¿De qué manera la militarización de la lucha contra el crimen organizado se convirtió en una exitosa estrategia de dominación política en Ecuador? Para responder esta pregunta se ha identificado el mecanismo que lo hizo posible, y se llama estado de guerra. Este es un artefacto ideológico que opera como mecanismo de dominación política y consiste en el uso de un conjunto de prácticas estatales organizadas en torno a tres estrategias bélicas: la fabricación del enemigo interno a través del discurso oficial sobre “crimen organizado transnacional”, la administración de la política a través del “tiempo de guerra” y la restauración de un orden moral a través del ethos militar.
Esta investigación, llamada originalmente El estado de guerra como mecanismo de dominación política en Ecuador fue realizada por el catedrático de la Universidad Central del Ecuador, Luis Córdova-Alarcón, diseñada como un estudio de caso único. Abarca el período comprendido entre febrero 2024 y agosto 2025.
«Han transcurrido dieciocho meses desde la declaratoria de “conflicto armado interno” por parte del Gobierno de Daniel Noboa, el cual se decretó el 11 de enero del 2024, y las condiciones de seguridad no han mejorado: el primer semestre del 2025 es el más violento en la historia del Ecuador con 4 557 asesinatos. Las cifras al alza de secuestros, extorsiones y decomiso de droga en los puertos dejan entrever que el país experimenta mayor violencia y criminalidad. Si el objetivo estratégico de la “guerra interna” fue aplacar la violencia criminal, es evidente que no está cumpliéndose tal propósito. En ese mismo contexto, una agenda gubernamental tutelada desde el extranjero está implementándose de forma acelerada. El Gobierno de Daniel Noboa ha logrado introducir importantes reformas institucionales, acumular poder y apalancar el modelo extractivista como nunca.
«La declaratoria de “guerra interna” en Ecuador tiene una funcionalidad ambivalente: un fracaso como estrategia de seguridad, pero un éxito como estrategia política. Que los efectos no coincidan con los fines proclamados no hacen de esta decisión algo irracional. Para hallar su racionalidad hay que analizar los usos y estrategias desplegadas a partir de la toma de decisiones.
Las narrativas que se vuelven dominantes en un momento histórico determinado dan sentido a nuestras experiencias, moldeando nuestras emociones y perfilando nuestras acciones.
«Una aproximación desde la antropología política a la realidad ecuatoriana resulta oportuna por tres razones. Primero, porque nos invita a repensar la idea del Estado poniendo en primer plano las formas y representaciones con que se legitima la institucionalización política del poder. La declaratoria de un “conflicto armado interno” adquiere otro cariz desde esta perspectiva. No se trata de contabilizar enfrentamientos armados para constatar que la “guerra interna” es una realidad. Se trata de entender los usos legitimadores del discurso bélico en el marco de una nueva forma de administrar el tiempo de la política. Segundo, porque nos obliga a reconocer que las formas estatales son también formas culturales.
«Las narrativas que se vuelven dominantes en un momento histórico determinado dan sentido a nuestras experiencias, moldeando nuestras emociones y perfilando nuestras acciones. Una dimensión central del poder del Estado es la manera cómo funciona dentro de nosotros, a través de las prácticas, rutinas y rituales que adoptamos y reproducimos. La narrativa de la “lucha contra el crimen organizado transnacional” ha creado un nuevo sentido común en la sociedad ecuatoriana. La capacidad performativa del discurso oficial dota de sentido a la acción gubernamental —aunque sus prácticas sean dispersas, parciales y hasta contradictorias—, mientras que la activación del estado de guerra normaliza el recurso a la violencia material y simbólica como principal medio de relacionamiento social y ejercicio del poder.
«Tercero, porque la perspectiva antropológica nos recuerda que las formas estatales están animadas y legitimadas por un ethos moral específico. El poder del Estado se manifiesta en la capacidad del sistema político para poner en circulación la obediencia a determinado código moral.
Esta capacidad de regulación moral crea las condiciones necesarias para (re)configurar un orden económico y social; es decir, para imponer la dominación. El estado de guerra cumple esta función a cabalidad: reclasifica a la sociedad (criminales / enemigos / narcoterroristas versus civiles / ciudadanos / pueblo uniformado), crea una nueva economía moral sobre la vida (por ejemplo, el asesinato de una persona privada de libertad carece de valor para el Estado) y forja una nueva geografía de la violencia (por ejemplo, a través de los desplazamientos forzados internos y la expansión de proyectos extractivistas).
«En síntesis, la perspectiva antropológica permite observar con atención los ejercicios de legitimación que se hacen a nombre del Estado. Muestra las formas y representaciones a las que recurren quienes ejercen el poder político para lograr apoyo o tolerancia a lo indefendible e intolerable, presentándolo como algo moralmente aceptable; es decir, las formas y representaciones que usan para gobernar.
«En este sentido, “el Estado es el triunfo del ocultamiento”. Al respecto, el caso ecuatoriano es paradigmático. A diferencia de otras experiencias latinoamericanas, la militarización de la lucha contra el crimen organizado en Ecuador adquirió un estatuto formal inédito. La declaratoria de conflicto armado interno —o conflicto armado no internacional (CANI) según el Derecho Internacional Humanitario— no solo reactivó el poder militar, sino que también reconstituye la dominación política.
«El mecanismo causal que explica esta transición es el estado de guerra. Denominamos estado de guerra al uso de un conjunto de prácticas estatales organizadas en torno a tres estrategias bélicas: la fabricación del enemigo interno a través del discurso oficial sobre “crimen organizado transnacional”, la administración de la política y la ley a través del “tiempo de guerra” y la restauración de un orden moral a través del ethos militar.
¿Hacia dónde va el Ecuador con Daniel Noboa?
En América Latina, el extractivismo ha sido el hilo conductor de todos los procesos de dominación política, al menos desde su inserción subordinada al mercado mundial en el siglo XVI. Desde entonces es posible rastrear sus ciclos económicos y observar los procesos políticos a los que dio cauce, y reconocer las rupturas y continuidades que los constituyen. En este sentido, la expansión del modelo de desarrollo neoextractivista que se enraíza en la región, estimulado por el “boom de los commodities” (que se dio entre los años 2003- 2013) es un buen termómetro político a escala regional. Siguiendo a Maristella Svampa (2019) que ha caracterizado muy bien este período, a partir de 2013-2015, la región experimenta una tercera fase de este modelo, a la que denomina exacerbación del neoextractivismo. Con esta fase llegó también el fin del ciclo progresista en América Latina, en un contexto geopolítico global de crecientes tensiones entre las grandes potencias. Para muestra un botón: en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos emitida por el presidente Trump, en diciembre de 2017, por primera vez se reconoce a China y Rusia como desafíos geoestratégicos para los Estados Unidos.
«En ese contexto hay que ubicar el fin del proyecto de la Revolución Ciudadana (RC). El Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) se apartó del recetario neoliberal, pero no dejó de ser funcional al modelo neoextractivista que se expandió en la región con altas dosis de corrupción pública y privada. El Caso Odebrecht lo ejemplifica.
«El ciclo hegemónico de la RC aceitó las lógicas de acumulación del capital transnacional, alimentando entre sus seguidores la «ilusión desarrollista». No es casualidad que en ese Gobierno se abrieran las puertas a la megaminería, los monocultivos forestales y un largo etcétera de proyectos neoextractivos. Cuando el dinero dejó de fluir por la caída de precios de las materias primas y la restricción de crédito externo, ni el carisma, ni el liderazgo, ni la vocación autoritaria del presidente Correa fueron suficientes para sostener y prolongar su proyecto político.
Tras ocho años de relativa inestabilidad (2018-2024), Ecuador ha entrado en un nuevo ciclo hegemónico con Daniel Noboa en el poder. Esto no quiere decir que el haz de crisis se ha resuelto.
«La “traición” del presidente Lenin Moreno, en junio de 2017, fue una salida oportunista para sobrevivir políticamente al desbarajuste macroeconómico. Carente de dinero, carisma y liderazgo, Moreno abre un nuevo ciclo de crisis de hegemonía en el país. Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente. La crisis de hegemonía se expresa con claridad en los dos estallidos sociales de octubre de 2019 y junio de 2022. Pero, sobre todo, en la incapacidad de sostener un proyecto de Estado que incube nuevos modos de articulación institucional para enfrentar el haz de crisis que se desencadenó: crisis de seguridad, crisis educativa, crisis económica, crisis energética, entre otras. Al mismo tiempo, esa incapacidad fue el mejor aliciente para que las espirales de violencia criminal se desenvolvieran sin pausa.
«Tras ocho años de relativa inestabilidad (2018-2024), Ecuador ha entrado en un nuevo ciclo hegemónico con Daniel Noboa en el poder. Esto no quiere decir que el haz de crisis se ha resuelto. Tan solo significa que el bloque de poder al que pertenece Daniel Noboa ha conseguido viabilizar nuevamente una estrategia económica neoextractivista, instituir un proyecto de Estado policiaco, y restaurar una visión hegemónica oligárquica que cuaja muy bien en el contexto geopolítico actual. Esta reconstitución de la dominación política en Ecuador se constata en decisiones como las siguientes:
«La reapertura del catastro minero para habilitar nuevas concesiones de pequeña, mediana y gran minería. Luego de que el catastro minero permaneciera cerrado por siete años, el Gobierno anunció su apertura a partir del 16 de junio de 2025. Además, anunció su intención de revertir concesiones a grandes mineras que no han hecho inversiones ni han avanzado en exploración. Así posibilita una amplia renegociación de los yacimientos mineros más importantes que no están en explotación. Recuérdese que el Gobierno de la Revolución Ciudadana entregó 275 concesiones de gran minería a empresas extranjeras.
«La megaminería está en marcha. Concesiones otorgadas hasta 2017 obtuvieron licencias ambientales y arrancaron sus procesos de exploración y explotación, según el caso. De entre los proyectos que se han concretado recientemente, el más cuantioso es el proyecto Cangrejos, en la provincia de El Oro; y el más problemático, el proyecto Loma Larga, en Azuay. Véase en el Gráfico 1 los nueve proyectos de megaminería que ya cuentan con luz verde por parte del Gobierno.
«El 23 de abril de 2025, Petroecuador firmó un memorando de entendimiento con la empresa MV Refinerías S.A., filial de la firma DRL Refineries, con sede en Houston (Estados Unidos), para construir una refinería de conversión profunda en la provincia de Santa Elena. Con este proyecto en marcha, el abandono de la refinería de Esmeraldas cobra sentido: se están haciendo grandes negocios.
«El 15 de agosto de 2025, la ministra de Energía, Inés Manzano, presentó la hoja de ruta para el sector petrolero, con 49 proyectos con una inversión estimada de USD 47 367 millones. Un país lotizado al servicio de las multinacionales.
«El 18 de junio de 2025, el presidente Noboa emitió el reglamento a la «Ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación de energías». Tras su viaje a España y a la República Popular China, a finales de junio, anunció las primeras inversiones: Power China, casa matriz de Sinohydro, comprometió una inversión de USD 400 millones a cambio del retorno de Sinohydro a la administración de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, de la cual fue su constructora y que hoy está en arbitraje internacional con el Estado ecuatoriano por fallas estructurales en su construcción. También se conoció que el grupo Cox Energy de España invertirá USD 600 millones en cinco proyectos de energía eólica y fotovoltaica, ubicados en las provincias de Pichincha, Chimborazo y Loja.
«A todo esto hay que añadir un conjunto de reformas legales, fiscales y económicas adoptadas por el Gobierno de Noboa para cumplir las exigencias del Fondo Monetario Internacional, las cuales tienen un gran impacto socioeconómico. Entre las más polémicas consta el despido de 5000 servidores públicos, acompañado por una reducción en el número de ministerios y secretarías gubernamentales. Menciono lo anterior porque lo que ha hecho posible tan ambiciosa agenda en un período de gobierno relativamente corto es la activación del estado de guerra.
«Lo que ha hecho posible tan ambiciosa agenda en un período de gobierno relativamente corto es la activación del estado de guerra.
El estado de guerra como mecanismo de dominación política en Ecuador
«A medida que la ola de violencia inundó el país, un nuevo vocabulario se volvió dominante. Hoy es común escuchar en la conversación pública términos como narcoterrorismo, crimen organizado transnacional y grupos de delincuencia organizada (GDO), entre muchos otros. Un lenguaje aparentemente técnico, reproducido por autodeclarados “expertos en crimen organizado”, ha creado una cultura del conocimiento que moldea la forma en que miramos la realidad. Esa cultura implica prácticas, métodos, modos de organizar y enseñar la información a partir de los cuales se manufacturan las imágenes sobre el mundo del narcotráfico y el enemigo que se debe vencer. Pero toda cultura del conocimiento para existir debe también construir un régimen de ignorancia; es decir, debe organizar la reproducción del no-conocimiento y desplegar estrategias de mantenimiento sobre lo que no debe saberse, lo que debe invisibilizarse. Esta política de la ignorancia es vital para comprender el trasfondo ideológico del estado de guerra. Para entender su funcionamiento, vale la pena mostrar cómo se archivó el pasado reciente. Demos dos ejemplos:
«El 1 de octubre de 1987, el Gobierno de los Estados Unidos confiscó un avión DC-10 de la empresa Ecuatoriana de Aviación, y le impuso una multa de más de un millón de dólares por haber transportado 71 kilos de cocaína. Durante 18 meses, el Gobierno de León Febres-Cordero (1984-1988) pagó un total de cuatro millones de dólares en multas por el mismo motivo: droga hallada en las aeronaves de la empresa estatal (Vistazo, 1988a). Según denuncia periodística publicada en New Jersey (EE.UU.), el exsecretario de la administración de Febres-Cordero, Joffre Torbay Dassum, habría sido agente financiero del cartel de Medellín. Por esta razón, el Gobierno de los Estados Unidos habría solicitado al presidente Febres-Cordero que aparte a Torbay del Gobierno (Vistazo, 1988b).
«Pero no es el único caso. En diciembre de 1987, Yair Klein, un coronel de las Fuerzas de Defensa Israelí, convertido en mercenario, llegó a Bogotá (Colombia) junto a una decena de comandos de fuerzas especiales de Israel y Reino Unido. Habían sido contratados por la Asociación de Ganaderos del Urabá Medio para entrenar a mercenarios y sicarios que terminaron trabajando al servicio de los señores de la droga en Colombia. Además, constituyeron una red de tráfico de armas usando a Miami (Florida, EE.UU.) como punto de apoyo. En esta red criminal también habría participado Ran Gazit, otro militar israelí que fue contratado por el Gobierno de León Febres Cordero para brindar asesoría en la ”lucha contra el terrorismo”. Un análisis del movimiento migratorio de Ran Gazit coincide con los viajes realizados por Yair Klein entre Bogotá y Miami, además de que operaban a nombre de la misma empresa.
«Lo que podría ser el origen de la narcopolítica en Ecuador ha quedado invisibilizado. Forma parte de ese régimen de ignorancia que prefiere endilgar toda la narcopolítica al Gobierno de Rafael Correa. En la gramática oficial que administra el Pentágono y el Departamento de Estado, el Gobierno de Febres-Cordero fue el que derrotó al terrorismo protagonizado por Alfaro Vive Carajo. Un caso más reciente de la política de la ignorancia ocurrió con el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023).
El estado de guerra no es invento ecuatoriano. En los últimos veinte años el Pentágono y think tanks aliados han desarrollado una batería conceptual y doctrinaria para caracterizar los conflictos asimétricos.
«El 7 de julio de 2021, el expresidente Lasso fue informado de la investigación criminal denominada León de Troya, en la que se vinculaba con la mafia albanesa a personajes de su círculo más cercano y altos oficiales de la Policía Nacional. En vez de disponer la desarticulación de esa organización narcodelictiva, el Gobierno desarticuló el equipo de investigadores. La indagatoria fue archivada en la Fiscalía y, tras el asesinato de Rubén Chérrez Faggionni (el 31 de marzo del 2023), principal implicado en el caso León de Troya, todo quedó envuelto en las sombras de la impunidad. Estos y otros detalles constan en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, encabezado por Fernando Villavicencio, también asesinado el 9 de agosto de 2023.
«Nuevamente la gramática oficial se impuso. Para abril del 2022, el presidente Guillermo Lasso era considerado por el Departamento de Estado como “el presidente más favorable a los Estados Unidos en más de dos décadas”.
«El estado de guerra no es invento ecuatoriano. En los últimos veinte años el Pentágono y think tanks aliados han desarrollado una batería conceptual y doctrinaria para caracterizar los conflictos asimétricos bajo denominaciones ambiguas como “guerra híbrida”, “guerra irregular”, “insurgencia terrorista” o “insurgencia criminal”. En América Latina, el epicentro para la difusión de estas ideas entre la oficialidad militar es el Centro Regional de Estudios Estratégicos de Seguridad (CRESS) en Bogotá, Colombia. Entidad creada como parte del Plan de Acción de Estados Unidos y Colombia sobre Cooperación en Seguridad Regional (United States-Colombia Action Plan on Regional Security Cooperation, USCAP) puesto en marcha desde 2012. Recientemente, el Congreso de los Estados Unidos autorizó la creación del Centro para el Estudio de la Guerra Irregular (Irregular Warfare Center), adscrito al Pentágono mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional Mac Thornberry de 2021.
«Una literatura seudo académica también ha servido para apuntalar este tipo de discursos. El Small Wars Journal es la principal vitrina para reproducir la mentalidad bélica con que el Pentágono mira a la periferia. Una basta producción ensayística replicada en esta revista online alega que las guerras criminales escalan a conflictos armados no internacionales: el trabajo de John Sullivan es una muestra elocuente.
«En marzo de 2023, la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador organizó el evento de presentación del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), una iniciativa financiada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), agencia federal del Departamento de Estado de los Estados Unidos (PADF, 2023). Desde entonces, el OECO se convirtió en una caja de resonancia del discurso bélico. En octubre de 2024, el director del OECO, Renato Rivera Rhon, hablaba de una supuesta “insurgencia criminal” en estos términos: “Estamos en una fase inicial de esta insurgencia, donde las organizaciones criminales buscan desestabilizar el Estado para asegurar el control territorial y hacer que sus mercados ilícitos, como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, sean más eficientes” .
«La idea no era original. El primero en difundirla en Ecuador fue Freddy Rivera, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) y encargado del programa de estudios de seguridad de esa institución académica. El 23 de agosto de 2023, Rivera expuso la idea de la insurgencia criminal y la corporación criminal ante la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, en el marco de un foro organizado a propósito de la conmemoración del trigésimo séptimo aniversario de la Academia de Defensa Militar Conjunta. Luego lo hizo en una entrevista para la revista digital PlanV, en septiembre del mismo año.
«El problema con esta idea de la insurgencia criminal es que legitima la agenda de la “guerra contrainsurgente”. Como lo explica con lucidez Peterson (2024), la guerra contrainsurgente fue concebida como un “ejercicio de ingeniería social armada”. Así la diseñaron las tropas francesas en el marco de la guerra de Argelia (1954–1962) al mando del teniente coronel Roger Trinquier. De ahí que su uso en el contexto ecuatoriano abra las puertas a una amplísima estrategia de intervención social, supervigilancia y reorganización moral de la sociedad.
A medida que la “guerra interna” se ha normalizado el discurso oficial también ha radicalizado su lenguaje bélico. En 13 decretos analizados esta etiqueta fue la más utilizada: 122 veces. Le sigue la denominación de grupos de delincuencia organizada (GDO) con 24 menciones.
«Desde esta perspectiva, cobra sentido la creación de un régimen jurídico especial en el marco del conflicto armado interno a través de la Ley de Solidaridad Nacional, puesta en vigor el 10 de junio de 2025, y de su Reglamento, emitido el 15 de julio mediante decreto ejecutivo No. 40. Ambos instrumentos legales satisfacen tres exigencias que el mando militar ha realizado desde hace algunos años en los corrillos del poder. Primera, dotarle de una fachada de legalidad a las operaciones de guerra, en especial, cuando se producen “daños colaterales”: muertes de civiles y daños a propiedad privada. Segunda, hacer uso directo de la fuerza sin ser penalmente responsables. Tercera, disuadir al “enemigo” mediante el ejercicio del terror, implementando la tortura y la desaparición forzada.
«Una reciente investigación periodística muestra que “el primer año de guerra interna cerró con el incremento de las denuncias por abusos ejercidos por militares, policías u otros funcionarios públicos. Delitos como la tortura se cuadriplicaron: pasaron de 52 casos en 2023 a 195 en 2024. Las ejecuciones extrajudiciales crecieron de 6 a 19 y las extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio se incrementaron de 118 a 272. Las denuncias de desapariciones forzadas se duplicaron: pasaron de 12, registradas en 2023, a 26, documentadas en 2024”.
«A medida que la “guerra interna” se ha normalizado el discurso oficial también ha radicalizado su lenguaje bélico. Un análisis de contenido realizado por Melanie Taipe, del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos a las declaratorias de Estado de Excepción, entre enero de 2024 y abril de 2025, muestra la preeminencia que adquirió la etiqueta de grupos armados organizados (GAO). En los 13 decretos analizados esta etiqueta fue la más utilizada: 122 veces. Le sigue la denominación de grupos de delincuencia organizada (GDO) con 24 menciones.
«Los informes de inteligencia policial y militar, convenientemente divulgados a través de sus aliados en la prensa, han posicionado esta narrativa de guerra. En enero de 2025, un informe del Centro de Inteligencia Estratégica del Estado (CIES) [rebautizado como Centro Nacional de Inteligencia, a partir del 14 de julio de este año] reclasificó las estructuras criminales en Ecuador. Los Choneros y Los Lobos dejaron de ser grupos de delincuencia organizada para convertirse en GAO, mientras que Los Tiguerones pasaron a clasificarse como grupo de delincuencia organizada transnacional.
«Recientemente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha incluido a Los Choneros y Los Lobos en su lista de organizaciones terroristas. Pero no basta con nominar al enemigo interno y organizar un régimen de ignorancia sobre el origen y las causas que agudizan la criminalidad y la violencia. Para que el estado de guerra sea efectivo se requiere un acelerador de la política. Nada es más dinamizador que el tiempo de guerra. El trabajo Dudziak (2012) analiza los efectos del tiempo de guerra sobre la forma de pensar la ley y la política en la cultura estadounidense. Sus hallazgos resultan claves para entender cómo se administra la política cuando se activa un estado de guerra permanente.
«La cultura del tiempo de guerra en Occidente se basa en dos convenciones. Primera, que en la guerra el tiempo regular se interrumpe y se abren paso tiempos excepcionales en los que cualquier cosa puede ocurrir. Segunda, que luego del tiempo de guerra viene un tiempo de paz, lo que eleva el umbral de tolerancia social ante los males de la guerra. En el caso ecuatoriano la declaratoria de “conflicto armado interno” capitaliza ambas convenciones culturales para legitimar una reforma legal que sería inaceptable en “tiempos de paz”; y crear un margen de maniobra excepcional para reconstituir la dominación acelerando los procesos políticos y cimentando un nuevo orden moral.
«En diciembre de 2022, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos, como parte de la James M. Inhofe National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023. Seis meses más tarde, el Pentágono suscribió un Memorando de Entendimeinto con el Ministerio de Defensa del Ecuador, con 189 objetivos que deberían cumplirse hasta 2030.
«De forma paralela, el Departamento de Estado, a través de la extinta USAID, firmó otro Memorando de Entendimiento con el Gobierno de Guillermo Lasso con el mismo horizonte de tiempo. Ambos documentos son parte de la estrategia de intervención diseñada para implementar la ley en mención. Desde entonces, el Gobierno ecuatoriano ha externalizado buena parte de la política de seguridad y la política económica. La primera, subordinando al país a la agenda de seguridad hemisférica del Comando Sur de los Estados Unidos. La segunda, acatando las exigencias del Fondo Monetario Internacional.
«Para que esta agenda gubernamental tutelada desde el extranjero tenga éxito, fue necesaria la activación del estado de guerra. El mejor ejemplo es el incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento, en abril de 2024. A pesar de que se trataba de una exigencia del FMI, el Gobierno construyó un relato bélico para justificarlo: el dinero recaudado serviría para financiar la guerra interna. La ministra del Interior, Mónica Palencia, propagó el mensaje con insistencia y ganó la gracia de periodistas y analistas ingenuos. La Ley para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica fue aprobada sin contratiempos. Las leyes recientemente aprobadas en una Asamblea Nacional bajo control hegemónico del movimiento político del presidente Noboa repiten esta fórmula. La Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Transparencia Social reproducen el patrón de dominación: acumular poder en el presidente de la República, consolidar un Estado policíaco y adecuar la institucionalidad del Estado para facilitar la expansión del neoextractivismo.
«La forma en que se aprobó este paquete legislativo y la acción gubernamental desplegada para defenderlo son síntomas del nuevo orden moral instituido por el estado de guerra. Apenas la Corte Constitucional admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra varias leyes y suspendió la aplicación de un buen número de normas, el Gobierno no tardó en catalogarla como aliada del crimen organizado.
«El recurso a la violencia simbólica alcanzó su paroxismo en la marcha convocada por el Gobierno para el 12 de agosto. Aquel día, gigantescas vallas con los rostros de los jueces de la Corte Constitucional bajo la frase “estos son los jueces que nos están robando la paz” flanquearon las calles por donde pasó la marcha. El mensaje fue reproducido por desaprensivos asambleístas del oficialismo, ministros asistentes a la marcha y por el propio presidente Noboa, que en su alocución atinó a decir: “No vamos a permitir que se nos pare”.
«Como experimentando un instante eterno, el Gobierno se atrincheró en su versión de los hechos y descartó cualquier disidencia. Como si el país se hubiese transformado en un gigantesco cuartel, la única voz de mando es la del comandante. Quien la acata con disciplina y en silencio puede sobrevivir, quien no lo hace será castigado y eliminado. Esto es parte del ethos militar que hoy se ha convertido en eje rector de la política gubernamental».
*Para facilitar la lectura se han retirado de este texto las referencias conceptuales e informativas, las cuales constan, al igual que las fuentes, en el informe original.
Para consultar el informe original, aquí.