Una denuncia de la periodista mexicana, Anabel Hernández, experta en temas de narcotráfico y violencia, soltó una bomba informativa en el Ecuador, al afirmar que el gobierno de Rafael Correa y muchos de sus funcionarios (especialmente ministros del interior y secretarios de seguridad) posibilitaron que el crimen organizado afiance sus estructuras criminales en el Ecuador desde el 2010 y así, el Cartel Jalisco Nueva Generación, liderado entonces por Joaquín “El Chapo” Guzmán, penetró en el país y se infiltró en las cárceles y en el sistema de justicia. Para Hernández “Ecuador se convirtió en una gran bodega de la cocaína”.
Tras la caída de los capos de los carteles colombianos de la droga a finales de los 80, Pablo Escobar (Cartel de Medellín) y los hermanos Rodríguez Orejuela (Cartel de Cali), el negocio del narcotráfico se transformó. Las guerrillas colombianas abandonaron su objetivo revolucionario y se convirtieron en custodios de los alcaloides en territorio, permitiendo que crezcan varios carteles mexicanos, que ganaron espacio, poder y territorio a inicios del siglo XXI.
Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Michoacán, el Cartel del Norte y otros lograron posicionarse y poner en jaque al Estado mexicano, lo que se cristalizó de mejor manera cuando llegó al poder Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, con su propuesta “abrazos, no balazos”, que posibilitó que los narcos tomen el control de varios estados de la Unión Mexicana.
En México existe un escenario donde el crimen organizado, el negocio de la droga y las guerrillas y autodefensas se articulan y socavan el poder del Estado. Cuando se sostiene eso, todo marcado por altas tasas de violencia: asesinatos, secuestros, atentados, y vínculos más o menos sólidos entre guerrillas y organizaciones criminales, grupos de autodefensa, paramilitares, justicieros mientras que la vida política termina condicionada por la violencia.
Las relaciones de colaboración entre grupos guerrilleros y organizaciones criminales, en particular las dedicadas al narcotráfico, permiten aumentar los recursos económicos y la capacidad de fuego y de reclutamiento de las guerrillas, como pasaba en décadas pasadas en Colombia con las FARC y el ELN y en Perú con Sendero Luminoso y el MRTA.
Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Michoacán, el Cartel del Norte y otros lograron posicionarse y poner en jaque al Estado mexicano, lo que se cristalizó de mejor manera cuando llegó al poder Andrés Manuel López Obrador.
A esto se suma la debilidad del Estado y la ineficacia de la justicia y el riesgo de que los grupos delincuenciales permeen organizaciones como la policía y el ejército. La resolución legislativa del congreso mexicano que permitió elecciones para escoger jueces y magistrados, auspiciadas por el partido Morena, abonó mucho más en el riesgo, por la infiltración del narco en el sistema de justicia.
Los Estados latinoamericanos no tienen recursos suficientes para cumplir con tareas básicas; una burocracia corrupta, ineficiente y poco profesional, así como mal equipada; que actúa poco y mal porque no existe un orden jerárquico, incondicional y uniforme de la legalidad.
En México, por décadas, esta situación no fue un problema sino algo así como un atenuante para la integración política, la movilidad y la producción de orden, en una sociedad con enormes desigualdades económicas y regionales, a partir del sistema de intermediación creado por el PRI, a finales del siglo XX.
La suerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el narcotraficante más buscado por México y EE. UU., un hombre que escapó de múltiples operativos para su captura por más de una década, terminó. «El Mencho», como era conocido, murió tras un operativo del Ejército mexicano en la sierra de Jalisco.
La posterior respuesta del cartel, lanzando ataques en Jalisco y otros estados, dejó unos 25 muertos de la Guardia Nacional, así como 30 presuntos delincuentes. El capo fundó el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que desde 2010 se extendió por ese país y se convirtió en una de las bandas criminales con más poder de violencia, junto con el Cartel de Sinaloa. EE.UU. ofrecía $ 15 millones por su captura, mientras que en México la suma era la más alta: US$1,75 millones.
Más recientemente, el gobierno de Donald Trump designó al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como “organización terrorista” por ser un «cartel despiadado y violento responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EE.UU.». Por años se supo que Oseguera Cervantes tenía una red de protección en zonas rurales y urbanas del estado de Jalisco, que le permitió moverse con cierta desenvoltura. En múltiples ocasiones pudo huir del cerco de las autoridades.
Una muerte que traerá cola en otros países
300 mil muertes anuales. El narcotráfico y la corrupción son las formas que tomó la violencia en México en el siglo XXI, acrecentada en el período presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Violencia que va ligada al aumento del poder del narcotráfico, porque este fenómeno juega en México un lugar central en el debate público y debilita a cualquier gobierno por su incapacidad para enfrentarlo.
El resurgimiento de la violencia va ligado al aumento del poder y las actividades de grupos criminales dedicados al narcotráfico y otras actividades ilícitas (extorsión y secuestro, contrabando y falsificación, pasando por trata de personas, que son negocios siempre ligados en cualquier sociedad infiltrada por este fenómeno social).
La violencia también se debe a la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado, iniciada por el presidente Felipe Calderón (entre 2006 y 2012), sin resultados y que empeoró en el gobierno de su sucesor, Enrique Peña Nieto, con el crimen no aclarado de 43 estudiantes en Ayotzinapa, por grupos irregulares vinculados con los carteles y con responsabilidad de militares y policías.
El clima de terror e impunidad que reina en ese país abrió el camino a una banalización de la violencia a lo que hay que añadir también el abuso de poder de la Policía y el Ejército que crecen ante la impotencia para detener el avance de los carteles y las bandas delincuenciales comunes. Por esta razón, numerosos periodistas han sido asesinados y amenazados por sus trabajos de denuncia contra grupos narco delictivos.
Muchas investigaciones muestran que, en la segunda mitad del siglo XX, ni los políticos ni la policía acabaron con el crimen organizado. Solo buscaron controlarlo y contenerlo con corrupción y negociación con las redes delincuenciales. No obstante, la corrupción policial es otra práctica vigente en México.
La violencia también se debe a la “guerra” contra el narcotráfico y el crimen organizado, iniciada por el presidente Felipe Calderón (entre 2006 y 2012), sin resultados y que empeoró en el gobierno de su sucesor, Enrique Peña Nieto.
Un dicho popular mexicano sostiene que en el primer año de gobierno el gobernante pone a sus hombres en puestos clave y establece su poder, en los cuatro años siguientes gobierna y en el último, roba. Y no pasa solo con el presidente, sino con los gobernadores y otras autoridades.
Hasta el fin de la presidencia de Salinas de Gortari (1988-1994) subyacía la idea de que estas prácticas permitían cierta estabilidad y enriquecimiento de todos: la fortuna de “los de arriba” ayudaba a lograr la fortuna de todos, en una variante de la teoría del trickle down (derramamiento) planteada por economistas liberales.
El método organizado por el PRI daba a entender un sistema de negociación y ajuste, sostenido por el presidente, que ayudaba a que cada uno reciba su parte. Cuando estallaron los escándalos al final de la presidencia de Salinas de Gortari se cuestionó este enriquecimiento ilícito y se demostró que llevaba al caos y a la inmoralidad. Era inaudito que el hermano del presidente tenga contacto con importantes narcotraficantes sin que el mandatario lo supiera.
A fines de los ’80, con la apertura política y el progreso de la oposición -de izquierda, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y centroderecha, con el Partido Acción Nacional (PAN)– se dio una paradoja. La corrupción no era exclusiva del PRI; llegó a otros partidos y en todos los niveles, mientras que paralelamente se formaba un imaginario democrático de alternancia y transparencia. El PAN y el PRD adquirieron los mismos hábitos clientelistas del PRI, pese a que muchos de sus funcionarios hicieron campañas contra esas prácticas. Tampoco Morena, el partido gobernante, es ajeno a lo mencionado
Dos fenómenos contribuyeron a esa especie de relación incestuosa entre la economía legal y la ilegal: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las transformaciones de canales de ingreso de la cocaína en EE. UU. La firma de este tratado tuvo, como consecuencia, un aumento en los traslados de camiones entre México y EE. UU. con productos fabricados en las maquiladoras o mercancías agrícolas.
El efecto de la política antidrogas de EE. UU. y Colombia fue doble: volvió más difícil la introducción de cocaína desde la Florida y el Caribe, y debilitó a los carteles colombianos. México era el paso obligado y los transportistas mexicanos fueron actores dominantes del mercado, lo que ocasionó un boom de la economía de la droga, tanto en zonas productoras de opio, marihuana y drogas sintéticas como en zonas fronterizas entre México y EE. UU.
Todo esto se evidenció en el caso de la Policía Federal, oficiales del Ejército, de aduanas y de control del tráfico aéreo. Así, las elites económicas tradicionales se beneficiaron del negocio de la droga y no pocos de ellos trabajaron en el lavado de dinero o participaron en “actividades de refuerzo”.
La “guerra” contra el crimen organizado lanzada por Calderón y continuada por Enrique Peña Nieto, no terminó con las relaciones entre la economía de la droga y sus “actividades de refuerzo”, sino que más bien las fortaleció. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con su política de “abrazos y no balazos”, consolidó el poder de los carteles, que actualmente controlan estados de la unión mexicana.
El dilema mexicano
Según The New York Times, “México está atrapado entre el presidente Trump y los carteles”. El presidente Trump ha exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum que confronte a los cárteles, por lo que la muerte del Mencho sugiere que esto podría estar funcionando, pero con un alto costo.
El Mencho era el mayor capo de la droga que estaba en libertad. Su nombre, Nemesio Oseguera Cervantes. Por dos décadas se escapó de sus captores, sobreviviendo a sus rivales El Chapo y El Mayo, lo cual convirtió a su cartel, Jalisco Nueva Generación, en la organización criminal más poderosa de México. Su carrera tuvo un final abrupto, por una cita romántica. Su asesinato fue un éxito para las autoridades mexicanas.
El presidente Trump ha exigido a las autoridades mexicanas que desmantelen los cárteles que amasan fortunas enviando drogas por la frontera. Si no lo hacen, ha dicho que el ejército estadounidense puede hacerse cargo. Las amenazas tuvieron efecto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó en persona una de las ofensivas más agresivas contra los cárteles en una década.
Mientras Trump ordenaba una intervención militar en Venezuela y advertía que México sería el siguiente, Sheinbaum autorizaba a las fuerzas mexicanas a eliminar al criminal más buscado de su país, utilizando inteligencia estadounidense. El asesinato del Mencho muestra cómo la tensa relación entre Trump y Sheinbaum -líderes diametralmente opuestos- puede haber cambiado la relación entre EE. UU. y México, especialmente en materia de seguridad.
Aunque Sheinbaum trata de marcar límites con Washington y el deseo de Trump de atacar a México es habitual en todos sus discursos, también lo es su frase sobre proteger la soberanía de México.
Los analistas sostienen que Sheinbaum también juega con fuego por haber llegado tan lejos, lo que somete a su administración a mucha presión y genera dudas sobre la capacidad del Estado mexicano para gestionar las consecuencias de esa operación. Como pasa con el monstruo mitológico Hidra, cuando se descabeza al líder surgen más cabezas. El asesinato del Mencho desató una ola de tiroteos, incendios y bloqueos. Los mexicanos se preparan para más violencia, con enfrentamientos entre facciones de los carteles y el estado mexicano, algo que el país ya vivió otras veces.
Aunque Sheinbaum trata de marcar límites con Washington y el deseo de Trump de atacar a México es habitual en todos sus discursos, también lo es su frase sobre proteger la soberanía de México. La mandataria sostiene que no hubo participación de fuerzas estadounidenses. “El acuerdo con EE. UU. se basa principalmente en el intercambio de inteligencia”, dijo. Sheinbaum confirmó que agencias estadounidenses proporcionaron inteligencia para la operación contra el Mencho y el The New York Times informó que información crítica provino de la CIA, que no dio declaraciones.
De 2008 a 2023, Estados Unidos gastó $ 3.600 millones en seguridad bilateral con México, pero no siempre fue tan colaborativo. Un programa clasificado de inteligencia estadounidense investigó objetivos en México, pero sin informarlo a autoridades mexicanas. Esto fue validado cuando se demostró que muchos funcionarios mexicanos han sido corrompidos por los carteles.
¿Cómo afecta esto en el Ecuador?
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho», jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tuvo respuesta inmediata: carreteras tomadas, ciudades incendiadas, ataques coordinados. México comprobó una verdad incómoda: cuando el Estado actúa tarde, el crimen responde como poder soberano. No fue exceso del narco, sino años de renuncia política.
Ecuador ya recorre ese camino. Tras el fin del correísmo en 2017, el intento de recuperar el control estatal no trajo calma. Las cárceles son campos de batalla, las bandas luchan por territorios, las economías locales están secuestradas y hay terrorismo criminal. No ocurrió de repente. Fue por permitir que el crimen crezca sin control.
Rafael Correa intentó mantener bajo control a los delincuentes con acuerdos y concesiones. No logró paz sino administrar el delito. Mientras su discurso vendía estabilidad, las bandas se convirtieron en grupos de delincuencia organizada con armas militares, control de las cárceles y nexos en el mundo. Se asociaron con cárteles extranjeros, se tomaron puertos, infiltraron la economía y construyeron su propio poder. Cuando el Estado despertó, el cáncer estaba en metástasis.
México eligió el mismo camino. El lema de «abrazos, no balazos» de Andrés Manuel López Obrador no redujo la violencia: la aplazó y los cárteles crecieron. El Cartel Jalisco Nueva Generación es hoy una estructura armada que puede paralizar regiones enteras y desafiar al Estado.
En Ecuador, la irresponsabilidad tuvo nombres y decisiones concretas. Un campamento de las FARC operó por años en Angostura sin ser desmantelado hasta el bombardeo de la milicia colombiana en tiempos del presidente Álvaro Uribe en marzo de 2008. El cierre de la Base de Manta debilitó la vigilancia antidrogas y convirtió al país en plataforma logística del narcotráfico. La consecuencia: el dominio de grupos de delincuencia organizada.
Ecuador es punto de tránsito clave para el narcotráfico por su ubicación geográfica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína en América Latina.
Correa y AMLO gobernaron comprando tranquilidad momentánea a precio de seguridad futura. No confrontaron al crimen cuando podían hacerlo. Eligieron la comodidad del relato antes que el costo del poder. Por eso, cuando los sectores de izquierda cercanos a RC dicen que combatir al narco genera violencia no es muy real. La violencia estalla cuando el Estado se arrodilla. México y Ecuador no fueron incendiados por la guerra contra el crimen, sino por rendirse antes.
Por eso el término «narcoestado» se refiere a países donde el narcotráfico tiene una influencia significativa en las instituciones gubernamentales, económicas y sociales, a tal punto que puede definir la política interna y la estructura del poder del país. Esto se ve en países como México o Haití, un país en donde las bandas criminales dominan la capital, Puerto Príncipe, y otras ciudades.
Ecuador es punto de tránsito clave para el narcotráfico por su ubicación geográfica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína en América Latina. Aunque no es un país productor de cocaína, tiene una posición estratégica que lo convierte en un corredor importante para el tráfico de drogas a mercados internacionales, especialmente EE. UU. y Europa.
En los últimos años, Ecuador vio un aumento significativo del número de incautaciones de drogas y de operaciones de tráfico, especialmente a través de sus puertos marítimos. Sin embargo, los esfuerzos del país por combatir el narcotráfico no han sido lo esperado.
Un elemento fundamental de los narcoestados es la penetración del crimen organizado en las instituciones gubernamentales y la corrupción a altos niveles. En el caso de este país, aunque existen casos de corrupción vinculados con el narcotráfico y hay funcionarios públicos y judiciales arrestados por tráfico de drogas o por estar relacionados con organizaciones criminales, no se ha llegado todavía al extremo como en otros países donde las estructuras estatales fueron infiltradas por el narcotráfico.
Ecuador experimenta un aumento en la violencia en los últimos años, especialmente en zonas fronterizas con Colombia y en las principales ciudades, donde bandas criminales asociadas al narcotráfico luchan por el control de territorios. El país mantiene políticas para combatir el narcotráfico, incluyendo la erradicación de cultivos ilegales, incautación de drogas, y operaciones de desmantelamiento de redes de narcotráfico. Pero, la capacidad del Estado para hacer frente al narcotráfico es limitada por diversos factores, como la corrupción, la falta de recursos y la influencia de las organizaciones criminales.