En lo que va del presente año, Ecuador ha visto un incremento sostenido de la criminalidad y la violencia, impulsada principalmente por la expansión del narcotráfico y la consolidación de organizaciones de crimen organizado transnacional en el país.
Este fenómeno se ha agravado por la crisis económica, la corrupción institucional, y la falta de un control estatal efectivo en ciertas regiones, lo que ha permitido a las bandas criminales ocupar vacíos de poder.
Del mito de la isla de paz al corazón del crimen organizado
Ecuador ha evolucionado de ser un país de tránsito a un punto clave en la cadena de suministro del narcotráfico. La localización geográfica del país, con puertos estratégicos como Guayaquil, Posorja, Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar, ha facilitado que los carteles mexicanos, colombianos, y otras organizaciones criminales utilicen Ecuador como un centro de acopio y distribución de drogas hacia Centro América, Europa y Estados Unidos. Esto derivó en una feroz competencia entre bandas locales y transnacionales por el control de rutas marítimas, fluviales y terrestres, elevando significativamente los niveles de violencia e inseguridad con mayor incidencia en las provincias costaneras y del oriente ecuatoriano.
Organizaciones de delincuencia organizada nacionales, que han mutado convirtiéndose en micro carteles o carteles de primera generación como Choneros, Lobos y Tiguerones han aumentado su poder y presencia en diversas regiones del país, consolidando su control mediante actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el sicariato. Estas bandas han desarrollado una estructura sofisticada y conexiones internacionales que les permiten operar con impunidad en ciertas zonas o santuarios donde ejercen una gobernanza criminal, desafiando en unos casos a la autoridad estatal y en otros asumiendo competencias constitucionales.
Otro factor de incidencia es la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, y otras instituciones públicas, socavando la capacidad del Estado para combatir eficazmente a las organizaciones delictivas. La inseguridad existente en todo el país genera un impacto profundo en la sociedad ecuatoriana, afectando la vida diaria de los ciudadanos y el desarrollo económico del país. El miedo y la percepción de inseguridad han llevado a una reducción de la inversión, el turismo, y el comercio, especialmente en zonas controladas por la delincuencia. El sector más afectado es el empresarial que ha sido tomado como objetivo por las organizaciones delictivas para incrementar los secuestros, extorsiones y vacunas, ante la inacción gubernamental.
2024: los seis meses de violencia
Desde enero a julio del 2024, Ecuador ha alcanzado una tasa de homicidios sin precedentes, superando los 30 por cada 100.000 habitantes en varias regiones. Los focos de mayor incidencia y violencia delictiva son las provincias de: Esmeraldas, Guayas, Manabi, Los Ríos, Santo Domingo, El Oro, Sucumbíos, Orellana y Pichincha. Este incremento se debe principalmente a las disputas entre bandas que emplean el sicariato como estrategia de amedrentamiento entre organizaciones delictivas rivales, relacionadas con el narcotráfico en las rutas y puertos de salida de la droga, o también para consolidar su control en los santuarios y la actividad de microtráfico.
Los secuestros y extorsiones han aumentado notablemente, con un enfoque en empresarios, comerciantes y ciudadanos de alto perfil. Este tipo de delito genera un clima de inseguridad que afecta tanto a la vida cotidiana como a las operaciones empresariales.
En las principales ciudades del país, los robos y asaltos se han incrementado, afectando tanto a individuos como a establecimientos comerciales. La falta de respuesta efectiva por parte del Estado lleva a un incremento en la autoprotección y el uso de seguridad privada.
Las ciudades más impactadas
La situación de inseguridad es generalizada en todo el país, no existe provincia o ciudad que se libre del auge delictivo, sin embargo, existen algunas en donde se han concentrado la mayor cantidad de hechos de violencia que han disparado las alarmas generando por parte del gobierno, Estados de Excepción tratando de controlar el incremento de la violencia sin los resultados esperados. Estas son algunas de las ciudades y los diferentes santuarios donde se recrudeció la inseguridad y violencia:
Guayaquil: Continúa siendo una de las ciudades más afectadas, con cantones como Durán y barrios como Cristo del Consuelo, Bastión Popular y la Isla Trinitaria bajo el control de grupos criminales. Estas zonas se han convertido en focos de violencia debido a la lucha territorial entre bandas por el control del tráfico de drogas.
Esmeraldas: Esta provincia se ha visto gravemente afectada por la presencia de grupos armados y narcotraficantes colombianos, lo que incrementó el número de homicidios y otros delitos violentos. Las ciudades de Esmeraldas y San Lorenzo son las más impactadas.
Quito: Aunque la capital ha estado relativamente más segura en comparación con Guayaquil y Esmeraldas, barrios como La Mariscal, La Roldós, y Chillogallo, Solanda, El comité del Pueblo, Calderón, han visto un aumento en robos, extorsiones y la presencia de pandillas que migraron desde el litoral ecuatoriano ante la presión de la Fuerza Pública.
Manabí y Los Ríos: Estas provincias han experimentado un aumento en la criminalidad, especialmente en Manta y Babahoyo, debido al tráfico de drogas y la expansión de bandas delictivas.
La gobernanza criminal: el nacimiento de los microestados.
La gobernanza criminal se ha asentado en barrios marginales de varias ciudades, donde las bandas imponen su ley y orden, ofreciendo protección a cambio de lealtad en una simbiosis perversa. Los barrios mencionados anteriormente en Guayaquil, Esmeraldas y Quito están entre los más afectados. La incapacidad del Estado para penetrar efectivamente en estos territorios permitió que las estructuras criminales se fortalezcan.
La gobernanza criminal se conceptualiza como el control territorial, social y económico que organizaciones delictivas ejercen en ciertas áreas, reemplazando o complementando al Estado en funciones esenciales establecidas constitucionalmente como su responsabilidad. En pocas palabras es la pérdida de soberanía por parte de las autoridades gubernamentales sobre espacios territoriales como barrios y en ocasiones cantones. Este fenómeno no es exclusivo de Ecuador, pero su presencia en el país ha crecido de manera alarmante en los últimos años, afectando gravemente la seguridad y la estabilidad social.
Estas organizaciones delictivas no solo se involucran en actividades ilegales, sino que también proporcionan servicios y regulan aspectos de la vida cotidiana en las comunidades que controlan, estableciendo una especie de orden paralelo o un microestado.
En Ecuador, la gobernanza criminal ha evolucionado rápidamente, influenciada por factores como el aumento del narcotráfico, la debilidad institucional y la expansión de redes criminales internacionales. Los santuarios proliferaron en todo el país, donde la gobernanza criminal ha comenzado a penetrar el tejido social en diferentes cantones y barrios ante la falta de la presencia estatal, que en algunos casos es nula o mínima.
En Manabí, considerada como un punto estratégico para el narcotráfico debido a su ubicación costera, las organizaciones criminales controlan varias rutas de tráfico y han instaurado un sistema de “protección”.
En Guayas, Choneros, Lobos y Tiguerones, han logrado imponer un control territorial casi absoluto en varios barrios marginales de Guayaquil como Monte Sinaí, Isla Trinitaria, Bastión Popular y el cantón Durán, entre los más importante, ejerciendo violencia, extorsión y traficando drogas. La pobreza y la ausencia estatal facilita su dominio.
En Manabí, provincia considerada como un punto estratégico para el narcotráfico debido a su ubicación costera, las organizaciones criminales controlan varias rutas de tráfico y han instaurado un sistema de “protección” en base a santuarios para sus operaciones, especialmente en barrios de Manta (Tarqui, La Pradera, Santa Martha) y Chone (La Victoria, El Cauca, Santa Rita) donde Choneros y Lagartos ejercen una gobernanza criminal.
Esmeraldas, por su cercanía con Colombia, se ha constituido como un punto importante para el tráfico de drogas y armas. Las organizaciones delictivas nacionales de Lobos, Tiguerones y facciones de los Choneros, así como disidencias de las FARC, operan en esta región, imponiendo su control en áreas rurales y urbanas, especialmente en los barrios de las ciudades de Esmeraldas como la Guacharaca, Isla Piedad, 15 de Marzo; en San Lorenzo Sectores como la Bahía, San Felipe, La Tola y en Quinindé los barrios El Mirador, Las Palmas, Santa Marta entre los más importantes de esta provincia.
La provincia de Pichincha, especialmente la ciudad de Quito, ha visto un aumento significativo en la presencia de bandas organizadas que controlan ciertas áreas periféricas de la ciudad, donde la violencia y el tráfico de drogas son comunes y donde la gobernanza criminal ha comenzado a extenderse rápidamente en la capital. Facciones como los Choneros, Lobos y Tiguerones han tomado el control en diferentes sectores como: La Comuna, Jaime Roldós, Loma de Puengasi, La Magdalena, Chillogallo, el Inca, Cotocollao, Calderón, Guamaní, Pisulí, el Panecillo, San Roque, La cima de la Libertad, Calderón, el Beaterio, Pomasqui, Tumbaco y Cumbayá.
En el país existen aproximadamente cerca de 167 santuarios donde las organizaciones delictivas ejercen una gobernanza criminal. Por lo indicado es primordial que las autoridades se involucren en la solución del problema y presten una mayor atención a los escenarios que se están presentando en las diferentes provincias.
¿Qué hacer?
La gobernanza criminal en el país es un problema complejo que requiere un enfoque multifacético para su erradicación. Solo mediante el fortalecimiento de las instituciones, el desarrollo económico y la participación de la sociedad, se podrá recuperar las áreas controladas por el crimen organizado y restablecer el orden y la seguridad en el territorio. Para ello es necesario que el gobierno desarrolle algunas acciones político-estratégicas inmediatas para reducir la influencia de las megabandas en el tejido social.
- Es crucial que el Estado fortalezca sus instituciones, especialmente en las áreas más afectadas, para recuperar el control territorial y restaurar la confianza de la población en el gobierno.
- Muchas de las áreas bajo gobernanza criminal son extremadamente pobres por lo que es necesario la ejecución de programas de desarrollo social y económico para reducir la dependencia de la población en estas organizaciones delictivas.
- Es necesario una reforma integral de la Justicia y la Fuerza Pública para combatir la corrupción interna y mejorar su capacidad operativa en la lucha contra las organizaciones delictivas.
- La gobernanza criminal en Ecuador está estrechamente vinculada con redes criminales internacionales. La cooperación con otros países es esencial para desarticular estas redes y cortar sus fuentes de financiamiento.
- Las comunidades deben ser parte activa en la creación de soluciones, promoviendo la denuncia y la colaboración con las autoridades para desmantelar las estructuras de poder criminal.
- La presencia disuasiva permanente en territorio por parte de la Fuerza Pública es vital para evitar el control territorial de las organizaciones delictivas.
La tendencia de inseguridad en Ecuador sugiere que, sin intervenciones contundentes por parte del Estado, el nivel de violencia y criminalidad seguirá en aumento. Las organizaciones criminales, con sus redes bien establecidas y su capacidad para corromper instituciones, continuarán ampliando su influencia, lo que podría derivar en un deterioro aún mayor de la seguridad pública y en desafíos significativos para la estabilidad social y económica del país.