Carmen tiene diabetes y necesita controles médicos periódicos con un especialista para vigilar su enfermedad. Lleva meses llamando al sistema de agendamiento y la respuesta se repite: «No hay citas disponibles».
El Ministerio de Salud Pública afirma que, entre el 16 de julio y el 31 de agosto de 2026, 114.629 requerimientos de citas médicas no pudieron concretarse por falta de cupos. Solo en agosto se concentraron más de 103.000 solicitudes. Medicina general acumuló más de 51.000; odontología, 20.355; obstetricia, 13.958; valoración integral, 13.866, y psicología clínica, 10.228.
Lo sucedido nos obliga a plantearnos esta pregunta: ¿qué significa que un sistema de salud no tenga una cita médica disponible?
En salud pública, este fenómeno se relaciona con la demanda insatisfecha: personas que necesitan atención y no consiguen recibirla. La Organización Mundial de la Salud reconoce que estas necesidades no atendidas reflejan brechas en la prestación de servicios, la equidad y el desempeño de los sistemas sanitarios. La falta de disponibilidad y las esperas prolongadas son algunas de las barreras que impiden convertir la necesidad de atención en acceso efectivo.
Los 114.629 registros requieren una precisión: corresponden a requerimientos que no pudieron convertirse en citas. No necesariamente representan el mismo número de personas ni toda la necesidad sanitaria insatisfecha del país. Quedan fuera quienes nunca consiguieron ingresar al sistema de agendamiento, desistieron de intentarlo o buscaron alternativas para recibir atención.
Aun con esa limitación, el dato revela un problema concreto: existe una demanda registrada que la oferta disponible no logra resolver.
Médicos disponibles, pacientes esperando
En un artículo publicado en julio por diario El Comercio planteé una pregunta que sigue vigente: ¿cómo puede un país tener médicos disponibles y, al mismo tiempo, pacientes que esperan atención?
El país registra alrededor de 1,88 médicos por cada 1.000 habitantes, una cifra inferior a la observada en Uruguay, Argentina, México, Chile, Brasil y Colombia. Si realmente sobraran médicos, Ecuador debería figurar entre los países con mayor disponibilidad de profesionales de la región. Por lo tanto, la discusión no debe limitarse a cuántos profesionales se gradúan, sino que debe examinar la capacidad del sistema para incorporarlos y distribuirlos de acuerdo con las necesidades de la población.
Tres meses después, la paradoja adquiere una dimensión más concreta.
El 7 de octubre, el Colegio de Médicos de Pichincha indicó que más de 50.000 médicos estarían desempleados en Ecuador: unos 38.400 médicos generales y más de 11.800 especialistas. Se trata de una estimación gremial que requiere contrastación con estadísticas oficiales de empleo, pero que refuerza la paradoja de tener médicos disponibles y pacientes esperando atención.
Fortalecer la puerta de entrada es el camino
La situación del primer nivel de atención merece especial atención. Los centros de salud deben resolver buena parte de las necesidades más frecuentes, dar seguimiento a las enfermedades crónicas, realizar actividades preventivas y coordinar las derivaciones a especialistas. Cuando esa capacidad es insuficiente, la demanda se acumula y puede trasladarse a hospitales que deberían concentrarse en problemas de mayor complejidad.
La medicina familiar es fundamental en esa organización. Un primer nivel fortalecido puede mejorar la continuidad de la atención, acompañar a los pacientes con enfermedades crónicas y evitar derivaciones innecesarias.
El propio Ministerio de Salud Pública reconoce que la falta de personal sanitario es uno de los factores que explican las solicitudes de cita sin cupo. Para responder a esta situación dispuso optimizar las agendas y ordenó la incorporación inmediata de médicos familiares o médicos generales integrales. Sin embargo, no especifica cuántos profesionales se incorporarán, cuántos cupos adicionales se crearán ni con qué recursos se financiará esa respuesta.
Esa ausencia de información importa. Si la solución consiste en ampliar la disponibilidad de citas, la ciudadanía necesita conocer las metas, los plazos y los resultados. Reorganizar agendas puede aprovechar mejor los recursos existentes, pero no necesariamente resolverá una insuficiencia estructural de personal, infraestructura o capacidad de atención.
Lo mismo ocurre con la tecnología. Un sistema de agendamiento puede ordenar solicitudes, identificar la demanda y distribuir cupos, pero no puede sustituir a un médico que no ha sido contratado ni crear una cita donde faltan profesionales o recursos.
Dedalus puede organizar la oferta disponible; sin médicos contratados, no hay cupos disponibles. Esa es la capacidad sanitaria que el Estado debe garantizar.
Por eso, la discusión debe incluir cuántos médicos necesita cada territorio, cuántos puestos están financiados, cuántas plazas permanecen vacantes, qué capacidad resolutiva tiene el primer nivel y cuánto tiempo espera la población para acceder a una consulta.
Las 114.629 solicitudes son una señal para revisar esa relación entre necesidades, recursos y capacidad de respuesta.
Carmen necesita una cita médica. No necesita saber las dificultades que existen para contratar personal ni las limitaciones del agendamiento.
El Estado sí necesita saber qué significa que no haya citas médicas.
Hasta ahora, significa que la ciudadanía está insatisfecha.