enfrentadas, dejó un mensaje: nadie está a salvo.
Es por eso que el temor pudo más que el hambre. Los lugareños relatan que dejaron de salir inclusive hasta las tiendas y se mantuvieron con los víveres que tenían. Priorizaron alimentar a sus hijos. Quienes trabajan fuera del barrio, pidieron permiso para faltar. Y la gente se encerró tras los barrotes de metal que cubren las ventanas y puertas de algunas de las casas del sector. En Tik Tok, vecinos subieron videos del barrio desolado, de las calles vacías.
Los que huyeron, en cambio, usaron furgonetas, taxis y hasta buses. La gente cuenta que algunos salieron para el campo y a otros sectores periféricos como la Isla Trinitaria, el Guasmo, Las Malvinas, etc. La demanda de mudanzas incrementó súbitamente, tanto que en redes sociales el dueño de un camión empezó a ofrecer el servicio.
Socio Vivienda nació como un proyecto habitacional creado en el gobierno de Rafael Correa, en 2010. Allí fueron reubicadas cientos de familias que vivían en asentamientos irregulares alrededor del Estero Salado. Aunque el objetivo era mejorar las condiciones de vida principalmente de la población afro empobrecida, su desalojo fue brutal y violento.
El proyecto tuvo tres etapas: Socio Vivienda 1, 2 y 3. Pero rápidamente la falta de atención del Estado dejó a este barrio a la deriva de la violencia. En 2019, cuando Plan V visitó Socio Vivienda 2 -donde fue el epicentro de la masacre- la escuela del sector había cubierto las ventanas cubiertas de hojas de metal para evitar los frecuentes robos y en las casas resaltaban las huellas de disparos.
Junto a Socio Vivienda 3, el gobierno construyó un nuevo grupo de casas que estuvo en el olvido por varios años. El 4 de febrero pasado, el presidente Daniel Noboa entregó viviendas a 668 familias en el Conjunto Habitacional Sueño Guayaquileño, pero popularmente se lo conoce como Socio Vivienda 4. Paradójicamente, a esas 668 casas ingresó la Policía el 8 de marzo porque presuntamente ahí se refugiaban los causantes de la masacre.
La Policía y las FFAA intervinieron el sector, entre el 7 y 8 de marzo. Capturaron a 29 personas, de las cuales ocho son adolescentes. “Todos los policías y militares que hayan actuado y que vayan a desplegarse en Nueva Prosperina, cuentan desde ya con indulto presidencial. Necesitamos que actúen con determinación y sin temor a represalias. Defiendan al país, yo los defiendo a ustedes”, les prometió el presidente Daniel Noboa a las fuerzas del orden.
El 7 de marzo, la Policía realizó un primer operativo tras la masacre. Capturó a 20 personas, de los cuales cuatro son adolescentes. Todos fueron puestos ante las cámaras. Foto: Policía Nacional
Estas acciones, sin embargo, no contuvieron la violencia. Los vecinos alertaron de nuevos disparos y detonaciones en la madrugada del miércoles 12 de marzo. Un morador relató que cayeron esquirlas a las casas y tuvieron que pedir ambulancias para que atendieran a mujeres que resultaron heridas. Supuestamente hubo un nuevo enfrentamiento entre las facciones enemigas. Nadie está tranquilo ni puede dormir en paz.
Una historia de violencia
Socio Vivienda es un barrio roto. La paz es un escurridizo estado que los habitantes la disfrutan muy poco. Como en otros sectores del norte de Guayaquil, el expendio de droga escaló a pasos agigantados. Casi el 60% de estas muertes fue el microtráfico entre 2021 y 2024, según la Policía. El 30% estaba amenazado y además, el 90% de los que murieron fueron hombres solteros.
El negocio pasó por varios grupos del sector hasta que entre 2017 y 2018 empezaron a sonar los nombres de Los Lobos y Los Tiguerones, ambas aliadas de Los Choneros. Los habitantes los recuerdan como bandas unidas, que se hacían bromas entre ellos. Pero de un momento a otro se rompió el pacto y hubo una muerte que marcó el cambio.
El 1 de octubre de 2022 fue asesinado Roger Joao Llerena Prieto, quien fue conocido con el alias La Morsa. Tenía solo 26 años cuando fue acribillado mientras circulaba en un vehículo en Socio Vivienda 2. En menos de una década, él fue considerado como uno de los hombres más peligrosos de Guayaquil. Tuvo cuatro procesos judiciales, uno por haber apuntado con una pistola a un policía y otro por haber sido encontrado con 10,5 gramos de heroína. La Policía lo vinculó a la banda de Los Lobos por el tatuaje que tenía en su cuerpo.
Tras ese asesinato, Los Tiguerones se quedaron con ese territorio y llegó una temporada de calma. Algunos habitantes regresaron a Socio Vivienda. Los niños corrían a cualquier hora y los vecinos podían llegar a altas horas sin que les pasara nada. Se consideraban como el último bastión de paz de los barrios del norte. “Pasamos una Navidad muy bonita, un Año Nuevo muy bonito y un Carnaval muy bonito. Pero de repente fue una cosa terrible”, narra una moradora.
“Queremos que Ecuador no se convierta en un Haití”, es el pedido de uno de los vecinos. “No solo sucede en Socio Vivienda. Salvemos al país, donde no te discriminen, donde puedas salir tranquilo, donde vuelvan a ver parques, donde vuelva a haber salud en el barrio. No hay por qué discriminar a la gente de los sectores populares. Somos personas honestas que, en su gran mayoría, queremos salir adelante”.
Punto de vista
El más grande generador de empleo en la actualidad es el narcotráfico’
Gaitán Villavicencio, sociólogo
Este es un problema que estamos viviendo desde hace algún tiempo, particularmente en zonas urbanas donde se ha concentrado esta violencia. Entonces, yo creo que eso es imputable a varios factores. El primer factor es la presencia irregular y ocasional del Estado. El otro elemento es la ausencia total por parte del Ejecutivo de una política pública de seguridad ciudadana, de una agenda social integral y de políticas territoriales para luchar contra el crimen organizado. Y el último elemento que quiero resaltar es que hemos pasado del sicariato -donde un sicario mataba a dos personas- a masacres. Además, estamos viendo la ausencia de una policía científica. Tenemos una policía perseguidora. En esas zonas encontramos que la mayor parte de los jóvenes son NN: ni estudian ni trabajan. Allí viene un problema gravísimo ya que el más grande generador de empleo en la actualidad es el narcotráfico.