Dos años de tensiones acumuladas
El viernes de la semana pasada, el presidente Gustavo Petro llamó a consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.
La decisión respondió a que el secretario de Estado, Marco Rubio, retiró de Bogotá al encargado de negocios John T. McNamara por “declaraciones infundadas y censurables de altos funcionarios colombianos”. Afortunadamente, una semana después, ambos diplomáticos retornaron a sus cargos.
Pero esta no fue una crisis espontánea: la tensión entre Petro y un sector del Partido Republicano lleva años en aumento.
Se trata de la segunda crisis desde la llegada de Donald Trump a su segundo mandato en enero de 2025. Aunque algunos medios atribuyeron el desencuentro a los audios filtrados del excanciller Álvaro Leyva, la animadversión con varios congresistas estadounidenses venía de antes.
Colombia, tradicional aliado bipartidista de Estados Unidos, se ha convertido en campo de batalla de su polarización interna.
El bloque cubano-americano de la Florida
En el Congreso estadounidense hay un grupo compacto de legisladores cubano-americanos del sur de la Florida que definen la política hacia América Latina. Lo integran Mario Díaz-Balart, presidente del Subcomité de Asignaciones para Asuntos Exteriores; María Elvira Salazar, del Subcomité para el Hemisferio Occidental; Carlos Giménez, de la Comisión de Servicios Armados; y Marco Rubio, exsenador y actual secretario de Estado.
La Florida alberga a 473.606 colombianos, de los cuales unos 100.000 están habilitados para votar. Estos votantes, salvo la excepción de Carmen Ramírez Boscán, suelen apoyar candidatos de derecha. Los congresistas mencionados se han dirigido a ellos con mensajes como: “Votar republicano es como votar por la derecha en Colombia; votar demócrata es como votar por Petro”.
Además, la Florida tiene la segunda comunidad judía más grande de Estados Unidos y relaciones bilaterales con Israel. Este entorno también influye en la política exterior hacia Colombia.
De la “Ley No FARC” a los ataques personales
En 2021, el presidente Joseph Biden retiró a las FARC de la lista de organizaciones terroristas. En respuesta, los congresistas de la Florida promovieron la “Ley No FARC” para negar visas a sus antiguos miembros. María Elvira Salazar justificó la medida alegando que en su distrito viven víctimas del grupo armado.
Desde la campaña presidencial de Petro, los ataques en redes sociales se intensificaron. En mayo de 2022, Salazar escribió: “Petro es ladrón, marxista y terrorista”. Ya posesionado, lo acusó de “perdonar a sus compinches del ELN”. Rubio, entonces senador, dijo que Estados Unidos enfrentaba “una Colombia desconocida, gobernada por la extrema izquierda”. En Semana expresó su preocupación por un acercamiento de Petro con “el narco-régimen de Caracas”.
La reunión fallida y el recorte de ayuda
En abril de 2023, Petro intentó un acercamiento con Díaz-Balart y Salazar en Washington. El resultado fue contrario a lo que se esperaba. El congresista acusó a Colombia de permitir la expansión rusa, la trata de personas y el narcotráfico. Rubio llamó a Petro un “agente del caos”.
Después, la Cámara Baja —liderada por Díaz-Balart— redujo a cero el presupuesto de ayuda para Colombia propuesto por Biden. Aunque el Senado restauró la mayoría de esos fondos, quedó una reducción del diez por ciento y nuevas condiciones para la cooperación antidrogas.
Durante el segundo semestre de 2023, Díaz-Balart y Salazar multiplicaron sus declaraciones contra Petro, advirtiendo que Colombia podría “regresar al Estado fallido de los años noventa”. En julio, organizaron una audiencia titulada “La decadencia de Colombia hacia el socialismo”.
¿Crítica legítima o injerencia indebida?
Durante esa audiencia, los demócratas Joaquín Castro, Gregory Meeks y Sydney Kamlager-Dove defendieron la relación bilateral y la legitimidad del gobierno de Petro. Meeks recordó que fue elegido democráticamente; Kamlager-Dove cuestionó que se atacara a un aliado por no compartir puntos de vista internos de Estados Unidos.
Tras el estallido del conflicto en Gaza, los congresistas republicanos intensificaron sus críticas. Giménez calificó a Petro de “antisemita”; Salazar lo acusó de “comparar a los israelíes con los nazis”. La embajada colombiana pidió moderación, sin resultado.
En abril de 2024, Salazar y Giménez recibieron a la periodista Vicky Dávila en el Congreso y la elogiaron por su “valentía”. En mayo, Salazar preguntó a Antony Blinken si Petro pretendía cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. En agosto, Miguel Uribe Turbay viajó a Washington para advertir sobre los presuntos planes de Petro de no entregar la Presidencia en agosto del año entrante.
Sanciones, rumores y cartas cruzadas
La primera gran crisis diplomática ocurrió cuando Petro se negó a recibir vuelos de repatriación. Trump respondió con la amenaza de aranceles del 25 %, prohibiciones de viaje y sanciones para funcionarios colombianos. Rubio, ya secretario de Estado, respaldó estas medidas.
A las acusaciones de socialismo, narcotráfico, antisemitismo y protección al Tren de Aragua se sumaron visitas frecuentes de figuras de la oposición colombiana a Washington. En ese contexto se revivió el Comité de Amistad entre Colombia y Estados Unidos, creado bajo el gobierno de Uribe, supuestamente para “monitorear” las políticas del actual gobierno.
Después se filtraron las cartas de Álvaro Leyva que aludían a una supuesta adicción de Petro. Díaz-Balart comenzó a llamarlo drogadicto, y Petro respondió acusándolo de conspirar para derrocarlo. Incluso insinuó que se aliaba con narcotraficantes. Díaz-Balart negó todo en redes.
Según Caracol, Petro habría escrito a Trump para moderar el tono y reabrir el diálogo. Aun así, el 3 de julio se desencadenó la segunda crisis diplomática.
Una relación que no debe perderse
La hostilidad actual responde tanto a cálculos internos de ambos países como a diferencias reales.
Pero los lazos entre Colombia y Estados Unidos son profundos y beneficiosos: comercio, seguridad, migración, derechos humanos, cooperación internacional. Es una relación que históricamente ha sido bipartidista y constructiva.
Por eso es urgente frenar las acusaciones falsas y los insultos personales. La polarización no debe contaminar una relación estratégica para ambos países. Es responsabilidad de todos —en Bogotá y en Washington— rebajar el tono, retomar el respeto mutuo y trabajar por el bienestar de nuestras dos sociedades.
Gimena Sanchez
* Directora para Los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).